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Trabajo paga para que los inmigrantes dejen España

Expansión Publicado el 30-03-10 , por M. Tejo

El ministro de Trabajo lo decía alto y claro: el país ya no puede ofrecer a los extranjeros "las oportunidades que quieren buscar". Celestino Corbacho invitaba así a los trabajadores foráneos a "tachar de su agenda inmediata" a España como un posible destino. Pero esta sutil invitación no viene sola.

El Gobierno ha decidido, a la vez, abrir la puerta de salida a los que ya están en la arena nacional para que regresen sus lugares de origen. Para ellos, el Ejecutivo reserva ayudas económicas de hasta 2.600 euros por familia, más el pago del billete para viajar.

Bajo este programa subyacen dos hechos que no conviene pasar por alto. Por un lado, que el 30% de la población extranjera (más de 600.000 personas) sobrevive sin rentas del trabajo, mientras que para cerca de 300.000 la caducidad de su seguro de paro es cuestión de semanas, si no días. La falta de ingresos es sólo el preámbulo del estallido de una crisis social de calado que los analistas vienen alertando de lejos.

Ante este escenario, Trabajo ha decidido ponerse manos a la obra, y dar una vuelta de tuerca a los programas de retorno voluntario dirigidos a extranjeros. En 2008, la Dirección General de Integración de Inmigrantes, que depende del Ministerio de Corbacho, asumió el papel de convocar subvenciones con este fin que, este año, entrañan novedades.

El programa de 2010 se dirige tanto a personas extranjeras “especialmente vulnerables” (en situación de carencia; menores, mujeres embarazadas, etc), como a extracomunitarios que estén pendientes de una solicitud de asilo o que “se encuentren en situación irregular”.

Ambos colectivos se beneficiarán del que se podría llamar un cheque inmigrante a medida: el pago del billete a su país natal y el de su familia hasta el segundo grado de consanguinidad; un dinero de “bolsillo” para el viaje dotado con 50 euros (una persona) ó 400 (si va toda la familia); una “ayuda económica extra” para instalarse en el nuevo país que, en función del número de personas que retornan, oscila entre los 400 y los 1.600 euros. Y, por último, el Estado se compromete a correr con los gastos del transporte de los afectados hasta su localidad o pueblo de origen (las ayudas en este capítulo oscilan entre los 100 y los 600 euros).

Para gestionar estas migraciones, el Estado ha sacado a concurso una subvención de tres millones de euros dirigida a “entidades u organizaciones no gubernamentales” especializadas en la materia. Cabe recordar que estas ayudas son complementarias al programa que el Gobierno aprobó en 2009 para que los extranjeros que estén cobrando el paro puedan capitalizar sus prestaciones y emprender un negocio. Tras un año en vigor, el Ejecutivo aseguró en noviembre haber recibido 8.700 solicitudes de parados para abandonar España a los que se sumarían 1.500 familiares.

Guía para entender el fenómeno migratorio en España
Al ministro de Trabajo nunca le ha temblado la voz a la hora de defender que el fenómeno de la inmigración debe estar bien “regulado y ordenado”. Un principio de actuación que sorprende si se tiene en cuenta que su predecesor, Jesús Caldera, capitaneó la regularización masiva de medio millón de ciudadanos extranjeros. Ahora, la dureza de la recesión urge a Corbacho a seguir caminando en esa dirección.

- ¿Cuántos inmigrantes hay en España?
Representan al 12,8% de la población, esto es, 5,6 millones de personas. La mayoría, 4,5 millones, está en edad de trabajar, aunque los mayores de 65 ya forman un nutrido grupo de cerca de 300.000 personas.

- ¿Cómo les afecta la crisis?
Están mayoritariamente ligados al sector servicios y la construcción. La extenuación de estos dos tradicionales nichos de empleo ha empujado su tasa de paro hasta el 29,7%, frente a la del 16,8% de los nacionales. La eventualidad de los empleos que ocupan ha hecho que a día de por primera vez en la historia sean más los parados subsidiados por el Estado (237.000) que los que perciben una prestación contributiva (230.000).

- ¿Qué ha hecho el Ejecutivo para aliviar esta situación?
El tablero de juego es complicado. El Gobierno intenta ahora disuadir la entrada de nuevos flujos migratorios, porque a su juicio la prioridad es dar empleo a los millones de personas que están en el Inem. A la par, y como un remedio para enjuagar las cifras de paro Corbacho lanzó el año pasado un plan de retorno voluntario dirigido a inmigrantes desempleados. La idea es que estas personas puedan cobrar su prestación de desempleo, siempre que acrediten que iniciarán un negocio en su país de origen. Pero el programa ha tenido escaso éxito: Aunque más de 300.000 cumplían con el perfil para acogerse a esta vía de salida del país, menos del 1% lo ha hecho.

- ¿Y qué hay de los irregulares?
Se calcula que en España hay alrededor de un millón de personas en esta situación. Muchos sobreviven en la economía sumergida, un submundo económico que mueve el 20%, según señaló el propio Corbacho, una apreciación que enojó a la vicepresidenta Salgado. Precisamente a esta población va dirigido el cheque inmigrante de hasta 2.600 euros que el Gobierno ha publicado con sordina en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado quince de marzo.

El salario medio en España es casi la mitad que el de Reino Unido, Holanda y Alemania

El salario medio en España se sitúa en los 21.500 euros brutos al año, lo que supone casi la mitad de la retribución de más de 40.000 euros de Reino Unido, Holanda y Alemania, y un 20% inferior a la media de la UE, según un informe elaborado por Adecco y la escuela de negocios IESE sobre la evolución del salario en 14 países europeos entre 2003 y 2008.

En concreto, la retribución media en el Viejo Continente alcanzó los 27.036 euros en 2008. Reino Unido encabezó el ranking de remuneraciones, con 46.058 euros para los empleados de jornada completa, seguido de Holanda (42.720 euros) y Alemania (40.914 euros).

En el extremo opuesto, Hungría, Eslovaquia, Rumanía y Bulgaría, los cuatro últimos miembros incorporados a la UE de los Veintisiete, no superan los 10.000 euros al año de salario.

Con todo, los tres países con mayor remuneración bruta redujeron su diferencia con aquellos con los salarios más bajos, que suponía 11,9 veces más en 2003 y que ahora se sitúa en 7,8 veces.

Por sectores, los servicios privados cuentan con la remuneración media más elevada, con 27.774 euros, un 2,7% más que la media y un 15,6% más que los 24.025 euros de la construcción, el sector con menor salario.

Por su parte, España cuenta con una retribución mayor en las manufacturas, con 24.023 euros anuales, mientras que los servicios privados superaran los 20.000 euros y la construcción se queda en 19.910 euros.

DIFERENCIAS SALARIALES POR SEXO.

En cuanto a la brecha salarial entre hombres y mujeres, los 14 países analizados presentan mayores remuneraciones para los varones en un 28%, con 29.341 euros, cifra que mantiene las diferencias de salario por sexo desde 2003.

En este sentido, España se sitúa como el cuarto país de la UE con mayor brecha salarial, al retribuir a los varones un 34,4% más que a las mujeres (24.020 y 17.866 euros, respectivamente), si bien redujo las diferencias con respecto a 2003, cuando ocupaba la segunda posición, con un 38%.

Por último, los servicios privados representan el sector con mayor disparidad en Europa, con una diferencia salarial del 32,9%, al igual que en España, donde la brecha en las manufacturas asciende al 35,5%, mayor que la media pero superior a la de siete países.

La morosidad del sector público ahoga a las pymes: pagos a más de 700 días vista

Expansión Publicado el 29-03-2010 , por J. M. Lamet. Madrid

Cuanto más grandilocuentes sean las afirmaciones de un moroso afirmando que es una persona cumplidora y que va a liquidar todo el impago muy pronto, menos posibilidades hay de recuperar algún día la deuda.

Y España no es sólo un país de eminente raigambre morosa, sino un hervidero de promesas políticas incumplidas o incumplibles. Si a esta mezcla se le añaden unas gotitas de recesión, el cóctel resulta letal para las empresas proveedoras.

En plena hondonada económica y con cada vez más telarañas en las arcas, hay consenso entre los analistas sobre que el sector público está utilizando la dilación de los pagos a las empresas con las que contrata para financiarse. Los plazos de retribución de las facturas de las administraciones se han multiplicado. Se llevan la palma las autonomías y los ayuntamientos, verdaderos elefantes de piedra cuando de rendir cuentas se trata.

El sector público debe más de 35.000 millones de euros a sus proveedores y tarda una media de 154 días en pagarles, según una encuesta de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM), que aglutina a más de un millón de pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos.

La Administración central abona sus adeudos a una media de 140 días. 15 menos que las autonomías. La verdadera gran avalancha de impagos es la que se nutre de la tardanza de los más de 8.000 municipios, que tardan ni más ni menos que 238 días en pagar.

Ojo, esos datos son siempre "de media". Porque hay buenos, malos y malísimos pagadores a lo largo y ancho de la piel de toro. Baste un ejemplo clarividente: el Ayuntamiento de Madrid puso recientemente una pica en los anales de la morosidad de las grandes urbes españolas, con el Centro Internacional de Convenciones de la Ciudad de Madrid.

Lars Wollung

Se trata de un imponente edificio que costará 9 millones de euros y que se irá pagando ni más ni menos que 730 días después de las certificaciones de las entregas de la obra, según fuentes implicadas. Esto es, como mínimo, 24 veces más tarde de los 30 días que estipula la ley.

Ejemplos como éste están a la orden del día: los proveedores de la construcción cobran sus facturas un 30% más tarde que en 2008, a una media de más de 240 días. Y las autonomías demoraron sus pagos a los proveedores de tecnología sanitaria en 2008 una media de 232 días, según el último dato de la patronal Fenin. Ante este panorama, hacía falta una lucha política, legal y cultural contra esta lacra de la economía española, que hasta ahora amenazaba la pervivencia de más de 600.000 empleos.

Nuevo marco legal
Esa pelea llegó a una de sus cumbres la semana pasada. Un año después de que las pymes acudieran desesperadas al Congreso para denunciar que la morosidad desangra sus cuentas, todos los partidos dieron de forma unánime el primer paso, pese a las reticencias del PSOE.

La reforma de la Ley de lucha contra la morosidad salió del horno de la Cámara Baja, camino de la aprobación final en el Senado, con unos nuevos plazos de pago de 30 días para el sector público y de 60 días para las empresas. Pero lo más importante es que se elimina la posibilidad de que las partes pacten un plazo de pago mayor.

Esta cláusula era la que estrangulaba y estrangula las arterias financieras de las pymes, ya que las empresas grandes imponen su fuerza para liquidar las facturas más tarde. Lo mismo hacen las administraciones públicas, que saben que las pequeñas compañías y los autónomos temen litigar con ellas "aunque tengan todas las de ganar", ya que podrían perderlas como clientes. Y el sector público paga mal, muy mal, pero es un gran cliente para muchos sectores y prácticamente el único para otros.

Pere J. Brachfield

Con este cambio "se ha generado un estado de optimismo y de esperanza en las empresas muy importante", apunta Antoni Cañete, portavoz de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM). De hecho, los primeros cálculos apuntan a que la nueva medida podría devolver a las pymes más de 10.000 millones de euros adeudados. O lo que es lo mismo, un pellizco de liquidez superior al 1% del PIB.

Pero la implantación de esta reforma "que se escalonaría en el tiempo, hasta su implantación total en 2013" no garantizará el cumplimiento de los plazos, ya que no se instaura el pago de intereses de demora "de oficio", como señala Pere J. Brachfield, director del Centro de Estudios de Morosología de la EADS Business School. "No creo que las cosas cambien radicalmente, pero sí que mejoren los plazos de pago", señala Luis Salvaterra, director de Intrum Justitia Ibérica.

La norma sí incorpora otros mecanismos para garantizar su cumplimiento. El PSOE pactó con CiU que los acreedores puedan reclamar indemnizaciones por los costes de cobro vía reclamación judicial o financiera, con un límite del 15% para deudas superiores a 30.000 euros. Asimismo, se legitima a los proveedores para ejercer acciones colectivas contra las empresas que incumplan de "manera habitual" los plazos de pago.

Desazón local
El portavoz parlamentario de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, admitió poco después que los ayuntamientos no podrán cumplir con esos plazos. Se abre una espita que llevaría a la quiebra a varias corporaciones locales.

Antoni Cañete

Para evitarlo, sería necesaria una reforma de la financiación local que evite que los entes locales sigan asumiendo competencias que no les corresponden "educación, inmigración" por valor de casi 7.000 millones al año. Y a ese punto de ebullición normativa es a lo que se agarran los alcaldes para exigir cambios.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ya ha abierto la veda: "No parece razonable" establecer a las administraciones pagos de imposible cumplimiento, ya que lo único que consiguen es «acrecentar más la deuda, a través de los superiores costes de la demora y transmitir la idea de que existe una legislación desacreditada", opina el vocal de la Comisión de Hacienda de la FEMP, Santiago Martínez Argüelles.

Éste pone de ejemplo el Fondo Local de 2009, que se gestionó a través de un anticipo de la Administración central a los ayuntamientos, que exigía pagar en 30 días las facturas que prevenían del Fondo, y "con carácter general se pagaba". Lo que obvió el vocal de la FEMP es que los contratistas del Fondo Local pagaban, a su vez, hasta a 180 días a sus proveedores, tal como adelantó este diario el 17 de noviembre de 2009.

Malos ejemplos
Mientras la plasmación sobre el terreno de la reforma española suscita incertidumbre, la Unión Europea (UE) anda enfrascada en discusiones menos telúricas. Así la Comisión pretende reformar la Directiva sobre morosidad, eliminando, como España, la posibilidad de pactar "en contrario" y apostando por el pago del IVA según el criterio de caja, y no el de devengo. Es decir, que las empresas satisfagan el impuesto por las facturas cuando las cobren, y no cuando las giren.

Llegados a este punto conviene recordar lo dicho al principio del artículo: los peores pagadores presumen mucho de lo rápido que van a saldar sus deudas. Axioma que le viene como anillo al dedo a España, el segundo país más moroso de la UE, y a unas declaraciones de Diego López Garrido.

El secretario de Estado para la UE se mostró confiado, la semana pasada, en que el Parlamento Europeo diera su brazo a torcer sobre la reforma de la directiva de morosidad. Una "lección" que ha provocado carcajadas entre los expertos, que critican "la incoherencia de lo que hace el Gobierno en España y lo que pretende hacer en Europa".

"Venda humo" o no, lo importante es que López Garrido consiga pagar esta promesa a tiempo, antes de que acabe en junio la presidencia española. No en vano, la supervivencia del buen comerciante radica más en que le paguen que en vender.

Tres visiones sobre un mismo problema
Llars Wollung, presidente y CEO de Intrum Justitia: «Hay un gran riesgo de que repunte la morosidad en España por las subidas fiscales. En Intrum Justitia hemos comprobado que la gente paga los impuestos antes que nada; es su mayor prioridad. Si subes mucho los tributos muy rápidamente empeoras las cosas. El mercado negro podrá subir. [...] Más del 25% de las pymes van a la bancarrota en Europa por culpa de la morosidad. Los políticos deben mejorar el comportamiento de pago del sector público".

Pere J. Brachfield, director del Centro de Morosología de EAE Business School: «Las administraciones han sido siempre malas pagadoras. Las causas son, por un lado, la cultura de dilación en el pago que ha habido desde hace muchísimo tiempo, y, por otro, la lentitud de la vía judicial a la hora de reclamar las empresas sus legítimos derechos. Cuando los contratos son de larga duración o existe una fuerte dependencia económica, los contratistas tienen que llevarse muy bien con esas administraciones. Por tanto, sólo en casos extremos se ha recurrido a ella".

Antoni Cañete, portavoz de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad: «Es histórico que una plataforma ciudadana como la Plataforma multisectorial contra la morosidad haya conseguido concienciar a la clase política para que, un año después de que nos pusiéramos en marcha, se haya aprobado una reforma tan importante contra los impagos del sector público y de las grandes empresas. Es como si David le ganase a Goliat por segunda vez. El pasado martes, el Congreso salvó muchos miles de puestos de trabajo".

CajaSur pagará mañana el dividendo de sus preferentes

Publicado el 29-03-2010 , por Expansión.com

CajaSur procederá mañana al abono del dividendo correspondiente al primer trimestre vencido de 2010 de la Emisión de Participaciones Preferentes Serie A, de la que la caja es la entidad garante, lo que le supondrá un desembolso de más de 1,3 millones de euros, tal y como ha informado a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

CajaSur estaba "estudiando la obligación de pago". Así lo confirmó, vía CNMV, el pasado viernes, tras la decepción de sus cuentas. Ese mismo día el Banco de España dio luz verde para que la entidad hiciera efectivo el pago de este dividendo

Industria plantea bajar de golpe un 40% las primas a las fotovoltaicas

Expansión Publicado el 29-03-2010 , por M.Á.Patiño/Lidia Velasco. Madrid/Sevilla

El Ministerio de Industria se ha propuesto acelerar la rebaja de subvenciones a las energías renovables y, en particular, a las fotovoltaicas, con un tijeretazo que podría llegar al 40%.

Es mucho más que la horquilla del 15%-25% que el propio sector baraja y que estaría dispuesto a asumir, consciente de que es mejor autoaplicarse remedios que esperar a que el Gobierno imponga medicina intensiva.

La polémica de las primas a la generación especial es un debate creciente y, progresivamente, las fotovoltaicas se han colocado en el centro del huracán. Fuentes cercanas al Gobierno aseguran que se prepara una rebaja «sustancial», que se justifica por la importante reducción de los costes de equipos que ha experimentado esta tecnología en los dos últimos años.

En el mercado, actualmente, las placas solares son en torno a un 50% más baratas, pero, aun así, este segmento –junto a la termosolar– es el que más subvenciones recibe.

Gran crecimiento
Según datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE), el sector fotovoltaico alcanzó los 3.501 megavatios (MW) instalados en 2009, asumiendo un volumen de primas de 2.330 millones (la mitad de los 5.000 millones que cobraron todas las energías verdes). Concretamente, su precio fue de 46,721 céntimos por kilovatio hora, más de cuatro veces la media.

El Ministerio de Industria trata de acelerar al máximo la reducción de subvenciones a las renovables, con un especial tijeretazo a las solares. La intención es hacerlo en julio

El recorte de las ayudas a las renovables y, en especial, a las fotovoltaicas sería un nuevo intento del Gobierno de poner coto a un sector que, al calor de las primas, creció exponencialmente de 2004 a 2008. Sólo en ese periodo, pasaron de 24 a 3.463 MW. En el caso de la eólica, el salto fue de 8.504 a 16.740 MW.

Así, desde 2008, el Gobierno ha probado diversas medidas para poner orden en el crecimiento, al fin de evitar que el sector muera de éxito, ya que el coste de las primas podría hacer insostenible el sistema eléctrico. La gran crítica, al margen de otras incongruencias de un Ejecutivo que se declara pro-renovable, es la inseguridad jurídica que ha provocado con los continuos cambios de normativa y el consiguiente frenazo a esta industria mediante la imposición de restrictivos cupos.

En el real decreto 1578/ 2008, que creó el modelo de preasignación para la fotovoltaica, se recortaron hasta un 35% las primas y se fijaron cupos anuales (500 MW entre techo y suelo), incluyendo un mecanismo reductor progresivo de subvenciones hasta 2012.

El coste de los equipos de los huertos se ha abaratado alrededor de un 50%

Es, precisamente, sobre esa regulación sobre la que se quiere volver a incidir, acelerando la disminución de las ayudas de un solo golpe. Se baraja la fecha de julio, haciéndola coincidir con otras decisiones energéticas, como la revisión de tarifas eléctricas al usuario final, o el propio reparto del segundo cupo trimestral fotovoltaico.

Un asunto que estudia a fondo Industria es dónde trazar la línea: si en las futuras adjudicaciones o en los parques que empiecen a evacuar, lo cual apunta en cierto modo a la retroactividad. De momento, según señalan fuentes del sector, la iniciativa del Gobierno es un mero tanteo, pero que se convertirá en un intenso tira y afloja.

Otras tecnologías
Aunque, en menor medida, el debate también ha llegado a otras tecnologías como la eólica y la termosolar. En el primer caso, se debe a que las primas que cobran son las más bajas (8,5 céntimos por kilovatio hora); aunque el coste de los aerogeneradores ha descendido un 20% en el último año por la menor demanda. Y, en el segundo, porque se trata de una tecnología incipiente, cuya construcción es muy cara (la inversión por planta es de 300 millones).

Desde este último sector, consideran «inconcebible» que cuando en mayo les obligaron a tener comprados los equipos y cerrada la financiación para todos los proyectos hasta 2013, les cambien ahora la retribución. Asimismo, apuntan a una campaña del sector eléctrico convencional, «que ve cómo las renovables les quitan protagonismo en el mix y les bajan el precio de la electricidad en el pool».

Sin discernir qué tecnologías, lo que parece claro es que va a haber rebaja, tal como propuso el Gobierno en su propuesta de medidas anticrisis, en el que incluyó una revisión de primas antes de diciembre.

La sombra de las subastas como un modelo de adjudicación
El cambio de primas no es el único punto caliente actual en el sector de las renovables. El Gobierno también está tanteando diversas fórmulas de retribución, que ya podrían ser tenidas en cuenta en la elaboración del próximo plan energético, más conocido como PER.

Dentro de los diferentes modelos que se barajan, está el de las subastas. Este método sería el típico de los concursos, en los que concurren varios promotores y se le adjudica el proyecto al que presenta la mejor oferta. Tanto eólicos, como termosolares, lo descartan totalmente, pues consideran que se podrían producir bajas temerarias. Consideran que el mercado no está preparado: «Muchas veces entrarían kamikazes con promesas arriesgadas que no se podrían cumplir o bien se produciría un oligopolio de grandes empresas».

En cambio, la industria fotovoltaica sí está a favor de este sistema, siempre y cuando se abra más el cupo. El modelo americano, con incentivos fiscales a la inversión, es otra de las opciones, pero tampoco parece tener mucha acogida. Por su lado, las comunidades autónomas reclaman su parcela, pues con el registro se les quitó toda posibilidad de definir sus planes energéticos. En este sentido, otra de las posibilidades sería establecer cuotas regionales al sistema de preasignación actual.

Un sector en tiempos revueltos
1- Las renovables en general y la fotovoltaica en particular viven tiempos revueltos. El Gobierno intenta introducir con calzador una normativa que ponga orden al desbocado crecimiento de los últimos años. La pregunta es cómo debe ser el modelo energético del país.

2- El sector de renovables es consciente de que los tiempos de vino y rosas, y grandes subvenciones, no pueden volver. Está dispuesto a ajustarse el cinturón, pero reclama una transición paulatina, y no un brusco frenazo que paralice a toda la industria.

3- Además de las primas, hay más leyes que prepara el Gobierno para introducir orden en el sector, como, por ejemplo, una normativa para vigilar la calidad de las instalaciones fotovoltaicas, o para lograr que éstas estén coordinadas con Red Eléctrica.

Reforma de las pensiones

Zapatero quiere penalizar a quien se jubile a los 65 años

Expansión Publicado el 29-03-2010 , por M.Valverde. Madrid

La polémica propuesta de retraso en la edad legal de jubilación, desde los 65 a los 67 años, tiene una segunda parte que ha pasado desapercibida, pero que está contenida en el documento que el Gobierno ha enviado a la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo.

El Ejecutivo sugiere a los partidos políticos que quienes, en el futuro, no acepten retrasar la edad de jubilación a los 67 años puedan hacerlo a los 65 ó 66, pero, previsiblemente, con una reducción de la pensión. Es decir, como si se retirasen de forma anticipada.

En el documento enviado al Pacto de Toledo, el Gobierno hace dos puntualizaciones al retraso de la edad de jubilación. En primer lugar, que debe hacerse respetando las condiciones que en ese momento tengan los trabajadores despedidos.

Y, en segundo lugar, que «en la adopción de estas medidas en otros países ese desplazamiento [de la edad legal de jubilación] se ha producido respetando asimismo, en los términos, condiciones y ámbitos temporales establecidos reglamentariamente, la posibilidad de los afiliados [a la Seguridad Social] de mantener la edad de jubilación legal anterior o una intermedia siempre que los costes de esta decisión fueran asumidos por el beneficiario».

Es decir, que si el Parlamento acepta esta última propuesta del Ejecutivo, se produciría un doble efecto sobre los pensionistas, según explica Antonio Antón, profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid. El primero es que «una persona podría seguir jubilándose a los 65 años, pero disminuyendo el importe de su prestación». Y, en consecuencia, y en segundo lugar, es que esta penalización ya se extendería a quienes se jubilasen a esa edad y a quienes lo hicieran antes.

Retiro anticipado
Incluso, como sugiere el Ejecutivo, es muy probable que también se tenga que retrasar la edad a partir de la cual se entra en la jubilación anticipada y que ahora está en los 61 años. Hay que tener en cuenta que el texto del Gobierno recalca que la modificación de la edad legal de jubilación requerirá necesariamente de cambios en otras variables que «inciden en la determinación de la pensión».

Es necesario recordar que el Gobierno ya ha contemplado la modificación del periodo de cotización obligatorio para calcular la pensión, desde los 15 a los 25 años. Así se recogía en la última revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que el Ejecutivo envió a Bruselas, aunque, posteriormente, dio marcha atrás al comprobar la polvareda levantada por la propuesta.

Actualmente, y por lo general, la jubilación anticipada tiene dos vías. Pueden hacerlo quienes tengan 60 años y demuestren que ya estaban cotizando a alguna de las antiguas mutualidades antes del 1 de enero de 1967.

Pueden hacerlo también quienes tengan 61 años, y al menos lleven seis meses en el desempleo y hayan cotizado a la Seguridad Social por un periodo mínimo de treinta años. Eso sí, también tienen que demostrar que dejaron de trabajar de forma involuntaria. De esta forma, la reducción o penalización en la cuantía de la pensión estará en función de los años cotizados a la Seguridad Social.

Por ejemplo, entre 30 y 34 años de cotización, la disminución de la prestación será del 7,5%. Descuento que será del 7%, para quienes tengan entre 35 y 37 años de cotización; del 6,5%, hasta 39 años de aportación a la Seguridad Social, y del 6%, con 40 ò más años de cotización acreditados. Si no se cumplen todas estas condiciones el descuento será del 8% por cada año de adelanto respecto a los 65 años.

La radiografía
1- Según la Seguridad Social, la edad media de jubilación en España está en los 63,74 años, y en 63,27, en el Régimen General.

2- La evolución prevista de la esperanza de vida después de los 65 años es de 21,14 años, en 2020, y de 22,41, en 2040.

3- El número de pensiones pasará, en el futuro, de 8,6 millones, en 2010, a 12,5 millones, en 2030, y 15,3 millones, en 2040.

4- El Gobierno estima un ahorro de 40.000 millones de euros hasta 2050 retrasando la jubilación y reforzando la cotización.

para Aido....

Cerca del Bristol Zoo en Inglaterra existe un parquing para 150 coches y 8 autocares.

Durante 25 años los pagos por el parquing se le hacían a un simpático señor.

Los precios eran 1,40 e. para los turismos y 7,00 e. para los autocares.

Un día, después de 25 años de buenos y leales servicios sin absentismos, el pequeño señor no apareció a trabajar.

La administración del zoológico llamó pues al Ayuntamiento y solicitó que les enviaran otro empleado.

El Ayuntamiento hizo una rápida investigación y declaró que el parquing estaba a cargo del parque zoológico.

A lo cual el Zoo respondió que dicho empleado era de la municipalidad.

El Ayuntamiento afirmó que se trataba de un error puesto que ese empleado nunca fue parte del personal y que nunca se le había pagado ningún salario.

Durante este tiempo en algún soleado lugar, en su bella villa, hay un hombre que, al parecer, inventó su propio dispositivo de pago del parquing y lo puso en marcha durante 25 años, cada día, para cobrar la tarifa de estacionamiento a los visitantes del Zoo.

Trabajando durante 25 años, 7 días a la semana, había reunido la nada despreciable suma de 560 e. al día, casi 17.000 e. al mes lo que representó al cabo de los 25 años la suma de 7 MILLONES DE EUROS para su jubilación particular.

Y NADIE NI SIQUIERA SABÍA SU NOMBRE !!!

Quién mató más gente, Dios o el Diablo?

Mapas de Droblo...Euribor

¿Vives por debajo del umbral de la pobreza?

El BlogSalmon. Remo 17 de marzo de 2010

La encuesta de condiciones de vida para los residentes en España para el año 2009, arroja una serie de datos para la reflexión sobre la distribución de los ingresos y gastos en los hogares. Esta encuesta da jugosos titulares para la prensa pero hay que entender bien la metodología para evitar caer en las exageraciones comparativas entre ciudadanos.

Según se extrae de la encuesta, el 19,5% de la población residente vive por debajo del umbral de la pobreza. En el caso de esta encuesta, el umbral de pobreza se situa en 7.945 euros por unidad de consumo del hogar. Para calcular las unidades de consumo, se tiene en cuenta la distribución de la OCDE de los hogares, que asigna el coeficiente de 1 al primer adulto que conforma el hogar, 0,5 a los siguientes adultos y 0,3 para los menores de 14 años que convivan en el mismo hogar.

Entrevista a Jorge Alcantara de http://yoriento.com

Las CCAA abren siete 'embajadas' en Miami en directa competencia con el Estado

El Gobierno busca desesperadamente el modo de reducir el déficit público del 11,4% actual al 3% en 2013. Un plan de austeridad que necesita del compromiso de las comunidades autónomas, embarcadas en todo tipo de aventuras nacionales e internacionales a las que no están dispuestas a renunciar. Buena prueba de ello es la variada representación autonómica en Miami, que se ha convertido en el mejor ejemplo de solapamiento entre las funciones del Estado y de las autonomías.
Siete comunidades cuentan con embajada comercial en el Estado de Florida: Cataluña, Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Siete delegaciones regionales que conviven con seis instituciones del Estado, y que convierte a Miami en una de las ciudades del mundo con mayor representación oficial de España. El Consulado General, la Oficina Comercial Española, la Oficina de Educación, la Oficina de Turismo, el Centro Cultural Español de Cooperación Iberoamericana y la Cámara de Comercio Española no son, a juicio de los gobiernos autonómicos, delegaciones suficientes para defender y promocionar los intereses españoles, por lo que la presencia regional no ha dejado de crecer.
Sin duda, la representación comercial y diplomática está justificada. En Miami residen más de 20.000 españoles y, según la Oficina Económica y Comercial, en 2009 la presencia de filiales de empresas españolas superaba las 300, mientras que más de 200 empresas censadas en Florida contaban con capital español. Sin embargo, según los expertos consultados, España necesita una estrategia común para conquistar mercados como el estadounidense, y no dividir esfuerzos en decenas de iniciativas poco coherentes.

La extensa red de embajadas autonómicas también preocupa en el área económica del PP, que durante la negociación de la llamada Comisión Zurbano, propuso a la vicepresidenta Elena Salgado un gran pacto de austeridad que impusiera un techo de gasto a las comunidades autónomas. La oferta de los populares incluía eliminar los solapamientos y delimitar bien las competencias de ayuntamientos, comunidades y Estado, con el objetivo de mejorar la eficiencia de la Administración. Pero 20 días después de su primera reunión, la Comisión agoniza sin ningún gran pacto a la vista.

De Sudáfrica a Singapur
Y es que, aunque las embajadas catalanas han sido las más polémicas (mantener la delegación en Nueva York cuesta 90.000 euros anuales a los catalanes), el conjunto de las autonomías mantienen un total de 215 oficinas en el extranjero.
Cataluña lidera la apuesta exterior con 50 delegaciones, seguida de la CA valenciana (28), Andalucía (22), País Vasco y Castilla y León (15) y los Gobiernos de Madrid, Asturias y Galicia, que disponen de 12 oficinas. Así, pese a la crisis económica, la pluralidad de España puede ser apreciada en lugares tan diversos como Dubai, China, Singapur, Sudáfrica, Turquía o Brasil.

Detalle del cerebro de un ....dito politico.

China vende deuda pública estadounidenses por tercer mes consecutivo

Washington, 15 mar (EFECOM).- China vendió deuda soberana estadounidense en enero por tercer mes consecutivo, aunque mantuvo su puesto como el país que más títulos acumula, informó hoy el departamento del Tesoro.

El país asiático vendió papel por valor de 5.800 millones de dólares en el primer mes del año, con lo que sus reservas de "Treasurys", como se conoce a los títulos de deuda del gobierno estadounidense, quedaron en 889.000 millones.

En diciembre China también se deshizo de bonos por 34.000 millones de dólares, una cantidad muy alta, lo que hizo concluir inicialmente al departamento del Tesoro que ese país había cedido a Japón el puesto como el principal tenedor de títulos estadounidenses.

No obstante, unos días después el gobierno revisó las cifras, tras contar títulos estadounidenses adquiridos por China en terceros países y dijo que seguía siendo el principal comprador de sus títulos.

El asunto es delicado en Estados Unidos por las tensiones comerciales con China, que se han agudizado en los últimos días. El domingo su primer ministro, Wen Jiabao, rechazó las peticiones de Washington de que China permita la apreciación del yuan.

Hoy 130 miembros del Congreso de Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas, enviaron una carta a la administración de Barack Obama en la que le urgieron a que tomara medidas para responder a la presunta manipulación de la divisa de China.

Le acusan de impedir la apreciación de su moneda para abaratar sus exportaciones.

Los analistas temen que los intereses de la deuda de Estados Unidos se eleven si China decide continuar con las ventas de bonos del Tesoro y otros países o particulares no ocupan su lugar, lo que haría más pesada su deuda pública.

Según los datos publicados hoy, Japón también vendió bonos en enero, aunque menos que China, y sus reservas se redujeron a 765.700 millones de dólares.

Sin embargo, el saldo neto de enero es de una compra de 900 millones de dólares, ya que otros inversores extranjeros incrementaron sus adquisiciones.

Dinero de Plástico....SI

En el mundo circulan aproximadamente 800 000 millones de euros en billetes. La vida media de estos billetes es de un año y las técnicas de los falsificadores van mejorando con el tiempo. En 1988 los australianos decidieron experimentar con un nuevo tipo de billete de plástico. Casi indestructible, se puede mojar o estirar sin problemas. La tecnología punta aplicada también los hace casi imposibles de falsificar. En el vídeo podemos ver su proceso de fabricación brevemente explicado paso a paso.

ACUERDO POLÍTICO
PARA LA RECUPERACIÓN DEL CRECIMIENTO
ECONÓMICO Y LA CREACIÓN DE EMPLEO


PROPUESTAS DEL GOBIERNO

(Para recordar.... dentro de unos años a la lumbre de unas velas....)

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Zapatero y la "Bolsa"

Pais CEE Contribuye/Recibe fondos de EU

Equivale al 11,5% del PIB

La deuda de comunidades y ayuntamientos asciende a 120.874 millones de euros, un 20,54% más

La deuda de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales ascendió a 120.874 millones de euros al cierre de 2009, lo que supone un 20,54% más con respecto a los 100.270 millones del ejercicio anterior, y equivale al 11,5% del Producto Interior Bruto (PIB), según los datos hechos públicos hoy por el Banco de España.

CincoDías.com - Madrid - 12/03/2010

Sólo la deuda de las comunidades autónomas se disparó un 25,8% con respecto a 2008 al alcanzar los 86.280 millones de euros, lo que representa el 8,2% del PIB. De la cuantía total, la administración central es la responsable de 70.930 millones de euros (el 6,7%); los organismos autónomos, de 10.160 millones (1%); las universidades, de 1.057 millones (0,1%), y las empresas, de 4.132 millones (0,4%).

Cataluña es la región más endeudada, con 22.605 millones de euros. Le siguen la Comunidad Valenciana y Madrid, con 14.330 millones y 11.576 millones de euros, respectivamente. La cuarta región que acumula más deuda es Andalucía, con 9.840 millones, y la quinta, Galicia, con 4.783 millones. Por detrás se sitúan Castilla-La Mancha (4.074), Baleares (3.289), Castilla y León (3.237), País Vasco (2.519), Canarias (2.352), Aragón (1.890) y Murcia (1.348).

Sólo dos comunidades acumulan deuda por debajo de los mil millones: Cantabria, con 662 millones, y La Rioja, con 507 millones. Entre las regiones menos endeudadas también se encuentran Navarra (1.112), Extremadura (1.086) y Asturias (1.080).

Por su parte, las corporaciones locales deben 34.594 millones de euros, lo que supone un 9% con respecto a los 31.717 millones de 2008. Esta deuda equivale al 3,3% del PIB. La mayor parte, 28.770 millones de euros, corresponde a los ayuntamientos. Destaca la deuda del consistorio de Madrid, que terminó 2009 en 6.762 millones de euros, un 19,4% más.

El bagaje de la SPA: 222 pisos alquilados al mes y a un coste de 2.251 euros cada uno

En casi cinco años, la Sociedad Pública del Alquiler cumple a duras penas la mitad de sus objetivos y a un precio muy caro

Finanzas.com. 11/03/2010 - 07:42 - JOSÉ JIMÉNEZ

El bagaje de la SPA: 222 pisos alquilados al mes y a un coste de 2.251 euros cada uno

La Sociedad Pública de Alquiler (SPA) no tiene un bagaje global que le permita sacar pecho. En sus casi cinco años de funcionamiento ha cerrado 12.884 contratos de alquiler, lo que da una media de 222 pisos por mes. Teniendo en cuenta los 29 millones de euros que habría perdido hasta el año pasado, el resultado es que cada inmueble gestionado por el organismo ha costado a las arcas públicas 2.251 euros mensuales.

Creada a mediados de 2005, la SPA contabilizó pérdidas en sus tres primeros ejercicios de 14,7 millones de euros, mientras que en 2008 perdió 8,6 millones de euros. Aún no se conoce el dato definitivo del año pasado, pero según las estimaciones que maneja el portavoz de Vivienda del Partido Popular en el Congreso, Pablo Matos, los números rojos se irían por encima de los 6 millones de euros. En total, el agujero superaría los 29 millones de euros.

La finalidad de esta sociedad es dinamizar “un mercado marcado por el importante número de viviendas desocupadas”, según explicó el Ministerio de Vivienda el día de su puesta en marcha, el 8 de abril de 2005. Y su objetivo inicial consistía en movilizar para el alquiler 25.000 viviendas entre 2005 y 2009. Cinco años después, llega por los pelos a la mitad de esa cantidad.

También se pretendía que la SPA alcanzara en esos cuatro años su punto de equilibrio financiero, de forma que fuese rentable y estuviese en condiciones de gestionar el 1% del mercado del alquiler español. Pero el soñado ‘breakeven’ mutó en pérdidas de 23,3 millones a finales de 2008.

Como el agujero era superior a los 20 millones aportados inicialmente como capital social, el gabinete que ya dirigía Beatriz Corredor se vio obligado a inyectar más fondos para equilibrar su situación patrimonial a través de la Entidad Pública Empresarial del Suelo (SEPES): en concreto, fueron 8,5 millones de euros en 2008 que se suman a los 4,8 millones aportados en 2007, y computan una ayuda conjunta de 13,3 millones de euros. En total, contando con los 20 millones iniciales, más de 33 millones inyectados en dinero público.

El portavoz de Vivienda del grupo parlamentario Popular en el Senado, José Manuel García Ballestero, indicó a Finanzas.com que su grupo ha pedido en varias ocasiones la supresión de la SPA por el fracaso financiero que ha supuesto y por la escasa rentabilidad demostrada. Así, a juicio del parlamentario, la incidencia del organismo en el mercado del alquiler “es nula” si se hace un análisis global.

García Ballestero calificó como “análisis simplista” la información difundida hace un par de días por el Ministerio de Vivienda, y en la que se indicaba que la SPA cerró 453 contratos de arrendamiento en febrero, casi el triple de los 155 firmados en el mismo mes del año pasado. Mientras que el gabinete dirigido por Corredor hablaba de “un ascenso considerable en la gestión de la SPA”, el senador apunto que el grupo Popular siempre ha defendido una “gran reforma inmobiliaria” para dotar de mayor protección jurídica a los propietarios de la vivienda.

Para Matos, la necesidad de suprimir la SPA se hace más palpable en estos momentos en que el déficit público “es brutal” y aprieta aún más las arcas del Estado. El diputado, quien reconoció a este portal tener la esperanza de que el Gobierno liquide la SPA –tanto la Cámara Alta como la Baja han aprobado propuestas no de Ley en este sentido- apuntó, además, que “es innecesaria” porque ya muchos ayuntamientos tienen agencias de alquiler.

Lo cierto es que la SPA funciona a medio gas y con fuertes dosis de dinero público. La cifra –sumando capital inicial más ayudas- es de 33 millones de euros, pero eso sin contar un crédito participativo de 6,5 millones de euros concedido por la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), cuyo resultados engloban desde el año pasado las cuentas de la SPA. Esta cantidad no tiene efectos contables para la reducción de pérdidas acumuladas, aunque sí supone de hecho un coste financiero cuyos intereses tendrá que abonar el organismo.

A un ritmo de 222 pisos alquilados por mes, no parece muy descabellado pensar que la SPA está lejos de gestionar el 1% el mercado español del alquiler, pese a que tenga sus cuentas equilibradas gracias al erario público. Según un reciente informe de la consultora Forcadell, el mercado experimentó una expansión de dos puntos porcentuales entre 2007 y 2008, crecimiento, explican, “que desde el Ejecutivo interpretan como una mejora de la confianza de los propietarios”.

Pero desde su punto de vista, es atribuible a factores coyunturales ajenos a la acción del Gobierno. Entre ellos cita la restricción crediticia desde que estallara la crisis de las hipotecas ‘subprime’, un factor que ha imposibilitado el acceso a la vivienda en propiedad. Además, “y a pesar de la expansión del régimen de tenencia en alquiler, el año pasado sólo un 13,19% del total de viviendas principales de este país estaba arrendada, un porcentaje todavía muy alejado del promedio de la Unión Europea y a años luz del de países como Alemania, en los que se alquila más que se compra”, puntualiza la consultora.

Los diputados complementan su sueldo con 12 pagas que no tributan

Las dietas por viajes y manutención, de hasta 2.100 euros, dependen del lugar de residencia y se suman al salario de 3.295 euros. Las perciben los 57 políticos con dedicación exclusiva.

Las Cortes celebran dos sesiones plenarias ordinarias al mes, salvo en enero, julio y agosto.
Heraldo de Aragón. ESTHER CASAS N. A.M. Zaragoza

Además del salario base, 3.295,52 euros mensuales, la nómina de los diputados de las Cortes de Aragón -congelada desde 2009- se engrosa cada mes con un complemento, que no tributa, en concepto de "gastos de desplazamiento" que puede llegar hasta los 2.100 euros. Doce mensualidades que se cobran incluso en enero y julio, meses en los que no hay plenos y baja la actividad parlamentaria, y en agosto, el mes de vacaciones. A otras dietas como las de los consejos de administración de las empresas públicas sí se les aplica una retención.

Bajo el título de "indemnización" se incluyen el alojamiento, la manutención y el transporte "derivados de la actividad parlamentaria o institucional". Puede llegar hasta los 2.094,13 en el caso de los diputados rasos y a los 2.462,41 euros para los miembros de la Mesa de las Cortes. Todo depende del lugar de residencia y no es necesario justificar los gastos, por ejemplo, de alojarse una noche en un hotel para asistir al día siguiente al pleno o un desplazamiento en coche.

No obstante, este concepto solo se aplica en aquellos que tienen dedicación exclusiva, es decir, en 57 de los 67 políticos que integran el Parlamento aragonés, y se justifica como una forma de compensar "todos los desplazamientos que se realicen dentro del territorio de la Comunidad Autónoma". Según consta en el régimen económico de las Cortes, las cantidades se estipulan en tramos de 50 kilómetros, de forma que incluso los que viven en Zaragoza perciben una indemnización. Para los miembros de la Mesa (todos con coche oficial al igual que los portavoces) varían entre los 1.090,77 euros al mes para el que vive en la capital aragonesa y los 2.462,41, para el que tiene su residencia, por ejemplo, en Teruel (más de 150 kilómetros). El montante es menor en el caso del resto de los diputados: oscila entre los 798,06 y los 2.094,13 euros mensuales.

Son doce mensualidades, por lo que el sueldo de un miembro de la Mesa puede superar los 95.000 euros brutos anuales y los 70.000, en el de un diputado raso. No obstante, podría haber algunos diputados que viven en Zaragoza pero declaran el empadronamiento en su localidad de origen para percibir una cantidad mayor por este concepto, según fuentes parlamentarias.

Además, hay más complementos en función del cargo. En este caso no es una cuestión de distancia la que marca la cantidad, sino que es la decisión del grupo parlamentario la que beneficia a un diputado o a otro económicamente. Existen cuantías específicas por ser miembro de la Mesa, fijadas según el lugar que se ocupa en el escalafón (presidente, vicepresidente primero, vicepresidente segundo, secretario primero o secretario segundo), por "la atención a la actividad". La segunda cantidad siempre es menor que la primera, salvo en el caso del presidente que es mayor.

De esta forma, los salarios brutos anuales (sin contar gastos de desplazamiento) se sitúan entre los 91.770 euros del presidente Francisco Pina (cobra 1.400 más que Marcelino Iglesias); los 67.421 de la vicepresidenta primera, Mayte Pérez; los 66.676 del vicepresidente primero, Miguel Ángel Lafuente; los 64.995 de la secretaria primera, María Herrero; o los 63.409 de la secretaria segunda, Ana María Grande.

Por razón del cargo también tienen un plus los portavoces de los cinco grupos parlamentarios. Su sueldo es de 67.421 euros. Asimismo tienen un complemento aquellos diputados que han sido designados portavoces de una comisión. Cobran 48.309 euros anuales.

No obstante, hay que recordar que muchos diputados ejercen otros cargos en ayuntamientos de localidades aragonesas y algunos "hacen doblete". Pero no en sueldo (es ilegal cobrar de dos administraciones), sino en otros conceptos como dietas. Hay ejemplos de diputados que han renunciado a estas contraprestaciones.

En las Cortes, además del diputado con dedicación exclusiva, ocupan escaño los que han renunciado a esta condición. Son diez: el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias; el vicepresidente, José Ángel Biel; los consejeros Javier Velasco, Alfredo Boné y Arturo Aliaga; y los diputados Javier Callau, Gustavo Alcalde, Ricardo Canals, Joaquín Salvo y Manuel Guedea.

Estos perciben un sueldo por su cargo o porque tienen otro puesto de trabajo, aunque de las Cortes ingresan 232 euros por asistencia a plenos (4 sesiones ordinarias al mes); 130, por comisiones, ponencias y otros actos parlamentarios; 54 euros, por una dieta diaria en los plenos; y 0,23 euros por kilómetro si deben trasladarse. Pero solo se puede cobrar por un acto parlamentario al día, aunque se asista a varios.

Los parlamentarios aragoneses, entre los mejor pagados de España

Perciben un mínimo de 55.713 euros, que solo superan los diputados de País Vasco, Cataluña y los dos archipiélagos. Tres autonomías bajan el sueldo a sus señorías y el resto, entre ellas Aragón, optan por congelarlo.

J. ALONSO / J. MORALES. Zaragoza/Madrid

Los parlamentarios aragoneses son unos privilegiados si se comparan sus retribuciones con las que perciben los del resto del país. De las catorce autonomías que han facilitado datos a este diario, solo los diputados de Cataluña, País Vasco y los de las islas superan los ingresos de las señorías de Aragón, que cobran como mínimo 55.713 euros brutos anuales (sumando el sueldo y la dieta mínima).

La grave crisis económica ha llevado a tres cámaras regionales, las de Galicia, Castilla-León y Madrid, a reducirse los sueldos, mientras el resto, entre ellas la de Aragón, han optado por congelarlos uno o dos años seguidos.

Cataluña

La retribución mínima asciende a 65.302 euros, ya que al sueldo fijo para todos los parlamentarios, de 43.697 euros, hay que sumar las dietas. La mínima, para los que viven en Barcelona y su área metropolitana, está fijada en 21.605 euros, que va incrementándose por tramos en función de los kilómetros de distancia del lugar de empadronamiento. El máximo, para los que viven a más de 191 kilómetros, es de 30.411.

Canarias

Los diputados de los dos archipiélagos son, junto a los de País Vasco y Cataluña, los que cuentan con unas retribuciones más altas. Tienen un salario bruto en torno a los 58.000 euros. Además, cuentan con dietas que pueden superar holgadamente los 2.000 euros mensuales. Este Parlamento fue noticia en 2008 al intentar aumentarse una paga sin que trascendiera a los medios de comunicación canarios.

Baleares

El parlamento balear ha fijado un sueldo mínimo a sus diputados de unos 52.000 euros brutos al años. En cuanto a las dietas, pueden superar los 1.800 euros al mes, según el cargo que ostente en la Cámara y la isla de procedencia, igual que sucede en Canarias.

País Vasco

El Parlamento vasco está en el grupo de las asambleas que mejor pagan a sus diputados, que llevan dos años con el sueldo congelado. En este caso, el salario mínimo que percibe un diputado es de 70.584 euros al año. Las dietas varían según sea la provincia de procedencia. Los diputados de Vizcaya cobran al año un extra de 6.516 euros, los de Álava 4.440 y los de Guipúzcoa 7.152 euros.

Castilla y León

El contrapunto lo ponen 63 de los 83 procuradores, que no están profesionalizados y perciben una indemnización de 180 euros por asistir a cada pleno o comisión, además del kilometraje, que se paga a 0,20 euros el kilómetro, la tarifa más baja de las existentes. Los cinco diputados rasos con dedicación exclusiva sí perciben más que los aragoneses, 59.388 euros. El presidente, los miembros de la mesa y los portavoces se han rebajado su sueldo entre un 16% y un 8% este año para equiparlos con los del presidente regional (en el primer caso) y con los de los consejeros (el resto).

Galicia

La percepción ronda los 53.604 euros anuales, que incluye el sueldo (2.075 euros al mes), la cuota fija por alojamiento y manutención (2.092) y los gastos de representación (300). El transporte público les sale gratis y si optan por su coche reciben 0,25 ?/km.

Navarra

Los parlamentarios con dedicación exclusiva ganan 53.124 euros, una figura introducida esta legislatura a la que se han acogido la mayoría. También los hay con dedicación parcial (39.856 euros) y que solo reciben indemnizaciones (hasta 175 euros por pleno y comisión para los que viven a más de 25 kilómetros de Pamplona y 0,31 ?/km de kilometraje).

Valencia

La retribución mínima ronda los 51.000, que incluye el sueldo base, el complemento de dedicación exclusiva y la dieta mínima, fijada por tramos como en Aragón y en Cataluña: en Valencia y entorno metropolitano, 3.538 euros anuales. Los que tienen su residencia a un máximo de cien kilómetros llega a los 7.056 euros y los que superan esta distancia, 10.584 euros.

Madrid

En esta Comunidad sus diputados autonómicos no cobran dietas sino que tienen un sistema de retribuciones aparentemente más claro. Dividen entre los diputados que tienen exclusividad, que cobran en torno a los 50.000 euros anuales, y los que no la tienen. En este caso, el sueldo es de 25.200. Lo cobran (igual que ocurre en Aragón con las dietas) los miembros del Gobierno autonómico que tienen el acta de diputados, entre otros. Por lo demás, llevan dos años con el sueldo congelado y, además, se aplicaron una reducción del 2 por ciento de su salario al inicio de la crisis económica.

Asturias

En este caso tienen gastos por manutención, que son para todos los diputados por igual. Un total de 915 euros al mes. En cuanto a los salarios, se sitúan entre los 2.990 euros al mes de los diputados con exclusividad y los poco más de 900 euros que cobran los parlamentarios que tienen una profesión diferente.

Cantabria

En este Parlamento los diputados con dedicación exclusiva ganan 32.200 euros al año, mientras el resto se quedan en 18.200 euros al año de salario bruto. En cuanto a las dietas, se sitúan en torno a los 450 euros al mes. No hay distinciones al ser una Comunidad uniprovincial.

por BF en BolsaWhis.

Al no ser latinos, a los griegos les faltaba creatividad para tener ingeniería estadística, y tuvieron que recurrir a Goldman Sachs.
La panda que nos desgobierna sabe mucho más de creatividad e ingeniería estadística.
Pero la realidad es simple:
Los datos definitivos 2009 de la deuda pública española son:
*475.402 millones el Estado,
*99.800 millones las CCAA,
*35.900 millones las CCLL,
*197.278 millones empresas públicas estatales, autonómicas y locales,
*y 35.000 millones la deuda no pagada a pymes.
Total. 843.380 millones, el 81,5% del PIB.
Es decir, YA es superior al límite del 60% del PIB de la UME.
Y si las cosas siguen con demagogia e ignorancia, como hasta ahora, le apuesto públicamente a que nos acercaremos al 100% del PIB al finalizar este año, y superaremos el 120% en las próximas elecciones.

Esta es una horrible realidad que pronto o tarde nos va a dar disgustos MUY serios.
Si a ello unimos los ya 5M de parados ... los 300.000 autónomos arruinados ... y las 140.000 empresas desaparecidas en lo que va de crisis...

PERO tenemos una realidad bursátil: nuestro Ibex35 es 55% internacional (SAN, TEF, y otros son verdaderas multinacionales con sólo 30% de riesgo spanish)...

El Gobierno fracasa con la figura del facilitar financiero del ICO

La Información. 08/03/2010 | Enrique Utrera

La figura del facilitador financiero fue anunciada en octubre del año pasado y se puso en marcha dos meses más tarde, con el objetivo de erradir la sequía credicita que asola el país. Sin embargo, los primeros pasos de este invento dejan un balance desolador: una sola operación en lo que llevamos de 2010

El 22 de octubre de 2009, el Gobierno aprobó la creación de la figura del Facilitador Financiero del Instituto de Crédito Oficial (ICO), con el encargo de recuperar las solicitudes de crédito rechazadas por los bancos y darles una segunda oportunidad.

La noticia fue recogida con un extraodinario escepticismo que, de momento, se está demostrando justificado. Desde que echó a andar este proyecto, el pasdo mes de diciembre, sólo se ha cerrado una operación. Una cifra testimonial que, desde luego, nada tiene que ver con las peticiones recibidas por el organismo oficial: cuando terminó 2009, y después de apenas tres días de actividad, los facilitadores financieros recibieron algo más de 400 solicitudes.

Según un estudio de las Cámaras de Comercio, anterior a la creación de la figura del facilitador, un 84% de las empresas que habían solicitado créditos en los tres meses anteriores encontraron muchas dificultades para conseguirlo, y a un 13% les fue denegado.

Por lo tanto, puede deducirse que la creación de esta figura sólo ha servido para demostrar que la intensidad del cerrojazo crediticio es extraordinaria y que, con o sin facilitador, la dificultad para recibir financiación sigue siendo la misma. Y, de paso, para demostrar el escaso poder de convicción que tienen entre los bancos y cajas españoles de los profesionales contratados por el ICO.

Ayuda a las pymes

La figura del facilitador financiero está dirigida hacia las pequeñas y medianas empresas (pymes) a las que sus bancos habituales han cerrado el grifo de la financiación como consecuencia de la crisis y entre sus funciones está asesorar a las compañía en el proceso para obtener un crédito.

Es decir, que el ICO no presta, sino que se limita a actuar como intermediario entre la pyme y el banco. Pero, ni las consideraciones de los facilitadores financieros son vinculantes, ni su función pasa de la de mera correa de transmisión.

A la vista de los resultados obtenidos, resulta obvio que el proyecto, con un prespuesto de 10 millones de euros hasta 2012, no ha tenido más efecto que el cosmético el día del anuncio y, por tanto, la labor de los facilitadores –según la previsión inicial iban a ser 70, reclutados entre los jubilados y prejubilados del sector bancario- puede considerarse un fracaso en toda regla.

Aunque la ministra de Economía, Elena Salgado, ha asegurado que es el momento de reforzar la actuación del ICO, tanto en su papel de financiador como de canalizador eficiente de los recursos públicos, fracasos como éste hacen que se cuestione un poco más el papel del ICO como tabla de salvación de las empresas en la peor crisis de los últimos 80 años.

La banca intenta gestionar los inmuebles 'en la sombra'
Expansión. Publicado el 09-03-10 , por M. Martínez

La banca no quiere pisos. Los inmuebles suponen gastos de mantenimiento, consumo de provisiones y capital, y coste de oportunidad. El sector intenta acelerar la venta de su cartera inmobiliaria, unos 50.000 millones de euros (ver gráfico), prepararse para recibir nuevos activos en los próximos meses, y tratar de contener al máximo su número.

Con este propósito, las entidades buscan vías que les permitan hacerse con el control efectivo del patrimonio de las inmobiliarias, en proceso de refinanciación de deuda o abocadas ya a una ejecución judicial.

“Hay que realizar una gestión proactiva del inmueble para no llegar a una situación irreversible”, explican fuentes financieras. “Tenemos que actuar antes de la adjudicación del activo para acelerar su venta”, remarcan. Pero este celo de la banca con la propiedad de las promotoras tiene sus riesgos, porque podría dar pie a considerar administradoras de la empresa a las entidades, con lo que perderían su derecho preferentes de cobro en caso de que la promotora declarara concurso de acreedores.

“Si se demuestra que el banco es administrador de hecho, se ha metido en un lío”, resaltan en el sector inmobiliario. “Hay algunos casos en los que determinadas entidades han traspasado la línea roja. En la renegociación del crédito nos han entregado por escrito planes de comercialización de promociones. Indican el precio al que hay que vender los pisos, que coincide con el importe de la deuda. Son documentos que guardamos cuidadosamente”, señalan fuentes del sector inmobiliario.

Con todo, la práctica más controvertida es otra. En ocasiones, la banca está imponiendo a la inmobiliaria que le otorgue un mandato irrevocable de venta de la garantía del préstamo. Con éste, las entidades tienen plenos poderes para buscar un comprador para los activos de la compañía y fijar las condiciones de la transacción.

Si el banco encuentra un inversor, la promotora no puede negarse a la venta. El sector financiero reconoce esta estrategia, pero asegura que no está generalizada por su elevado riesgo. “No dudo de que haya algún grupo que lo haga, pero serán pocos. Alguna vez lo hemos estudiado y los servicios jurídicos nos lo han quitado de la cabeza al minuto”, comentan en una entidad.

Riesgo de abandono
La banca explica que uno de los motivos de su actitud proactiva con el patrimonio de las inmobiliarias es el “riesgo de abandono”. En términos generales, el sector calcula que entre el primer impago del crédito y la adjudicación legal del inmueble que garantiza el préstamo transcurren unos dos años. La crisis ha disparado los procedimientos judiciales, que sobrepasan la capacidad de gestión de la Administración pero también de los propios bancos y cajas.

Sin embargo, no actuar en ese periodo tendría claros perjuicios. Cuando una promotora percibe que puede verse forzada a ceder su patrimonio, puede frenar o no iniciar sus proyectos (autorizaciones, licencias, finalización de obras en curso...). Esta parálisis provocaría una devaluación de los inmuebles y retrasaría su futura venta por parte de la banca, que tendría que reanudar los trabajos una vez se hiciera efectiva la adjudicación.

La fórmula más controvertida es la concesión a la banca de un mandato de venta del inmueble

El coste de transmitir el activo
La banca también trabaja para minimizar los gastos ligados a la transmisión de los inmuebles, que pueden suponer entre un 8% y un 10% del precio de liquidación del activo. El sector quiere, por ejemplo, reducir los costes de las adjudicaciones de ciudadanos extranjeros. “La entidad tiene que acreditar que quien transmite el inmueble tiene su residencia fiscal en España. Si no lo consigue, se le aplica una retención del 3% sobre el importe de la operación”, explican en un despacho.

Las inmobiliarias barren la tesorería
Tras dos años de crisis, las relaciones entre la banca y las promotoras se han tensado sensiblemente. “Hemos hecho callo”, explican en el sector inmobiliario. En este escenario, las promotoras están realizando una “gestión activa” de su liquidez: “Antes de sentarnos a negociar, hacemos un barrido de la tesorería que tenemos en cuentas con entidades acreedoras, para llevar el dinero a una firma con la que no tenemos deudas. Supone iniciar los contactos con el enfado generalizado de las entidades”.

También se cuidan los ‘egos’ bancarios. “Hay que intentar dar un trato igualitario, que no se perciba que puede haber entidades de primera y de segunda”, apuntan fuentes inmobiliarias.