España es uno de los países donde las rentas altas pagan más IRPF y cotizaciones sociales

Un estudio del IEE sitúa la cuña fiscal máxima de España, que suma el IRPF más las cotizaciones sociales, en el 59,5% del salario nominal. Es el cuarto peor dato del ranking

idealista/news 3 Abril 2024, 16:11

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) denuncia la pérdida de competitividad fiscal de España y la elevada presión impositiva que sufren empresas y ciudadanos. 

Según el estudio que ha publicado, y que lleva por título 'Competitividad fiscal 2023. El endurecimiento de la fiscalidad empresarial en España ralentiza el crecimiento económico', la presión fiscal se situó en 2023 en el entorno del 39%, un dato que "consolida el fuerte incremento de la presión fiscal que se viene produciendo en los últimos años" y que se debe, como afirma el 'think tank' de la CEOE, "a la introducción de nuevos tributos o a la reforma de los existentes, que afectan a la tributación empresarial y al ahorro e inversión".

El documento también señala que la bautizada 'presión fiscal normativa', la carga de gravamen que el diseño del sistema fiscal introduce en las economías, ya es un 17% más elevada que la media de la UE; y que España se sitúa en la posición 31 del ranking de competitividad fiscal que realiza la Tax Foundation con 38 países. En 2019, justo antes del estallido de la pandemia, España ocupaba el puesto 23, lo que refleja "el efecto de las subidas de impuestos a empresas y empresarios, tendencia que el Gobierno parece decidido a mantener en la presente legislatura, con continuadas subidas de impuestos y el mantenimiento de las nuevas figuras tributarias que fueron, en principio, diseñadas con carácter temporal".

Uno de los datos que destaca el IEE en el informe es la elevada cuña fiscal que existe en España, entendiendo como tal la suma del IRPF y las cotizaciones sociales que soportan los asalariados con rentas más elevadas. En el caso de los individuos sujetos al tipo máximo, la cuña fiscal ronda el 60%, lo que se convierte en el cuarto peor dato del ranking, tras Portugal, Reino Unido y Finlandia.

En este sentido, el organismo detaca que el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) "se sitúa un 6,1% por encima de la media de la UE y un 2,2% por encima de la media de la OCDE. Además, España se sitúa entre los países donde el IRPF es más progresivo, en concreto, en décimo lugar de un total de veintiocho analizados. Así mismo, el efecto conjunto con las cotizaciones a la Seguridad Social, que son particularmente altas en España, eleva la cuña fiscal (suma de cotizaciones sociales e IRPF) hasta el 59,5% del salario nominal para los trabajadores sujetos al tipo máximo de IRPF. En relación con la cuña fiscal, España se sitúa claramente por encima de la media de la OCDE, que es del 47% para estos mismos casos".

Sobrecarga fiscal a las empresas

Durante la presentación del estudio, el presidente del Instituto de Estudios Económicos, Íñigo Fernández de Mesa; y su director general, Gregorio Izquierdo; han criticado la elevada presión fiscal de las empresas en España, superior a la de la Unión Europea. En concreto, sumando lo que pagan en cotizaciones a la Seguridad Social y en el Impuesto sobre Sociedades, las aportaciones de las empresas al total de la recaudación suponen el 32,4%, frente a la medida del 25,8% de la UE, siendo las cotizaciones sociales las que aglutinan la mayor parte (25,2%, frente al 17,7% de media en la UE).

Según el informe, una de las dos figuras tributarias con una mayor presión fiscal normativa en España es el Impuesto sobre Sociedades, que se encuentra entre los seis más gravosos de la OCDE, con una presión fiscal normativa un 28,9% superior a la media de la UE y un 20,9% por encima del promedio de la OCDE. Y la segunda es la imposición patrimonial, "la segunda peor de toda la OCDE", sólo por detrás de Italia. En este caso, el IEE expone que la posición de España es un 39,6% peor que la de la UE y un 37,3% menos competitiva que el promedio de la OCDE.

Subir impuestos, una de las peores formas de reducir el déficit 

El IEE denuncia que España cuenta con un sistema fiscal "más ineficiente y distorsionante", que penaliza el ahorro y la inversión, y en el que se suben los tributos al ahorro y a las empresas por "la pretendida diferencia de presión fiscal con la media de la UE", que no es tal, o argumentando que hay que reducir el déficit público.

En este sentido, el organismo advierte de que "una de las peores decisiones" que podría tomar el Gobierno, en un momento como el actual, es la de subir impuestos en general, y al sector empresarial en particular, ya que "deprimiría la oferta productiva y el consumo" y se deteriorarían las expectativas de los agentes, "provocando una degradación de la confianza, el pilar fundamental sobre el que apoyar el crecimiento económico y la creación de empleo".

El IEE avisa, además, de que corregir los desequilibrios mediante la subida de impuestos adicionales, empeorará la competitividad fiscal "aún más"; y cree que la clave para mantener el equilibrio presupuestario pasa por acometer la gran reforma estructural pendiente: la de optimizar la eficiencia del gasto público y no realizar subidas impositivas adicionales que comprometen el crecimiento.

"Una tributación empresarial superior a la de los países de nuestro entorno provocaría una deslocalización de inversiones, fuga de contribuyentes y desventajas competitivas a nuestros residentes, fundamentalmente a aquellos que operan en mercados internacionales, pero también a los locales, que deberían afrontar la competencia de operadores no residentes con una menor carga tributaria", sostiene el 'think tank' de la patronal, que concluye que cualquier incremento de la recaudación fiscal debería basarse en el aumento de las bases imponibles y en la lucha contra el fraude fiscal, y no en elevar la presión fiscal.

Se disparan los avisos de Hacienda a los contribuyentes para que declaren los alquileres en la Renta

Casi 900.000 ciudadanos van a recibir en las próximas semanas un aviso para que declaren de forma voluntaria los ingresos que han percibido por el alquiler de inmuebles en la declaración de la renta de 2023. Según ha explicado la Agencia Tributaria en la presentación de la Campaña, que se extenderá hasta el próximo 1 de julio, va a enviar 866.000 notificaciones por ingresos relacionados con los arrendamientos para "recordar" a los contribuyentes la necesidad de declararlos y evitar eventu

La etapa de Sánchez concentra la mayor subida de la carga fiscal en los últimos 30 años, según el IJM

Un estudio del Instituto Juan de Mariana afirma que el peso de los impuestos sobre el Producto Interior Bruto (PIB) en España ha subido del 32% al 38% desde 1995, si bien el 60% de este incremento que ha registrado la carga fiscal en España en los últimos 30 años ha tenido lugar bajo el Gobierno de Pedro Sánchez. El 'think tank' afirma que en sus primeros años de mandato hemos sido el país de la Unión Europea que más ha aumentado la presión fiscal y que se han llevado a cabo hasta 69 m

El TEAC recoge el criterio del Supremo y exime del IVA a los trabajadores con coche de empresa

  

El TEAC recoge el criterio del Supremo y exime del IVA a los trabajadores con coche de empresa

Señala que no es una contraprestación a título oneroso

El Economista. Eva Díaz Madrid, 01/04/2024 - 6:00

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) recoge el nuevo criterio del Tribunal Supremo y exime a los trabajadores que tengan coche de empresa de pagar IVA. El Alto Tribunal, en un fallo del pasado 29 de enero, fijó que los empleados a los que la empresa les cede un coche de forma gratuita tanto para uso laboral como personal no tienen que pagar IVA por ese vehículo, aunque la compañía se haya deducido en el impuesto el coste por el arrendamiento del mismo.

Ahora, el TEAC, en una resolución del 20 de febrero, estima el recurso de una empresa y anula la liquidación practicada por la Agencia Tributaria porque no acreditó que la empresa obtenga una contraprestación evaluable económicamente por la cesión de vehículos a determinados empleados.

El Supremo, en su fallo, aplicó el criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de enero de 2021 que dice que los vehículos cedidos por la empresa a los trabajadores no son prestaciones de servicios realizadas a título oneroso, no teniendo que repercutir el IVA a los empleados por ello. La prestación de un servicio será considerada onerosa si hay una contraprestación dineraria a cambio.

Ahora, el TEAC, en consonancia con el TJUE aclara que una entrega de bienes de la empresa al empleado no puede considerarse como una operación a título oneroso por el mero hecho de que, a los efectos del IRPF, la operación se considere retribución en especie.

En particular, la entrega de bienes solo puede calificarse como operación a título oneroso si el trabajador efectúe un pago, emplea parte de su sueldo en ello, debe elegir entre distintas ventajas ofrecidas por la firma de modo que la elección conlleva la renuncia a una parte de su retribución; o una parte del trabajo prestado sea una contraprestación por el bien recibido.

Hacienda ofrece un bonus de 125 millones a su plantilla a cambio de recaudar más IRPF e IVA

La imagen lo dice todo e indefensión del contribuyente (siempre culpable sin presunción de inocencia).

La Agencia Tributaria (AEAT) ofrece a sus funcionarios un bonus de más de 125 millones de euros a cambio de recaudar más IRPF e IVA. Así lo ha puesto encima de la mesa este miércoles, en que ha empezado a negociar con los sindicatos de sus funcionarios el primer bonus de la legislatura, según ha podido saber Vozpópuli. En un escenario de prórroga presupuestaria no rebaja la cuantía del año pasado, que puede elevarse por el incremento de la plantilla.

Se trata del undécimo Plan Especial de Intensificación de Actuaciones (Peia) que se negocia. De adhesión voluntaria y abierto a todos los funcionarios de la AEAT, lo lanzó Cristóbal Montoro en 2014 tras la caída que se experimentó en los ingresos de la lucha contra el fraude en 2013. Los objetivos perseguidos han venido adaptándose a las prioridades que en cada momento se han ido marcando por la planificación estratégica de la Agencia Tributaria.

Del texto con los detalles del futuro acuerdo que ha entregado este miércoles la AEAT a los sindicatos, al que ha accedido este periódico, se desprende una cuantía de cerca de 100 millones garantizados y de 25 millones más si se alcanzan con plenitud todos los objetivos, aunque esta última cantidad está sujeta al volumen del crédito total que asigne el Ministerio de Hacienda para complementar las exigencias de productividad.

Se plantea que los requisitos que se deben cumplir, en línea con los de 2022 y 2023, sean la intensificación de los proyectos de información y asistencia al contribuyente, de prevención y de control a posteriori del fraude tributario y aduanero y de las actuaciones para fomentar el cumplimiento voluntario en IVA e IRPF.

Se mantiene la exigencia de que la recaudación neta del IVA crezca por encima de la tasa de evolución del consumo final privado nominal previsto para este año y la recaudación neta del IRPF, por encima de la tasa de evolución de la remuneración de asalariados.

En concreto, se debe superar unos ingresos de lucha contra el fraude de 14.248 millones, a falta de conocer los datos de 2023, por debajo de lo que se logró en 2022 y 2021. Es una cuantía superior a la que se exigía el año pasado, pero en línea con los aumentos en los requisitos del Peia que viene habiendo cada ejercicio.

El Peia suele contar con la adhesión de UGT, CCOO, CSIF, CIG y Siat, pero no lo suscribe el sindicato de Técnicos Gestha, que venía considerando que no existe proporcionalidad en los pagos y que el grupo A2 está infrarrepresentado respecto a los inspectores. Aunque no tuviera un apoyo mayoritario, se prevé que el plan salga adelante ya que cuenta con el aval de la ministra de Hacienda.

En paralelo, este miércoles, CSIF y CCOO han anunciado que presentan un conflicto colectivo en el que reclaman mejoras laborales y salariales y amenazan con movilizaciones en plena Campaña de la Renta.

Incentivo polémico

Los complementos de productividad en la AEAT son un asunto polémico por su vinculación a una mayor recaudación. Los reciben altos cargos e inspectores desde los Gobiernos de Felipe González, y son quienes dirigen las campañas y estrategias del Fisco, con incentivos para recaudar más. Desde 2014, además, existe el Peia, para toda la AEAT que determina precisamente la recaudación que se logre.

La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) advierte de que dicha retribución variable no se ve afectada si, posteriormente, las actuaciones de la AEAT tomadas como base para su cálculo son anuladas o minoradas, ya sea en vía administrativa o judicial. Y subraya que se trata de una práctica muy poco común en las Administraciones Tributarias de otros países del entorno.

El Juzgado Central contencioso-administrativo número 4 de Madrid, en sentencia del 22 de julio de 2022, estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Aedaf y reconoció su derecho a que la AEAT le facilite la información sobre las normas reguladoras del concepto retributivo denominado "complemento de productividad", así como los criterios para la aplicación de dichas normas. La Asociación presentó un recurso contra la desestimación por silencio administrativo de la solicitud presentada en marzo de 2021 ante la AEAT.

A esto se añade una Resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que trasladó que la AEAT no había respondido a sus requerimientos de información en un expediente en el que se le instaba a publicar los criterios del bonus de sus funcionarios, para lo que tenía para responder 10 días hábiles.

En concreto, la Resolución establecía que deberá detallar el bonus y los complementos de productividad abonados en 2020 a sus empleados públicos, y en especial, sus directivos, altos cargos y personal de libre designación, y cualquier tipo de documento o contenido (resolución, circular, mail, plan, etc.) a través de los cuales se determine cómo se reparten estas partidas, o se faciliten instrucciones para realizar el mismo.

Pues bien, Aedaf ha denunciado que la Agencia incumple la obligación legal de detallar el bonus de sus funcionarios. Sí que publicó el 22 de septiembre de 2022 en su web unos informes que daban cuenta de los incentivos de productividad de los inspectores, pero no lo ha hecho en el caso de los de los funcionarios adscritos a labores de Gestión, Recaudación e Impuestos Aduaneros y Especiales. Los de gestión y recaudación son departamentos sensibles en lo que puede suponer un bonus que se otorga si se recauda más.

Economistas, empresarios y académicos piden por carta a Sánchez un cambio de política económica

Avisan de una nueva crisis si no se toman medidas y reclaman sanear las cuentas y privatizar empresas públicas

Redacción. Visto en Idealista. 13 Marzo 2024, 12:49

Algo más de un centenar de economistas, empresarios, periodistas y económicos han suscrito una carta en la que piden al Gobierno de Pedro Sánchez que cambie su política económica para evitar que España entre en una nueva crisis económica.

La carta está firmada por 102 personas, entre las que se encuentran los economistas Daniel Lacalle; Lorenzo Bernaldo de Quirós, Rubén Manso, Benito Arruñada y Carlos Rodríguez Braun; la exministra del PP Elvira Rodríguez; el empresario y exdiputado por Ciudadanos, Marcos de Quinto, y los periodistas Carmen Tomás y Miguel Ángel Belloso.

Los firmantes denuncian que los españoles soportan actualmente "la mayor presión tributaria de la historia, fruto de las decenas de subidas y creaciones de impuestos" decididas por el Gobierno de Pedro Sánchez y la inflación.

Pese a ello, avisan de que 2024 será el décimo séptimo año consecutivo en el que la totalidad de los intereses de la deuda pública se pagará con nueva deuda. "Ambos elementos muestran el desinterés del Gobierno por sanear las cuentas públicas", denuncian.

A juicio de este grupo de economistas, empresarios, periodistas y académicas, el hecho de que la deuda pública en proporción del PIB esté en un lento descenso y la prima de riesgo esté contenida en torno a los 100 puntos básico "son falsos consuelos".

"La deuda pública cae como porcentaje del PIB en gran medida por la inflación (que engorda el PIB) y la prima de riesgo es ahora como un termómetro que no puede subir más allá de 37 grados, debido a que el Banco Central Europeo mantiene intervenido el mercado de deuda", señalan los firmantes, que añaden que la acción del BCE y la suspensión hasta el pasado mes de diciembre de las reglas fiscales europeas "vienen disfrazando los desequilibrios" de la economía española y "agrandan los riesgos futuros".

Así, lejos "de ir como una moto", expresión que utilizó el presidente Sánchez en una comparecencia, los firmantes entienden que la economía española "va a menos", pues 2024 será el año de menor crecimiento económico desde 2014, excluyendo el ejercicio 2020, el de la pandemia, y aun contando con los "dopajes" de los fondos europeos y un gasto público "que continúa inflando la demanda".

Denuncian además que la productividad, medida en PIB por ocupado, se ha reducido cerca de un 4% entre 2018 y 2023, "el peor resultado entre los países avanzados", y que la tasa de paro española sigue siendo la más alta de Europa.

Critican la "agenda intervencionista y liberticida" del Ejecutivo

Los firmantes aseguran que, "lejos de comprender la fragilidad del momento económico, el Gobierno parece embarcado en una agenda intervencionista y liberticida que no puede tener un final feliz" y en la que la seguridad jurídica se ve "debilitada".

"Se acaba de elevar el salario mínimo de forma arbitraria y ajena a la ley. Además, el Gobierno amenaza con reducir la jornada laboral de manera compulsiva, topar los salarios de los directivos, encarecer el despido y sentar a representantes de los empleados en los consejos de administración. Todas medidas que atacan el derecho de propiedad, la libertad de contratación y la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado que establece el artículo 38 de la Constitución", advierten.

"La política económica del Gobierno ahondará los problemas de competitividad y tarde o temprano eso se traducirá en un debilitamiento del empleo y los salarios y, con ello, de las cuentas públicas. Estamos a tiempo de evitar lo que ocurrió entre 2007 y 2013: que por desoír las advertencias de economistas y organismos internacionales, se condenó a la ciudadanía a una crisis profunda, durante la que se perdieron 3,7 millones de empleos", sostiene la carta.

Privatizar empresas estatales para amortizar deuda pública 

En este contexto, los firmantes de esta misiva consideran que lo que necesita la economía es un "urgente saneamiento del gasto público" que permita equilibrar las cuentas públicas y detener el crecimiento de la deuda pública.

En su opinión, la privatización de empresas estatales permitiría reunir recursos para amortizar deuda pública y, al mismo tiempo, estimular la inversión privada en amplios sectores de la economía. "Con cuentas públicas saneadas y la deuda pública bajo control, se podría aligerar la carga impositiva para reducir costes de producción y recuperar parte de la competitividad perdida", argumentan.

Y también abogan además por suprimir o atenuar "los escalones regulatorios que desalientan el crecimiento de las pymes" para alentar la inversión productiva.

Asesores fiscales piden un plan para devolver lo pagado de más por los tributos inconstitucionales

Redacción. Visto en Idealista

15 Marzo 2024, 13:34

La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha pedido un plan nacional de devolución a los contribuyentes que han pagado de más por el Impuesto de Sociedades, después de que el Tribunal Constitucional declarara parcialmente nula la reforma de dicho tributo.

Desde la asociación han insistido en que hay que cambiar el sistema normativo porque "no puede ser que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional un tributo y no haya posibilidad de recuperar lo pagado".

Además, han indicado que las cuestiones de fondo como la retroactividad o el principio de capacidad económica no se han resuelto. "¿Es posible que estemos 16 años dándole vueltas a esto?", se han preguntado.

Así lo han trasladado el presidente de Aedaf, Bernardo Bande, y el director de Estudios e Investigación y Relaciones Institucionales, Juan Manuel Herrero de Egaña, durante la celebración de la XVII edición de su Jornada Nacional de Estudio.

Durante el encuentro, también se ha hablado sobre el nuevo sistema de autoliquidaciones rectificativas, donde la Comisión Directiva ha defendido que les gustaría "que ese sistema tan ágil que la AEAT ha desarrollado coexistiera con un sistema más garantista para los supuestos en los que al contribuyente no le interesa ir más rápido".

En cuanto a las recientes actuaciones de la Agencia Tributaria en relación con los beneficios fiscales aplicables al I+D+i, Arráez ha indicado que "no parece razonable" cuestionar, al amparo de pronunciamientos judiciales referidos a supuestos muy particulares, todas las deducciones por I+D+i de todos los contribuyentes.

Por otro lado, la Asociación también se ha referido a la "fluidez" de la comunicación que mantiene con la Agencia Tributaria y ha detallado que se están creando canales de comunicación bidireccionales para situar a la ciudadanía "en el centro, tal y como reza el lema de la propia AEAT".