Mientras Europa se tambalea España se derrumba

 Autor:

José Barta    

20 octubre 2020, 8:33  

El Instituto alemán Ifo, junto a la red de investigación EconPol Europe, acaba de publicar una encuesta realizada en agosto entre 950 expertos económicos de 110 países.

Las principales respuestas se centran en las previsiones de caída del PIB, la capacidad de recuperación y las medidas más adecuadas para incrementar la resiliencia de empresas y países.

Aun cuando los consultados no expresan esta conclusión, de sus estimaciones se deduce que es pronto para hablar de postpandemia, dado que el tan anunciado control mediante vacunación contra el coronavirus se retrasa mes a mes, lo que obliga a controles de aislamiento preventivo, con su consiguiente incidencia en la producción y el consumo. La magnitud de dicho aislamiento se encuentra en función de la capacidad de las Administraciones Públicas para realizar un mejor seguimiento personalizado de las infestaciones, así como de la capacidad de atención de los sistemas sanitarios a sus respectivas poblaciones.

Los expertos, por fin, están llegando a la conclusión de que la actual pandemia supone un antes y un después en nuestras vidas, afectando de lleno a nuestro modo de entender las relaciones sociales, así como los procesos laborales. Su duración será lo suficientemente larga como para producir una importante transformación cultural, precipitando cambios que ya veníamos experimentando desde hace años, en gran medida fruto de los desarrollos tecnológicos en el ámbito de las TIC.

En términos generales se espera un importante retroceso de la riqueza a nivel mundial, con PIB negativos en todos los países desarrollados excepto China, si bien no crecerá lo esperado. En términos relativos China afianza su liderazgo económico mundial, acelerando el logro de los objetivos establecidos hace cinco años.

Mientras Holanda y Alemania son los países europeos que mejor parados saldrán de la actual crisis, con caídas del PIB entre el -7,1% y el -9,8% para el segundo, y entre el -6,2% y el -9% para el primero, España será el que mayor perdida experimente (entre el -13,6% y el -18%). El FMI también sitúa a España como el país desarrollado más afectado en 2020.

Podemos olvidarnos de una rápida recuperación, dado que las previsiones para España, en el 2021, siempre que no se produzcan nuevas olas que obliguen a nuevos confinamientos, son de un crecimiento del 3,4% sobre la posición de este año 2020, sin contar con la pérdida de tejido empresarial, lo que supondría un tiempo no inferior a cinco años para recuperar la situación del 2019, mientras nuestros principales competidores habrían recuperado la senda perdida en dos o tres años.

Ya he denunciado, en otros artículos, como la actual crisis no ha hecho sino aflorar la realidad española, con un sistema sanitario que, teniendo magníficos profesionales, hace años que no se encuentra entre los mejores de Europa, mermado de recursos por los continuos recortes presupuestarios; al tiempo que nuestros gobernantes han mostrado su incapacidad para gestionar realidades complejas como la actual. Han actuado incompetentemente, derrochando unos recursos que vamos a necesitar todavía por mucho tiempo. Al día de hoy no han sido capaces de constituir equipos de trabajo permanentes con los agentes económicos y sociales más afectados, al objeto de elaborar medidas adecuadas a sus necesidades. La ideología sigue imponiéndose a la realidad.

El siguiente cuadro de fallecidos por covid-19, actualizado al 12 de octubre, da testimonio de la mala gestión, en comparación con otros países:

Somos el segundo país con mayor número de muertos por 100.000 habitantes de la Unión Europea (el primero es Bélgica, pero ellos sí han contabilizado los muertos en residencias como fallecidos por la pandemia). No cuento San Marino, ni Andorra.

El pasado 10 de septiembre publiqué un artículo titulado “Los problemas estructurales lastran la capacidad de recuperación de España”, en el que mostraba como nuestra estructura productiva económica nos hace más vulnerables a las secuelas económicas de la pandemia, que el resto de países de la Unión Europea.

La errática política económica seguida hasta el momento para afrontar la crisis nos está llevando a elevado gasto público, en un Estado ya bastante endeudado, optando por apoyar la concesión de créditos a empresas, muchas veces para hacer frente al pago de impuestos y tasas, antes que por la reducción de estos, como ha hecho Alemania con el IVA.

En definitiva, en lugar de descargar los costes de aquellas empresas más vulnerables, se ha facilitado su endeudamiento, algo que hubiera servido en una crisis de corta duración, pero que es insostenible en una crisis como la que sufrimos.

La perdida de tejido productivo, centrado en las pequeñas y medianas empresas, que son las que mayor número de puestos de trabajo generan (66%), provocará inevitablemente un mayor incremento del paro, con una menor capacidad de gasto de la clase media, ya bastante empobrecida con las medidas adoptadas para salvar las instituciones financieras en la pasada crisis.

Una idea de nuestra baja capacidad adquisitiva, ya antes de la pandemia, nos la da el que nos encontramos en la cola del coste de mano de obra de los mayores países de la Unión Europea, por debajo de la media de la Zona Euro:

Esta diferencia se verá incrementada en los próximos años, en parte por caída propia, en mayor medida por el superior crecimiento de nuestros compañeros de viaje. La Marca “España Mano de Obra Barata” se consolidará como característica de nuestro país.

Los expertos consultados por el Instituto IFO coinciden en que el apoyo a la liquidez de las pequeñas y medianas empresas es la respuesta de política económica más eficaz, así como los aplazamientos fiscales temporales a estas y a autónomos. Nuestras autoridades se encuentran lejos de compartir estos criterios que están ayudando a países como Alemania, Holanda…, y amenazan de continuo con todo lo contrario.

Cuando finalice la pandemia y los viajes turísticos se normalicen, España seguirá siendo un país atractivo, lo que no está claro es a quién pertenecerá el tejido empresarial que lo desarrolle.

El resto de nuestro tejido empresarial no se caracteriza ni por su capacidad de innovación, ni por su nivel de digitalización, salvo las grandes empresas, por lo que el futuro se muestra incierto para aquellas empresas que no se lo planteen, o no puedan acometer dichos retos, que serán la mayoría.

Hace más de 20 años definí el Sector Inmobiliario como el sector notario que da fe de la realidad. El sector inmobiliario sufrirá las consecuencias del empobrecimiento general de la población española, en el corto, en el medio y en el largo plazo.

Ya se aprecia un importante incremento de locales comerciales vacíos, en venta o alquiler; a estos seguirán las viviendas, en cuanto los ERTE deriven en paro y venzan las moratorias hipotecarias.

De mantenerse la actual deriva, esta crisis supondrá un duro golpe para Europa, pero dejará K.O. a España.

José Barta es experto en Estrategia de mercados, y en Gobierno Corporativo. Alertó, en el año 90, de la caída del mercado inmobiliario del 92 y, en el 2008, de la gravedad de la nueva crisis, acuñando la expresión “Tormenta perfecta”.

Idealista

Cómo puede España arreglar el déficit público y el agujero de la Seguridad Social

 

Idealista

Autor:

Miguel Córdoba      09 octubre 2020, 11:02

Llevamos más de una década siendo el peor país de Europa en términos de déficit público y uno de los peores en términos de “agujero” de la Seguridad Social. Este año el déficit superará holgadamente el 10% del PIB y el sistema seguirá aumentando sus números rojos, pero no es algo nuevo.

La situación se agravó considerablemente con la famosa “devaluación interna”, que no consistía en otra cosa que devaluar los salarios de los trabajadores españoles respecto de sus homónimos europeos. El hecho es que España se ha convertido en un país tercermundista en materia de salarios en la Unión Europea, y ello tiene sus consecuencias, ya que la recaudación de IRPF, las cotizaciones sociales a la Seguridad Social y la recaudación por IVA son un porcentaje de los ingresos y, si en España se cobra la mitad de sueldo que en los principales países europeos, lógicamente se recauda (según estratos de población) más o menos la mitad de impuestos y de cotizaciones sociales que en Europa, y de ahí que tengamos el déficit público y el “agujero” de la Seguridad Social antes indicado.

Las cifras son elocuentes, si consideramos como salario medio el de los trabajadores a tiempo completo en empresas de más de 10 trabajadores. Los españoles cobran de media 27.537 euros al año, mientras que los daneses cobran 57.312 euros, los holandeses 53.185 euros, los alemanes 52.185 euros y los belgas 49.565 euros.

Sorprende, por ejemplo, que los irlandeses, que no son ninguna potencia mundial, y que además tuvieron que ser rescatados por la Unión Europea hace una década, tengan un salario medio mensual de 48.806 euros. Y todo ello, sin llegar a Suiza que cobra salarios casi tres veces mayores que los españoles.

Las raíces del problema las tenemos en nuestro tejido productivo. Más del 40% del PIB depende del turismo, hostelería, restauración, actividades inmobiliarias y construcción (vamos “cerveza y ladrillo”), mientras que en los últimos 25 años el sector industrial ha pasado de representar el 33% a tan solo el 16%. Y, mientras tanto, lo único que se ha incrementado ha sido el número de empleados del sector público, que está en máximos de 3,2 millones (ahí no ha habido devaluación interna).

Cambiar de modelo productivo en un país puede llevar dos décadas, y cuanto más tarde se empiece peor. En España, trabajan en el sector privado el 33% de los españoles; ello significa que con sus salarios deben alimentarse a sí mismos y al 67% restante; es decir, a los 3,2 millones de empleados públicos, a los 3,8 millones de parados oficiales, a los 9 millones de pensionistas, a los 10 millones de estudiantes, y a los 5,5 millones de familiares que no trabajan (amas de casa, personas que no buscan empleo, economía sumergida, etc.). Este es el esquema que resume la realidad sociolaboral del país a cierre del primer trimestre del año:

Este ratio es muy malo, y claramente peor que la mayoría de los países de nuestro entorno, pero además, en materia contributiva es todavía peor, ya que de los 15,5 millones que trabajan en el sector privado, un tercio son mileuristas o “nimileuristas”, y en la legislatura de Mariano Rajoy se acordó que no pagaran impuestos (los que ganen menos de 12.800 euros al año); algo parecido se hizo con los jubilados (son muchos votos), y se acordó que dos terceras partes (los que ganen menos de 17.600 euros al año) tampoco tributen.

Con las cifras anteriores, nos queda que, por imposición directa, tan solo tributan de manera efectiva (cuotas líquidas significativas, ya que muchas son testimoniales) apenas 7,3 millones de personas, es decir, las clases medias. El resto tributa por IVA, pero su capacidad de consumo es muy escasa, por lo que los ingresos del Estado son pocos. Probablemente, se echarán en falta en estos cálculos las aportaciones de los funcionarios, pero no son tales, ya que, si un funcionario gana 100, se queda con 80 de salario e ingresa los 20 en Hacienda, pero los 100 que gana el funcionario se pagan con las aportaciones de los empleados del sector privado; es decir, que los impuestos que pagan los funcionarios provienen también de una transferencia previa de los trabajadores del sector privado.

Por tanto, o se pone a la gente a trabajar y se les pagan salarios superiores, o se disminuye el tamaño del sector público y las prestaciones por jubilación; no hay otra, y de lo que se haga va a depender que nos lleguen los 140.000 millones prometidos por la Unión Europea, o en caso contrario, un rescate a la griega.

Como el empresariado español está a la suya (compro por 10 y vendo por 15, I+D casi inexistente, etc.), no quedaría más remedio que cimentar el plan de choque en un impulso decidido por parte del Estado de la inversión pública (anatema para los neoliberales), la cual ha disminuido un 70% desde 2008 hasta la actualidad. Este plan debería basarse en la sustitución de gasto público por inversión pública, sustituyendo coste de 700.000 funcionarios (pasando de 3,2 millones a 2,5 millones) por inversión pública, creando puestos de trabajo bien remunerados (efecto de competencia con el sector privado para que retengan talento subiendo salarios) en empresas de futuro (baterías de litio, coches eléctricos, start-ups tecnológicas, repositorios sanitarios, inmuebles cuyo único uso sean los alquileres a un precio razonable, etc.) las cuales, cuando entren en rentabilidad, se puedan someter a una OPV en bolsa para atomizar su propiedad y sacarlos del sector público (moderamos el anatema).

Ello generaría puestos de trabajo directos e indirectos, y posiblemente ingresos por plusvalías para el Estado, eliminando la sangría de 700.000 funcionarios todos los años. Además, no habría que despedir a nadie; en la actualidad el 61% de los funcionarios tiene más de 50 años; es una fuerza de trabajo envejecida, que se va a jubilar a una media de 125.000 empleados públicos por año; en seis años se habrían liberado los 700.000 funcionarios necesarios y se habrían ahorrado más de dos mil millones de euros anuales.

Con 12.000 millones de euros se pueden crear muchas empresas productivas y competitivas en el entorno europeo, se puede generar mucho empleo de calidad y bien retribuido y se puede reorientar el modelo productivo. Y, tranquilos, que esos 700.000 funcionarios no son necesarios; en la legislatura de Adolfo Suárez apenas había 1,5 millones de empleados públicos, y muchos eran militares, policías o guardias civiles, dado que veníamos de una dictadura.

Cuarenta años después, y con los avances de la robótica que han automatizado la mayor parte de las funciones administrativas, resulta que tenemos 3,2 millones, de los cuales 1,7 millones están en las comunidades autónomas, que no existían en la época de Suárez.

Este despilfarro debe cesar, entre otras cosas porque no podemos permitírnoslo y estamos en una situación próxima al no retorno. O nos hacemos “europeos” de una vez por todas, o comenzamos a mirar lo que pasa al otro lado del Estrecho. Llevamos 20 años de legislaturas penosas, de políticos sin talla de Estado y poniendo parches a los importantes problemas que nos aquejan. O los políticos cambian, o tendremos que cambiarlos. La regeneración pasa por la sociedad civil y por las aportaciones de tecnócratas experimentados, no por ideólogos con el currículo vacío.

Tratemos de evitar el más que probable rescate de 2022… Un poquito de por favor...

Miguel Córdoba es profesor de Economía Financiera de la Universidad CEU-San Pablo desde hace 33 años y ha sido director financiero de varias empresas del sector privado.

Así será el reparto de los fondos del Plan de Recuperación

Madrid  8 OCT 2020 - 06:28 CEST Cinco Dias

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española supondrá la movilización de 72.000 millones de euros para el periodo 2021-2023.

La cifra supone aprovechar íntegramente las subvenciones que forman parte del plan de ayudas impulsado por la Unión Europea para el periodo 2021 a 2026 en los primeros tres años del mismo, obviando la posibilidad de acceder a otro tanto en créditos durante el lustro.

Sánchez ha prometido que se movilizarán 27.000 millones de euros ya en 2021, aunque haga falta emitir deuda para anticipar esa cuantía, que es la que en todo caso se espera recibir de la UE durante el próximo ejercicio.

El plan presentado, ha aseverado, supondrá un impulso adicional de 2,5 puntos al crecimiento del PIB durante los tres próximos años y la creación de unos 800.000 empleos, a costa de ejecutar íntegramente proyectos por 72.000 millones en esos tres años.

El presidente ha anticipado que el reparto de esos recursos pondrá especial atención a dos ejes de actuación trasversales: la transición hacia un modelo medioambiental más sostenible, que acaparará el 37% de los fondos, y la transformación digital de la economía, que recibirá otro 33%. El resto de iniciativas se sufragarán con el 30% restante.

Sin embargo, el reparto por políticas troncales de actuación atenderá a toda una amalgama de prioridades planteadas por el presidente del Ejecutivo en torno a 10 áreas concretas de actuación.

La primera, la “Agenda urbana, de agricultura y lucha contra la despoblación”, recibirá el 16% de fondos, unos 11.500 millones de euros. El segundo bloque es el de “infraestructuras y resiliencia ecológica”, con el 12% de los recursos (8.640 millones).

La tercera es la “transición energética justa”, recibirá el 9% del dinero (6.480 millones). La consecución de una “administración pública para el siglo XXI”, recibirá otro 5% (3.600 millones), mientras que la “modernización y digitalización de la economía y las pymes”, obtendrá el 17% de los fondos (12.240 millones). La sexta es el “pacto por la ciencia, la innovación y las capacidades del sistema nacional de salud”, contará con otro 17%.

El plan que más fondos recibirá, un 18% (12.960 millones) es el de “educación, formación profesional y el conocimiento”. El octavo eje, “la nueva economía de los cuidados y las políticas de empleo”, tendrá un 6% (4.320 millones), y, finalmente, “el deporte y la industria cultural”, contará con un 1,1% del total (792 millones).

La décima y última de las políticas estructurales del Plan de Recuperación es la “modernización del sistema fiscal”, una reforma tributaria para elevar los ingresos públicos una vez superada la crisis que debería aportar fondos, en lugar de requerirlos.

Está por ver, en todo caso, la capacidad del Ejecutivo de ejecutar semejante cuantía en solo tres años, habida cuenta que del último plan presupuestario comunitario solo logró usar un 34%. Con todo, Sánchez ha anunciado cambios legislativos para facilitar la gestión de los fondos eliminando trabas y cuellos de botella.

El Plan de Recuperación movilizará 72.000 millones hasta 2023 para crear 800.000 empleos

Madrid  7 OCT 2020 - 15:34 CEST Cinco Dias

“El mundo ha cambiado y debemos acelerar la transformación de nuestro país si queremos ganarnos nuestro futuro”, ha anunciado este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al presentar desde La Moncloa el llamado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española que remitirá a Bruselas el 15 de octubre y que contiene su estrategia para salir de la crisis causada por el coronavirus e impulsar una “segunda modernización” de la economía española.

Basado en cuatro ejes transversales (transición ecológica, cohesión social y territorial, digitalización e igualdad de género), el plan dirigirá el uso de los 140.000 millones de euros que España aspira a obtener en subvenciones y créditos europeos hasta 2026 comenzando por los 27.400 millones que se esperan para 2021. Un año en el que el plan, estima el Gobierno, podría impulsar en 2,6 puntos adicionales el crecimiento inercial previsto, del 7,2%, relanzando el PIB hasta un 9,8% tras la caída del 11,2% que se teme para este año.

El fondo europeo, ha recordado, equivale al 11% del PIB de 2019, y se repartirán entre 2021 y 2026. Sin embargo, ha anunciado Sánchez, “el Ejecutivo concentrará el esfuerzo de movilización de recursos en los tres primeros años para acelerar la modernización de la economía del país”. “Vamos a concentrarnos en proyectos que podrán ponerse en marcha en tres años, y que se ejecuten en ese periodo” para impulsar la economía y el empleo, con una movilización de 72.000 millones de euros para el periodo 2021-2023, ha detallado.

La cifra equivale a todas las subvenciones europeas que se esperan recibir en todo el periodo. Sánchez ha anticipado que la “inversión verde, vinculada con la transición ecológica representa más del 37%” de los fondos que movilizará el plan mientras que la transformación digital supondrá otro 33%. Servirá, ha dicho “para crear cientos de miles de puestos de trabajo y nuevas empresas así como la escalabilidad de pequeñas y medianas a grandes empresas”.

En concreto, ha detallado, aportará 2,5 puntos de crecimiento adicional al PIB en tres años en los que se crearán “800.000 puestos de trabajo”, se acelerarán al 40% los objetivos del plan nacional de energía y se reducirán en dos tercios las desigualdades sociales frente a la UE.

El presidente ha aseverado que es necesario acelerar estos planes y que eso pasa por aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado en los que, ha dicho, el Gobierno está dispuesto a adelantar 27.000 millones de euros del Plan de Resiliencia.

“Serán unos Presupuestos progresistas y de país”, ha expuesto, para recuperar la unión del país ante la crisis desatada por la pandemia, en torno a cuatro ejes: la transición ecológica, la dimensión digital, la igualdad de género y la cohesión territorial para garantizar que todo el mundo tenga las mismas oportunidades.

El primer pilar, el verde, incluye impulsar 250.000 vehículos elécricos para 2023, alcanzar los cinco millones en 2030, habilitar 100.000 puntos de recarga para ellos, la rehabilitación de más de medio millón de viviendas en tres años para hacerlas más eficientes energéticamente, o atender a la red hídrica con un ainversión de 2.000 millones para resturar 3.000 kilómetros de ríos.

Del lado digital, el impulso se pondrá en la educación y la transformación empresarial. El 80% de españoles recibirá formación en competencias digitales, el 75% dispondrá de cobertura 5G y que toda la población tenga acceso a Internet; se formará en teletrabajo a 150.000 empleados públicos y se ayudará a dar el salto digital a 2,5 millones de pymes.

En el ámbito de la Igualdad, se busca acabar con la brecha de género como enfoque transversal en todos los proyectos tractores. Se facilitarán 65.000 plazas de educación infantila de 0 a 3 años; o 1.400 planes de asistencia a alumnos vulnerables para acabar con el fracaso escolar.

Finalmente, el cuarto eje buscará dar las mismas oportunidades a los ciudadanos de todos los territorios, con especial atención a los jóvenes. Se reforzará la sanidad, la educación y el servicio de atención a dependientes, se reformarán las políticas activas de empleo y se impulsará un sistema fiscal más justo “en los próximos años”. Además, se apoyará la formación profesional con 200.000 nuevas plazas en cuatro años.

10 políticas tractoras

Sánchez ha aseverado que estos cuatro ejes se enmarcan con los establecidos por la UE en torno a 10 políticas tractoras. La primera es la “Agenda urbana, lucha contra la despoblación y la agricultura”, que recibirá el 16% de fondos. El segundo bloque es el de “infraestructuras y resiliencia ecológica”, con el 12% de los recursos totales. “Somos la Costa Rica de Europa”, ha ilustrado el presidente, subrayando la biodiversidad del país.

La tercera es la “transición energética justa”, que recibirá el 9% de los recursos. Sánchez quiere que España sea líder en energías limpias. La consecución de una “administración pública para el siglo XXI”, recibirá el 5%. La “modernización y digitalización de la economía y las pymes”, recibirá el 17% de los fondos.

La sexta es el “pacto por la ciencia, la innovación y las capacidades del sistema nacional de salud”, con el 17% de los recursos. La séptima es la “educación, formación profesional y el conocimiento”, concentrando el 18% del dinero movilizado. “Si hay un elemento capital para garantizar la modernización es la inversión en capital humano”, ha aseverado el presidente del Ejecutivo.

La octava política tractora es “la nueva economía de los cuidados y las políticas de empleo”, con el 6% de los fondos. El objetivo es dar mejor atención a las personas mayores en un país ciertamente envejecido. La novena es “el deporte y la industria cultural”, que recibirán el 1,1% del total.

La décima y última de las líneas de actuación es “la modernización del sistema fiscal” para compensar los enormes costes de la pandemia, cubiertos a corto plazo por los fondos europeos, pero que requerirán reconducir los desequilibrios fiscales. Sánchez ha subrayado que hay una brecha con los ingresos medios de la UE y que “una vez consolidemos el crecimiento, recuperemos los niveles de PIB similares a antes de la pandemia” será necesario mejorar la recaudación. Además, el presidente se ha comprometido a revisar el gasto público y garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Eliminar trabas al uso de los fondos

“Para garantizar la correcta ejecución de los fondos vamos a reforzar y garantizar estructuras de seguimiento”, ha anunciado el presidente. Así, habrá una comisión interministerial que vigile la consecución del plan, presidida por el propio Sánchez, junto a los principales ministros implicados en la activación de las políticas mencionadas.

Se reforzará además la conferencia de presidentes autonómicos, dando participación a entes locales, como ocurrirá el 26 de octubre para bordar la gestión de los fondos comunitarios, y se reactivará la comisión interterritorial de revisión de los recursos europeos.

Se potenciará el diálogo con patronal, sindicatos, así como en el marco parlamentario, con un mayor papel de los senadores en la revisión de los planes que afecten a las autonomías.

Sánchez busca también cambios legislativos que mejoren la gestión de los fondos; la operativa de la administración pública. Impulsará para ello un real decreto ley que elimine todos los cuellos de botella y trabas existentes, como la ley de contratos del sector público y la normativa de subvenciones. “A menudo son un obstáculo. A las dificultades no podemos aportar más dificultades”, ha dicho, garantizando que todo se hará siguiendo la doctrina europea e instando al resto de administraciones a hacer lo mismo.

“Nunca, al menos desde los tiempos de la Transición nuestro país ha necesitado tanto la unidad, la cooperación de las fuerzas parlamentarias”, ha expuesto el presidente, aseverando que este es “el mayor reto al que se ha enfrentado nuestra generación desde el restablecimiento de la democracia”.

“El plan que hoy presentamos, los Presupuestos Generales que loa activan, ofrecen una oportunidad única para demostrar el ímpetu de nuestro país, de la buena política, la propone acuerdos y soluciones”, ha defendido Sánchez pidiendo al resto de fuerzas abrirse a un diálogo constructivo.

Segunda modernización económica

“Hablamos de una recuperación y un crecimiento que no van a venir por sí solos”, sino que necesita “movilizar todas las energías nacionales”, ha dicho el presidente del Gobierno, asegurando que el Plan de Recuperación es "una hoja de ruta" para dar respuesta a "una situación excepcional" con una estrategia que permita al país salir de la crisis mejor de lo que entró en ella.

Sánchez ha comenzado su presentación ensalzando la capacidad de España para saldar con éxito una primera transformación económica durante la Transición democrática, que permitió al país entrar en la Unión Europea y liderar sus tasas de crecimiento.

“En marzo llego la pandemia del Covid y todo se detuvo, junto al resto del mundo y de Europa, España fue duramente golpeada. Había que salvar empleos y empresas. Y lo hicimos”, ha defendido Sánchez repasando las medidas tomadas hasta la fecha.

“Movilizamos 200.000 millones de euros, el 20% del PIB anual, la mayor cantidad de recursos en la historia de nuestro país para proteger a quienes crean empleo, a las empresas. Hoy gracias a ese aval, 530.000 empresas prosiguen su actividad. Protegimos a 3,4 millones de trabajadores mediante los ERTE y más del 80% han vuelto hoy a su puesto de trabajo. Pusimos en marcha una prestación por cese de actividad a autónomos que ha beneficiado a 1,5 millones”, así como las moratorias hipotecarias o fiscales”

“Pese al griterío partidista, todo esto lo estamos haciendo en la fuerza de la unión”, ha dicho, aplaudiendo la disposición al diálogo de patronal y sindicatos en el diálogo social. Entre las fortalezas con las que cuenta España, Sánchez ha destacado su amplia red de telecomunicaciones, su segunda posición como destino vacacional mundial, o su situación geográfica estratégica.

Los vicepresidentes darán más detalles

Sánchez ha presentado su plan en un “formato novedoso” de teleconferencia en el que asisten telemáticamente los miembros del Ejecutivo así como representantes de la patronal y los sindicatos, los embajadores de los 27 países miembros de la Unión Europea y numerosos representantes de la sociedad civil, entre ellos, los responsables de distintos medios de comunicación.

La estrategia busca reactivar la economía española y garantizar “un crecimiento robusto, duradero e inclusivo”, aprovechando unas ayudas que la UE ha pedido destinar a digitalizar la economía, apoyar la transición a un modelo ecológico más limpio, fomentar la rehabilitación de viviendas o la reindustrialización, entre otros objetivos.

Tras la presentación de Sánchez, Carmen Calvo, vicepresidenta primera y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; Pablo Iglesias, vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030; Nadia Calviño, vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital; y Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, continuarán la presentación del Plan, con la exposición de sus principales pilares a las 18:00 horas.

El impacto presupuestario

Para aprovechar los recursos comunitarios al máximo y acelerar la recuperación de la economía, el Consejo de Ministros dio luz verde ayer a un aumento del 53,7% del techo de gasto, hasta el máximo histórico de 196.097 millones de euros, en 2021.

El Ejecutivo asume que el déficit saltará este año del 2,8% al 11,3% del PIB, lo que elevará la deuda pública del 95,5% al 118%, pero aspira a rebajar el agujero fiscal en 2021 al 7,7% gracias a la reactivación económica y a un paquete de nuevos ingresos tributarios que ultima definir.

La idea es que el PIB pase de caer un 11,2% este año a crecer hasta un 9,8% el próximo ejercicio gracias al Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, 2,6 puntos más de lo que lo haría sin él, lo que supone un factor multiplicador de casi 1,2 puntos por las ayudas europeas a ingresar.

Con todo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) advirtió ayer de que las previsiones del Ejecutivo son optimistas, y solo se cumplirían en caso de que tanto la pandemia como la economía y la ejecución de las ayudas evolucionen de forma óptima, por lo que invita a la cautela.

España aspira a recibir 140.000 de los 750.000 millones que el Consejo Europeo aprobó en julio movilizar en respuesta a la pandemia, aproximadamente la mitad en subvenciones y el resto en préstamos, entre 2021 y 2026.

Concretamente, a España le corresponden 59.168 millones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia entre 2021 y 2023 y obtendrá el próximo año 12.436 millones del Programa 'REACT-EU'.

De este último programa, las comunidades autónomas recibirán 10.000 millones el año que viene, mientras que el resto será destinado al Ministerio de Sanidad, que podrá usarlos para la adquisición de la vacuna o el refuerzo de la atención primaria.

El grueso de los fondos comunitarios irán destinados a inversión pública en infraestructuras; mejora de la digitalización; aumento de la eficiencia energética; impulso al emprendimiento; fomento de la educación y la formación continua; o refuerzo de las políticas de inclusión.

Como resultado de esta asistencia, el líder del Ejecutivo y la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, han anticipado que el Plan de Recuperación supondrá un aumento del crecimiento potencial del 2% en una década.

Los ejes del plan

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se orienta sobre cuatro ejes de transformación (transición ecológica, digitalización, cohesión social y territorial e igualdad de género), que permearán diez palancas de trabajo, que pasan por la agenda urbana y rural, infraestructuras y ecosistemas resilientes, una transición justa e inclusiva, una Administración pública del siglo XXI, la modernización y digitalización del ecosistema industrial, servicios y pymes, un acuerdo de país por la ciencia y la innovación y el refuerzo del Sistema Nacional de Salud, recuerda Europa Press.

También pasa por la educación, la formación profesional y la formación continua de los ciudadanos, una nueva economía de cuidados y la modernización de políticas activas de empleo, el desarrollo e impulso de la industria de cultura y deporte y un marco fiscal "justo".

El Gobierno enmarca la jornada de presentación del plan dentro de la estrategia 'España puede', que Sánchez presentó a finales de agosto en la Casa de América con otra conferencia ante representantes de la sociedad civil, como patronal, sindicatos y miembros de sectores vinculados con la digitalización, la transición ecológica, el cooperativismo, la cultura y el tercer sector. 

El Supremo impide a Hacienda registrar domicilios o empresas “para ver qué se encuentra”

 

Madrid  7 OCT 2020 - 15:00 CEST  Cinco Dias

El Tribunal Supremo acaba de concluir que los inspectores de Hacienda no pueden entrar a registrar un domicilio particular o una empresa “para ver qué se encuentra” bajo el único argumento de que el propietario tributa por debajo de las cifras medias de su sector.

Así lo acaba de dictaminar la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo anulando por defectos de motivación un auto judicial que autorizó a la Agencia Tributaria a entrar en el domicilio de una empresa que declaraba impuestos inferiores al resto de sus competidores.

El asunto, anticipado por este diario, supone un importante varapalo para la estrategia inspectora del fisco, que viene midiendo los ingresos declarados los contribuyentes a fin de elevar la inspección sobre aquellos negocios que ofrecen cifras inusitadamente bajas para su entorno comercial. De un lado, advirtiéndoles directamente de las anomalías detectadas para conminarles a revisar sus declaraciones de impuestos y, de otro, utilizando estos datos como justificación para solicitar a los jueces registros domiciliarios en busca de pruebas de fraude fiscal.

La sentencia, ponencia del magistrado Francisco José Navarro Sanchís, establece los requisitos que deben reunir tanto la solicitud de entrada y registro en el domicilio o en la sede social de una empresa, formulada por la Agencia Tributaria, como el auto judicial que autorice la misma. “No cabe, según la sentencia, la autorización de entrada con fines prospectivos, estadísticos o indefinidos, para ver qué se encuentra, para el hallazgo de datos que se ignoran, sin identificar con precisión qué concreta información se pretende obtener, por lo que no proceden las entradas para averiguar qué es lo que tiene el comprobado”.

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El caso

El fallo del Supremo es en favor de un negocio de hostelería cordobés, Taberna La Montillana S.L., en el que la Agencia Tributaria detectó que su rentabilidad media era de 1,95 euros por cada euro destinado a compras, frente a los 3,03 euros de media que consiguen los negocios del ramo a escala nacional

“Por tanto, el margen comercial declarado es bastante inferior al declarado por las empresas del sector, lo que induce a pensar que el obligado tributario puede haber estado ocultando ventas efectivamente realizadas”, concluyó Hacienda.

A su vez, el cobro en efectivo declarado resultó ser 25 veces menor al de la media, lo que hizo sospechar al fisco que 24 de cada 25 euros recibidos en metálico iban a parar, sin declarar, al bolsillo de los administradores del negocio.

Como resultado, solicitó una orden de registro de la sede empresarial en busca de una contabilidad en B, que el juez autorizó y los propietarios del negocio recurrieron, logrando ahora la razón.

La sentencia

“La corazonada o presentimiento de la Administración de que, por tributar un contribuyente por debajo de la media del sector le hace incurrir a éste en una especie de presunción iuris et de iure de fraude fiscal, es un dato que por sí mismo no basta, ni para establecer una relación causal o esquema que desemboque en ese fraude –ni siquiera en la presunción de deberes incumplidos, que deberán ser esclarecidos a través del procedimiento correspondiente, con ulterior control judicial-, ni menos aún para anclar en tal circunstancia la necesidad de entrada en el domicilio para el cotejo de datos que respalden o desmientan la sospecha albergada por la Administración”, recoge el fallo.

El tribunal agrega que cuando la sospecha se basa en una ciencia “tan evanescente y laxa, de origen tan arcano, con base estadística o comparativa no contrastada ni, que se sepa, publicada, deben quedar firmemente establecidos, al menos, como punto de partida, cuáles son los criterios que llevan a la administración a aferrarse a esa rotunda conclusión, si se tiene en cuenta que la desviación de la media puede alcanzar distintos niveles de intensidad y no suponer, con tal dato aislado, presunción de fraude alguno”.

“No se puede acceder al domicilio definido en el artículo 18.2 de la Constitución española con un propósito meramente prospectivo o indeterminado, por si acaso, ya que la naturaleza fundamental del derecho que la Constitución ampara y permite excepcionalmente sacrificar o excluir, lo debe ser en presencia de un bien constitucionalmente protegido –y el deber de contribuir del artículo 31.1 de la Constitución es uno de ellos, expresado en términos generales”, concluye.

El fallo acepta, eso sí, que “del cotejo de la situación hipotética, sospechada o derivada de una información meramente fragmentaria, nacida de la proyección de datos genéricos obrantes en documentos o cuadros estadísticos y cuya fiabilidad, a falta de más sólidos elementos de convicción, hemos de poner por fuerza en duda, no es base suficiente para servir de título habilitante a la Administración –para pedir- y al juez –para otorgar- la entrada en el domicilio”.

El Senado da luz verde a la tasa Tobin y la tasa Google

 El Senado ha dado el pistoletazo definitivo para que la “fiscalidad del siglo XXI”, así denominada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, tras el visto bueno a dos nuevos impuestos: la tasa Tobin y tasa Google.  La votación de ambas figuras fiscales ha salido adelante gracias a la mayoría senadores de formaciones favorables a la creación de estos nuevos impuestos. En concreto, el gravamen a las transacciones financieras fue aprobado por 155 votos a favor, 98 votos en contra y 8 abstenciones, mientras que la tasa Google salió adelante por 134 votos a favor, 101 en contra y 28 abstenciones.

La primera de ellas está planteada como un impuesto sobre las transacciones financieras que gravará la compraventa de acciones de empresas españolas cotizadas con una capitalización superior a los 1.000 millones de euros. El nuevo impuesto gravará al 0,2% cada adquisición de acciones de sociedades españolas negociadas en el país o en otros de la Unión Europea, a cuenta del intermediario financiero que ejecute la orden. Un gravamen con el que el Ejecutivo aspira a recaudar unos 850 millones al año.

El listado de empresas afectadas por la nueva tasa cambiará anualmente y será fijado cada mes de diciembre. Según los datos de ayer, la tasa gravará a 32 de los valores que integran el Ibex 35 –compuesto en este momento por 34 valores–, con la excepción de Meliá, por no alcanzar los 1.000 millones de capitalización y ArcelorMittal, por no tener nacionalidad española. Fuera del Ibex también estará exento Airbus, por tener nacionalidad francesa, pero estarían gravadas las operaciones sobre FCC, Ebro Foods, Fluidra, Catalana Occidente, Vidrala, Zardoya Otis, Solaria, Rovi, Prosegur y CAF.

El impuesto sobre determinados servicios digitales, conocido como tasa Google, aspira por su parte a gravar con un 3% a las multinacionales con ingresos anuales de al menos 750 millones de euros a nivel mundial y de tres millones en España. Está dirigida a la publicidad online, la intermediación entre empresas y particulares o la venta de datos de usuarios.

La aspiración del Ejecutivo es de recaudar 968 millones de euros cada año con este nuevo impuesto, si bien, según ha explicado el Ejecutivo la pretensión es que el gravamen tenga carácter transitorio hasta que se apruebe un impuesto europeo, en el marco del trabajo impulsado desde la OCDE.

Ambas tasas entrarán en vigor hasta pasados tres meses desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), para dar tiempo a empresas y autoridades a prepararse para su tributación.