El paro registrado, en junio, bajó en 122.684 personas, aunque el
total de desempleados apuntados a las listas del Servicio Púbico de
Empleo continúa siendo muy elevado (4,4 millones). Según datos
publicados por la oficina comunitaria de estadística (Eurostat), en
España la tasa de paro es del 25,1%, frente al 10,3% de la Unión
Europea. Continuamos como el segundo país con mayor tasa de paro tras
Grecia (26,8%).
En este contexto, en un tiempo de soluciones imaginativas para
afrontar la crisis económica mundial, el economista francés Jean Tirole,
director de la Fundación Jean-Jacques Laffont de la Universidad de
Toulouse, en una visita realizada a Madrid para recoger el premio
Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento, del que se hizo merecedor por
su aplicación al análisis económico de las teorías matemáticas de los
Juegos y de la Información, ha querido hacer su aportación para mejorar
el mercado laboral al proponer gravar el despido con un impuesto.
La idea consiste en que las empresas tengan que pagar impuestos por
cada despido que hagan. La aplicación de esta tasa lograría que
trabajadores y empresarios fueran responsables en un momento en el que
se necesitan “acciones drásticas”. “La empresa impone un coste a la
sociedad y al empleado al despedirlo y debe compensarlo”, afirmó el
profesor, que insistió que este novedoso impuesto “sería un pago de la
compañía a la Seguridad Social”.
Tirole señaló que este gravamen debería ser progresivo, siendo más
elevado cuando los despidos tengan lugar en sectores poco cualificados
y, por tanto, de difícil recolocación. “Sería un incentivo para que las
empresas mejorasen la formación de sus trabajadores”. Tirole indica que
en esta coyuntura es imperativo mantener una “red de seguridad social”
para suavizar el efecto de la crisis.
Sin embargo, en un momento en que mantener y fomentar el empleo debe
ser la prioridad de cualquier Gobierno, el de nuestro país va en una
dirección contraria al sorprendernos con la aprobación de un
anteproyecto de Ley de reforma fiscal y que según el Jefe del Ejecutivo,
Mariano Rajoy, ha defendido como “magnifica” porque favorecerá el
crecimiento y el empleo.
Así, entre sus principales novedades incluye que las indemnizaciones
por despidos improcedentes pasarán a tributar en el IRPF, uno de los
puntos más polémicos, aunque fija un mínimo exento de 2.000 euros
anuales por año trabajado que no se gravarían. Además, los
contribuyentes con sueldos de 20.000 euros o menos no tengan que pagar a
Hacienda cuando sean despedidos. Hasta ahora todas las indemnizaciones
por despido estaban exentas al 100%.
En este sentido, en Francia el techo de exención se establece en
222.192 euros. Otros países de nuestro entorno tienen en cuenta la
situación del desempleado y la profesión que anteriormente tenía.
Las justificaciones dadas por el Gobierno para la introducción del
nuevo impuesto es que producirá “equidad” en el tratamiento fiscal de
las indemnizaciones y por el “abuso” que se producía en la figura del
despido improcedente. Por lo tanto, si hay que despedir, que los
trabajadores contribuyan con una parte de su indemnización para
Hacienda.
Hay que considerar que el importe máximo que podría recaudar la
Administración con esta nueva medida es del orden de 1.000 millones de
euros mientras que la evasión fiscal se calcula en unos 70.000 mil
millones de euros.
En un escenario socio-económico como en el que nos encontramos,
gravar las indemnizaciones por despido es totalmente lamentable. Esta
medida empeorará aún más la crítica situación de las personas en
desempleo al perder parte de la indemnización y por la insuficiencia de
las prestaciones económicas por desempleo ya recortadas en la última
reforma laboral y, además, con el riesgo añadido de acceder al desempleo
de larga duración por las serias dificultades para encontrar un puesto
de trabajo; lo cierto es que penaliza al trabajador que es despedido y
no al empresario que toma la decisión de despedirle.
A todo ello, hay que añadir que las negociaciones por despido serán
mucho más complicadas debido a que la indemnización por cada trabajador
disminuirá en la mayoría de los casos y sobre todo en las mesas de
negociación de los ERE (Expedientes de Regulación de Empleo) lo que
desincentivará a empresas y trabajadores a la hora de alcanzar acuerdos
para dar por finalizado un contrato.
En resumen, no hay duda de que los perdedores de este nuevo impuesto
son las personas que no sólo pierden su puesto de trabajo sino que
además deben de pagar por ir al paro (copago). Ello, agrava su situación
económica al mermar sus ingresos para mantener a su familia, hasta que
encuentre un nuevo puesto de trabajo, posibilidad muy difícil por el
deterioro actual del mercado laboral. De este modo, Hacienda sale
ganando una vez más.
Vicente Castelló Roselló es profesor de la Universidad Jaume I de Castellón.
En el año 2009, según la EPA, la cifra era de 4.010.700 parados, y para Rajoy era dramático: "El
dato es del 17%, lo cual demuestra la capacidad de predicción y la
habilidad para hacer diagnósticos que tiene el Gobierno de Zapatero", alegando que: "Cuando gobierne bajará el paro" reclamándonos su voto porque: "España
necesita urgentemente un cambio político y lo necesita como el comer
para conseguir la recuperación económica y la creación de empleo".
Mientras
tanto, el drama diario sigue azotando a numerosas familias que lo están
pasando realmente mal porque no tienen nada para comer, algunas
personas buscan alimentos entre los contenedores, otras recurren a sus
familiares, otras a los comedores sociales que ya no dan abasto.
Y
para colmo, mañana, el Presidente del Gobierno, anunciará nuevas
medidas con más recortes para los mismos de siempre, los cuales, nos
terminarán por asfixiar.
