El secretario de Estado de Seguridad
Social reclama que coticen por lo que realmente ingresan para que no
haya que recurrir «sistemáticamente» a los complementos a mínimos al
pagar las pensiones.
El 82,5% de los autónomos cotiza a la Seguridad Social por
bases mínimas y el 67% paga la cuota mínima durante toda su vida, según
explicó el secretario de Estado de Seguridad Social,
al término de la reunión de la Junta directiva de la Federación de Trabajadores Autónomos (ATA).
ante
el escaso número de los que lo hacen por bases altas (sólo el 1,5% opta
por las bases máximas), el Gobierno está estudiando cómo
En estos momentos,
la base reguladora mínima de los autónomos se sitúa en 880 euros, lo que significa que pagan una cuota de 256 euros al mes a la Seguridad Social.
Lo que se plantea es que la base reguladora esté lo más próxima posible a los ingresos reales,
para lo cual tendrán que contar con la colaboración del Ministerio de
Hacienda, con el fin de saber cuáles son los ingresos declarados por el
autónomo.
El problema surge con los empresarios que declaran en el
sistema de módulos, que consiste en
calcular el IRPF a pagar en base a unos elementos fijos objetivos
(número de trabajadores, consumo eléctrico, metros cuadrados del local)
y no conforme a los ingresos reales. También en este caso se apunta una
solución a través de los libros de facturación que tienen que llevar
los empresarios.
Pero al igual que subirían las cotizaciones sociales de los autónomos con ingresos más elevados,
desde ATA insisten en que también tendría que adaptarse la cuota de los que ingresan menos, en torno al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), para los que pagar 256 euros al mes es excesivo.
«Es importante que los autónomos coticen de forma más significativa que hasta la fecha»,
aseguró Burgos, y que «puedan garantizar una prestación adecuada sin
tener que recurrir sistemáticamente a los complementos a mínimos». El
presidente de ATA, Lorenzo Amor, señaló que, hasta 2008, el régimen de
autónomos de la Seguridad Social presentaba superávit. En ese año se
produjo la incorporación del régimen agrario por cuenta propia y
comenzaron los desequilibrios. En estos momentos el desfase entre
cotizaciones y prestaciones en este régimen alcanza los 6.000 millones
de euros.
En la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada
año se establecen las bases de cotización y será en la próxima Ley de
Presupuestos para 2014 donde se introduzcan las modificaciones que el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social concertará con las asociaciones
de autónomos.
Todos reconocen que «no es creíble» que el 82% de los autónomos tenga un rendimiento neto inferior a los 10.000 euros anuales.
A
su vez, las prestaciones se ajustarían a lo cotizado. Fuentes cercanas a
las negociaciones señalaron que no tiene sentido dar complementos a
mínimos a quien ha tenido la posibilidad de cotizar por una base
reguladora mayor y no lo ha hecho. En todo caso, estos cambios se
aplicarían a las pensiones futuras, no a los que ya las están cobrando.
Trabajadores a tiempo parcial
La
modificación en el sistema de cotizaciones y pensiones de los autónomos
se une a la que se va a realizar, obligada por la sentencia del
Tribunal Constitucional, para los trabajadores a tiempo parcial.
La
propuesta del ministerio es «aplicar un criterio de proporcionalidad»,
anunció Burgos, «para no producir una discriminación respecto al tiempo
completo». De tal manera que el mínimo de años cotizados
exigidos para poder tener derecho a la pensión será proporcional a la
jornada, pero también lo será la cuantía de la pensión, explicaron
fuentes de la Seguridad Social. Eso significa que a un trabajador que
tenga media jornada durante toda su vida laboral se le exigiría la mitad
de años cotizados (alrededor de siete en lugar de quince, según los
parámetros actuales), pero la pensión que cobraría también estaría en
función de lo realmente cotizado.
Y para que no se produzca una
discriminación del trabajador a tiempo completo habrá que reducir
tambien, o eliminar, los complementos a mínimos, porque la
pensión mínima no puede ser igual para un trabajador a tiempo completo
que para uno a tiempo parcial. De otra manera, resultaría un incentivo
al fraude en la contratación.
Fondo de Reserva
El
responsable de la Seguridad Social descartó que se vaya a utilizar el
Fondo de Reserva de las pensiones este mes, pero no dijo lo mismo
respecto a los próximos meses.
En julio se abonará la paga extra
a los pensionistas y el sistema no tiene ingresos suficientes para
abonar dos pagas en un mes, a pesar de que, según Burgos, «los
ingresos están empezando a dar signos positivos». El secretario de
Estado apuntó que el único criterio es «utilizar el fondo de reserva lo
más tarde posible. En agosto, mejor que en julio; en julio, mejor que en
junio». La Seguridad Social «agotará todas las posibilidades para que,
al menos este mes de junio, no se recurra al fondo de reserva», dijo
Burgos. Entre esas posibilidades se encuentra
el fondo de las mutuas de accidentes del trabajo, donde ya sólo quedan alrededor de 300 millones de euros,
tras haber retirado el año pasado más de 3.000 millones para pagar las
pensiones, y la cuenta corriente que la Seguridad Social tiene en el
Banco de España pero que es muy variable y se trata más bien d eun fondo
de maniobra que depende, entre otras cosas, del vencimiento de cupones
de la deuda donde está invertido el fondo de reserva.
Respecto al informe del comité de expertos sobre el
factor de sostenibilidad de las pensiones,
Burgos consideró que se trata de una aportación «de gran calidad
técnica, sobre la que han sido capaces de generar un consenso
amplísimo». Pero se trata de un «texto para el debate», donde el
Gobierno tratará de buscar un acuerdo político y social lo más amplio
posible. Si no se alcanza el consenso, el Ejecutivo no eludirá «la
responsabilidad de tomar las decisiones necesarias», aseguró el
secretario de Estado.
En esa línea, la ministra de Empleo y Seguridad Social,
Fátima Báñez, señaló
que «ahora se inicia el debate político y social» donde se va a buscar
«el mayor de los consensos». La ministra se refirió al factor de
sostenibilidad de las pensiones como una foma de «recontar céntimo a
céntimo» los ingresos del sistema en cada momento y distribuirlos de
acuerdo a reglas «fijas, predecibles y transparentes».
Los secretarios generales de CCOO,
Ignacio Fernández Toxo, de UGT, Cándido Méndez, y de USO, Julio Salazar pidieron
al Gobierno que no se «esconda» tras el informe del comité de expertos
para tratar de recortar las pensiones en los próximos años y le
recordaron que la decisión última corresponde al Pacto de Toledo y debe
ser política. Tras la polémica suscitada por el voto favorable del
responsable del servicio de estudios de Comisiones Obreras, Toxo aclaró
que el dictamen «no recoge la posición del sindicato». «No nos sentimos
vinculados, en absoluto».
Por su parte, el portavoz de Economía
del PSOE, Valeriano Gómez, se mostró dispuesto a dialogar, pero rechazó
una reforma de las pensiones como la que han planteado los expertos
porque sólo se basa en la reducción de las futuras pensiones y en dejar
de revalorizarlas en épocas de crisis. Gómez anticipó que el PSOE
elaborará una propuesta específica articulada en torno a los votos
particulares de los dos miembros del comité cercanos al partido
socialista -Santos Ruesga -que votó en contra- y José Luis Tortuero -que
se abstuvo-.
