Los ayuntamientos deben €3.300M a las empresas de la basura
Las compañías, asfixiadas financieramente, barajan rescindir contratos o reducir servicios. ACS, FCC, Ferrovial y Sacyr son los líderes de un sector que emplea a 110.000 personas.
Hace algo más de un año, las empresas especializadas en la recogida, limpieza y tratamiento de residuos urbanos advirtieron que la morosidad de los ayuntamientos, sus clientes, se estaba convirtiendo en un problema grave, que podría poner en riesgo la viabilidad del negocio. Doce meses después, el problema se ha transformado en un drama empresarial.
Los datos son elocuentes. Los ayuntamientos españoles deben a las empresas del sector 3.300 millones de euros sin contar los intereses de demora. «La situación es insostenible y lo peor es que los ayuntamientos no pueden hacer frente a esas deudas, porque no tienen ni para las nóminas de los funcionarios», asegura Francisco Jardón, presidente de la patronal Aselip, que representa a las mayores compañías del sector.
Se trata de una cifra actualizada, que los empresarios se han encargado de anotar contrato por contrato para que el Gobierno asuma la dimensión del conflicto.
Los empresarios afectados, que han enviado un mensaje de auxilio al presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, y a los máximos responsables del Ministerio de Economía, han comenzado a replantearse su estrategia de negocio ante la falta de ingresos por impago.
En su opinión, lo más práctico es ejercer los mecanismos de la ley de contratos del Estado, que les permite solicitar la rescisión del contrato y llevar el caso a los tribunales por la vía contencioso-administrativa para reclamar las oportunas indemnizaciones. «Una solución intermedia sería pactar una reducción de los servicios. El problema es que se traduciría, a su vez, en una merma de ingresos».
Fuentes próximas a los gestores privados indican que tampoco se debe descartar la vía penal. «Ha habido comportamientos de algunos funcionarios públicos que hay que tratar desde ese punto de vista, por lo que no es descartable la presentación de querellas», aseguran.
El mercado de la recogida y tratamiento de basuras está dominado por unas 36 empresas que dan empleo a 110.000 personas. Entre los grandes del sector figuran las filiales de los mayores grupos constructores. Por tamaño, los líderes son FCC, Urbaser (ACS), Cespa (Ferrovial) y Valoriza (Sacyr).
Antes de la crisis del sector residencial, este negocio disfrutaba de una razonable estabilidad. Los ayuntamientos disponían de la suficiente tesorería para hacer frente a los pagos de los servicios básicos gracias a los ingresos procedentes del inmobiliario. Pero la crisis ha vaciado las arcas municipales, lo que ha obligado a los alcaldes a financiarse contra sus principales proveedores, entre los que se encuentran las empresas de limpieza y de recogida de residuos urbanos.
«El Gobierno debe abordar cuanto antes el proyecto de ley de financiación local, ya que, de los contrario, las compañías tendrán que abandonar el servicio», avisan. El sector ha hecho en los últimos años un gran esfuerzo por mejorar la calidad del servicio y por adaptarse a las nuevas exigencias medioambientales. «Esto ha requerido importantes inversiones en flotas de camiones, personal e instalaciones. Si los ayuntamientos no pagan, los bancos dejarán de fiar a las empresas».
Según las empresas consultadas, los municipios tuvieron la oportunidad de resolver parte del problema gracias a un decreto-ley aprobado en abril de 2009 que, entre otras cuestiones, les permitía recurrir a un mayor endeudamiento para hacer frente a sus obligaciones con proveedores. «Pero ese instrumento no se aprovechó para lo que se había creado».
Subida del IVA
Según el presidente de Aselip, el problema se agravará a partir de junio cuando el IVA suba dos puntos porcentuales. «Las empresas van a tener que soportar un incremento del impuesto que no van a poder repercutir a su clientes, porque no pagan».
La morosidad es generalizada, pero siguen existiendo diferencias cuantitativas entre regiones. Andalucía se lleva la palma. Los ayuntamientos de esta comunidad autónoma arrastran una mora que equivale a 17 meses de trabajo. Entre los casos más llamativos destaca El Puerto de Santa María (Cádiz), que debe €50M, Huelva debe €36M, Granada €46M y la deuda de Jaén se eleva a €65M.
Impactos
Este conflicto podría afectar a movimientos corporativos en el sector.
Acciona, Lubasa o Isolux ya no consideran esta actividad estratégica y se han planteado desinvertir.
Los impagos hacen menos atractivos este tipo de activos.
http://www.expansion.com/2010/04/18/empresas/1271622407.html
Las compañías, asfixiadas financieramente, barajan rescindir contratos o reducir servicios. ACS, FCC, Ferrovial y Sacyr son los líderes de un sector que emplea a 110.000 personas.
Hace algo más de un año, las empresas especializadas en la recogida, limpieza y tratamiento de residuos urbanos advirtieron que la morosidad de los ayuntamientos, sus clientes, se estaba convirtiendo en un problema grave, que podría poner en riesgo la viabilidad del negocio. Doce meses después, el problema se ha transformado en un drama empresarial.
Los datos son elocuentes. Los ayuntamientos españoles deben a las empresas del sector 3.300 millones de euros sin contar los intereses de demora. «La situación es insostenible y lo peor es que los ayuntamientos no pueden hacer frente a esas deudas, porque no tienen ni para las nóminas de los funcionarios», asegura Francisco Jardón, presidente de la patronal Aselip, que representa a las mayores compañías del sector.
Se trata de una cifra actualizada, que los empresarios se han encargado de anotar contrato por contrato para que el Gobierno asuma la dimensión del conflicto.
Los empresarios afectados, que han enviado un mensaje de auxilio al presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, y a los máximos responsables del Ministerio de Economía, han comenzado a replantearse su estrategia de negocio ante la falta de ingresos por impago.
En su opinión, lo más práctico es ejercer los mecanismos de la ley de contratos del Estado, que les permite solicitar la rescisión del contrato y llevar el caso a los tribunales por la vía contencioso-administrativa para reclamar las oportunas indemnizaciones. «Una solución intermedia sería pactar una reducción de los servicios. El problema es que se traduciría, a su vez, en una merma de ingresos».
Fuentes próximas a los gestores privados indican que tampoco se debe descartar la vía penal. «Ha habido comportamientos de algunos funcionarios públicos que hay que tratar desde ese punto de vista, por lo que no es descartable la presentación de querellas», aseguran.
El mercado de la recogida y tratamiento de basuras está dominado por unas 36 empresas que dan empleo a 110.000 personas. Entre los grandes del sector figuran las filiales de los mayores grupos constructores. Por tamaño, los líderes son FCC, Urbaser (ACS), Cespa (Ferrovial) y Valoriza (Sacyr).
Antes de la crisis del sector residencial, este negocio disfrutaba de una razonable estabilidad. Los ayuntamientos disponían de la suficiente tesorería para hacer frente a los pagos de los servicios básicos gracias a los ingresos procedentes del inmobiliario. Pero la crisis ha vaciado las arcas municipales, lo que ha obligado a los alcaldes a financiarse contra sus principales proveedores, entre los que se encuentran las empresas de limpieza y de recogida de residuos urbanos.
«El Gobierno debe abordar cuanto antes el proyecto de ley de financiación local, ya que, de los contrario, las compañías tendrán que abandonar el servicio», avisan. El sector ha hecho en los últimos años un gran esfuerzo por mejorar la calidad del servicio y por adaptarse a las nuevas exigencias medioambientales. «Esto ha requerido importantes inversiones en flotas de camiones, personal e instalaciones. Si los ayuntamientos no pagan, los bancos dejarán de fiar a las empresas».
Según las empresas consultadas, los municipios tuvieron la oportunidad de resolver parte del problema gracias a un decreto-ley aprobado en abril de 2009 que, entre otras cuestiones, les permitía recurrir a un mayor endeudamiento para hacer frente a sus obligaciones con proveedores. «Pero ese instrumento no se aprovechó para lo que se había creado».
Subida del IVA
Según el presidente de Aselip, el problema se agravará a partir de junio cuando el IVA suba dos puntos porcentuales. «Las empresas van a tener que soportar un incremento del impuesto que no van a poder repercutir a su clientes, porque no pagan».
La morosidad es generalizada, pero siguen existiendo diferencias cuantitativas entre regiones. Andalucía se lleva la palma. Los ayuntamientos de esta comunidad autónoma arrastran una mora que equivale a 17 meses de trabajo. Entre los casos más llamativos destaca El Puerto de Santa María (Cádiz), que debe €50M, Huelva debe €36M, Granada €46M y la deuda de Jaén se eleva a €65M.
Impactos
Este conflicto podría afectar a movimientos corporativos en el sector.
Acciona, Lubasa o Isolux ya no consideran esta actividad estratégica y se han planteado desinvertir.
Los impagos hacen menos atractivos este tipo de activos.
http://www.expansion.com/2010/04/18/empresas/1271622407.html
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