Wolters Kluver. Alejandro de Diego Home| Perfil| RSS 11 enero, 2022 a las 12:18 pm
Con
la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado se consuma uno de los
mayores ataques sufridos por nuestra Administración Local desde la restauración
de la democracia como es el desmembramiento del cuerpo de Funcionarios de
Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, que, dicho así,
seguramente casi nadie sepa de qué estamos hablando pero si a quien vive en un
pueblo le decimos que se trata del Secretario del Ayuntamiento seguro que ya
sabe de qué va, al que hay que sumar, en Ayuntamientos más grandes, al
Interventor y al Tesorero, es decir, estamos hablando nada menos que de los
funcionarios encargados de la fé pública y asesoramiento legal preceptivo, del
control y fiscalización de la gestión económico-financiera y presupuestaria y
de la contabilidad de nuestros Ayuntamientos y Diputaciones.
El
desmembramiento de este cuerpo de funcionarios viene vergonzosamente escondido
en una disposición final de la Ley de Presupuestos a pesar de que el Tribunal
Constitucional proscribe la utilización de esta ley para cosas como esta. Y a
través de esta disposición, y sin haber atendido a las reclamaciones del
colectivo, el Gobierno le hace entrega al Gobierno Vasco, a instancias del PNV,
de todas las funciones relacionadas con ellos, como si de un trofeo se tratase,
de manera que a partir de ahora no podrá decirse que sea un cuerpo “Nacional”
ya que no se podrá trabajar en toda la nación sino que habrá un territorio que
quedará al margen del resto, sentando un peligroso precedente que puede acabar
teniendo su continuidad en el resto de Comunidades Autónomas.
La
Constitución Española hace más de 43 años consagró el estado autonómico en el
que vivimos, con competencias y capacidad normativa propia de las Comunidades
Autónomas, reconociendo además los diferentes idiomas cooficiales que se hablan
en algunos territorios. Y durante todos estos años ha habido varias promociones
de estos funcionarios que han servido en varias Comunidades sin que la distinta
legislación propia de cada una ni el idioma que se habla en algunas de ellas
haya sido hasta ahora un problema, por lo que este no puede ser el motivo para
hacer lo que se acaba de hacer. Y hablo de motivo porque realmente argumento
que lo justifique no se recoge ninguno en la Ley, de ahí que considere que es
un asunto vergonzosamente escondido, porque no se puede entender de otra manera
lo que no se explica y para lo que se utiliza un procedimiento vedado por el
Tribunal Constitucional, en lugar de utilizar la luz y taquígrafos tantas veces
reclamado por quienes han firmado esto cuando estaban en la oposición y acudir
a los procedimientos legalmente previstos para modificaciones de tal calado.
La
garantía de imparcialidad y objetividad en el cumplimiento de las funciones de
estos funcionarios viene dada por el hecho de que, aunque prestan sus servicios
en un Ayuntamiento concreto, sin embargo su selección y nombramiento
corresponde a la Administración Central. Pero esto va a cambiar en el País
Vasco. Y sólo habría que preguntarle otra vez a cualquier vecino de cualquier
pueblo si le parece bien que el Secretario de su Ayuntamiento dependa del
Alcalde y la respuesta sería unánime: “eso sería una barbaridad, ¿cómo quien
tiene que decirle al Alcalde lo que puede y lo que no puede hacer va a depender
de él?”. Pero claro, para conocer esto hay que conocer nuestros pueblos y
lamentablemente nuestros gobernantes sólo van a ellos cuando están en campaña
electoral, para bajarse de un autobús, soltarles lo que llevan escrito desde
sus despachos, y volverse a su casa o a su residencia oficial.
La
entrega de estos funcionarios al Gobierno Vasco supondrá, en la práctica, la
entrega de aquellos que deben ejercer sus funciones de control para que
dependan de quienes tienen que controlar. ¿Y por qué?, pues porque quieren
contentar a aquellos Alcaldes a los que estos funcionarios les resultan
“incómodos”, que son los que quieren hacer su voluntad sin atender a si es
legal o no, si pueden hacer lo que les venga en gana o no. Aunque en honor a la
verdad hay que decir que la inmensa mayoría de nuestros Alcaldes consideran a
los Secretarios, Interventores y Tesoreros como un personal absolutamente
imprescindible en sus Ayuntamientos sin los cuales no podrían llevarse a
término prácticamente ninguna de las cosas que pretenden, pero, como en otros
casos, son una mayoría silenciosa y como tal no suele tenérsele en cuenta. Y
veremos a partir de ahora cuántas plazas se convocan o si se acaba prefiriendo
acudir al sistema de cubrir las vacantes con interinos, siempre dóciles y afectos
al régimen. Pero después que nadie se extrañe de las consecuencias que se
traducirán, previsiblemente, en casos de corrupción. Y lo que ahora se
considera un triunfo puede acabar explotándoles en la cara.
Todas
las esperanzas de este Cuerpo de Funcionarios es que algo funcione en este
Estado cuyo apellido “de Derecho” parece quedar cada vez más en entredicho y
esperar a la resolución de los recursos que se presentarán solicitando amparo,
no sólo por tratar de conservar ese carácter nacional del cuerpo sino también
por luchar por la dignidad de las instituciones en las que sirven y que parece
no ser prioritario para ninguno de los políticos intervinientes en este
despropósito, no comprendiendo cómo quien llegó a la Presidencia del Gobierno a
través de una moción de censura basada en los casos de corrupción del anterior
Gobierno sin embargo ahora ponga los pilares para crear un Estado corrupto,
empezando por la Administración más sensible por ser la más cercana al
ciudadano, como es la Local, y precisamente en el momento en que Europa va a
estar mirando con lupa en qué nos gastamos la cantidad de millones que nos va a
enviar y que estos funcionarios serán los encargados de fiscalizar en los
Ayuntamientos que los reciban.
