Desarrollo tecnológico y empleo: la transformación industrial que necesita España

Por Merca2.es -30/12/2020

La refinería de Repsol en Cartagena acogerá la primera planta de biocombustibles avanzados de España.

Cambio. Esta es la palabra que define de manera más acertada la situación del sector energético español y su industria, que llevan años dando los pasos necesarios para evolucionar hacia un modelo más sostenible. Pero hay que dar un impulso más. El siguiente reto es impulsar una transformación industrial que permita avanzar de forma decidida hacia el objetivo de cero emisiones netas y que, al mismo tiempo, contribuya a la reactivación de la economía española.

El mejor ejemplo lo encontramos en la industria del refino que, con su conocimiento y experiencia, está contribuyendo de forma decisiva al desarrollo de tecnologías para afrontar con éxito la transición energética.

Este sector apuesta por un modelo energético híbrido que integre todas las opciones tecnológicas existentes y combine la electrificación con el uso de productos neutros en carbono. La utilización de estos productos, entre los que destacan los biocombustibles avanzados o los combustibles sintéticos, será clave por ejemplo, para descarbonizar sectores difíciles de electrificar, como ocurre con algunos usos industriales, el transporte por carretera de mercancías a larga distancia, el sector marítimo y la aviación.

Además, este modelo energético híbrido hará posible el desarrollo de nuevos proyectos industriales ligados a la descarbonización, que permitirán aprovechar las fortalezas tecnológicas y la capacidad de innovación del sector del refino en España, y pueden contribuir a la creación de nuevos empleos en un sector que ya da trabajo a 200.000 personas en España de manera directa o indirecta, puestos que se caracterizan por su alta cualificación, con salarios por encima de la media y más estables.

En este sentido, hay casos concretos, como el de Repsol, que tiene previsto seguir evolucionando sus refinerías para transformarlas en hubs multienergéticos, capaces de utilizar materias primas recicladas, generar productos de baja, nula o incluso negativa huella de carbono y desarrollar nuevos modelos de negocio basados en la digitalización y la tecnología.

IMPULSO E INNOVACIÓN EN CUATRO PILARES

Repsol, que se ha fijado como objetivo ser cero emisiones netas en 2050, lleva tiempo trabajando para transformar sus complejos industriales en instalaciones cero emisiones netas. La columna vertebral de este proceso descansa sobre la eficiencia energética, una de las palancas fundamentales para reducir las emisiones y la intensidad energética del sector del refino La compañía lleva años implementando procedimientos de gestión energética y mejora de la eficiencia y entre 2021 y 2025 tiene previsto invertir más de 400 millones de euros para reducir 800.000 toneladas de CO2 anuales.

El segundo eje de la transformación del sector es la economía circular. Las refinerías de Repsol, por ejemplo, ya se están adaptando para utilizar residuos de diferentes orígenes como materias primas y convertirlos en productos (combustibles y materiales) neutros en carbono. La energética prevé tratar hasta cuatro millones de toneladas anuales de residuos urbanos, agrícolas, forestales o de la industria agroalimentaria, entre otros.

Además de realizar modificaciones en sus instalaciones actuales, la energética cuenta con varios proyectos industriales punteros en marcha. Uno de ellos es la construcción de una planta de biocombustibles avanzados en su refinería de Cartagena, que utilizará residuos para fabricar 250.000 toneladas al año de hidrobiodiésel, biojet, bionafta y biopropano. La planta tendrá una inversión estimada de 188 millones de euros, estará operativa en 2023 y será la primera en España dedicada a la fabricación de este tipo de biocombustibles, que pueden utilizarse en los motores actuales de aviones, camiones o coches. Los biocombustibles producidos en la refinería de Cartagena permitirán una reducción de 900.000 toneladas de CO2 anuales, lo que equivale aproximadamente a la absorción de CO2 de un bosque con una extensión similar a 180.000 campos de fútbol.

Otro de los proyectos de Repsol vinculados a la economía circular consiste en la construcción en el puerto de Bilbao de una planta de generación de gas a partir de residuos urbanos, que se empleará para sustituir parte del consumo de combustibles tradicionales que la refinería de Petronor, una de las de mayor capacidad de España, utiliza en su proceso productivo. En una primera fase, esta planta podrá procesar unas 10.000 toneladas al año de residuos urbanos generados en la propia ciudad.

residuos-urbanos

Los residuos serán una de las principales materias primas de las refinerías del futuro.

En otro ejemplo práctico de economía circular, Repsol utilizó el pasado verano materia prima de origen vegetal para fabricar en su Complejo Industrial de Puertollano el primer lote de keroseno con biojet para el mercado español, formado por 7.000 toneladas de combustible. Su uso evitará la emisión de 440 toneladas de CO2 a la atmósfera, el equivalente a 40 vuelos Madrid-Barcelona.

Por lo que respecta al tercer vector de la transformación del sector, ‘trending topic’ del entramado energético en estos momentos, el hidrógeno renovable coge ritmo. Repsol producirá este hidrógeno con nuevas tecnologías, como la electrólisis de agua a partir de electricidad renovable o la fotoelectrocatálisis a partir de energía solar, aunque también puede utilizar el proceso convencional pero cambiando la materia prima fósil por una materia de origen bio, como puede ser un biometano. Repsol se ha planteado como objetivo ser líder en hidrógeno renovable en la Península Ibérica, para alcanzar en 2025 una producción equivalente de 400 MW y superar 1,2 GW en 2030.

Por último, las tecnologías de captura, utilización y almacenamiento de CO2 (CCUS, por sus siglas en inglés) serán también parte fundamental de las refinerías del futuro. El CO2 capturado puede utilizarse como materia prima en un amplio abanico de oportunidades, que van desde la formulación de polímeros a la obtención de combustibles sintéticos con cero emisiones netas. Repsol, por ejemplo, va a construir en Bilbao una de las mayores plantas de combustibles sintéticos del mundo, a partir de hidrógeno renovable y CO2 capturado en la cercana refinería de Petronor. la única de la Península Ibérica y una de las pocas de Europa que ha integrado este tipo de procesos.

Todos estos proyectos confirman al sector del refino como uno de los principales motores de la actividad industrial española. Sus planes para convertir las refinerías en instalaciones cero emisiones netas, capaces de tratar todo tipo de residuos, no solo ayudarán a cumplir los objetivos de descarbonización fijados por la Unión Europea, sino que pueden tener un papel clave en la necesaria reactivación de la economía del país.

Sobre la suspensión de lanzamientos durante la vigencia del estado de alarma (análisis del RDL 37/2020 de 22 de diciembre)

Excelente y ponderado articulo, que debería merecer una profunda reflexión a quien corresponda

El Autor: Santiago Gastón de Iriarte, socio de RSM Spain

Visto el 31/12/20 en 

El RDL 37/2020, de 22 de diciembre explica, con acierto, en su Exposición de Motivos la razón y el itinerario seguido por el Ejecutivo, respaldado además por la convalidación de los Decretos Leyes por el Parlamento en relación con la protección de las personas en situación de especial vulnerabilidad. Esta legislación también contempla la definición de quién es una persona en situación de especial vulnerabilidad y en ese sentido no hay nada que objetar como tampoco lo hay a la utilización extraordinaria del procedimiento del RDL.

Sin embargo, si analizamos con detalle la propuesta que contiene esta legislación, aparecen bastantes problemas que podían haber tenido solución más eficaz para los afectados. Estamos todos de acuerdo en que el colectivo, desafortunadamente muy numeroso de personas en situación de vulnerabilidad económica, requiere que se adopten medidas. Si analizamos el Capítulo 1 del citado RDL que trata de las medidas en materia de vivienda, se pueden hacer las siguientes reflexiones:

Se justifican las medidas en función del art. 47 de la Constitución Española diciendo que consagra ” el derecho a una vivienda digna y adecuada “. Aquí está el primer error de principio; el art. 47 CE no dice eso, sino que dice ” todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada “. A continuación este artículo de nuestra Carta Magna ordena a los Poderes Públicos organizar todo un sistema para que se haga efectivo este derecho; por tanto no es un derecho absoluto en el sentido de disfrute de una vivienda digna y adecuada sino que este derecho dependerá de que los Poderes Públicos lleven a cabo toda una actividad de la que cuelga  la eficacia real de ese derecho fundamental y que está dentro del Capítulo Tercero que se titula de los principios rectores de la Política Social y económica .

Este derecho del art. 47 de la CE debe ponerse en relación con el artículo 33 CE que está encuadrado en el Capítulo Segundo titulado derechos y libertades y que en su Sección Segunda (arts. 30 al 38) trata de los derechos y deberes de los ciudadanos. Pues bien, efectivamente este art. 33 reconoce el derecho a la propiedad privada que es un derecho delimitado por el Ordenamiento Jurídico, pero no de cualquier forma sino prohibiendo expresamente que ningún español podrá ser privado de sus derechos y bienes si no es por causa justificada de utilidad pública o interés social mediante la correspondiente indemnización.

Está claro por tanto que en nuestra Constitución el derecho a una vivienda digna y adecuada o, mejor dicho, a disfrutar de una vivienda digna y adecuada no invade ni es contrario al derecho a la propiedad privada (no existe antinomia entre estos dos artículos). Por tanto, puede y debe desarrollarse de tal forma que no se viole el art. 33 CE y las garantías que le corresponden como derecho fundamental. La norma, preconstitucional, sobre qué es el derecho de propiedad (art. 348 del Código Civil) dice que la propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes. Por tanto, este derecho de propiedad reconocido constitucionalmente y que se expresa indudablemente con carácter expansivo sólo puede ser modalizado por la utilidad pública o interés social.

El interés social obviamente inspira las Medidas Urgentes en el ámbito social y económico y su modificación por este RDL 37/2020 de 22 de diciembre pero esto no autoriza, en ningún caso, que se vulnere el derecho a la propiedad privada del art. 33 CE a que antes nos hemos referido. En este sentido vulnerarlo equivale a reducir las facultades y o derechos del dueño sin la correspondiente compensación.

Este RDL modifica el anterior de 31 de marzo y amplía su vigencia hasta mayo de 2021, lo que tampoco es una fecha límite porque nada impide que las medidas adoptadas con ocasión del estado de alarma se vayan prorrogando más veces para cuestiones concretas, como bien pudiera ser lo relativo a la vivienda.  Parece indiscutible que en mayo de 2021 no se habrán solucionado muchos de los problemas de vulnerabilidad económica que justifican estas medidas; en su consecuencia, no existe, por tanto, ninguna seguridad de que toda esta legislación o disposiciones dejen de estar en vigor sino más bien todo lo contrario.

La suspensión del procedimiento de desahucio y lanzamiento arrendaticio (iniciado por impago de rentas o expiración del plazo contractual) sólo se puede aplicar a las personas (arrendatarios) económicamente vulnerables sin alternativa habitacional y teniendo en cuenta también la posible vulnerabilidad del arrendador.

En los casos de ocupación esta vulnerabilidad del arrendador está modalizada por la “modificación 2” de este RDL que añade un art. 1 bis en el que ya se dice que esta suspensión de lanzamientos sólo se aplicará a viviendas que pertenezcan a personas jurídicas o a personas físicas titulares de más de 10 viviendas. No hace ninguna mención o distinción respecto de que las 10 viviendas puedan ser grandes o pequeñas; produzcan rentas mayores o menores para su dueño; que sólo estuviera arrendada una; que deba afectar solo a unas cuantas de las 10 viviendas; y un largo etc. Por tanto, el titular de 10 viviendas puede ver suspendidos los lanzamientos de las 10 (supuesto que todos sean arrendatarios vulnerables) y quedarse sin ingresos de ningún tipo.

En el caso de las personas jurídicas la iniquidad es más obvia porque puede tratarse de una persona jurídica que solo tenga una vivienda y que, por tanto, se quede sin ningún ingreso debiendo en tal caso terminar en concurso de acreedores o liquidación.

Para ambos supuestos, es decir, personas físicas o jurídicas, la Ley no tiene en cuenta las obligaciones que puedan tener contraídas los propietarios. Así, es muy posible que estos necesiten la ocupación remunerada de su propiedad para cumplir obligaciones garantizadas con derecho reales (hipoteca) y que su incumplimiento les puede acarrear la pérdida de la propiedad tras la oportuna subasta del inmueble.

Es cierto que la normativa de este RDL obliga a las Administraciones públicas a adoptar medidas para satisfacer la necesidad habitacional de las personas en situación de vulnerabilidad pero de la simple lectura el apdo. 5 del nuevo art. 1 bis se ve claro que esta obligación es solamente retórica puesto que su tramitación probablemente va ser más larga y más ineficaz que el perjuicio que se le está causando al propietario del inmueble. En esto sí coincide con el mandato constitucional del artículo 47 CE pero que no ha sido tenido en cuenta con la necesaria intensidad desde 1978, es decir, hace más de 40 años.

Esta preocupación por las personas en vulnerabilidad económica, que compartimos sin lugar a duda, se resuelve desplazando la solución al titular de un derecho de propiedad de forma directa e inmediata y sin que antes se haya agotado la vía de que la propia Administración Pública ponga a disposición de estas personas en situación de vulnerabilidad económica los muchísimos inmuebles de que es titular en el territorio español y que están vacíos o claramente infra-utilizados y que podía ser tan rápida y eficaz como la suspensión de los lanzamientos.

El RDL que ahora comentamos modifica también el art. 150. 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que exige el consentimiento de los que ocupan una vivienda sin título para ello (no tienen título para ello ninguno de los demandados respecto de los que se haya señalado el lanzamiento) para que los Servicios Públicos competentes en materia de Política Social actúen. La modificación consiste en que este consentimiento se supone que existe cuando el ocupante de la vivienda solicite la suspensión del lanzamiento. Por tanto, se modaliza este consentimiento creando la presunción de que existe por oponerse al lanzamiento. Nada que objetar a esta cuestión porque lo que hace es volver a incidir en que los Servicios Públicos competentes en materia de Política Social deberían actuar para que se cumpla la previsión del art. 47 CE

Ahora bien, como hemos señalado, la falta de eficacia o de respuesta de los Servicios Públicos es una realidad incuestionable en todos estos supuestos de lanzamientos; con esta regulación se viola el art. 33 CE puesto que se produce, de hecho, una expropiación del derecho de propiedad sin compensación por ello.

El Estado Español está obligado, entre otras muchas cuestiones, a dedicar los recursos necesarios para proteger a las personas en situación de vulnerabilidad económica. Estas personas no tienen por qué resolver su problema con préstamos o endeudamiento de cualquier tipo, sino con la ayuda directa en que consistiría el pago del precio del arrendamiento. De esta forma se resolvería un problema de enorme magnitud sin crear otro problema que, además, como hemos visto antes, puede desencadenar un efecto devastador en los propietarios de inmuebles a quienes no se les paga la renta convenida.

Somos conscientes que no es ahora cuestión de discutir la inconstitucionalidad de esta legislación porque eso, además de ser costoso, por su lentitud es absolutamente ineficaz. La cuestión es si la normativa que empezó en marzo de 2020 y que ahora continúa hasta mayo de 2021 y que por la misma razón lo previsible es que en mayo de 2021 siga prorrogándose, es eficaz para proteger a las personas en situación de vulnerabilidad económica y a la vez no causar perjuicio a personas que, como titulares de un derecho de propiedad, deben tener la protección absoluta a través del artículo 33 CE.

Si pensamos en la posible reacción de cualquier propietario (persona jurídica o física titular de más de 10 viviendas) o en nuestro consejo como asesores, la respuesta probablemente será adoptar especiales medidas de cuidado en la selección del arrendatario para no tener que enfrentar este problema, lo que significará menos viviendas en alquiler y, desde luego, menos viviendas en alquiler para personas que en otras condiciones hubieran accedido a este mercado de arrendamiento de inmuebles.

También se puede aconsejar, en casos particulares, transmitir (por cualquier título o forma) el inmueble desde la sociedad a personas físicas y, desde luego, transmitir las viviendas necesarias para no ser tenedor de 10 inmuebles; todo esta actividad en ningún caso puede ser calificada como un supuesto de ejercicio antisocial del derecho a que se refiere el artículo 7 de código Civil, ni tampoco le será aplicable el concepto de fraude de ley del artículo 6.4, también, del código civil.

Insistiendo en el contenido de esta regulación que ahora comentamos, resulta que desplaza a los tribunales la decisión final sobre si concurren las circunstancias (que exige una legislación, por cierto, bastante confusa) para suspender los lanzamientos. Ello significa decisiones diferentes para casos idénticos y la correspondiente inseguridad jurídica.

Finalmente, cabe considerar la posible aplicación de la normativa que regula el derecho a la indemnización de los perjudicados como consecuencia de disposiciones que les causen daño y nos referimos al artículo 3 de la Ley Orgánica reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio, y demás regulación aplicable. Como se ve, un largo e inseguro procedimiento judicial que no resuelve el perjuicio con la inmediatez que requiere.

Estas reflexiones deberían servir para que todos, propietarios, arrendatarios y poderes públicos sean conscientes de cuáles son realmente sus derechos y sus obligaciones y que la cohonestación de todos ellos es mucho más fácil, segura y eficaz siguiendo el ejemplo de las decisiones adoptadas por otros Estados de la Unión Europea, sin acudir a políticas que son populistas, contrarían el derecho de propiedad y causan más problemas que los que tratan de resolver, con desacierto.

Más información y comentarios sobre los efectos del Decreto

Aló Presidente

 ¿De verdad, ocurre esto en este país y nadie reflexiona?

• Durante dos horas afirma y expone el cumplimiento de sus compromisos políticos ante la prensa.
• Lo confirma mediante un informe de expertos y expertas (independientes, pero seleccionados por él mismo)
• La prensa y tv lo reproduce y vocea a todo titular en numerosas paginas lo dicho por Aló Presidente.

Si este gesto fuera de buena voluntad, le hubiera sido suficiente con acudir a un notario y exponerlo en las cortes generales y senado.

pero no..... es necesario embaucar directamente a 47 millones de personas....

PD: lo hubiera podido hacer el 28 de Diciembre, y sería una buena inocentada.

¿Demasiadas esperanzas en el coche eléctrico?

• BP quiere producir hidrógeno verde a escala industrial en una refinería alemana, y lo hará gracias al viento
• La UE quiere un estándar común para la fabricación de baterías de coches eléctricos y plantar cara a China. 
• Carburantes sintéticos: qué son y cuáles son los pros y contras de esta 'gasolina verde'

23 Diciembre 2020 MARC FORTUÑO BlogSalmon

Ante el reto que supone el cambio climático, una de las vías para combatirlo es la sustitución de los coches propulsados a través de combustibles fósiles por vehículos eléctricos. De hecho, la Unión Europea tiene como objetivo alcanzar los 30 millones de vehículos de cero emisiones en sus carreteras para el año 2030,y así conseguir alejar a los países del transporte basado en los combustibles fósiles.

Pero el tema es mucho más complejo de lo que inicialmente pueda parecernos y puede que las esperanzas depositadas en el vehículo eléctrico sean más bien poco realistas.

En un análisis preliminar tenemos que el transporte representa casi un cuarto de las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE y casi el 30% de las emisiones de CO2, el 72% de las cuales provienen del transporte por carretera.

El problema es que de quedarnos en ese análisis preliminar, estaríamos contando únicamente las emisiones del vehículo en funcionamiento pero no las emisiones del proceso productivo, la vida útil y el reciclaje tras su finalización. Con esa visión más amplia y, tal y como afirma el estudio el instituto alemán IFO, la introducción de vehículos eléctricos no necesariamente conduce a una reducción de las emisiones de CO2 del tráfico.

El estudio está centrado específicamente en Alemania y, valorando el mix energético actual de Alemania y la cantidad de energía utilizada en la producción de baterías, las emisiones de CO2 de los vehículos eléctricos a batería son, en el mejor de los casos, ligeramente más altas que las de un motor diésel o mucho más altas según las circunstancias analizadas.

Sus conclusiones son que realmente con el coche eléctrico se consigue unas emisiones de CO2 entre un 11 y un 28 por ciento frente a sus homólogos del diésel.

En este estudio se establece una comparativa de la producción de dióxido de carbono de un Tesla Model 3 (eléctrico) y un sedán Mercedes C220d (diésel). El Mercedes liberaría aproximadamente 141 gramos de dióxido de carbono por kilómetro conducido, incluido el carbono emitido para perforar, refinar y transportar su combustible. Por su parte, el Tesla libera entre 156 y 181 gramos, incluyendo la producción de baterías.

En este caso se valora todas las emisiones del Tesla. Es decir, la extracción y el procesamiento del litio, el cobalto y el manganeso que se utilizan para las baterías consumen mucha energía. Si una batería del Tesla Model 3 supone entre 11 y 15 toneladas métricas de dióxido de carbono, dada una vida útil de la batería de 10 años y una distancia de viaje anual de 15.000 kilómetros, se emiten entre 73 y 98 gramos de dióxido de carbono por kilómetro.

El problema del suministro y reciclaje de las baterías

Parece que se quiera dejar fuera de la ecuación que la gran problemática del vehículo eléctrico reside en sus baterías, ya que dependen del suministro de metales como el cobalto y el litio, que actualmente se importan a la UE.

Además, está por ver si ante la demanda prevista, existirá una industria extractiva de estos componentes lo suficientemente amplia y eficiente para su explotación y, una vez finaliza su vida útil, una segunda empleabilidad de las baterías o la extracción de sus componentes y, sobre todo todo el coste vinculado.

Hoy reciclar no es rentable. Las baterías se pueden reciclar esencialmente con el proceso de fundición, recuperación directa y otros procesos. Tras su fundición, el litio es un subproducto mixto y extraerlo es complicado y caro. Si por ejemplo el coste de reciclar completamente una batería de iones de litio es de aproximadamente 1 euro por kilogramo, el valor de los minerales en bruto recuperados del proceso no supone ni un tercio.

Dicho de otro modo, recuperar las baterías supone que el coste de extracción de litio de baterías viejas es que hasta 5 veces más caro que el litio extraído. No sería extraño que esto suponga otro tipo de contaminación, una la acumulación de montañas de baterías.

Si verdaderamente se desarrolla fuertemente el coche eléctrico, el destino de millones de baterías usadas que alimentan estos vehículos se convertirá en un problema ambiental urgente. El problema no queda muy lejos de nuestros días, se estima que para el 2025, los vehículos eléctricos e híbridos representarán el 90% del mercado de baterías.

El dirigismo del Estado en favor del coche eléctrico

Europa lo está apostando a la carta del coche eléctrico. Parece que no haya visión de error y ya están desplegando un arsenal de medidas para incentivar su compra sin valorar otras opciones.

Para tratar de salvar la brecha de costes entre los vehículos eléctricos y los automóviles convencionales, los gobiernos ofrecen determinados incentivos a los consumidores en forma de subsidios, exenciones fiscales para compra y el funcionamiento de los vehículos o acceso preferencial o gratuito a cierta infraestructura vial. Al mismo tiempo, se está castigando al gasóleo vía incrementos de impuestos especiales.

También tenemos beneficios de estacionamiento que se aborda por parte de los gobiernos locales. Al mismo tiempo se esta tratando de forzar el despliegue de la infraestructura de recarga -a nivel público y opciones de recarga en el hogar y en el lugar de trabajo- cuyo objetivo es mejorar los niveles de accesibilidad de los propietarios de vehículos eléctricos para las recargas.

Además de las medidas fiscales y la infraestructura de recarga, también se están desplegando más ampliamente muchas actividades de información adicional y de planificación de la acción local. Para aumentar la conciencia sobre los vehículos eléctricos, las campañas publicitariaa son medidas comunes a nivel local o nacional.

MEDIDAS DE APOYO AL SECTOR TURÍSTICO

ASUNTO: MEDIDAS DE APOYO AL SECTOR TURÍSTICO  

El BOE de hoy ha publicado el Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria:  

BOE

  Se reproduce nota del Consejo de Ministros celebrado ayer:  

 
El Consejo de Ministros ha aprobado un Plan de Refuerzo para la hostelería, el turismo y el comercio con nuevas medidas que pretenden aliviar la situación de empresas y autónomos relacionados con estas actividades y atender sus costes fijos como los salarios, arrendamientos o pago de impuestos, entre otros, para permitir que puedan mantener su viabilidad y no se vean abocados al cierre como consecuencia de la pandemia.  

Se trata de una batería de medidas necesarias para unos sectores muy castigados por la pandemia y que necesitan más protección para que puedan mantener su actividad y el empleo. Era un compromiso de este Gobierno y lo hemos cumplido para no dejar a nadie atrás. Las medidas que aprobamos hoy refuerzan las ya existentes como los ERTEs, donde incorporamos nuevos sectores hiperprotegidos - como restaurantes y puestos de comidas - y creamos una nueva línea ICO para estos sectores con avales públicos del 90%. También hay nuevas medidas como rebajas fiscales, aplazamientos de deudas tributarias y cotizaciones a la seguridad social. Destacan también las medidas para reducir la carga de los alquileres que se aplican tanto a grandes tenedores como al resto de arrendadores, incorporando en este último caso incentivos fiscales. En definitiva, el Gobierno aprueba un nuevo paquete de medidas para garantizar la supervivencia de las empresas y mantener el empleo en sectores estratégicos para nuestro país. Un plan que complementa además las ayudas que han ido aprobando diferentes comunidades autónomas y ayuntamientos, que también pueden reforzar en el marco de sus competencias, ya que con ello conseguiremos mayor protección para los sectores que más lo necesitan.  

 Las medidas contenidas en el Plan se dividen en cinco grandes bloques:  

 Bloque 1.- Medidas dirigidas a arrendamientos de locales de negocios.  

 En el caso de que el arrendador sea un gran tenedor (10 o más locales) si las partes no llegaran a un acuerdo, el arrendatario podrá optar entre las siguientes alternativas: 

 A.- Una reducción del 50% de la renta arrendaticia durante el tiempo que dure el estado de alarma, sus prórrogas, y hasta un plazo máximo de cuatro meses adicionales a contar desde la finalización del estado de alarma.  

B.- Una moratoria en el pago de la renta arrendaticia durante el tiempo que dure el estado de alarma, sus prórrogas y hasta un plazo máximo de cuatro meses adicionales a contar desde la finalización del estado de alarma. El pago aplazado de las rentas se podrá realizar durante un periodo de dos años a contar desde la finalización de la moratoria.  

 El número potencial de locales beneficiarios serían 190.000, de los que 33.000 corresponderían a locales relacionados con el turismo y 157.000 a locales comerciales.  

 Para el resto de arrendadores de locales, se establece un incentivo fiscal con el que se pretende que las personas físicas que alquilan los locales en los que se desarrollan determinadas actividades económicas vinculadas al sector turístico, la hostelería y el comercio acuerden voluntariamente rebajas en la renta arrendaticia correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2021, permitiendo computar como gasto deducible para el cálculo del rendimiento del capital inmobiliario la cuantía de la rebaja de la renta acordada durante tales meses. Este incentivo tiene un coste estimado de 324M€ y permite deducir hasta el 100% de la cuantía del alquiler mensual en el caso que el arrendador rebaje toda la renta. Se estima que 323.701 arrendadores se pueden acoger a la medida  

 Bloque 2.- Medidas de liquidez y solvencia.  

 La primera es la ampliación en la carencia de los préstamos avalados por las líneas ICO y por las sociedades de garantía recíproca de las distintas comunidades autónomas con reafianzamiento de CERSA, así como de su periodo de amortización, medida aprobada el pasado 24 de noviembre en Consejo de Ministros. En concreto, se instrumentó la ampliación por un año adicional de la carencia para la devolución de los prestamos ICO, siempre y cuando la carencia total no supere los 24 meses, y de los avales de las SGR con reafianzamiento de CERSA, así como del periodo de amortización, en un máximo de 3 años, sin poder superar los 8 años el vencimiento total de la operación. Esta medida va a beneficiar a más de 256.000 empresas del sector turístico, hostelería y comercio y supone una reducción del esfuerzo financiero como consecuencia del aplazamiento en la devolución del principal e intereses de los préstamos avalados por el Estado.  

 La segunda es la creación de un nuevo tramo de la línea de avales del ICO aprobada en el Real Decreto-ley 25/2020, para pymes y autónomos del sector turístico, hostelería y actividades anexas dotada con 500M€ y con hasta un 90% de garantía. Esta línea permitirá obtener financiación a empresas muy afectadas por el COVID-19 como las agencias de viajes, el transporte discrecional y el sector alojativo al incrementarse la garantía pública de los avales en 10 puntos respecto a la línea ICO COVID-19 

 Por otro lado, las agencias de viaje y operadores turísticos y los servicios de reservas podrán utilizar la financiación avalada por el ICO para la devolución de los anticipos de clientes por viajes combinados y derechos de resarcimiento.  

 Por último, dentro de este bloque de financiación, se propone la creación de una Sociedad de Garantía Recíproca de carácter exclusivamente turístico que tiene como finalidad facilitar el acceso a la financiación mediante garantías. Su capacidad para inyectar liquidez es del 700% de su capital.  

 Bloque 3.- Medidas tributarias.  

 En primer lugar, se aprueba una nueva edición del aplazamiento de deudas tributarias que se reguló por el Real Decreto-ley 7/2020, que permite aplazar durante 6 meses, con 3 de carencia de intereses, previa solicitud, deudas tributarias correspondientes a declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde el día 1 de abril hasta el día 30 de abril de 2021, ambos inclusive, de modo que en lugar de ingresar en abril se ingresarían las deudas en octubre. De esta forma se evitan las posibles tensiones de tesorería que puedan experimentar las pymes y autónomos. El importe potencialmente aplazado ascendería a unos 2.668 millones de euros. El número total de personas beneficiadas por los aplazamientos sería de unos 617.000 contribuyentes, de los cuales unos 92.000 son de la HORECA (hostelería y restauración) y 68.000 contribuyentes son de comercio al por menor.  

 Otra medida tributaria que recoge el plan es aumentar la reducción en la tributación por el sistema de módulos en el IRPF del 5% actual al 20% con carácter general para el año 2020. Sin embargo, para los sectores que se han visto más afectados por las medidas adoptadas para combatir la COVID-19, como es el caso de la hostelería, el comercio y el turismo, esa reducción en la tributación por módulos llegará al 35%. Esta medida se aplicará para el cuarto pago fraccionado de 2020 y para el primer pago de 2021. De hecho, las reducciones del 20% con carácter general y del 35% para el turismo, la hostelería y el comercio, también se aplicarán en la tributación del régimen simplificado del IVA correspondiente a la cuota devengada de 2020 y a la primera cuota trimestral de 2021. El importe estimado de la reducción del IRPF o el IVA ascendería a 117 M€. El número de beneficiarios de esta medida para el sector turístico y comercial es de 132.000 contribuyentes.  

 Otras medidas tributarias es la reducción del número de períodos impositivos afectados por la renuncia al método de estimación objetiva en el IRPF; la exención prevista para las retribuciones en especie del servicio de comedor de empresa, aplicable el consumo de comida tanto en delivery como take away; la deducibilidad de pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de las posibles insolvencias de deudores y la reducción del plazo que las cantidades adeudadas por los arrendatarios tengan la consideración de saldo de dudoso cobro. 

 Bloque 4.- Medidas laborales y Seguridad Social.  

 Se extienden las exenciones previstas en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 30/2020 de medidas sociales en defensa del empleo a determinados sectores económicos a los siguientes subsectores que pasan a ser hiperprotegidos: comercio al por mayor de bebidas, restaurantes y puestos de comidas, establecimientos de bebidas, y actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales.  

 Esta medida se aplica los meses de diciembre de 2020 y enero de 2021 y su prorroga se determinará en el nuevo acuerdo social que se está negociando con sindicatos y patronal para el conjunto de sectores protegidos por los ERTE.  

 Otra medida recoge el aplazamiento en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social. Se trata de una extensión de la medida adoptada en el RDL 11/2020. Esta medida se ha incluido en la Ley de PGE 2021 y se podrán beneficiar empresas (cuotas devengadas entre diciembre de 2020 y febrero de 2021) y autónomos (cuotas devengadas entre los meses de enero a marzo de 2021). El tipo de interés de los aplazamientos será del 0,5% y el impacto ascenderá a 205 millones de euros.  

 En el ámbito de la Seguridad Social, las empresas dedicadas a actividades encuadradas en los sectores de turismo, comercio y hostelería, podrán aplicar una bonificación del 50% de las cuotas a la Seguridad Social para la contratación de fijos discontinuos de abril a octubre de 2021. El coste será de unos 73 millones de euros.  

 Bloque 5.- Medidas regulatorias.  

 Se flexibilizan los requisitos para el mantenimiento de los incentivos regionales. Los incentivos regionales son ayudas financieras que concede el Gobierno a la inversión productiva para fomentar la actividad empresarial, orientando su localización hacia zonas determinadas. Consisten en subvenciones a fondo perdido y tienen como objetivo paliar los desequilibrios interterritoriales. Se estima que esta medida beneficiará a unos 615 proyectos de inversión empresarial que se encuentran actualmente en vigor o en fase de mantenimiento del empleo y/o las inversiones, con una subvención total asociada de más de 740 millones de €, de los que en torno a un 40% se corresponden con ayudas al sector turístico.  

 También se amplía la moratoria para presentar concurso de acreedores.  

 Por último, se establece un régimen transitorio de las zonas de gran afluencia turística para 2021. La pandemia ha provocado la caída de turistas, por lo que las zonas no cumplirían los criterios establecidos. Por ello, no resultarán de aplicación los datos referidos al año 2020 sobre habitantes, pernoctaciones y cruceristas en puertos en los que operen cruceros turísticos. Se utilizará la media de los tres años anteriores.”  

El Gobierno se lanza a por fondos soberanos para transformar la economía

• España Global buscará inversores en Noruega, Arabia, Singapur o Catar tras un primer viaje oficial a Emiratos Árabes Unidos

El secretario de Estado de la España Global, Manuel Muñiz, durante la entrevista en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, en el madrileño palacio de Santa Cruz. Pablo Monge

Cinco Dias Madrid  23 DIC 2020 - 15:57 CET

Uno de los vehículos del Gobierno para exportar la imagen de España y fomentar la inversión foránea en este país, la secretaría de Estado de la España Global, va a sondear los próximos meses el mercado en busca de capital para sostener el plan de transformación 'España Puede', anunciado por el presidente Pedro Sánchez el pasado 7 de octubre.

“'España Puede' aterriza los Presupuestos Generales del Estado y los fondos europeos para la recuperación, y señala que por cada euro de dinero público invertido se movilicen cuatro de inversión privada. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, en colaboración muy estrecha con la oficina económica de Presidencia del Gobierno y con el Ministerio de Comercio, hemos lanzado un ejercicio de captación de inversión internacional para soportar este plan”, argumenta el secretario de Estado de la España Global, Manuel Muñiz, en una entrevista concedida a Cinco Días.

El secretario de Estado Manuel Muñiz pretender transmitir los planes de transición ecológica y digital a algunos de los principales inversores del mundo

El objetivo es atraer fondos soberanos, muchos de ellos con experiencia sobre el terreno en movilidad, telecomunicaciones o energía, hacia las nuevas posibilidades que ofrece el país. La transición ecológica y los procesos desdarrollo digital son los principales reclamos.

Manuel Muñiz, ha viajado este mismo mes a Emiratos Árabes, junto con el director general de Diplomacia Económica, Luis Óscar Moreno, para transmitir los planes del Ejecutivo. Una misión oficial en la que han tendido puentes con representantes de Abu Dhabi y Dubai, así como con el poderoso fondo Mubadala.

“Se trata de ampliar la huella de socios estratégicos en la economía española”, explica el secretario de Estado. Esta labor va a continuar en destinos como Arabia Saudí, Catar, Noruega o Singapur, de cuyos gobiernos dependen algunos de los mayores fondos soberanos del mundo. Entre ellos están Qatar Investment Authority, PIF, GIC o Norges, esta última gestora de fondos estatales de pensiones.

En el caso de Emiratos Árabes Unidos, su inversión en España alcanzó los 6.000 millones en 2018. Ya en 2019, se conviertió en el primer receptor de Oriente Medio para las exportaciones españolas. En el resto de mercados se ha identificado ya una lista de interlocutores privilegiados.

“Si uno ve los grandes socios económicos internacionales que tiene España, no faltan Estados Unidos, donde predominan los fondos privados; Emiratos, Catar, Noruega, Singapur o Arabia Saudí. Tienen ya experiencia inversora en España y vamos a interactuar con todos ellos. Pero esta lista no excluye a otros”, apunta Muñiz.

España Global abrirá la citada vía de interlocución con otros Gobiernos para “llegar a grandes acuerdos sobre vehículos específicos de inversión en España”. De forma paralela, se trabajará en la identificación de fondos privados dispuestos a colaborar con inversores y empresas españolas. “Trabajaremos en los dos canales siempre de la mano del Ministerio de Comercio y de Invest in Spain, que son los que tienen la capacidad de cristalizar este interés en proyectos concretos”.

Experiencia previa

En algunas de las puertas a las que va a llamar el Gobierno hay notable inquietud por diversificar intereses desde los hidrocarburos o el transporte: “Tienen inversiones muy fuertes en renovables y transición ecológica por todo el mundo, y están interesados en el caso español. También les atrae la agenda de digitalización, desde la movilidad inteligente, a los microchips y la fabricación de tecnología”.

El mensaje de España Global tiene que ver con una rápida recuperación y transformación de la economía española una vez que la vacunación y los nuevos tratamientos logren mitigar la pandemia. “El plan europeo de recuperación y resiliencia prácticamente dobla la capacidad financiera que ofrece el marco plurianual de la UE. Sus fondos sitúan a España en un escenario que recuerda al impulso que tuvimos en los años de entrada en las Comunidades Europeas para converger, a lo largo de dos décadas, con las economías más avanzadas. Esta es una ventana extraordinaria para participar en este nuevo proceso en España, comprometida con una transformación digital, verde e inclusiva”, sentencia Muñiz.

UN PACTO GLOBAL CONTRA EL COLAPSO EN LA MOVILIDAD

España busca la creación de un foro ante la OCDE en el que se establezcan medidas comunes sobre movilidad en todo el planeta en momentos de crisis. “Entendemos las preocupaciones del transporte y estamos volcados en conseguir un pacto de movilidad internacional con criterios de seguridad”, explica Manuel Muñiz.

Tras intentar abrir distintos corredores seguros para el turismo, el secretario de Estado reconoce la complejidad de avanzar entre las múltiples formas de restricción a la libre circulación que se han dado en Europa. Sí habla de victoria española cuando el 13 de octubre la UE aprobó un marco común de recomendaciones. “Logramos que no se volvieran a cerrar las fronteras; que se evaluaran territorios y no países enteros, o que se cambiaran las cuarentenas por pruebas diagnósticas”.

Respecto a la exigencia de la PCR en origen para viajeros procedentes de destinos de alto riesgo, “se trata de una decisión alineada con la recomendación europea”. Consciente del clamor a favor del test de antígenos, más asequible, Muñiz argumenta que “España es el país con medidas menos gravosas; en el momento en que los test de antígenos sean suficientemente sensibles los permitiremos. O podría valer con la vacuna cuando sea desplegada”.

Pues trabajo tienen....

Irene Montero reservará plazas públicas a los opositores transexuales solo por serlo

Javier de Benito Hernández 23 de diciembre de 2020 LaMoncloa

La ministra de Igualdad, Irene Montero.

La nueva ley trans de la ministra de Igualdad, Irene Montero, no deja de conseguir detractores día tras día. Según se ahonda en el contenido del anteproyecto de ley que ha presentado la ministra en el Congreso de los Diputados, más medidas polémicas se descubren. Montero prevé reservar plazas públicas en la administración a todo opositor que sea transexual solo por el hecho de serlo. Esto no ha sentado bien entre la oposición, a falta de sondear a quienes llevan años estudiando para obtener una plaza pública siendo solo un número a ojos de la administración. Sin embargo, en esta ley, los transexuales tendrán preferencia respecto a los demás. También en el sector privado.

Lo cierto es que la ley trans es un paquete inmenso de derechos para los transexuales. Desde pagarle en bruto a costa de la seguridad social todo el tratamiento que ellos elijan hasta quitar la patria potestad a los padres que no sean capaces de “respetar” la sexualidad de sus hijos menores de edad. Todo por los transexuales sin test, análisis psicológicos ni nada. Y en este paquete bestial de medidas que ha presentado Montero también se busca su inserción laboral inmediata con una serie de beneficios fiscales y directos en caso de que se trate de plazas públicas en la administración. Tendrán más facilidades por el mero hecho de ser transexuales. Sin más.

En el artículo 19 del anteproyecto de ley se deja claro. “En las ofertas de empleo público se reservará un cupo de las vacantes para ser cubiertas entre personas trans, considerando como tales las definidas en el artículo 3 de la presente Ley, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su condición de trans. El porcentaje que representará este cupo se determinará en función de los estudios acerca de la población trans, y se establecerá una calendarización para alcanzar de forma progresiva dicho porcentaje. En dicha medida se incluyen organismos autónomos, empresas públicas estatales, y toda instancia o institución pública que se encuentre vinculada al Estado central. El porcentaje determinado será de aplicación sobre el personal permanente o temporal, cualquiera que sea la modalidad de contratación”.

Parece que Montero sí que quiere establecer un proceso selectivo para acreditar que efectivamente las personas que se presenten y acojan a estos beneficios efectivamente sean transexuales. Con esto querrá evitar lo que todos esperan, que más de un opositor diga que se siente del sexo contrario con tal de tener beneficios que le permitan acceder a una plaza pública que, a menos que no cause estragos, nadie le quitará hasta que se jubile.

Luego también se deja abierta la puerta a que las arcas públicas paguen estudios nacionales para acreditar el número exacto de transexuales que hay en España para poder establecer los cupos de acuerdo a la población nacional. Todo por “integrar” a golpe de beneficio injustificado a los transexuales en el mercado laboral con una serie de beneficios que no solo afectan a la administración pública.

LA EMPRESA PRIVADA, TAMBIÉN

Irene Montero también quiere motivar a los empresarios particulares para que contraten a transexuales. ¿Cómo? Pues lo más simple, tocándoles el bolsillo a costa de todos los españoles. Si se contrata a una persona que haya nacido con el sexo con el que no se siente identificado, automáticamente podrá librar a la empresa que la contrate de pagar una serie de impuestos que sí que tendría que abonar en cualquier otro caso. Es algo similar a la discapacidad, pero con transexuales. La clave es considerarlo un colectivo vulnerable.

Así lo explican en el anteproyecto de ley que ha presentado el Ministerio de Igualdad en el Congreso de los Diputados:

“1. Las entidades privadas que faciliten la contratación e inserción en el mercado laboral de personas trans, como colectivo vulnerable, tendrán acceso a ciertos incentivos fiscales.

2. Las entidades privadas que contraten a personas trans tendrán derecho al cómputo de una deducción especial en la base imponible del Impuesto de Sociedades, equivalente al sesenta por ciento (60%) de las retribuciones correspondientes al personal trans contratado en cada periodo fiscal. El cómputo del porcentaje antes mencionado deberá hacerse al cierre de cada periodo fiscal mientras se mantenga la relación laboral.

3. Este beneficio fiscal otorgado a las empresas privadas que contraten a personas trans se concederá por un periodo de cinco (5) años.

4. Se encuentran protegidas por el presente artículo las personas trans, mayores de 16 años de edad, que acrediten la modificación de la mención registral de su nombre y/o sexo en los términos dispuestos en la Ley 3/2007 y en la presente, siempre que superen los procesos selectivos.

5. Toda la documentación mencionada para acreditar los requisitos como persona beneficiaria del cupo será de estricta confidencialidad, protegiendo de forma efectiva y en todo momento el derecho a la intimidad de las personas”.

Esto se suma a otra serie de derechos que obtendrían los transexuales como el que todo su proceso de cambio de sexo se incluya a costas de la seguridad social, o que si un menos de edad es transexual y sus padres no respetan su condición, a éstos se les puede retirar la custodia de sus hijos por haber entrado en una situación de “riesgo”, según interpretaría el Estado al asumir las medidas de Irene Montero.

LA INMIGRACIÓN TRANS, CON BENEFICIOS

También los inmigrantes transexuales perseguidos en sus países de origen por este motivo tendrán una serie de ventajas respecto al resto. Serán una especie de refugiados de género que obtendrán automáticamente según pisen territorio nacional protección internacional, por no hablar de que no se les exigirá ningún tipo de prueba.

Lo que contempla la ley es lo siguiente: “Las personas trans migrantes que se encuentren en territorio nacional y sufran persecución por motivo de identidad sexual o expresión de género en su país de origen, tendrán derecho a la protección internacional que otorga la legislación vigente (Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria) y se les garantizará el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género según lo dispuesto en la presente Ley, independientemente de la situación político-administrativa en la que se encuentren. En ningún caso se exigirán pruebas que atenten contra los derechos fundamentales de la persona interesada”.

"Sin comentarios, la propia noticia los lleva incorporados y califica a quien promueve estas cosas."

El Gobierno aprobará el martes la ley antidesahucios con compensación para propietarios

Unidas Podemos asegura que aún no ha recibido ninguna propuesta por parte del PSOE para el veto al corte de suministros

Pablo Sempere Madrid  17 DIC 2020 - 13:47 CET Cinco Cias

El Gobierno de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos tiene la intención de aprobar en el Consejo de Ministros del próximo martes el decreto que prohibirá los desahucios a hogares en alquiler sin alternativa habitacional "digna" hasta el 9 de mayo, confirman fuentes cercanas a una tensa y enredada negociación en la que están implicados hasta cinco ministerios, tres de ellos con vicepresidencia incluida. Aún faltan algunos flecos por atar, pero desde el Ejecutivo se prevé llegar a tiempo dados los avances de las últimas horas.

En el decreto se incluirá finalmente la compensación económica a pequeños y grandes propietarios (menos de 10 y más de 10 inmuebles, respectivamente) y, todavía se estudia cómo añadir el decreto ley que prepara la vicepresidencia de Transición Ecológica para vetar el corte de suministros básicos, añaden las mismas fuentes.

Ábalos niega que el Gobierno estudie una compensación económica para grandes tenedores

Falta por ver cómo se articula la compensación a los tenedores de vivienda, uno de los asuntos que ha enfrentado a los dos socios de Gobierno en los últimos días pero que previsiblemente sí saldrá adelante una vez que Economía presente sus propuestas. Se baraja un contrapeso económico similar a las rentas medias de la zona en la que se encuentra situada la vivienda para los propietarios que tengan sus inmuebles inmovilizados durante más de tres meses, el plazo que tendrán los servicios sociales para encontrar una alternativa habitacional que deberá ser siempre una vivienda digna.

La parte del PSOE, con el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), el de Asuntos Económicos y el de Justicia, aboga por compensar a los propietarios que se encuentren con sus viviendas inmovilizadas durante la vigencia del estado de alarma, mientras que Unidas Podemos rechaza la medida.

En declaraciones recogidas por Europa Press, la secretaria de Estado para la Agenda 2030 y dirigente de Podemos, Ione Belarra, ha subrayado este jueves que su formación no se siente "especialmente cómoda" respecto a la compensación a los grandes tenedores de vivienda, pues estas entidades tienen que "asumir una responsabilidad" al estar haciendo negocio "con un bien de primera necesidad" como es la vivienda.

Belarra ha destacado la importancia de que los grandes tenedores pongan sus viviendas vacías a disposición de las familias vulnerables mediante alquiler social o hacerlo en colaboración con las administraciones públicas. "No tiene sentido que un sector como el inmobiliario, que está ganado miles de millones en España por hacer negocio con la vivienda, ahora no pueda arrimar un poquito el hombro en plena pandemia, eso es lo que llamamos Responsabilidad Social Corporativa". Fuentes del ala morada han precisado, no obstante, que las contraprestaciones a los grandes tenedores "no son una línea roja", ya que "lo importante es que se acabe con los desahucios".

La fórmula que finalmente se idee para dar forma a estas compensaciones depende todavía de la cartea de Economía, que prepara sus propuestas. El ministro de Mitma y competente en vivienda, José Luis Ábalos, aseguró sin embargo el lunes que el Ejecutivo no estaba estudiando ninguna reparación hacia los propietarios, sino que únicamente valoraba cómo prever reclamaciones por responsabilidad penal contra el Estado, ya que era de suponer que los bancos y fondos de inversión llevasen a cabo acciones legales contra la medida.

También falta por ver si se llegará a tiempo para incluir en la ley el decreto que prohíbe los cortes de suministros básicos. El pasado martes, la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, afirmó que el equipo de la vicepresidenta Teresa Ribera preparaba una disposición para incluir la prohibición del corte de suministros a las familias vulnerables, pero fuentes de Unidas Podemos explican este jueves que por el momento "no se les ha hecho llegar" ninguna propuesta al respecto.

La ley para prohibir los desahucios estará en vigor hasta el próximo 9 de mayo y dará cobertura a todos los hogares en situación de vulnerabilidad económica, esté esta motivada o no por la crisis sanitaria del coronavirus. El primer decreto para prohibir los lanzamientos, que finaliza el próximo 31 de diciembre, únicamente cubría a las familias vulnerables a raíz del Covid-19. Para el equipo del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, era importante atar que la alternativa habitacional tendrá que ser siempre "una vivienda digna", y no un albergue.

La condición de vulnerabilidad la concederán los servicios sociales de las comunidades autónomas a través de un informe vinculante, que los tribunales tendrán que solicitar obligatoriamente antes de decretar el desahucio. La medida también afectará a aquellas familias "en precario", es decir, okupadas, que estén en una vivienda de un gran tenedor. En este caso, las autonomías tendrán un plazo máximo de tres meses para buscar una nueva vivienda para estas familias.

Todo lo que rodea a los desahucios ha protagonizado uno de los enfrentamientos más duros en el seno del Gobierno de coalición, que debate enfrentado durante las últimas semanas asuntos como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la contrarreforma laboral o la ley para limitar los precios del alquiler.

La rebaja en la factura de la luz dinamita la paz energética

Por Raúl Masa -16/12/2020 Merca2

Contando cómo bajará la factura de la luz

El Gobierno quiere bajar la factura de la luz un 13% en los próximos cinco años. Para ello sacará del recibo que pagan los ciudadanos las retribuciones que perciben, entre otras, las energías renovables. Dichos costes -de unos 7.000 M€/año- serán asumidos por el conjunto del sector energético, incluyendo empresas gasistas o petroleras. Aunque la medida tendría una puerta trasera: otros costes energéticos como los combustibles podrían subir de precio.

Esta medida presentada en forma de anteproyecto de ley por el equipo de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, pretende bajar la factura de la luz eliminando este coste que, ahora mismo, supone el 16% del recibo. El objetivo, o triple objetivo como señalan desde el Gobierno, es “evitar subidas en el precio de la electricidad; dar señales claras de electrificación de la economía; y aportar la certidumbre, sostenibilidad y equilibrio al sistema que permitir la movilización de las inversiones necesarias en los próximos años”. No obstante, todo indica que se trata de un gol preelectoral que quiere colar el Ejecutivo ante una legislatura que se mantiene complicada. Básicamente porque tocará negociar con todos los grupos parlamentarios para sacar adelante el proyecto, y por ahora en materia energética no siempre ha salido todo bien.

Así, la situación pretende equilibrar el entramado energético y que no sean solo los consumidores eléctricos quienes se hagan cargo de las retribuciones de las renovables, cogeneración y residuos. Aunque detrás de esta medida, también hay posturas encontradas con respecto a quiénes son los que más estaban aportando al proceso de descarbonización.

El CEO de Endesa, José Bogas, señalaba este mismo martes -tras conocer la noticia- que este mecanismo permitirá empezar “a corregir el actual desequilibrio entre una factura de la luz que es de las más caras de Europa -debido al peso de estos costes-, y unos combustibles que tienen una fiscalidad muy inferior a la media europea“. Cabe recordar que esta medida afectará, sobre todo, a las grandes empresas eléctricas, como el caso de la propia Endesa e Iberdrola, pero que también enfoca de manera directa la caja de Naturgy, Repsol y Cepsa… y así un total de 500 empresas.

Parte del sector eléctrico entiende que desde hace años la electricidad se encuentra “penalizada”, ya que los consumidores eléctricos han de pagar en sus facturas el coste de desarrollo de las renovables y la cogeneración. “Se trata de unos costes que hay que pagar, pero que no deberían cargar exclusivamente sobre el consumidor de electricidad, pues obedecen a la necesidad de descarbonizar toda nuestra energía”.

REPARTIR LA FACTURA

¿Realmente a quién favorece esta acción? Esta medida pretende equilibrar el terreno de juego y favorece el equilibrio fiscal medioambiental al despenalizar la electricidad y cargar los costes de transición energética homogéneamente entre todas las energías.

Asimismo, la sorpresiva medida del Gobierno, en principio, favorece la competitividad nacional al aligerar la factura eléctrica de los consumidores electrointensivos y de la industria en general, beneficio que también se trasladaría a todos los consumidores, en especial a los más vulnerables.

UNA MEDIDA CON POLÉMICA

Aunque la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) no agradará a todos por igual. Por ello, el Gobierno ya se ha puesto la tirita en la herida. Da “por descontada” la litigiosidad por parte de las empresas al fondo, como ocurre en el sector con gran parte de sus cambios regulatorios, aunque consideraron que esta normativa es jurídicamente “muy sólida”.

En este sentido, dejaron claro que se trata de una prestación no tributaria, “por lo que no se trata de una medida fiscal” y añadieron que en el caso de los mercados que están regulados, como por ejemplo el PVPC (tarifa regulada) en la electricidad, será necesario llevar a cabo “una adaptación” en sus precios para incorporar este coste.

Asimismo, desde el sector petrolero han lamentado que la propuesta del Gobierno de crear un fondo para financiar entre todas las empresas suministradoras de energía supone que las decisiones que tomó un sector en el pasado para electrificar se van “a pagar entre todos”.

Fuentes del sector indicaron a Europa Press que está decisión, de todas maneras, supondrá que al final el coste para el consumidor “va a ser el mismo”, ya que se terminará repercutiendo. Las mismas fuentes estiman que la creación de este fondo tendría un coste de unos 7 céntimos de euro por cada litro de combustible en los cinco años. Además, estimaron que se podría aplicar el mismo criterio que para este fondo prevé poner en marcha el Gobierno a la descarbonización del refino.

BUENA ACOGIDA SECTORIAL

Las primeras reacciones en relación con el FNSSE han llegado desde todos los ámbitos. Desde APPA Renovables han recordado que la Transición Energética y sus costes son responsabilidad de todo el sistema energético y no debe ser sostenido únicamente por los consumidores eléctricos.

Recuerdan que desde la asociación se ha defendido históricamente la necesidad de implementar una fiscalidad ambiental, bajo el principio “quien contamina, paga”, que repercuta los costes de la Transición entre todos los actores. Por ello, a falta de conocer la estructura de este Fondo en detalle, APPA valora positivamente el espíritu del anteproyecto de ley anunciado por el Consejo de Ministros, que busca repartir los esfuerzos necesarios para evolucionar hacia un modelo energético más sostenible entre los distintos actores y fuentes energéticas.

Mientras, desde UNEF apoyan la propuesta y creen que “dará estabilidad a nuestro sector y favorecerá la electrificación al tiempo que se reduce la factura de los consumidores”, asegura Rafael Benjumea, presidente de la patronal.

La asociación celebra, además, que se reconozca una reclamación histórica del sector. El sector eléctrico permite a través de la electrificación y las renovables la reducción de emisiones de otros sectores. Por ello, este anteproyecto resuelve una anomalía, que solo la electricidad financiaba los costes de las renovables. Al hacer partícipes a todas las energías, se realiza un reparto más equitativo y al hacer la transición en cinco años, el impacto será gradual.

BBVA endurece condiciones de vinculación: la banca ya cobra comisiones de 290€

Por Cristina Hidalgo -16/12/2020  Merca2

BBVA ya adelantó en octubre de 2019 que ampliaba la lista de condiciones para que los clientes del banco no pagaran comisión en 2020. Desde el inicio de este año, sus clientes se enfrentaban a 100 euros, desde los 60 que ya pagaban por el servicio de mantenimiento de cuenta, salvo que el cliente ingresara al menos 600 euros al mes o domiciliara cinco recibos.

Pese a ello, había otras personas que en cualquier caso se libraban de estas tarifas. Como los menores de 30 años, los clientes con pensión domiciliada de más 300 euros y los clientes de valor, es decir, los que tuvieran un saldo de más 60.000 euros.

Pero de nuevo ahora la entidad ha endurecido las condiciones de vinculación. Desde el 15 de diciembre, los mayores de 29 años tienen que ingresar 800 euros al mes (en lugar de 600), mantener la condición de cinco recibos domiciliados y a su vez, realizar al menos siete movimientos con las tarjetas de crédito.

A los menores de 29 años, que tengan una cuenta distinta a la Cuenta Joven, también se les pedirá que hagan siete compras para evitar comisiones. Mientras que a los menores de 21 años, no se les aplica la política de vinculación del banco.

EL AÑO MÁS AGRESIVO DE LA BANCA

Este año será recordado por muchas cosas, sobre todo, por la pandemia, pero también por ser el año más agresivo de la banca. La caída de los tipos de interés y la búsqueda de rentabilidad ha sido la excusa de grandes y pequeños para subir comisiones y recaudar más.

La mayoría de bancos españoles lo anunciaron en 2019, otros lo han hecho este 2020, pero al final todos han seguido el mismo camino: subir comisiones si no hay vinculación. Es decir, si el cliente no tiene–de media- tres productos con su banco. Por ejemplo, la nómina, los recibos domiciliados o un seguro, algunos también piden hacer un mínimo de compras al mes con la tarjeta.

Para aquellos que no cumplan estas condiciones (que varían según la entidad) las comisiones pueden llegar hasta los 290 euros al año, como ocurre en CaixaBank. Según un estudio de la plataforma mejor-banco.com, la banca española está cobrando de media 130 euros anuales por el mantenimiento de una cuenta corriente a aquellos clientes que no cumplen con las condiciones de vinculación, un importe que asciende a 155 euros si se suma la comisión de mantenimiento media por las tarjetas de débito.

Para extraer estos datos, la plataforma ha comparado las cuentas más populares del Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankia, Bankinter, Kutxabank, Ibercaja, Cajamar y Liberbank. Es decir, los 10 bancos españoles más grandes se han puesto de acuerdo y aplican ya la misma política, cuenta gratuita a los clientes más vinculados, comisiones para aquellos que no lo sean.

SABADELL FUE EL PRIMERO

Todo empezó el noviembre de 2019 cuando el Banco Sabadell decidió cobrar 5 euros al mes, o lo que es lo mismo, 60 euros al año, a los clientes de la Cuenta Expansión a no ser que además de la nómina contrataran algún seguro o préstamo con la entidad. También servía que dispusieran de al menos 10.000 euros en fondos de inversión del banco. Pero en el inicio de 2020 decidía subir, otra vez, las comisiones de la Cuenta Expansión hasta los 120 euros.

Bankia se convirtió en febrero en la entidad que más subió estas comisiones, hasta los 168 euros al año para aquellos que no tuvieran vinculación. Los afectados fueron los clientes del programa Por ser Tú, que ofrece una cuenta gratuita a cambio de unas condiciones tales como domiciliar la nómina, realizar dos pagos con tarjeta de crédito al mes, tener una póliza de seguro de riesgo (hogar, coche…) de 135 euros al año, o una posición de 30.000 euros en fondos de inversión, planes de pensiones o seguros de ahorro.

Si el cliente solo tiene la nómina y decide no cumplir, se le aplica una tarifa de 6 euros al mes. En el caso de aquellos usuarios que ni siquiera domicilien la nómina o pensión, se les cobrará 14 euros al mes, esto son 168 euros al año.

EL NUEVO SANTANDER

El Banco Santander ha hecho varios cambios este año. El primero fue dejar de remunerar la Cuenta 123 en enero. A cambio dejó de cobrar a los clientes por tarjetas y mantenimiento de la cuenta si cumplían una serie de condiciones de vinculación: tener domiciliada la nómina o pensión y 3 recibos, además de usar la tarjeta una vez al trimestre.

Finalmente, la entidad dejó caer esta cuenta y casi todas las demás, pues en noviembre vio la luz Santander One. Una nueva cuenta, que redujo el catálogo del banco a solo tres cuentas: One, Smart y Mini. Además de la cuenta básica.

Con la Cuenta One, también cambió el concepto de vinculación. El Santander entiende que un cliente está vinculado si ingresa su nómina o pensión, domicilia tres recibos y tiene contratado un producto de financiación (préstamos, hipoteca o renting), de ahorro (fondo de inversión, plan de pensiones, seguro de ahorro…) o de protección (seguro de hogar, auto, vida, accidentes…).

Es decir, los clientes que sólo tengan la nómina o ingresos, o sólo un producto de ahorro, financiación o protección, pagarán 120 euros al año por el mantenimiento de la cuenta y los servicios esenciales. Y los que no tengan nada, 240 euros al año.

CAIXABANK, LÍDER EN COMISIONES

CaixaBank es el que cobra las comisiones más elevadas. Sus clientes pueden pagar hasta 240 euros al año por mantenimiento de cuenta si no domicilian una nómina de más de 600 euros, tres recibos y realizan tres pagos con la tarjeta al trimestre.

Si solo tiene nómina, cobra 15 euros al trimestre y si no se cumple ninguno de los requisitos 60 euros al trimestre. El problema es que esta entidad también cobra 50 euros por emisión y mantenimiento de tarjeta de débito.

Así que se puede acabar pagando 290 euros, o incluso más, pues a su vez cobran 2 euros por todas las operaciones que se puedan hacer por los canales digitales y acaben haciéndose en oficina y otros 12 euros por tener activado el servicio de alerta.

KUTXABANK Y ABANCA

Los bancos más pequeños no se quedan atrás. Por ejemplo, la Cuenta Ok de Kutxabank exige tener una nómina domiciliada de 600 euros al mes o una pensión de 400 euros, además de 6 recibos domiciliados al trimestre o mantener depositado el banco un saldo medio trimestral igual o superior a 20.000 euros en Planes de Pensiones, Baskepensiones y/o fondos de inversión.

Si se incumple cualquiera de ellos, el banco cobra una comisión de 30 euros al trimestre, 120 euros al año. En la Cuenta Ok Plus, hay un requisito más y es que la facturación neta del conjunto de todas las tarjetas vinculadas a la cuenta tiene que superar los 300 euros en el trimestre de la liquidación o los 1.200 euros anuales. De lo contrario, se cobrará 40 euros de comisión por periodo de liquidación. 160 euros al año.

En el caso de la Cuenta Nómina Joven, se pide nómina de 600 euros al mes (mínimo 6 ingresos al año) y 12 recibos domiciliados al año. O mantener depositado en Kutxabank un saldo medio anual igual o superior a 20.000 euros, además de una Facturación neta anual de 1.200 euros con tarjetas o 12 usos en comercios al año. También, tener contratados los servicios de banca online. El incumplimiento de cualquiera de ellos implicará el cobro automático de 50 euros el mes siguiente del devengo.

Abanca también ha saltado a la palestra este 2020, los clientes denuncian comisiones de hasta 36 euros al año si se incumplen algunas de las condiciones de vinculación. Los adheridos al programa Cero Comisiones deben ingresar un sueldo en la entidad, mantener al menos 500 euros al mes en productos de ahorro y, además, realizar movimientos con la tarjeta de crédito, contratar servicios de inversión o seguros comercializados por la entidad.

La pensión media bajará en 168 euros mensuales

•  Ampliación del periodo de cálculo a 35 años
• La pensión media bajará en 168 euros mensuales si prospera el 'plan Escrivá'
• Un informe de la Seguridad Social cuantifica en un punto porcentual la reducción de la cuantía por cada año de ampliación del periodo de cómputo, lo que supondría una rebaja total de hasta el 12%.
• El 'golpe bajo' de Escrivá a las pensiones daña el Pacto de Toledo y rompe al PSOE

CRISTINA ALONSO   NOTICIA 16.12.2020 - 04:30h LaInformación

Las pensiones de jubilación sufrirán un recorte importante de materializarse la propuesta de reforma del sistema que se ha plasmado en documentos internos elaborados por el flanco más liberal del Gobierno y que ha generado nuevos roces en la coalición progresista. En concreto, según aproximan algunos estudios, la prestaciones públicas experimentarían un 'tajo' de hasta el 12% con la ampliación de la base de cálculo a 35 años que ha planteado en un borrador el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Esto implica, en dinero contante y sonante, una rebaja en la cuantía de la pensión, respecto a los niveles actuales, de 168 euros mensuales o, lo que es lo mismo, pero expresado en 14 pagas, de hasta 2.352 euros al año.

La propuesta de Escrivá ha provocado el enésimo choque de trenes en el Gobierno de coalición, precisamente, porque el área de Unidas Podemos rechaza cualquier iniciativa de reforma que implique, de facto, una rebaja de las pensiones públicas, como es el caso. La referencia más reciente para poner cifras a esta afirmación genérica se encuentra en un informe que encargó la propia Seguridad Social a la consultora Labour Asociados en el año 2007. Tras proyectar distintos escenarios de ampliación del periodo de cálculo de la base reguladora, los técnicos concluyeron que, grosso modo, se da una reducción en la cuantía de la pensión de un punto porcentual por cada año de ampliación. Esto implica que pasar de los 23 años actuales a los 35 que plantea Escrivá supondría un recorte del 12%.

Teniendo en cuenta que las nuevas altas de jubilación registradas en el sistema -se toma esta referencia por ser el colectivo más representativo en cuanto a la afectación de la eventual reforma- sitúan la pensión media en 1.400 euros, una rebaja del 12% dejaría la prestación en 1.232 euros mensuales, con lo que la nómina anual se vería menguada desde los 19.600 hasta los 17.248 euros. El informe de la Seguridad Social, que partía de un escenario de 15 años de cómputo, cifraba en un 17% la caída de la pensión media en caso de aumentar el periodo de cálculo de la base reguladora hasta los 35 años y veía como "muy probable" que ese valor marcase el rango inferior del recorte, "siendo de esperar una reducción todavía mayor". 

El debate sobre la ampliación del periodo de cómputo ya estaba sobre la mesa en el año 2006 y, de hecho, ha sido una de las medidas más recurridas en las sucesivas reformas del sistema de las pensiones. La última, de 2011, estableció un avance desde los 15 hasta los 25 años entre 2013 y 2022. Ahora, por sorpresa y a espaldas del Pacto de Toledo y del diálogo social, el ministro Escrivá ha introducido una iniciativa en las conversaciones en el seno del Gobierno para ampliar el periodo hasta los 35 años. La medida, que persigue una mayor contributividad del sistema, supone en la práctica un recorte de las pensiones, porque los trabajadores suelen cobrar sueldos más bajos en sus primeros años de vida laboral, aunque podría beneficiar a los expulsados del mercado de trabajo en sus últimos años de carrera profesional.

Impacto en las pensiones más altas

El dossier de Seguridad Social, encargado a la citada consultora por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, artífice de la reforma de 2011, apuntaba, pese a las lagunas estadísticas sobre bases de cotización anteriores a 1985, a que de mantenerse la tendencia en años anteriores, el incremento del periodo de cálculo hasta los 35 años "daría lugar a una caída considerable de la pensión". Añadía, además, que esta ampliación no afectaría a todos los pensionistas por igual, teniendo un mayor efecto sobre las pensiones más altas. En paralelo, los efectos sobre las mujeres serían ligeramente inferiores frente a los hombres, lo que se explicaría básicamente por la menor cuantía que cobran ellas cuando se jubilan.

El 54% de los españoles teme que la pensión de jubilación será insuficiente

En cualquier caso, la ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión, incluso a toda la vida laboral, ha sido defendida incluso desde el Banco de España. Para José Ignacio Conde-Ruiz, doctor en Economía y subdirector de Fedea, aumentar la base reguladora de 25 a 35 años sería "una medida positiva". "Avanza en la contributividad del sistema, que debería desembocar en toda la vida laboral", indica. De este modo, a su juicio, "una vez se tenga en cuenta toda la vida laboral, estaríamos prácticamente a un paso de convertir nuestro sistema de pensiones en uno de cuentas nocionales". Así, en opinión de este experto, "un sistema de cuentas nocionales bien diseñado sería la mejor forma de hacer compatible la suficiencia y la sostenibilidad", zanja en conversación con La Información.

Una idea de la AIReF de Escrivá

Aunque se desconoce el alcance de la medida planteada ahora por el ministro de Seguridad Social, lo cierto es que, como presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Escrivá calculó que elevar la carrera de cotización considerada para el cómputo de la pensión desde los 25 años hasta los 35 años en 2027 contendría el gasto en pensiones en 0,5 puntos de PIB en 2048. "La evidencia internacional muestra que existe recorrido en el aumento de la carrera de cotización, comparativamente baja", señalaba en un informe en el que indicaba que "la tasa de cobertura se reduciría en 2 puntos respecto al escenario central".

pensiones airef  

Esta medida, según indicaba en su informe la AIReF en 2019, "reforzaría la contributividad del sistema e incentivaría las cotizaciones a lo largo de toda la vida laboral", algo que "resulta especialmente relevante cuando existe margen para decidir la base de cotización como en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos". Si bien el documento no incluyó un escenario de impacto sobre la cuantía de las pensiones porque, según argumenta la Autoridad Fiscal, "el cálculo del efecto de ampliar la carrera de cotización a toda la vida laboral exigiría utilizar datos que a día de hoy solo están a disposición de las Administraciones de la Seguridad Social, por lo que el efecto de esta medida no ha podido ser simulado".

En la misma línea, un paper más reciente de la institución que ahora preside Cristina Herrero, publicado en septiembre de 2020, indica que "a largo plazo, siguen vigentes las propuestas de profundización de la reforma paramétrica de 2011" y realiza una estimación sobre algunos supuestos. En concreto, calcula que el incremento de la carrera de cotización considerada para el cálculo de la pensión de 25 a 35 años en 2027 controlaría el gasto en 0,6 puntos. El informe insiste en que "existe margen para el aumento" en la comparativa internacional y en que la medida "reforzaría la contributividad del sistema e incentivaría las cotizaciones a lo largo de toda la vida", aunque la tasa de cobertura se reduciría en 2,1 puntos respecto al escenario inicial.

La retribución media de un consejero del Ibex es de 710.000 euros

CINCO DÍAS MADRID  16 DIC 2020 - 20:07 CET

La retribución media devengada por un consejero de una sociedad cotizada española se sitúa en 382.000 euros anuales, un importe que se incrementa hasta 710.000 euros entre las empresas que forman parte del Ibex 35 y que se sitúa en 204.000 euros para el resto de compañías, según refleja el informe anual de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre los informes de remuneraciones de los consejeros de las sociedades cotizadas de 2019.

La remuneración media devengada globalmente por los consejos de administración de las sociedades cotizadas fue, en promedio, de 4,03 millones de euros en 2019, un 6,4% superior a la del año anterior. Este importe es de 9,5 millones de promedio para las empresas del Ibex 35 y de 2,03 millones para el resto de cotizadas.

La retribución media por consejero que ha desempeñado el cargo durante el ejercicio completo (382.000 euros anuales) creció un 1,9% respecto al ejercicio anterior, aunque este aumento está afectado por la indemnización de alrededor de 14 millones de euros pagada a un consejero ejecutivo de Repsol como consecuencia de su cese en las funciones ejecutivas. Descontándola, la remuneración media por consejero habría disminuido un 1,5%.

Dentro del Ibex 35, las remuneraciones más elevadas corresponden a los presidentes ejecutivos, cuya retribución media en 2019 fue de 4,1 millones de euros, frente a 4,46 millones en 2018. Por detrás, los consejeros delegados obtuvieron una retribución media de 3,1 millones (3,3 millones en 2018), el resto de consejeros ejecutivos ganaron 2,8 millones de media (2 millones un año antes) y los presidentes no ejecutivos recibieron 827.000 euros (frente a 870.000 en 2018).

En las compañías que no forman parte del Ibex 35, la remuneración media de los presidentes ejecutivos fue de 1,2 millones de euros (+15,12%), debido principalmente al vencimiento de planes variables plurianuales en dos compañías (Sacyr y San José) durante ese ejercicio.

La retribución media de los consejeros delegados fue de 886.000 euros (1,1 millones en 2018), la del resto de consejeros ejecutivos ascendió a 548.000 euros (491.000 euros en 2018) y la de los presidentes no ejecutivos fue de 212.000 euros (189.000 euros en 2018).

En general, el importe más significativo de los componentes que conforman la remuneración devengada corresponde a la retribución fija, que representa el 47% del total (44% en las empresas del Ibex 35 y 54% en el resto de sociedades). De su lado, la retribución variable supone el 33% (33% en el Ibex 35 y 32% en el resto), las dietas el 4% (3% y 6%, respectivamente), la remuneración consolidada en el ejercicio por sistemas de ahorro representa de media el 4% (5% en Ibex 35 y 2% en las demás). El resto corresponde a otros conceptos retributivos, incluidas las indemnizaciones.

Asimismo, la CNMV ha constatado un importante aumento de la presencia de mujeres en los consejos de administración de las compañías cotizadas españolas hasta el 23,4% en 2019, casi cuatro puntos por encima de un año antes y 6,8 puntos más que en 2016.

Así lo recoge su informe anual del ejercicio 2019 sobre el informe anual de gobierno corporativo de las entidades emisoras, en el quinto año de aplicación del Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas de 2015, que recomienda que las empresas cuenten con un número de consejeras que represente, al menos, el 30% del total de miembros del consejo de administración en 2020.

En 2019 el porcentaje de mujeres consejeras subió en 3,7 puntos, hasta el 23,4%, con aumentos en todas las categorías. En concreto, las consejeras independientes alcanzaron el 35,8% (+5,4 puntos) y las consejeras ejecutivas el 5,5% (+0,6 puntos). También se elevó el porcentaje de consejos con presencia femenina, hasta el 90,6% (+5,6 puntos).

Un total de 46 entidades nombraron consejeras a lo largo del pasado año, de las que el 87,7% eran independientes, el 10,5% dominicales y el 1,8% ejecutivas. Las mujeres presidían los consejos en un 4,7% de las cotizadas (+0,2 puntos frente a 2018) y el porcentaje de consejeras que no pertenecen a ninguna comisión del consejo disminuyó del 26,4% al 23,6%.

El incremento de la presencia femenina en los consejos de administración fue más pronunciado entre las empresas del Ibex 35, que aumentaron la cuota de mujeres en 4,5 puntos, hasta el 27,5%. Todas estas compañías contaban con mujeres consejeras. Sin embargo, en lo que respecta a la alta dirección, se observa un descenso tanto en el porcentaje de altas directivas, que pasó del 16% en 2018 al 15,9% en 2019, como en el de sociedades que cuentan con mujeres en su alta dirección, que se situó en el 58,3%, frente al 59,9% de un año antes.

El comercio textil ya teme perder la mitad del empleo por el derrumbe de las ventas

• Ni el Black Friday invierte la caída, que en noviembre fue del 37%

Belén Trincado / Cinco Días 10 DIC 2020 - 06:05 CET

Las rebajas no fueron el alivio esperado. Y las promociones del Black Friday han confirmado los peores augurios: el comercio textil no solo no está reduciendo de forma progresiva la pérdida de ventas desatada a raíz del coronavirus, si no todo lo contrario: cada mes casi es peor que el anterior y el sector se encamina a cerrar un año que ya define como una “auténtica catástrofe”. Desde luego, el peor desde que se tienen datos, con consecuencias que serán directas para su actividad.

En noviembre el retroceso alcanzó el 37,1%, un porcentaje que incluye tanto ventas en tiendas físicas como en online de operadores grandes y pequeños, llevando el retroceso en el acumulado del año hasta el 40,5% respecto a los mismos meses del año pasado, según el barómetro que publica mensualmente Acotex, la principal patronal del comercio textil. En octubre, cuyos datos no han sido actualizados hasta este miércoles, la caída fue del 37,3%.

Con ambos el sector textil acumula 14 meses consecutivos con retrocesos interanuales. Estos ya comenzaron antes de la pandemia, en octubre de 2019, un año que ya fue considerado como negativo en un contexto normal. El Covid-19 ha terminado por hundir el negocio: desde marzo son ya 10 meses de caídas a doble dígito, siendo la menor la que se registró en julio, del 22,5%. El acumulado del año es de una caída del 40,5%, un porcentaje que no cambiará mucho cuando concluya diciembre, pese a la campaña de Navidad. “No somos nada optimistas”, reconoce el director general de Acotex, Eduardo Zamácola. “Da igual el descuento que se ponga. La gente no puede ponerse la ropa que se vaya a comprar. Y se están adelantando promociones de artículos que aún no se están usando”, añade.

De cerrar el año con esa caída, esto se traducirá en una pérdida de ingresos de 7.000 millones de euros, en tanto que en 2019 la facturación del sector fue de casi 18.000 millones. Con ello 2020 se convertirá en el peor año desde, al menos, 1997, último con cifras de ventas publicadas.

Las consecuencias en las empresas del comercio textil ya son apreciables. Según Acotex, una vez acabado el confinamiento y se permitió la reapertura de los establecimientos, en torno a un 15% decidió no levantar la persiana ante el entorno del mercado. Ahora se suman los que reabrieron pero han vuelto a cerrar, y ya es el 25% de los establecimientos asociados a la patronal los que han cerrado la puerta, ya sea de forma temporal o definitiva, más de 2.000.

“Además, en casi todos los comercios abiertos hay empleados en ERTE, que si el mercado no se recupera serán futuros desempleados. Estamos hablando de un sector compuesto por 200.000 empleados, y entre los comercios que han cerrado, que cerrarán y la bolsa de ERTE, alrededor del 50% se pueden ir al paro”, asegura Eduardo Zamácola.

Peticiones

Los más afectados, pequeños negocios que, a diferencia de los grandes grupos, no están pudiendo compensar con el online parte de la sangría de las ventas. “Es impensable mantener las plantillas precovid con las actuales ventas”, sostiene el portavoz de la patronal.

El sector viene reclamando distintas medidas desde el inicio de la crisis. Principalmente la condonación de impuestos, tasas o cuotas de la Seguridad Social, o soluciones para el pago de los alquileres. Ahora añaden una reducción del IVA que impulse el consumo o moratorias en los préstamos ICO a los que las empresas del sector accedieron al inicio de la crisis.

Pero sobre todo, la reivindicación a pocos días de concluir el ejercicio es la de poder adaptar las plantillas a la reducción del negocio aún estando las empresas en ERTE, lo que obliga al mantenimiento del empleo. El Ministerio de Empleo ya ha advertido que, de no cumplirse ese compromiso, las empresas deberán devolver las exenciones. “Necesitamos ayudas para poder despedir porque de lo contrario las empresas tendrán que cerrar definitivamente. Estamos en la situación de tener que para mantener dos empleos tendremos que prescindir de otros dos”, resume Zamácola.

El directivo de la patronal reconoce una buena comunicación con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, pero lamenta que desde que se inició la crisis ninguna de las principales peticiones

62.000 TRABAJADORES DEL COMERCIO MINORISTA SIGUEN EN ERTE

Noviembre. El comercio minorista es, después de la hostelería y el sector hotelero, el que mantiene un mayor número de trabajadores en ERTE. Según los datos de afiliación a la Seguridad Social publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, un total de 62.500 personas se mantenían en esta situación, más de la mitad por causas de fuerza mayor. Una cifra ligeramente superior a la vista en octubre, después de que algunas autonomías decretaran el cierre de toda actividad no esencial. Esa cantidad no solo incluye al textil, sino a todo tipo de comercio minorista salvo la venta de vehículos a motor. Si se suma el comercio al por mayor, los empleados en ERTE superan los 103.000.

Industria. También la industria textil se ve afectada por la coyuntura. Los datos de noviembre hablan de 2.142 personas incluidas en algún tipo de ERTE en esta actividad, a los que se suman otras 1.436 de la industria del cuero y del calzado, superando entre ambas los 3.500.