artículo escrito por carmen giménez, abogado titular de g&g abogados
han decaído muchos derechos de los ciudadanos desde que el 20 de noviembre del año 2012 se impusiera la denominada ley de tasas judiciales, cuya entrada en vigor lo fue dos días más tarde, el día 22 de ese mismo mes
casi 27 meses después de que el anterior ministro de justicia, sr.
gallardón, ‘regalara’, a todos los ciudadanos, el veneno que limitaba el
acceso a la justicia a través de la ‘infame’ ley de tasas judiciales, y
con cambio en la cartera ministerial en el mes de septiembre de 2014
(es decir, hace ya 5 meses), la situación sigue siendo la misma; y ello a
pesar de las continuas, pero nada avanzadas, promesas del actual
titular sr. catalá, ‘estudiante’ por excelencia de las tasas judiciales
parece que la imposición de dicha ‘infamia’ lo fue en directo, y
ahora su modificación, o revisión lo va a ser en diferido, a juzgar por
el tiempo transcurrido desde la toma de posesión del nuevo titular
ministerial
las tasas judiciales son la entrada que hay que pagar en taquilla para poder pedir al juez que nos ayude
con el asunto que tanto nos inquieta: con el cobro de una deuda que no
nos quieren pagar; con el legítimo derecho de un propietario de
recuperar su vivienda porque alguien la ha ocupado de manera ilegal; o
incluso por pedirle a un banco que nos devuelva nuestro dinero ingresado
en preferentes. sin el pago de dicha entrada, el juzgado no nos puede
atender, porque así está establecido por ley.
es decir, con las tasas judiciales, quien tenga patrimonio (vivienda, local, coche, etc.), y carezca de dinero para litigar, o cobre más de 12.780,26 € al año (límite para el ciudadano individual para obtener la justicia gratuita), verá cercenado el libre acceso a la justicia como
derecho fundamental y humano reconocido en el artículo 24 de la
constitución española y en el artículo 47 de la carta de los derechos
fundamentales de la unión europea
no se puede obviar el momento en el que vieron la luz las tasas judiciales, por casualidad, mera coincidencia o porque así se quiso. y ese momento fue precisamente cuando estalló el escándalo de los productos bancarios tóxicos como: preferentes, subordinadas o swaps
pensemos en quién tiene que pagar las tasas, siempre y en todos los casos: el demandante,
es decir, quien pide del juzgado que se le reconozcan sus peticiones o
derechos, y nunca, en ningún caso, el demandado. las cuestiones
siguientes, entonces, son muy fáciles de resolver: ¿es el banco o
entidad financiera quien va a demandar en los casos referidos
anteriormente? ¿es la compañía de seguros quien va a demandar para
obtener la indemnización de un siniestro?. luego, ¿quienes ganan en
estos dos claros ejemplos?
pero bien, aprobadas las dañinas tasas judiciales para los ciudadanos
que no han podido ni pueden reclamar sus derechos, podríamos encontrar,
siquiera un paliativo a ese dolor, con el adecuado uso de los jugosos
ingresos obtenidos, y que ascienden a más de 500 millones de euros, en
la necesaria inversión de dicho importe en justicia
desgraciadamente esto no ha sido así, y prueba de ello son las
múltiples imágenes que se han hecho virales en las redes sociales, como
twiter, de archivos de juzgados inundados por aguas fecales,
con práctica destrucción de los procedimientos; o de archivos alojados
en los wc, o de expedientes amontonados de forma que impiden el paso o
tan siquiera ver al funcionario; o los expedientes trasladados en carros
de supermercado (¿será eso el expediente electrónico?). juicios que se
señalan para 2017, 2018 o incluso para 2019; o la existencia de un único
psicólogo-forense para los 700.000 habitantes que tiene la provincia de
toledo. es decir, la inversión en medios para la justicia ha ascendido a un saldo de 0 €.
en este punto el ministerio de justicia también ha faltado a la
verdad, veámoslo. no solo en palabras del ministro impositor de las
tasas, sino también en distintas comparecencias parlamentarias de
diputados del gobierno, así como en el propio twiter oficial del
ministerio de justicia (@justiciagob), se nos indica a los ciudadanos
que las tasas serán destinadas a la financiación de la justicia
gratuita. tampoco ese ha sido su destino. ya algún consejero de justicia
de comunidad autónoma, le ha reclamado al sr. catalá que le ingrese el
importe que le corresponde a su autonomía
entonces, ¿dónde ha ido a parar ese dinero de los ciudadanos?: pues francamente, no lo conocemos,
porque por no saberlo, no lo sabe ni el propio gobierno ni su
ministerio responsable, como así responde por escrito a una pregunta
realizada por un diputado del grupo mixto (concretamente de compromís),
tal y como adelantaba la semana pasada idealista news, publicando el texto oficial del congreso de los diputados con el contenido de la respuesta del gobierno.
y como vivimos en el país del lazarillo de tormes, que es el que
gobierna, con mayoría absoluta, quien ha generado tal desaguisado, la
cuestión tiene truco: mientras nos contaban lo que ya he señalado en
párrafos anteriores, escribían otra cosa diferente en la ley, al
reflejar que las tasas estarán “vinculadas” que no “afectadas” a
determinados gastos. es decir, el importe recaudado, se puede destinar a cualquier partida o gasto previsto en
los presupuestos generales del estado que no sea necesariamente
justicia, aunque a día de la fecha ni el propio ministerio de justicia
tiene esa información, la del destino de lo recaudado
para terminar, dos cuestiones me quedan por añadir, una reflexión y un agradecimiento:
1.- que la corrupción solo se palia y elimina con inversión en
justicia y con un poder judicial independiente del poder ejecutivo o
poder político
2.- mi agradecimiento a quienes me han nutrido, y me siguen
nutriendo, de tanta información y sabiduría, y cuya “inteligencia
colectiva” queda reflejada en este artículo, y que no es otra que la
cada vez más mediática brigada tuitera, a quien considero también autora
del mismo. especial mención para uno de sus fundadores, josé muelas,
decano del ilustre colegio de abogados de cartagena visitar la web de g&g abogados
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