La obligatoriedad del uso de las mascarillas es anticonstitucional

  

La cuestión, evidentemente, no es baladí y profundizando en el asunto, surge otro interrogante: ¿es constitucional que el gobierno nos obligue al uso de la mascarilla?

Si nos planteamos que el uso de la mascarilla se impuso a los españoles por medio de una simple orden ministerial, concretamente por la Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 publicada en el «BOE» núm. 142, de 20/05/2020, con entrada en vigor el 21/05/2020 y fue dictada por el Ministerio de Sanidad, llego a la conclusión y a la más firme convicción que la imposición, por parte del Gobierno,  del uso de la mascarilla. es inconstitucional.

 La citada orden ministerial dispone en su exposición de motivos, que con carácter general, el uso de mascarillas obligatorio en personas de seis años en adelante en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos dos metros, siendo recomendable su uso para la población infantil de entre tres y cinco años.

 En el artículo 1 de la citada norma, se nos hace saber que la orden tiene por objeto regular el uso obligatorio de mascarilla por parte de la población y que se entenderá cumplida la obligación mediante el uso de cualquier tipo de mascarilla, preferentemente higiénicas y quirúrgicas, que cubra nariz y boca.

 Es evidente que se está estableciendo, por medio de una orden ministerial, (norma inferior de rango), la obligatoriedad de que los ciudadanos realicen una prestación personal obligatoria (usar la mascarilla), de carácter patrimonial y público. Carácter patrimonial, porque afecta a nuestro patrimonio al tener que comprarlas obligatoriamente y pagarlas con IVA incluido (cuestión distinta sería si nos la regalara el Estado) y Público, porque las prestaciones patrimoniales de carácter público, obligaciones de Derecho público que deben ser establecidos por Ley y que son coactivos.

 Coactividad, se ha de entender como el modo en el que establece una prestación, modo unilateral por el poder establecido, sin que intervenga para nada la voluntad popular y en este caso, no se puede evitar la exigencia del uso obligatorio de la mascarilla, absteniéndose de realizar el presupuesto de hecho al que se vincula la prestación, pero esta libertad de abstenerse de cumplir con la prestación personal, carece de sentidos en este caso, ya que significaría la renuncia a poder ejercer derechos fundamentales del ciudadano como sería salir a la calle o poder realizar actividades cotidianas e incluso poder transitar libremente renunciado a mantener una vida más o menos normal.

 Por otro lado, la orden ministerial anticonstitucional que nos obliga al uso de mascarilla hace alusión a los procedimientos para la exigencia de su cumplimiento, ya que la autoridad policial podrá exigir el uso de la mascarilla de forma forzosa, multando a los infractores con fuertes sanciones que afectaran al patrimonio del ciudadano infractor.

La figura de la prestación patrimonial de carácter público, que es una creación doctrinal y jurisprudencial, antes que legal, parece tener una justificación sociológica y política La prestación patrimonial de carácter público sirve para dotar de cobertura doctrinal a todos estos supuestos, a la vez que, al exigirse su establecimiento a través de ley, se le somete a una cierta racionalidad.

 Por lo tanto, como consecuencia de este planteamiento, la inconstitucionalidad de la obligación del usos de la mascarilla a toda la población viene establecida porque se incumple por parte del gobierno el art. 31.3 de la Constitución Española:

 “… 3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley…”

Teniendo en cuenta que se nos obliga a hacer una prestación personal y patrimonial de carácter público mediante una norma inferior como es una orden ministerial y no con una ley, la inconstitucionalidad de la obligatoriedad del uso de la mascarilla a toda la población en territorio nacional, es más que evidente.

Desde la implantación por las Cortes de Cádiz de 1.812 del servicio militar por primera vez, de todos los varones y sin discriminaciones y excepcionando los deberes jurídico-tributarios que surgen de la necesidad del pago de un tributo que incluye también aspectos formales como hacer facturas, no se había producido una obligatoriedad de prestación pública por el Estado a los españoles, hasta la implantación del uso de mascarillas por el Gobierno. Mientras que el pago de tributos se estableció por la Constitución de 1978 y una posterior ley y el servicio militar se implantó por otra Constitución, la de 1812, el uso de mascarillas se ha impuesto por una orden ministerial, despreciándose la legalidad constitucional española y afectando a derechos fundamentales de los ciudadanos con el desprecio a la Norma Suprema española a base de una norma inferior, llamada orden ministerial, de rango reglamentario que emana de cualquiera de los ministros del Gobierno de España adoptada en virtud de la potestad ejecutiva del Gobierno. Jerárquicamente, se sitúa por debajo del real decreto del presidente del Gobierno y del real decreto del Consejo de Ministros.

 rtículo 31 de la Constitución Española que se ha infringido, entre otros, por el gobierno al imponernos una prestación social por medio de una O.M., se integra en el Capítulo II del Título I de la propia Constitución, y por lo tanto, todos y cada uno de los derechos y deberes de los ciudadanos españoles recogidos en el mencionado capítulo, tienen unas especiales medidas de protección las siguientes medidas de protección, establecidas por la propia Constitución, que el gobierno de Sánchez e Iglesias, se han saltado a la torera.

 Ante la tremenda infracción del ordenamiento jurídico español que ha cometido el Gobierno y contra la orden ministerial dictada por el Ministerio de Sanidad, Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla cabe interponer un recurso de inconstitucionalidad, ya que el art. 53.1 y el art. 161.1.a de la Constitución Española disponen que contra las Leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley que vulneren los derechos y libertades recogidos en el Capítulo II del Título I , cabe recurso de inconstitucionalidad.

 El Defensor del Pueblo, que ni esta ni se le espera, como alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos recogidos en el Título I de la Constitución, encuadrándose el artículo 31 de la Constitución dentro del mencionado Título I, en virtud de lo establecido en el artículo 54 de la Constitución Española debería haber interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra la mencionada orden ministerial en defensa de los derechos y libertades de los españoles, al vulnerar la orden ministerial el art. 31.3 de la Constitución Española,. El artículo 53.1 de la Constitución Española dispone que sólo por ley podrá regularse el ejercicio de los derechos y libertades y que en todo caso esta ley deberá respetar el contenido esencial de los derechos y libertades recogidos en el Capítulo II del Título I de la Constitución Española,.

 Como consecuencia de la conversión de este ejecutivo en poder legislativo, mediante leyes habilitantes a imagen y semejanza de Venezuela, ni se ha molestado ni en publicar un decreto ley para obligar a toda la población a usar mascarilla, como hizo con el confinamiento de la población, aun sabiendo que el artículo 86.1 de la Constitución Española, prohíbe la adopción de Decretos-Leyes (y por supuesto de órdenes ministeriales) que afecten a los derechos, deberes y libertades recogidos en el Título I de la Constitución, aun en los supuestos de extraordinaria y urgente necesidad en los que, para la regulación de otras materias, sí resulta procedente recurrir a los Decretos Leyes.

 La conculcación del principio constitucional de reserva de ley que recoge el art. 31.3 de la Constitución, es otra infracción más de este Gobierno a la Carta Magna y a nuestros derechos y libertades como ciudadanos libres de una nación occidental, la más antigua de Europa y una de las más antiguas del mundo.

 El artículo 31 de la Constitución Española (al igual que ocurre con los demás preceptos del Capítulo II del Título I de la Constitución) vincula directamente a las Administraciones Públicas (sin necesidad de mediación del legislador ordinario ni de desarrollo normativo alguno), tal y como se desprende de la STC 80/1982, no pudiendo dictar normas que afecten a los derechos fundamentales.

Dice la citada sentencia del Tribunal Constitucional:

Que la Constitución es precisamente eso, nuestra norma suprema y no una declaración prográmatica o principal es algo que se afirma de modo inequívoco y general en su art. 9.1 donde se dice que «los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución», sujeción o vinculatoriedad normativa que se predica en presente de indicativo, esto es, desde su entrada en vigor, que tuvo lugar, según la disposición final, el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Decisiones reiteradas de este Tribunal en cuanto intérprete supremo de la Constitución (art. 1 de la LOTC) han declarado ese indubitable valor de la Constitución como norma. Pero si es cierto que tal valor necesita ser modulado en lo concerniente a los arts. 39 a 52 en los términos del art. 53.3 de la C.E., no puede caber duda a propósito de la vinculatoriedad inmediata (es decir, sin necesidad de mediación del legislador ordinario) de los arts. 14 a 38, componentes del capítulo segundo del título primero, pues el párrafo primero del art. 53 declara que los derechos y libertades reconocidos en dicho capítulo «vinculan a todos los poderes públicos». Que el ejercicio de tales derechos haya de regularse sólo por ley y la necesidad de que ésta respete su contenido esencial, implican que esos derechos ya existen, con carácter vinculante para todos los poderes públicos entre los cuales se insertan obviamente «los Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial» (art. 117 de la C.E.), desde el momento mismo de la entrada en vigor del texto constitucional. Uno de tales derechos es el de igualdad ante la Ley que tienen todos los españoles, sin que pueda prevalecer discriminación alguna entre ellos por razón de nacimiento (art. 14 de la C.E.).

Con la obligatoriedad del uso de la mascarilla realizada por medio de una orden ministerial, el Gobierno se aleja de los principios que observan las normas y regulaciones de los derechos y libertades de los ciudadanos en Europa Occidental, aproximándonos, de este modo, a dictaduras tercermundistas donde la seguridad jurídica y los derechos de los ciudadanos se encuentran en manos del gobierno de turno, estando los poderes legislativos y judiciales controlados o secuestrados por el ejecutivo, habiéndose auto inmolado el poder legislativo representado por el parlamento, para mayor gloria Moloch Baal.

 

pensiones 2022

 

6000 millones de euros más a incrementar el presupuesto.

Y la inflación controlada..... dicen....

El BCE alerta del riesgo sistémico de la gigantesca industria de fondos

El patrimonio en inversión colectiva se ha triplicado desde 2012

Miguel Moreno Mendieta. Madrid  27 OCT 2021 - 08:48 CEST Cinco Dias

El Banco Central Europeo (BCE) está preocupado por el colosal tamaño que ha adquirido la industria de fondos de inversión. En uno de sus últimos estudios, el organismo analiza el papel que está teniendo el sector en la correcta transmisión de la política monetaria y los riesgos sistémicos que se pueden desencadenar en momentos de crisis financieras si muchos gestores deciden vender al mismo tiempo.

A finales de 2012, los países de la zona euro acumulaban algo más de cinco billones de euros en fondos y otros vehículos de inversión colectiva. Al cierre de 2020, ese importe se había triplicado, sobrepasando los 15 billones de euros.

En su informe Fondos de inversión, asunción de riesgos y política monetaria en la eurozona, publicado hace tres días por el BCE, se explica que el fuerte desarrollo de este tipo de productos ha marcado la forma en que la fijación de los tipos de interés acaba transmitiéndose al conjunto de la economía.

“A medida que el sector ha ido creciendo, lo ha hecho también su importancia para la actividad económica y para la transmisión de la política monetaria. Ahora bien, una excesiva asunción de riesgos puede provocar efectos perjudiciales sobre el conjunto del sistema financiero, pues contribuye a que las empresas se endeuden demasiado o porque en momentos de volatilidad los gestores pueden tener dificultad para vender algunos activos de riesgo”, apunta el informe.

EL AUGE DE LA FINANCIACIÓN NO BANCARIA

Fondos de deuda. Los fondos de inversión especializados en comprar bonos emitidos por empresas han tomado cada vez más protagonismo, sustituyendo poco a poco a la pura financiación bancaria. Para las compañías cada vez ha sido más barato emitir deuda en mercados abiertos y así diversificar sus fuentes de financiación.

Política monetaria. La acción del BCE ha hecho que la deuda soberana cada vez ofrezca menos rentabilidad, por lo que muchos gestores de fondos de renta fija han ido poniendo cada vez más dinero en los bonos corporativos. Primero de grandes grupos y luego en emisiones de compañías más pequeñas.

Inversión fuera. Uno de los problemas observados por parte de los investigadores del BCE es que, a medida que los cupones de la deuda corporativa europea se van haciendo menos atractivos, los gestores empiezan a buscar oportunidades de inversión fuera del ámbito de la zona euro. Esto hace que la transmisión de la política monetaria a las empresas se pueda truncar.

Cuando el BCE comenzó en 2013 a comprar deuda soberana europea provocó una paulatina caída de las rentabilidades de los bonos emitidos por los Gobiernos. Poco a poco, los gestores de fondos fueron buscando cupones atractivos en otro tipo de activos. Primero, en bonos emitidos por grandes empresas con una gran solvencia. Y, después, en deuda emitida por compañías más pequeñas, que entrañan más riesgo. También en deuda híbrida que, bajo ciertas circunstancias, se pueden convertir en acciones.

Este incremento de los riesgos asumidos es una de las cuestiones que más preocupa a los investigadores del BCE. La política monetaria expansiva adoptada por la institución durante muchos años, ha acabado incentivando la llegada de dinero a los fondos. Los depósitos bancarios ya no rentaban nada, por lo que los ahorradores también han ido asumiendo más riesgos.

Además, también se ha observado que la política del BCE también cambia la forma de gestionar de los gestores. “Los fondos de renta fija han ido reduciendo el peso que tenía el efectivo en sus carteras, porque les cuesta más”. El problema llega cuando hay una crisis en el mercado y hay que deshacer posiciones.

Un ejemplo muy concreto de lo que ha pasado con esta nueva estructura de mercado es lo sucedido al desencadenarse la crisis del coronavirus, en marzo de 2020. “Las salidas de dinero de fondos de deuda corporativa fueron tan fuertes, que no había efectivo suficiente. Esto obligó a los gestores a vender activos de forma forzada, lo que agravó la depreciación de ese tipo de deuda”, apunta el informe.

Para los economistas del BCE, este tipo de efectos deberían intentar atajarse con algún tipo de regulación que evitara que los gestores de fondos asuman unos riesgos de iliquidez excesivos.

“Dada la enorme importancia que tienen ahora los fondos en la transmisión de la política monetaria, adoptar este tipo de herramientas no solo limitaría el riesgo de liquidez de fondos concretos sino también del conjunto del sistema financiero”, apunta el estudio.

La lectura en detalle del articulo da una imagen clara de la actual situación del mercado.

El Consejo de Ministros aprueba el Anteproyecto Ley de Vivienda

 A falta de que se apruebe el anteproyecto y se promulgue la ley, que se prevée en un plazo de dos años, estas son las líneas maestras de este polémico y anteproyecto que atenta contra la libre empresa y la libertad de los ciudadanos, los cuales son tratados permanentemente como ignorantes y al servicio de la administración. (Hoy se conoce que el tribunal constitucional declara nulo el cálculo de las plusvalías municipales por ser injusto, ¿pero alguien acusará o señalara a miles de alcaldes y/o corporaciones municipales que ha sabiendas de ello, perpetraban dicha injusticia por motivos recaudatorios y no asumir el incrementar otro tipo de impuestos por motivos políticos con el consiguiente coste electoral, y que hubiera equilibrado las cuentas de dichos consistorios?)

Andrés Lara. Redactor de Economist & Jurist  26/10/2021

• El hecho de que la puesta en marcha de algunas de sus medidas dependa de autonomías y ayuntamientos va a hacer difícil su desarrollo
• La Ley de Vivienda permite limitar el precio de los alquileres en zonas tensionadas. 

Ha comenzado lo que promete ser una dura batalla política, parlamentaria y económica. El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de hoy el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda. Esta es la primera norma sobre esta materia que se hace en democracia y parece que el Gobierno tiene prisa por sacarla adelante.

Según ha anunciado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Ejecutivo quiere que la ley pase el trámite parlamentario a finales de este año, por lo que va a ser tramitada por el procedimiento de urgencia. Aun así, la Ley, de aprobarse, tardaría casi un año en pasar el trámite parlamentario, por lo que no podría estar en vigor casi hasta principios de 2023.

Según se establece en el anteproyecto, la norma permite limitar el precio de los alquileres en zonas tensionadas a personas jurídicas (empresas e instituciones) y físicas consideradas grandes propietarios. Se considera como tales a los titulares de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados.

El resto de propietarios (grandes tenedores personas físicas y pequeños tenedores) de esas zonas podrán incrementar los precios hasta un 10% sobre la última renta del contrato anterior, si el propietario rehabilitó el piso dos años antes del vencimiento, si aplicó obras que suponen un ahorro energético del 30%, mejoras de accesibilidad o cuando se firmen arrendamientos por periodos de 10 años o más.

Áreas de mercado tensionado

La delimitación de lo que la norma califica como “áreas de mercado tensionado” es fundamental para la aplicación del límite de precios. En el anteproyecto de ley se establece que las áreas tensionadas son aquellas en las que el precio medio de las hipotecas o de los alquileres de la zona, más los gastos y suministros básicos (luz, agua, gas, telecomunicaciones, impuestos vinculados al inmueble y gastos de comunidad), supere el 30% de los ingresos medios o de la renta media de los hogares. Además, en estas áreas, los precios de compra o alquiler deben haber subido en cinco años más de cinco puntos por encima del IPC autonómico.

Uno de los grandes cambios de la ley se refiere a la suspensión de los desahucios. Cuando entre en vigor la norma, serán los juzgados los que de oficio suspendan los desahucios por impago de alquiler de familias vulnerables durante dos meses, si el demandante es una persona física, y durante cuatro meses si es persona jurídica. Es una de las grandes novedades de la norma.

Cambios en la tributación

En cuanto a la tributación por las viviendas, la norma introduce modificaciones significativas. Por un lado, la desgravación del 60% en el IRPF por rendimiento neto del alquiler de vivienda habitual, que está ahora en vigor se va a reducir al 50%. Sin embargo, este porcentaje será modulable hasta una bonificación máxima del 90% en función de una serie de requisitos. La norma, por ejemplo, recoge bonificaciones del 60% si la vivienda se ha rehabilitado dos años antes, del 70% si se alquila a menores de 35 años en una zona tensionada, y del 90% si se ha rebajado el precio del alquiler un 5%, de nuevo en un área tensionada.

El Gobierno quiere utilizar la política impositiva para poner en el mercado del alquiler viviendas vacías. En este sentido, se habilitará a los ayuntamientos para que penalicen a los propietarios de estas viviendas con hasta el 150% de recargo en el IBI a «aquellas viviendas vacías durante más de dos años, con un mínimo de cuatro viviendas por propietario, salvo causas justificadas de desocupación temporal». Según el anteproyecto, el recargo sería de un 50% por tener una casa vacía, de otro 50% si la desocupación se prolonga durante tres años, y de otro 50% si el mismo propietario tiene dos o más inmuebles vacíos en la misma zona.

Los dueños de los pisos vacíos podrán ser penalizados con una subida del IBI de hasta el 150%.

En la norma se apuesta por potenciar la vivienda social, por lo que se articulan una serie de medidas destinadas a tal fin. El texto establece una reserva del 30% del suelo urbanizado en las nuevas promociones, que deberá destinarse a la vivienda protegida. De ese porcentaje, el 10% se reservará al alquiler protegido. La compensación a las promotoras por esta reserva va a correr a cargo de los ayuntamientos que decidan exigirla.

Asimismo, se establecen una serie de salvaguardas que van a evitar que las viviendas públicas dedicadas al alquiler puedan ser vendidas, como ya ha ocurrido en alguna ocasión.

Ley polémica

Esta norma que, según la titular de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana es “histórica para combatir los excesos del mercado inmobiliario y para dar seguridad jurídica al proteger al inquilino y al propietario”, nace plagada de polémicas y con una serie de condiciones que van a hacer que su desarrollo práctico sea muy difícil. Antes, eso sí, la ley tiene que ser aprobada.

A priori, la tramitación parlamentaria no va a ser fácil. En estos momentos, el Gobierno no tiene asegurado el apoyo de los socios del Ejecutivo, ya que consideran que el articulado que conocen no se ajusta a sus expectativas, y la consideran “insuficiente” e “incompleta”.

ERC ya ha anunciado que hay aspectos que va a enmendar por considerar que la ley entra en colisión con su propia normativa autonómica a la hora de la contención de las rentas del alquiler. El PNV no se ha mostrado abiertamente en contra de la ley, pero afirman que van a vigilar muy estrechamente que se respeta el marco competencial.

Precisamente el marco competencial en lo relativo a la vivienda va a ser uno de los principales problemas para que, una vez aprobada, la Ley de Vivienda pueda desarrollarse.

Las competencias sobre vivienda están en manos de las Comunidades Autónomas y, en algunos aspectos, de los ayuntamientos. La declaración de zona de mercado tensionado depende de las autonomías, y las gobernadas por el PP no van a aplicar las medidas incluidas en la norma. Incluso cuando solo se sabían algunos detalles de la misma el presidente del partido, Pablo Casado, anunció que la iban a recurrir ante el Constitucional, ya que “la regulación del precio de los alquileres supone un ataque sin precedentes a la propiedad privada y plantea inseguridad jurídica”.

Lo mismo ocurre con la subida del IBI a los propietarios de las viviendas desocupadas. Los ayuntamientos gobernados por el PP no van a subir el Impuesto de Bienes Inmuebles. Además, son los ayuntamientos los que tienen que compensar a los promotores que destinen parte de las promociones de vivienda al mercado de alquiler, con el quebranto que puede suponer a sus arcas.

Carlos A. Grande Grandas, socio en Abencys, señalaba hace unos días en una tribuna publicada por Economist & Jurist que, por lo que se conocía en ese momento la ley contenía “una posible restricción a libertad de empresa constitucionalmente protegida que, además, desincentivará a los inversores en aquellas Comunidades Autónomas que apliquen la norma”. A su juicio, “si el inversor no tiene incentivo, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay vivienda nueva y tampoco hay gasto en las existentes, con el consiguiente perjuicio para el arrendatario, que ve limitada su elección. Y si no hay inversión, no hay actividad económica y se incentiva el desempleo”.

El Consejo de los Colegios de Gestores avisa de que 500.000 autónomos pueden acabar en la economía sumergida

 POR LA PRESIÓN FISCAL Y LA SUBIDA SALARIAL

Los gestores alertan de que muchos autónomos podrían trabajar en economía sumergida

El Consejo de los Colegios de Gestores Administrativos alertó en su último barómetro sobre los 500.000 autónomos que pueden acabar trabajando en la economía sumergida a causa de la presión fiscal y por no poder asumir la subida del SMI.

Autónomos y Emprendedores ANDREA GONZÁLEZ 08/10/21

La presión fiscal a la que están sometidos los autónomos, unida a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y las dificultades para hacer frente a sus cotizaciones a la Seguridad Social, "podría hacer que 500.000 pequeños y medianos negocios acaben trabajando en la economía sumergida". Es una de las conclusiones más alarmantes que se extraen del último barómetro del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos. Su presidente, Fernando Santiago, aseguró que "el 18% de los pequeños y medianos negocios podrían estar planteándose de forma muy seria autoexcluirse del sistema".

Para Santiago, estaría una "muy mala noticia para el conjunto de la sociedad. No solo porque tanto Hacienda como Seguridad Social recaudarían menos, sino también porque los trabajadores estarían menos protegidos y los clientes perderían la seguridad y confianza en los productos y servicios ya que no tendrían facturas ni, por ende, garantías que reclamar". Los gestores administrativos advierten al Gobierno de que "si no empiezan a entender la situación que están atravesando los trabajadores por cuenta propia, y aligeran, en la medida de lo posible su carga, este tipo de situaciones serán cada vez a más habituales", explicó Santiago.

No obstante, este no es el único problema con el que se encuentran los autónomos en nuestro país. Tal y como señala el barómetro, más de 700.000 pequeños negocios no tienen apenas liquidez ni solvencia económica. A ello se suma que más de 140.000 autónomos se van a ver obligados a prescindir de alguno de sus empleados debido a la subida del SMI y el repentino incremento de las facturas eléctricas. El presidente de los gestores administrativos puso también sobre la mesa la moratoria concursal aprobada por el Gobierno que, a su juicio, "está manteniendo a 130.000 negocios en vía de extinción". Por último, no quiso olvidarse del "poco alcance" que están teniendo en el colectivo las ayudas directas y los Fondos Europeos Next Generation debido a los "estrictos requisitos de acceso". 

La morosidad acentúa la falta de liquidez

El último barómetro de estos profesionales que conocen bien a los autónomos a los que prestan servicio de gestoría deja entrever los problemas de liquidez y de solvencia que continúa sufriendo el tejido productivo español, más de 700.000 negocios están en esta situación. En su gran mayoría, más de un 27% de los autónomos, "esta situación se da debido a la morosidad. Se trata de un elevado porcentaje de profesionales que tienen que soportar impagos por parte de sus clientes, lo que les genera una gran falta de liquidez", explicó Fernando Santiago. 

A causa de esta lacra que sigue sin solucionarse para el colectivo, el 8% presenta impagos ante la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, el 14% no puede asumir el alquiler de los locales donde desarrollan su actividad y el 13% de las pequeñas y medianas empresas no están pagando a sus acreedores o están en mora con las entidades financieras. "Todo este período sin ingresos no ha hecho más que endeudar a los autónomos y agotar sus ahorros. Los ingresos todavía no están al mismo nivel que antes de la pandemia, por lo que la brecha aún no se ha cerrado para muchas empresas”, señaló el presidente de los gestores administrativos.

Por ello, Santiago no entiende como el Gobierno presenta, "con cierta euforia", las cifras de empleo y de afiliación a la Seguridad Social "cuando aún hay entorno a 500.000 personas acogidas a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o a la prestación por cese de actividad que, 18 meses después del inicio de la crisis sanitaria, no han conseguido aun reincorporarse al mercado de trabajo”. 

140.000 negocios despedirán a causa del SMI y la luz

Otra de las conclusiones que se extraen del informe elaborado por los gestores administrativos es que alrededor de 140.000 pequeñas y medianas empresas van a tener que despedir personal como consecuencia de la subida del SMI, el incremento de la energía y la electricidad y el encarecimiento de las materias primas. 

En concreto, el 42% de los autónomos se están viendo "muy perjudicados por la subida del precio de la energía y el 65% se está sufriendo de forma grave o muy grave las subidas de energía, inflación, SMI y materias primas", explicaron estos expertos.

 moratoria concursal mantiene a 130.000 negocios

El conjunto de todos estos problemas supone, según Santiago, la extinción de 130.000 negocios que, sin embargo, se mantienen gracias a la moratoria concursal que aprobó el Gobierno como medida extraordinaria a raíz del Covid-19. "Estos autónomos están técnicamente en una situación de concurso de acreedores, pero resisten en el tiempo porque no están obligados a presentarlo", explicó el gestor.

"El Ejecutivo debería ofrecer ayudas para las que a día de hoy se pueden salvar, y aquellas que no puedan hacer nada por mantenerse deberían desaparecer de manera ordenada. No tiene sentido que haya decenas de miles de empresas zombies que están por un lado empeorando su propia situación y, por otro, la de terceros que desconocen su estado y pueden estar siguiendo trabajando con ellos, sin que vaya a poder cobrar", señaló Fernando Santiago.

Los gestores administrativos confían en que la situación en la que se encuentran estos negocios mejore a medida que desaparecen las restricciones y puedan retomar su actividad con normalidad. Sin embargo, aseguraron que "esto no va a ocurrir si no se apoya a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas con medidas claras, urgentes y contundentes. Se agradecen las prórrogas y las moratorias, pero es imprescindible poner en marcha ayudas definitivas que permitan a los negocios salir de esta situación", recalcó el presidente del organismo.

Las ayudas directas y Fondos Europeos no llegan al colectivo

La última apreciación del barómetro del Consejo General de Gestores Administrativos de España es en relación a las ayudas directas y a los Fondos Europeos Next Generation. Estos expertos insistieron en que los autónomos y pequeños negocios se están quedando fuera de las tan esperadas ayudas directas: casi el 30% del colectivo no ha podido solicitarlas por "las exigencias de acceso de la normativa. Lo que tendría que hacer el Gobierno es retirar los requisitos. Al igual que han hecho otros países, el Ejecutivo español debería dar ayudas directas, mes a mes, a los profesionales afectados, siendo el único requisito demostrar que se perdieron ingresos como consecuencia de las limitaciones de movilidad", explicó Santiago.

De igual forma se refirió a los Fondos Europeos Next Generation: "no podemos pensar que estos fondos son la solución a todos los problemas de los pequeños negocios. Al final, se quedarán para las grandes empresas, que son las que tienen recursos y proyectos suficientes para llevar a cabo la solicitud y tramitación de los mismos". El gestor insistió en que el Gobierno "debería de darse cuenta de que los trabajadores por cuenta propia no tienen los recursos necesarios ni para llevar a cabo los procesos, ni para cofinanciar proyectos. Para que lleguen a los más pequeños es necesario aliviar la carga burocrática y reducir las restricciones", concluyó el presidente del organismo.

El ‘catastrazo’ puede subir un 80% la tributación por los inmuebles

Inmobiliario. finanzas.com Esther García López 14/10/2021

• Una orden ministerial fija la subida del coeficiente de minoración hasta el 0,9 desde el 0,5 que utilizaba el catastro hasta ahora
• El 'catastrazo', que se venía anunciando desde la aprobación de la ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal y que eleva el valor de los inmuebles a efectos fiscales, ya ha llegado.

El BOE ha publicado este jueves una orden ministerial que fija la subida del coeficiente de minoración -reduce el valor de los inmuebles para tributar menos- hasta el 0,9 desde el 0,5 para los bienes inmuebles de naturaleza urbana y rústica.

Esta subida supone un incremento de las bases de cotización de los inmuebles cercana al 80 por ciento para la tributación de los impuestos de transmisiones, sucesiones, donaciones y patrimonio, señala Ferran Font, director de Estudios de pisos.com.

Acercar el precio real al declarado

Con este cambio Hacienda pretende reducir las diferencias que existen entre el precio de mercado de determinados inmuebles y el que se declara en el momento de tributar.

“La subida del coeficiente de minoración hasta el 0,9, muy cercana al valor de mercado, puede suponer que en muchos casos se paguen impuestos patrimoniales muy por encima del valor al que está escriturado ese inmueble”, asegura Ferran Font.

Luchar contra el fraude fiscal

La orden ministerial publicada hoy en el BOE se deriva de la entrada en vigor el pasado mes de julio de la ley de lucha contra el fraude fiscal y señala que el valor de referencia de los inmuebles será el determinado por la Dirección General del Catastro como resultado del análisis de los precios de todas las compraventas inmobiliarias que se realizan ante fedatario.

Así, “el valor de referencia de los inmuebles se determinará anualmente, por aplicación de módulos de valor medio, basados en los precios de todas las compraventas de inmuebles efectivamente realizadas ante fedatario y obtenidos en el marco de informes anuales del mercado inmobiliario, en función de las características catastrales de cada inmueble”.

La norma señala que el valor de referencia se determinará con el límite del valor de mercado, sin que pueda superarlo.

Los tribunales de Hacienda anulan el método de tasación hipotecaria usado para comprobar el ITP por comprar casa

By idealista.com vivienda

Cada vez más tribunales están anulando liquidaciones de comprobaciones de valores dictadas por el método de la tasación hipotecaria (regulado en el artículo 57.1.g de la Ley General Tributaria), es decir, un método usado por muchas CCAA para comprobar que el contribuyente ha pagado convenientemente el ITP por la compra de una casa o el ISyD por una herencia o donación. Ahora algunos tribunales dependientes del propio Ministerio de Hacienda están anulando sistemáticamente estas valoraciones por considerar que con este método no se da una valoración justa al no poder visitarse el inmueble y ver las mejoras que ha hecho el propietario.

En una resolución del pasado 30 de junio el Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de Andalucía se muestra contrario de este método de comprobación y da la razón a Aeconomi. En dicha sentencia anula directamente el método de tasación hipotecaria por considerar que la liquidación de la comprobación de valores “incurre en falta de motivación al no justificar una valoración singularizada del inmueble derivado de un examen directo del mismo, tal y como exige la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de mayo de 2018 y otras posteriores”.

También el TEAR de Valencia está anulando sistemáticamente las comprobaciones de valores realizadas conforme al método de tasación hipotecaria.

José María Salcedo, socio del despacho Ático Jurídico, señala que la sentencia del Supremo establece que “las comprobaciones de valores deben ser individualizadas y singularizadas, siendo necesaria la realización de una actuación estrictamente comprobadora sobre el inmueble, es decir, que la administración tributaria debe acudir in situ a la vivienda comprada, heredada o donada".

Varios tribunales de justicia anulan el método de tasación hipotecaria

Varios Tribunales Superiores de Justicia como los de Valencia y Madrid, por considerar que no es posible equiparar un valor calculado a efectos hipotecarios, con el valor real del inmueble. Por ello, están anulando las liquidaciones dictadas en aplicación de este método, sin necesidad de aportar prueba pericial que desvirtúe el valor de tasación.

En el mismo sentido se están pronunciando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y el de Murcia.

De este modo, la justicia está plantando cara a la administración autonómica, que se ampara en una doctrina legal que fijó el Tribunal Supremo en el 2011, en virtud de la cual a la Administración le basta con considerar que el valor de tasación es el valor real del inmueble, sin necesidad de más prueba. Es decir, no tiene que justificar que dicho valor de tasación se corresponde con el valor real de la casa.

Esto significa que en los últimos años todos los recursos de los contribuyentes afectados por este método de comprobación que alegaban falta de motivación de las liquidaciones eran desestimados. Sin embargo, el escenario, como hemos visto, está cambiando a favor del ciudadano.

Motivos formales que también pueden alegarse contra el método de tasación hipotecaria 

Además, en los últimos años los contribuyentes también han alegado motivos formales contra el método de tasación hipotecaria, señala José María Salcedo. En concreto, algunos Tribunales administrativos y judiciales han venido echando en cara a la Administración la falta de constancia en la escritura de la hipoteca del valor de tasación fijado por los interesados.

También, el hecho de que la acreditación de la tasación hipotecaria mediante certificación de los servicios competentes no constara en la propia escritura de constitución de la hipoteca. Por último, se ha exigido a la Administración que acreditara la inscripción de la escritura en el Registro de la Propiedad, y no que sólo se incluyera en el expediente el asiento de presentación.

La alegación de estos motivos formales ha permitido la anulación de muchas comprobaciones de valores realizadas conforme a la tasación hipotecaria, indica el abogado de Ático Jurídico.

Sin embargo, la Administración va aprendiendo de sus propios errores, y por ello son cada vez menos las comprobaciones que adolecen de estos defectos formales.

Por ello, a día de hoy es más factible anular la comprobación de valores realizada conforme a este método, alegando la imposibilidad de equiparar el valor de tasación con el valor real del inmueble, o incluso denunciando la falta de visita del perito de la administración al inmueble, concluye Salcedo.

En definitiva, el abogado titular de Ático Jurídico considera que es un método de comprobación frente al que conviene plantar batalla, ya que cada vez son más los tribunales que están anulando las liquidaciones dictadas a su amparo. Por ello, aconseja recurrir en todo caso las liquidaciones que se notifiquen a los contribuyentes conforme al 57.1.g, LGT.

El timo del Gobierno con los peajes: solo reinvierte en carreteras el 4% de lo que recauda del coche

La recaudación tributaria asciende a 1.000 euros anuales por vehículo.

Bruselas ya desenmascaro a Ábalos con los peajes de las autovías: "Esta medida no responde a ninguna propuesta o exigencia específica de la Comisión"

Diego Sánchez de la Cruz 2021-10-22 Libre Mercado

El Gobierno de PSOE y Podemos insiste en el que la instauración de nuevos sistemas de peaje en las autopistas y autovías de nuestro país es inminente. La coalición social-comunista justifica su apuesta aludiendo a la necesidad de introducir otro tipo de modelo de tarificación "que genere los recursos suficientes para el mantenimiento de las carreteras" de más capacidad y mayor velocidad.

La ministra del ramo, Raquel Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo presentará su propuesta "en pocos meses" y ha anunciado que su equipo "está trabajando en los análisis y estudios que permitan establecer un nuevo sistema que sea justo, que esté sujeto al consenso y que cuente con las comunidades autónomas".

Desde que el Gobierno ha puesto encima de la mesa la posibilidad de multiplicar el cobro de peajes en la red de autopistas y autovías, la retórica oficialista ha insistido en que la implantación de un modelo así tendría el efecto de contribuir al financiamiento del presupuesto de conservación de carreteras, estimado en algo más 1.200 millones de euros anuales.

Sin embargo, la trampa del Ejecutivo consiste en plantear este debate como si el uso del automóvil no estuviese sujeto ya a un sinfín de gravámenes que, de forma directa e indirecta, generan un volumen ingente de recursos para las Administraciones Públicas. De hecho, por cada 30 euros recaudados del sector, la reinversión requerida por las carreteras es de apenas 1 euro.

Así se desprende de los datos que ha facilitado ANFAC, la patronal de los fabricantes de automóviles, la recaudación tributaria derivada del uso automóvil ronda los 31.000 millones de euros anuales, lo que equivale a 1.000 euros por conductor. Para ser precisos, los ingresos ascienden a 14.007 millones por el impuesto especial de hidrocarburos, a 7.507 millones por el IVA de los carburantes, a 4.878 millones por el IVA de la compra de nuevos automóviles, a 2.925 millones por el impuesto de circulación, a 534 millones por el impuesto aplicado a la transmisión de coches de segunda mano, a 616 millones por el impuesto de matriculación, a 197 millones por la tasa de cambio de titularidad, a 147 millones por la tasa de matriculación y a 79 millones por el permiso de circulación.

No hay que olvidar, además, que en 2022 entrará en vigor la subida del impuesto de matriculación que estaba prevista originalmente para 2021 y que elevará en casi 1.000 euros la compra de un vehículo medio.

Frente a estos datos, los 1.200 millones que el Gobierno dedica al mantenimiento de las carreteras son apenas el 4% de lo que ingresan las arcas mediante los distintos tributos vinculados al uso del automóvil. De modo que, por cada 100 euros generados mediante los gravámenes citados en el párrafo anterior, las Administraciones solo dedican 4 euros a la conversación de las carreteras y, en cambio, destinan los 96 euros restantes a otro tipo de desembolsos (salarios de funcionarios y empleados, subsidios y demás programas de gasto público).

El peor de los mundos posibles

Es cierto que, según las cifras que baraja la patronal del sector de las infraestructuras, SEOPAN, en los últimos años se ha acumulado un déficit en las inversiones de conservación de carreteras que supera los 8.000 millones de euros. Esto hace aún más sangrante la forma en que se emplean los recursos fiscales que genera el automóvil, porque el desvío del 96% de lo recaudado a otras partidas de gasto ha generado tal agujero que, tarde o temprano, deberá ser cubierto.

Desde el think tank Acción Liberal apuntan que se podría optar por introducir un modelo de pago de 3 céntimos por kilómetro, que generaría unos 6.000 millones de euros, pero a cambio plantean que debería eliminarse el impuesto de matriculación e, igualmente, se debería reducir el impuesto de hidrocarburos en un 15%. Además, para cubrir el déficit de inversión, el estudio plantea la concesión de las autopistas y las autovías por periodos de al menos 25 años, para que sean las empresas privadas las que asuman la factura a cambio de manejar el flujo de peajes durante el periodo indicado.

El problema es que, de prosperar la propuesta del Gobierno, tendremos el peor de los mundos: más peajes, más impuestos y más estatalización de la gestión de las carreteras. Todo aderezado, además, con un volumen creciente de restricciones al uso del vehículo privado en las grandes ciudades. Nadie diría, ante semejante maltrato regulatorio al coche, que España es uno de los principales productores de automóviles de Occidente...

Estos son los 4.400 municipios españoles que no tienen oficina bancaria. Más de 1,6 millones de personas no tienen acceso a una oficina

 EL PAÍS Economía. LA ESPAÑA VACIADA. Ricardo Sobrino. 12 OCT 2021 - 19:11 CEST

Más de la mitad de los municipios españoles no tienen una sola oficina bancaria. El progresivo recorte de la red unido a la apuesta por la banca online han dejado a buena parte de la denominada España vaciada sin una sucursal a la que acudir para gestionar de forma presencial sus finanzas. Según los datos del Banco de España actualizados a cierre de junio, de los 8.131 municipios que hay en España, 4.443 no tenían oficina, el 54%. En total más de 1,6 millones de personas están sin acceso a una oficina en su municipio.

Aunque en términos relativos supone que solo el 3,5% de la población en España carece de acceso a una sucursal, encontrar una oficina en algunas comunidades autónomas puede llegar a ser complicado. Además, se produce la situación de que precisamente en las zonas rurales en las que no hay oficinas bancarias es donde los ciudadanos tienen más necesidad de ellas. Se trata, en general, de zonas agrícolas con escasa población donde buena parte de los habitantes pertenece a un grupo de edad que tiene más difícil el acceso a los canales digitales de los bancos y para los que el acceso al efectivo sigue siendo muy importante.

El propio Banco de España en el informe Infraestructura del efectivo y vulnerabilidad en el acceso al efectivo en España advierte de que en torno a 1,3 millones de personas se encuentra en una situación vulnerable para acceder al efectivo y subraya que “es fundamental asegurar que los ciudadanos que deseen usar este medio de pago tengan acceso a él”.

Las CC AA más despobladas de sucursales

Observando el mapa de la España vaciada de oficinas bancarias se aprecia que las comunidades autónomas del norte son las más despobladas de sucursales. En Castilla y León, el 80% de los municipios están vacíos de oficinas. La orografía del territorio y el hecho que concentre muchos pueblos pequeños ha provocado que tradicionalmente sea la comunidad autónoma más castigada con una baja densidad y cobertura de oficinas. Tan solo 373 de los 2.248 municipios cuentan con al menos una sucursal.

De hecho, según el citado informe del Banco de España, las provincias castellanoleonesas son las que cuentan con un mayor número de personas en situación de alta vulnerabilidad en el acceso al dinero en efectivo: en Zamora el 18,7%, en Ávila el 13,6%, en Salamanca el 10,6%, en Palencia el 9,1%, en Soria el 8,6% y en León el 7,8%. Burgos, con el 4,1% y Segovia, con el 3,2% están algo por debajo, pero siguen en niveles altos teniendo en cuenta que la media nacional es del 0,7%.

En La Rioja la situación es similar. Solo 52 de los 174 municipios cuentan con establecimientos financieros. En total, 15.574 habitantes se encuentran sin acceso a servicios bancarios presenciales, lo que representa un 4,87% de los riojanos.

Igualmente, en Aragón (60,5% de los municipios sin oficinas), Navarra (54,4%), Cataluña (52,1%) y Castilla la Mancha (51,1%), la mayor parte de los pueblos no cuentan con acceso a oficinas bancarias por lo que sus habitantes no pueden gestionar presencialmente sus finanzas personales. En la comunidad autónoma manchega destaca especialmente la baja cobertura de oficinas bancarias en la provincia de Guadalajara.

En cambio en las regiones del sur y las islas la mayoría de municipios sí que tienen acceso a servicios financieros de forma presencial. En Canarias tan solo dos municipios no cuentan con oficinas bancarias, mientras que en Baleares son tres y en Murcia, cuatro. Andalucía, pese a sus dimensiones territoriales, tan solo cuenta con un 22% de los municipios está sin acceso a una sucursal bancaria. En parte esto se debe gracias a la labor de las cooperativas de crédito, fuertemente arraigadas en las provincias andaluzas, que encuentran su nicho de mercado en las zonas rurales.

Como curiosidad los pueblos más pequeños que cuentan con al menos una oficina bancaria son Cerbón, en la provincia de Soria, con 27 habitantes; Aribe, en Navarra, que cuenta con 32 habitantes; y Setiles, en Guadalajara, que tiene 80 habitantes.

En el lado contrario, el municipio de Berrioplano, también en Navarra, no cuenta con ninguna oficina pese a sumar 7.457 habitantes. Tampoco hay sucursales en La Canonja, en Tarragona (5.956 habitantes), ni en Palazuelos de Eresma, en Segovia (5.538 habitantes).

Evitar la exclusión financiera

Para paliar esa ausencia de servicios bancarios presenciales y evitar la exclusión financiera, se han llevado a cabo algunas iniciativas. CaixaBank ha heredado el Ofibus de Bankia, una sucursal móvil, que recorre municipios en riesgo de exclusión financiera. En 2020 la entidad absorbida por CaixaBank dio servicio a 250.000 personas residentes en 373 municipios que realizaron 200.000 operaciones.

Igualmente, en septiembre de 2020 Correos anunció un acuerdo con Santander para ofrecer servicios bancarios básicos en toda España a través de los 4.675 puntos de atención al ciudadano del organismo público. Además, los carteros pueden llevar dinero a cualquier domicilio en España.

La izquierda dogmática y su número áureo: el 60%

Autor: Miguel Córdoba  21 octubre 2021, 8:05  Idealista

Un dogma es un principio no contrastado que, según sus fomentadores, debe ser creído y no cuestionado, aunque no existan ni evidencias ni pruebas de su bondad. Durante muchos siglos hemos asistido a la formulación de dogmas, especialmente en el terreno religioso, y siempre se ha calificado de anatema la negación del dogma, llegándose a penalizaciones a los no creyentes del dogma.

Este planteamiento creíamos que, salvo los talibanes y algunos otros, se había terminado en el siglo XXI, pero hete ahí que, en España, los partidos de izquierdas han introducido un nuevo dogma: que lo que se perciba como salario o pensión tenga que ser como mínimo un 60% del salario medio de los trabajadores asalariados del país. Aducen que hay una recomendación de la Carta Social Europea que así lo afirma, y es cierto, pero es eso, una simple recomendación, que queda muy bien socialmente, como que no debe haber trabajo infantil, pero en numerosos países se explota a los niños en un régimen de semiesclavitud, y las multinacionales norteamericanas se lucran con ello mientras todo el mundo mira para otra parte.

Por tanto, utilizar como dogma simples recomendaciones no tiene mucho sentido, especialmente económico. Todos quisiéramos vivir en reinos de jauja en los que no tuviéramos que trabajar, pero la realidad de la vida humana es muy diferente. Tomar de los informes lo que nos interesa y tratar de que se convierta en ley no es muy honrado con los ciudadanos, porque nada es gratis, y al final siempre pagan los mismos: las clases medias y las siguientes generaciones.

Empecemos por los salarios; en un país, como España, en el que el 38% de los declarantes a Hacienda (8,8 millones) declaran hasta 12.000 euros de ingresos brutos anuales (mileuristas o menos), una subida del salario mínimo tiene mucha incidencia en el salario medio; es decir, las subidas del salario mínimo retroalimentan el salario medio que, siendo muy bajo en relación con Europa, aumenta por el mero hecho de que se suba este salario mínimo a muchos millones de españoles.

Si miramos la relación que existe entre el salario mínimo y el salario medio en los países de nuestro entorno, podemos observar que España junto con Francia son los países que más alto tienen ese porcentaje (en torno al 50% del salario medio, y en el caso de España 13.510 euros respecto de 27.537 euros (49%)). Pero también podemos ver que el famoso 60% no le importa a nadie; salvo a Pedro Sánchez que ha dicho que en 2023 va a llegar al 60%, con nuevas subidas, hasta llegar a los 16.522 euros, que es su compromiso electoral. Otra cosa es que puedan aguantarlo las empresas, sobre todo las más pequeñas.

En el siguiente cuadro podemos ver qué ocurre en otros países de nuestro entorno y de la OCDE:

Vemos que lo habitual es estar entre el 35% y el 45%, y que ningún otro país se ha puesto a hacer subidas del SMI en medio de la pandemia. Y no entremos en eso de subir el SMI en septiembre de un año, por el mero hecho de salirse con la suya un partido de extrema izquierda de cuyo nombre no quiero acordarme, cuando lo razonable hubiera sido hacerlo en el marco de los PGE; pero el dogma es el dogma, y hay que cumplirlo siempre, y si no se anatemiza a los que no creen en él.

En cuanto a las pensiones, el planteamiento es totalmente distinto, aunque el dogma es el mismo: 60%. Resulta que la pensión, con el modelo de reparto que tenemos en España, supone una prestación que se recibe a partir de los 66 años en base a lo que se haya cotizado durante la vida laboral y, por tanto, aportado para el pago de las pensiones de las generaciones anteriores a la nuestra. En el caso de los trabajadores por cuenta ajena está prefijado por ley, y todo depende del salario que se perciba; en el caso de los autónomos, hay un mínimo, al cual se acoge el 85% de los cotizantes, y que supone que se percibe después una pensión que no llega a los 500 euros al mes, básicamente porque decidieron tener un mayor nivel de consumo durante su vida laboral.

Por tanto, resulta injustificable que si una persona a lo largo de su vida laboral cotiza voluntariamente o no (porque haya tenido salarios bajos) por cantidades pequeñas luego tenga la misma pensión que los que han cotizado un 30 o un 40% más que ellos. Ese 1.080 euros que sacan los jubilados en sus manifestaciones es una cifra sacada de contexto e incompatible con un país en el que el 38% de los trabadores son mileuristas, ya que ello supondría que muchos de los trabajadores cuando se jubilaran iban a cobrar un 30% más que cuando estaban en activo (12 x 1.080).

Si nos comparamos con Europa, tendríamos que trabajar con la denominada tasa de sustitución, que nos indica el porcentaje que representa la pensión que se percibe respecto de los ingresos que percibía el trabajador cuando estaba en activo. El resultado es el siguiente:

Vemos que los españoles, aunque por debajo de italianos y portugueses, son de los mejores tratados cuando se jubilan, ya que pasan a percibir el 83,4% de lo que ganaban cuando estaban en activo (los ingleses tan solo un 28,4%). Otra cosa es que la cuantía bruta sea menor en España que en otros países de nuestro entorno, pero eso depende de las cotizaciones sociales, y estas de los salarios, y si los salarios medios españoles son casi la mitad que los de nuestros homónimos europeos, ese problema habrá que trasladárselo a los empresarios, que son incapaces de competir allende los Pirineos si no es con mano de obra barata.

La consecución del “número áureo”, así como otras incongruencias de todos conocidas, hacen que, al margen de determinados comentarios lenguaraces de cierto ministro, demos una imagen demasiado mediterránea en los centros de decisión europeos. Seguir por este camino supone aceptar que exista en nuestro país una izquierda dispuesta a incinerar en autos de fe a quiénes no comulguen con sus dogmas, aunque la evidencia nos diga que no tienen el más mínimo sentido económico, que no hay dinero para cumplirlos y que los demás países de nuestro entorno no están por la labor. Y es que, en un país de mileuristas y pensionistas, los votos son sagrados; la racionalidad económica queda para otros.

A lo mejor, si se hiciera un esfuerzo didáctico con el pueblo español, se conseguiría hacerles entender que no podemos vivir por encima de nuestras posibilidades, especialmente en estos años en los que las dos crisis (financiera y pandémica) han golpeado nuestras cuentas públicas de manera inusitada. Creo sinceramente que los españoles ya somos mayores de edad y se nos pueden explicar las cosas, en lugar de lanzarnos mensajes populistas o ponernos zanahorias delante del hocico.

Antonio Miguel Carmona, nuevo vicepresidente de Iberdrola en España EP. OTRO QUE NO TIENE VERGUENZA AJENA

•  Carmona ganará en torno a 500.000 euros para limpiar la imagen de Iberdrola en España
• Sánchez Galán quiere revertir la situación de la compañía en España

El Independiente CARLOS R. CÓZAR  04/10/21 - 16: 18  

  

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, quiere dar un volantazo de 180º a la gestión de la compañía en España. Y para ello, ha confiado toda su suerte en Antonio Miguel Carmona, político ligado al PSOE madrileño y también economista. 

Según adelantó OK Diario el pasado sábado, el socialista ocupará el puesto de vicepresidente de Iberdrola España, si bien es cierto que la propia compañía aún no ha oficializado el fichaje. Según apuntan fuentes cercanas a la compañía, su cometido será el de intentar “limpiar la imagen de la compañía”, que atraviesa “unos momentos delicados de reputación debido a la crisis energética”. 

Para ello, tal y como señalan las mismas fuentes consultadas, el político y economista tendrá dos vías de actuación. La primera de ellas será la de convencer a los inversores de que la compañía aún sigue siendo atractiva, a pesar de los hachazos fiscales que el sector ha llevado en los últimos meses en la iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez por abaratar el precio de la luz. Iberdrola atraviesa un momento delicado en bolsa ya que sus acciones se han despeñado un 26% en lo que llevamos de año.

Por otra parte, las mismas voces narran a El Independiente, que Antonio Miguel Carmona es una persona fundamental para liderar la nueva estrategia comunicativa que Iberdrola prepara para que la filial española vuelva a tener un peso importante en su negocio y, sobre todo, no cuente con una percepción negativa por parte de gran parte de la población española. Además de la factura eléctrica, la empresa sigue luchando contra el caso Villarejo, que también está mellando la buena imagen corporativa. 

A pesar de que el fichaje aún no está anunciado, tal y como se ha señalado anteriormente, Antonio Miguel Carmona va a tener un lugar privilegiado dentro de la filial española, tanto en el mando operativo como en el salarial, según ha podido saber este periódico. Las diversas fuentes consultadas apuntan que el salario del político y economista estará “en torno a los 500.000 euros”. “Es un salario que está acorde a una responsabilidad como la suya en una de las empresas más importantes del Ibex 35”. De hecho, de acuerdo a la información presentada por Iberdrola en su información anual sobre remuneraciones en 2020, el vicepresidente de la matriz ganó 440.000 euros en la matriz.

No obstante, la compañía asegura que, de acuerdo a los estatutos de la filial los miembros externos del Consejo de Administración percibieron en los ejercicios 2020 y 2019 en concepto de dietas 47 y 43 miles de euros y por pertenencia al Consejo 188 y 240 miles de euros. Estos importes se corresponden con la retribución devengada en el ejercicio inmediatamente anterior en función del tiempo en el ejercicio de su cargo y que no es satisfecho hasta la aprobación de las Cuentas anuales del correspondiente ejercicio por la Junta General de Accionistas», por lo que el salario, según la empresa, será de 60.000 euros.

Fuentes de la compañía confirman a este periódico que la llegada del ex edil de Madrid se producirá esta misma semana y que su principal labor será la de asegurar y preservar la «buena imagen de Iberdrola en España, dañada por diversos motivos durante los últimos meses».

Sánchez Galán mueve ficha

La incorporación de Antonio Miguel Carmona tendrá importantes repercusiones dentro de la filial española. Sánchez Galán considera que la filial española cada vez es menos importante dentro del negocio de la corporación, a pesar de que la sede social se encuentra dentro de nuestro país. 

El pasado viernes en el Foro de La Toja, el presidente señaló que “España apenas representa un 30% del negocio de Iberdrola en su conjunto, mientras que otras regiones como Estados Unidos cada vez pesan más en la cartera”. Además, Galán siente que en España sufre demasiado deterioro por los citados hachazos fiscales, lo que ha provocado que las relaciones con el Gobierno sean peores.

Por eso, con la incorporación de Carmona, Galán quiere agitar el árbol y revertir la situación. La compañía asume que con la inestabilidad jurídica que existe en nuestro país los inversores pueden dejar de confiar en el sector eléctrico. Por eso, Iberdrola ultima la llegada de una nueva persona para el departamento de relaciones con los inversores.

El área de comunicación y de relaciones institucionales, una vez que se produzca el desembarco del político socialista también tendrán importantes cambios. Galán considera que dicho departamento no ha realizado de la mejor manera sus labores y ha perdido la confianza en dicha parcela. Así, Carmona asumirá plenos poderes en esta área. 

Relación con el PSOE

El nuevo fichaje de Iberdrola también supone un terremoto en lo político. A pesar de que pudiera parecer una nuevo caso de puertas giratorias, lo cierto es que nada tiene que ver con este tipo de prácticas que durante los últimos años se han sucedido en los consejos de administración de las empresas más importantes del Ibex 35. Tal y como narran las fuentes consultadas por este periódico, “Ferraz no tiene la mejor relación con Carmona”, si bien arguyen que deberá “mantener cierta cercanía con el PSOE nacional y el Gobierno para que la compañía no se resienta aún más”.

Por su parte, Podemos -partido que gobierna en coalición con el PSOE- ya ha puesto el grito en el cielo por la llegada de Carmona a la filial de Iberdrola. El presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens, ha asegurado este lunes que el PSOE debería echar del partido a Antonio Miguel Carmona por la «indecencia» de su inminente fichaje como vicepresidente de Iberdrola España, y ha reclamado una regulación más estricta para prohibir las puertas giratorias.

El colapso de los puertos se agrava y pone en peligro la Navidad y el Black Friday

El Economista Vicente Nieves 4/10/2021 - 8:24 Actualizado: 09:57 - 4/10/21

Todo hacía indicar que después de la fuerte recesión económica y la mejora de la situación sanitaria (las vacunas no han llegado a todo el mundo por igual ni mucho menos), los países desarrollados podrían disfrutar de una segunda mitad de 2021 relativamente normal. Aunque la situación es sin duda mucho mejor que hace un año, quizá la vuelta a la normalidad económica no sea tan 'normal' como se esperaba. La recuperación presente está viniendo acompañada de ciertas singularidades que pocos habían previsto. Cuellos de botella, atascos en los puertos, escasez de inputs, materias primas... Y lo peor puede estar por llegar.

La crisis del covid supuso un parón total de la economía. Una 'hibernación' de la que el mundo ha despertado casi de un día para otro. Sin embargo, el lado de la oferta (el que se encarga de producir bienes y servicios) y las cadenas de suministro aún están frías tras esos meses de parón. Cuando un músculo frío y en reposo pasa a la acción de forma repentina, el riesgo de sufrir una rotura es muy amplio. Algo así, junto a otros factores, es lo que está provocando un colapso logístico a nivel mundial que podría poner en peligro las navidades.

Retrasos en los envíos de mercancías, unos fletes marítimos disparados, escasez de contenedores, prácticas poco éticas para lograr un hueco en un buque de mercancías... y por si esto era poco, China (la fábrica del mundo) comienza racionar la energía, impidiendo que industrias clave produzcan a su máxima capacidad.

"Este año, más que nunca, convendrá ser previsores y avanzar las compras de Navidad, ya que la situación de colapso excepcional que está sufriendo la logística marítima internacional puede poner en riesgo el aprovisionamiento de todo tipo de productos, especialmente en periodos de máximo consumo como los que se producirán a finales de año", advierte Oriol Montanyà, director del Departamento de Operaciones, Tecnología y Ciencia de la UPF Barcelona School of Management (UPF-BSM), en declaraciones a elEconomista.

El precio de alquilar un contenedor se ha disparado

Aún no ha llegado la temporada alta (Black Friday y Navidad) y las cadenas de suministro se encuentran bajo gran presión. Los economistas de la firma Oxford Economics han creado un indicador sintético (utilizando varios parámetros y variables) para evaluar su estado y todo hace indicar que la presión está al alza: "Los atascos en el transporte son el mayor punto de estrés, pero la limitada capacidad, el excedente de producción, los bajos niveles de inventarios, unos costes de los insumos considerablemente más altos (más agudos para las materias primas) y los desafíos laborales hacen que sea cada vez más difícil para la oferta mantenerse al día con la demanda", aseguran estos expertos.

"La demanda ha superado la oferta. Es decir, no hay suficientes barcos para atender a todas las peticiones de transporte, algo que está provocando interrupciones en varias cadenas de suministro, hasta el punto de encontrarnos con fábricas que se han visto obligadas a parar la actividad y a mandar a sus trabajadores a casa porque no tienen los componentes necesarios para mantener la producción. Tal y como lamentaba un directivo del sector industrial, 'la cuestión no es que falten materiales, sino que no llegan a tiempo'", añade Montanyà.

Carlos Moreno-Figueroa, portavoz de la Confederación Española de Comercio, se muestra de acuerdo en una charla con elEconomista y más que un problema de suministro, se trata de una cuestión de tiempos, que afecta sobre todo a ciertos componentes: "Hay algunos sectores más sensibles como es el caso de los juguetes, sabemos que va a haber retrasos, lo que no quiere decir que no vayan a llegar, pero quizá se retrasen un mes o mes y medio. Evidentemente con una demanda muy concentrada en determinados meses, si los comercios y los consumidores no adelantan las compras, muchos juguetes llegarán tarde".

¿Por qué este colapso del transporte ahora?

Aunque los puntos de estrés son muchos, el transporte se lleva la palma. No resulta fácil incrementar la capacidad logística de un día para otro y menos cuando existen estrecheces en otros muchos mercados y sectores. Por ejemplo, si el transporte marítimo sufre porque no hay suficientes contenedores, lo normal es que las navieras incrementen los pedidos de estos contenedores, lo cual lleva un tiempo en condiciones normales. Pero es que hoy la demanda de los metales para hacer contenedores (acero y aluminio) está disparada, las fábricas no dan abasto y para colmo las fundiciones chinas están viendo limitada su capacidad por los recortes en el consumo de energía. Una tormenta perfecta que podría estallar a finales de este año.

"Todos los años hay que renovar contenedores, su vida útil es de unos cinco años, dado el fuerte impacto de la salinindad del mar y otros factores. El año pasado con el covid no se renovaron ni la mitad de los que se tenían haber renovado y, por tanto, el número de unidades disponibles en el mercado ha caído", explica el portavoz de CEC.

Son multitud de factores los que han coincidido en el tiempo, generando una situación imprevisible. "En este sentido, hay tres problemas que se suman en una tormenta perfecta: el colapso de puertos (donde se retienen contenedores más de la cuenta), la descompensación de flujos (provocando que haya contenedores donde no se necesitan y viceversa) y la demanda disparada hasta un 8% (que supera una oferta menguante)", destaca Montanyà.

Este experto explica por qué se está produciendo esta situación. El problema llega por varios puntos. Por un lado existen algunos desequilibrios en los flujos de transporte marítimo que están colapsando estas instalaciones marítimas. "Algunos puertos se han visto superados por la situación y se están convirtiendo en auténticos cuellos de botella, ya sea porque han sufrido brotes de coronavirus, como las grandes instalaciones de Ningbo-Zhoushan (China), o simplemente porque no tienen la capacidad suficiente, como el puerto de Los Ángeles (EEUU), donde los barcos deben esperar entre dos y tres semanas para poder descargar".

Para intentar reducir los riesgos de cara a final de año, las empresas de logística han hecho grandes esfuerzos, mejorando procesos, apoyándose en la digitalización y usando analítica predictiva. Además, para intentar asegurar el Black Friday y la Navidad han adelantado buena parte de las operaciones (entre cinco y ocho semanas respecto a años anteriores) para estar preparados de cara a estas campañas. Esta previsión para asegurar el suministro está presionando hoy las diferentes cadenas de transporte, pero a su vez reduce el riesgo de desabastecimiento para noviembre y diciembre.

Francisco Aranda, presidente de UNO Logística, descarta la posibilidad de que se produzca un desabastecimiento en Navidades, pero reconoce que se pueden producir retrasos en la llegada de determinados productos. "Los fabricantes de contenedores no son capaces de cubrir la gran demanda de este momento, mientras que los protocolos sanitarios ralentizan el funcionamiento de los puertos asiáticos... de modo que la relación entre oferta y demanda está absolutamente descontrolada. Es cierto que las cadenas de suministro se están replanificando para afrontar estos cambios, pero también que la tensión es máxima, no sé qué más puede pasar, esto es una tormenta perfecta".

Todo sube de precio

Este desacople puede tener sus implicaciones más visibles en el colapso señalado, los retrasos en los pedidos... pero además puede lastrar, de forma temporal, la vigorosidad de la recuperación económica. De poco vale tener mucha demanda si no hay oferta para satisfacerla. El resultado de esto es un aumento de precios que ya se está produciendo y que se puede agravar en los próximos meses.

"Antes, traer un contenedor desde China a España podía costar 1.500 euros, ahora el precio se ha multiplicado por siete y hasta por diez en algunos casos. Esto está encareciendo todos los productos que vienen de fuera y además está generando retrasos en la llegada de los pedidos", apunta Moreno-Figueroa. Los fletes marítimos están disparados. Fuentes de una empresa textil catalana revelan a este diario que han perdido pedidos importantes de clientes porque la mercancía (entretelas para camisas) quedó atascada en China pese a tener un contenedor pagado y con contrato en un barco. "Es como una subasta, llegó una empresa de otro sector que pagaba más por el contenedor y nuestra carga se quedó en el puerto chino pese a que teníamos un contrato. Nuestros cargamento llegó semanas después", asegura la fuente.

Desde el departamento de compras de una de las cadenas de supermercados más importantes de Madrid explican que antes o después tendrán que subir los precios porque a sus proveedores les están incrementando los costes por todos lados: el cartón, los plásticos, el transporte... Ante este contexto, Moreno-Figueroa cree que "lo que está claro y lo que estamos viendo es que se va a producir una subida de precios general. Los costes en origen se están incrementando por las subidas de las materias primas y esto ya está suponiendo un incremento de precios generalizado que va a continuar afectando a todos los productos... En el caso de electrodomésticos estamos aconsejando que se adelanten las compras, sobre todo, porque los precios van a subir y los mayores costes se van a seguir trasladándose, aunque no prevemos problemas de suministro en este sector en concreto".

Las empresas prevén grandes subidas de precios

Todo hace indicar que la inflación seguirá al alza en los próximos meses. El IPC ya ha alcanzado el 4% en España en septiembre (3,4% en la zona euro) y eso que aún no se ha trasladado todo este incremento de los costes al precio de los bienes y servicios finales que pagan los consumidores. "Si no se hace nada para solucionarlo, se prevé que en los próximos meses la situación siga empeorando, ya que la demanda seguirá incrementando por el efecto de la Navidad y, en consecuencia, las cadenas de suministros seguirán tensionándose", revela el experto de la UPF-BSM.

anda, presidente de USO, insiste que en se está haciendo todo lo posible por mejorar la situación. "Los operadores logísticos están haciendo frente a este terrible colapso, pero esto no es un problema de corto plazo, la capacidad de fabricar contenedores y palets no se incrementa de hoy para mañana. La solución es reducir esta ultra-dependencia que tenemos de Asia. Tenemos que relocalizar industrias en España y en Europa, además fabricar en Asia ya no es tan rentable, ahora es una oportunidad única para traer de vuelta la producción y que esté más cerca del consumidor final".

Sin embargo, en el corto plazo el colapso logístico podría continuar, sobre todo a nivel marítimo, donde las estampas de barcos portacontenedores y buques se agolpan haciendo cola en la entrada de los puertos de EEUU y China. "Las empresas están trabajando mucho para buscar soluciones al colapso actual, como trasladar las cargas marítimas al transporte terrestre o aéreo, pero aún así es probable que en Navidad baje la disponibilidad de productos y suban los precios", culmina Montanyà.