
Esta semana, el periódico El Mundo hacía alusión a esos movimientos telúricos que se producen cada vez que un Gobierno se marcha y entra otro nuevo. El vuelco de Ejecutivo siempre trae un baile de altos cargos, asesores, personal de confianza, asistentes y directivos de la Administración.
Grosso modo, el cuadro actual es el siguiente: 448 altos cargos, 449 subdirectores, un centenar indefindido de subdelagados y directores insulares, 213 embajadores, 700 cargos de libre de designación en Hacienda, conocidos como de libre destitución; más de 100 responsables de órganos colegiales y consultivos, 296 unidades públicas controladas por los ministerios, de cuyos nombramientos se desconoce el número exacto; 819 asesores y personal a dedo para Moncloa (solo el Ministerio de la Presidencia tiene para sí 312) y, por último, 300 asistentes de diputados y senadores.
El árbol de la vida en Moncloa
Según la información del diario El Mundo,
más de 4.000 personas pueden cambiar de silla si Rajoy tiene que hacer
las maletas de Moncloa. El principal problema es para los que pertenecen
al sector privado o sencillamente al partido. En estos momentos, el PP
tiene serios problemas para recolocar a tanto personal. De hecho, Génova
13 tendrá que hacer un ERE y despedir a un buen puñado de sus
trabajadores. Antes, los recolocaba donde gobernaba. De hecho, algunos
ministerios como el de Industria, o la Comunidad de Madrid, han servido
para acomodar al personal de confianza procedente de la Comunidad de
Valencia. En Madrid, algo parecido hizo Aguirre, recolocando al personal
sobrante de su comunidad en distintos ayuntamientos de la región.Según figura en los Presupuestos de 216, el PP tiene nombrados 448 altos cargos entre secretarios de Estado, subsecretarios, secretarios generales y delegados del Gobierno en las 17 comunidades, así como directores generales, secretarios generales técnicos o jefes de gabinete con la misma categoría de directores generales.
Además están los 494 subdirectores generales de los ministerios o los subdelagados el Gobierno en cada provincia, más los directores insulares. En este caso la cifra es casi imposible de calcular, puede acercarse al doble de medio millar.
Recuerda la información de El Mundo el siguiente detalle, que aunque la ley establece que, de director general hacia arriba, los altos cargos deben ser nombrados de entre los funcionarios, el Gobierno ha recurrido a la salvedad que le permite contratar personas del sector privado. Y es ahí donde hay secretarios de Estado, directores generales. En este mismo escalafón se encuentran también 213 embajadores y los que figuran en organizaciones internacionales, así como un cúmulo de representantes en misiones, oficinas consulares y comerciales. Si bien estos suelen ser funcionarios, suelen ser cambiados con la entrada de nuevos gobiernos.

A esta suma de contratos se suman también los nombramientos del centenar de responsables de órganos colegiales y consultivos, los de 2906 unidades públicas controladas por los ministerios, y al menos 60 entidades públicas empresariales donde hay centenares de presidentes, consejeros, directivos.
En la primera línea del poder se haya la cohorte de al menos 819 asesores y personal de confianza, elegidos a dedo. No son funcionarios y corren la suerte de un contrato eventual o de volver a un puesto del partido en otro lugar. Aunque dados los resultados este panorama resulta sombrio. Solo en el Ministerio de la Presidencia habitan 312 asesores. Se trata del departamento más dotado de este personal de confianza. Por último, y con esta misma calificación, quedan las 300 personas que trabajan como asistentes de confianza de diputados y senadores.