«El PSOE, en unión de Unidas Podemos y del independentismo vasco y catalán, quieren demoler la baja fiscalidad que hemos logrado gracias, entre otros esfuerzos,a la lucha del pueblo contra impuestos tan injustos como el que roba las herencias, drásticamente reducidos en varias autonomías españoles. Las izquierdas y los independentismos llenos de odio no soportan el éxito, construido sobre bases de libertad, impuestos bajos y reducción de la burocracia. Quieren igualarnos a todos, pero castrando la prosperidad y reforzando la pobreza, como suelen hacer los regímenes comunistas, que odian el libre pensamiento, la prosperidad y la puesta por las libertades y derechos», apuntan.La Federación Nacional contra el Impuesto de Sucesiones (Fencis), que une a colectivos, plataformas y asociaciones de toda España ha elaborado un comunicado en el que denuncia que «el Gobierno nos prepara un injusto e indecente infierno fiscal a través de una armonización mafiosa y ruinosa». «La izquierda española, siempre ávida de poder y dinero, quiere acabar con lo que llaman “el paraíso fiscal de Madrid”, que gracias a sus impuestos moderados se ha convertido en la región más próspera y emprendedora de esta España depauperada que nos construyen Pedro Sánchez y sus aliados», continúa la nota. «Quieren obligar a subir los impuestos, incluido el injusto e indecente Impuesto de Sucesiones, —el que roba las herencias de los españoles—, a las autonomías que han apostado por bajarlos para ayudar así a las empresas y emprendedores a reactivar el empleo y la economía», señalan desde Stop Impuesto de Sucesiones.
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Infiernos fiscales
Por otro lado, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, afirmó ayer que «con la política fiscal de Cataluña pierden los catalanes porque están castigados fiscalmente, pero también perdemos el resto de españoles porque ingresan menos a la caja única del Estado». Amor, aseveró que no apoyará los «infiernos fiscales» poniendo de ejemplo Andalucía cuando estaba gobernada por el PSOE.
«Dique de contención»
El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Montesinos, reafirmó en Málaga la postura de su partido de continuar con la bajada de impuestos en Andalucía y aquellas comunidades autónomas donde gobiernan, por lo que dicen ser «el dique de contención ante Pedro Sánchez y todos aquellos que quieren destruir España». También el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se dirigió ayer directamente al Gobierno de Sánchez para preguntar si con esta «cesión» al independentismo pretenden que se recupere en Andalucía el impuesto de sucesiones —eliminado por PP y Cs en el primer año de mandato—, que se suba el impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados o el tramo autonómico del IRPF. «Como presidente de Andalucía no puedo aceptar que venga un señor independentista a decirme a mi y a los andaluces que hay que volver a poner el impuesto de sucesiones», afirmó.
El consejo de administración de Enagás ha acordado ampliar el número de sillones de 13 a 16 para dar entrada a dos exministros del PSOE: José Blanco y José Montilla, extitulares de Fomento y de Industria, Turismo y Comercio, respectivamente, durante los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. Además, se incorpora al consejo del gestor técnico del sistema gasístico y transportista, Cristóbal José Gallego, miembro, a propuesta de Unidas Podemos (UP), de la comisión de expertos para la elaboración de la Ley de Transición Energética del Gobierno de Mariano Rajoy y Del Observatorio Crítico de la Energía.
Los nombramientos de Blanco, Montilla y Gallego fueron propuestos por la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Responsabilidad Social Corporativa, que presidida la popular Ana de Palacio, y aprobados por el consejo de Enagás el pasado lunes. Ahora deberán ser ratificados por la junta general de accionistas, que se ha convocado hoy mismo para el 30 de junio.
Según informa Europa Press, Cristóbal José Gallego ha señalado que, de ser aprobado su nombramiento, dejará de ser miembro del Observatorio y que de los ingresos que perciba como consejero de la compañía, estimados en el caso de un consejero independiente en unos 160.000 euros anuales, donará cada año “la cantidad de dinero suficiente como para que su principal fuente de ingresos siga siendo su actividad profesional principal (profesor en la universidad)”.
Estos nuevos vocales de Enagás no sustituyen a ninguno de los actuales, entre los que se mantienen aún varios pesos pesados del Partido Popular, además de Ana de Palacio, Isabel Tocino, Antonio Hernández Mancha e Ignacio Grangel.
La compañía, en la que la SEPI tiene un 5% del capital, la preside desde 2007 Antonio Llardén, por lo que ha sobrevivido a tres gobiernos socialistas, dos del PP y el actual de coalición. Además de Llardén y el consejero delegado, Marcelino Oreja, el consejo cuenta con ocho consejeros independientes, dos consejeros dominicales, en representación del holding público, y un vocal con la condición de experto.
Con la decisión del lunes, Enagás agota el número total de puestos (16) que permite el reglamento de su consejo, pero que desaconsejan los códigos de buen gobierno de la CNMV.
La incorporación al consejo del grupo regulado Enagás de dos exministros socialistas y un académico ligado a Podemos, viene a “equilibrar” el peso del PP en un órgano plagado, hasta ahora, de exaltos cargos del PP. “Es como hacer pasar el órgano de gobierno de ser una especie de consejo de ministros a un parlamento”, critican fuentes empresariales.
artículo escrito por carmen giménez, abogado titular de g&g abogados
han decaído muchos derechos de los ciudadanos desde que el 20 de noviembre del año 2012 se impusiera la denominada ley de tasas judiciales, cuya entrada en vigor lo fue dos días más tarde, el día 22 de ese mismo mes
casi 27 meses después de que el anterior ministro de justicia, sr.
gallardón, ‘regalara’, a todos los ciudadanos, el veneno que limitaba el
acceso a la justicia a través de la ‘infame’ ley de tasas judiciales, y
con cambio en la cartera ministerial en el mes de septiembre de 2014
(es decir, hace ya 5 meses), la situación sigue siendo la misma; y ello a
pesar de las continuas, pero nada avanzadas, promesas del actual
titular sr. catalá, ‘estudiante’ por excelencia de las tasas judiciales
parece que la imposición de dicha ‘infamia’ lo fue en directo, y
ahora su modificación, o revisión lo va a ser en diferido, a juzgar por
el tiempo transcurrido desde la toma de posesión del nuevo titular
ministerial
las tasas judiciales son la entrada que hay que pagar en taquilla para poder pedir al juez que nos ayude
con el asunto que tanto nos inquieta: con el cobro de una deuda que no
nos quieren pagar; con el legítimo derecho de un propietario de
recuperar su vivienda porque alguien la ha ocupado de manera ilegal; o
incluso por pedirle a un banco que nos devuelva nuestro dinero ingresado
en preferentes. sin el pago de dicha entrada, el juzgado no nos puede
atender, porque así está establecido por ley.
es decir, con las tasas judiciales, quien tenga patrimonio (vivienda, local, coche, etc.), y carezca de dinero para litigar, o cobre más de 12.780,26 € al año (límite para el ciudadano individual para obtener la justicia gratuita), verá cercenado el libre acceso a la justicia como
derecho fundamental y humano reconocido en el artículo 24 de la
constitución española y en el artículo 47 de la carta de los derechos
fundamentales de la unión europea
no se puede obviar el momento en el que vieron la luz las tasas judiciales, por casualidad, mera coincidencia o porque así se quiso. y ese momento fue precisamente cuando estalló el escándalo de los productos bancarios tóxicos como: preferentes, subordinadas o swaps
pensemos en quién tiene que pagar las tasas, siempre y en todos los casos: el demandante,
es decir, quien pide del juzgado que se le reconozcan sus peticiones o
derechos, y nunca, en ningún caso, el demandado. las cuestiones
siguientes, entonces, son muy fáciles de resolver: ¿es el banco o
entidad financiera quien va a demandar en los casos referidos
anteriormente? ¿es la compañía de seguros quien va a demandar para
obtener la indemnización de un siniestro?. luego, ¿quienes ganan en
estos dos claros ejemplos?
pero bien, aprobadas las dañinas tasas judiciales para los ciudadanos
que no han podido ni pueden reclamar sus derechos, podríamos encontrar,
siquiera un paliativo a ese dolor, con el adecuado uso de los jugosos
ingresos obtenidos, y que ascienden a más de 500 millones de euros, en
la necesaria inversión de dicho importe en justicia
desgraciadamente esto no ha sido así, y prueba de ello son las
múltiples imágenes que se han hecho virales en las redes sociales, como
twiter, de archivos de juzgados inundados por aguas fecales,
con práctica destrucción de los procedimientos; o de archivos alojados
en los wc, o de expedientes amontonados de forma que impiden el paso o
tan siquiera ver al funcionario; o los expedientes trasladados en carros
de supermercado (¿será eso el expediente electrónico?). juicios que se
señalan para 2017, 2018 o incluso para 2019; o la existencia de un único
psicólogo-forense para los 700.000 habitantes que tiene la provincia de
toledo. es decir, la inversión en medios para la justicia ha ascendido a un saldo de 0 €.
en este punto el ministerio de justicia también ha faltado a la
verdad, veámoslo. no solo en palabras del ministro impositor de las
tasas, sino también en distintas comparecencias parlamentarias de
diputados del gobierno, así como en el propio twiter oficial del
ministerio de justicia (@justiciagob), se nos indica a los ciudadanos
que las tasas serán destinadas a la financiación de la justicia
gratuita. tampoco ese ha sido su destino. ya algún consejero de justicia
de comunidad autónoma, le ha reclamado al sr. catalá que le ingrese el
importe que le corresponde a su autonomía
entonces, ¿dónde ha ido a parar ese dinero de los ciudadanos?: pues francamente, no lo conocemos,
porque por no saberlo, no lo sabe ni el propio gobierno ni su
ministerio responsable, como así responde por escrito a una pregunta
realizada por un diputado del grupo mixto (concretamente de compromís),
tal y como adelantaba la semana pasada idealista news, publicando el texto oficial del congreso de los diputados con el contenido de la respuesta del gobierno.
y como vivimos en el país del lazarillo de tormes, que es el que
gobierna, con mayoría absoluta, quien ha generado tal desaguisado, la
cuestión tiene truco: mientras nos contaban lo que ya he señalado en
párrafos anteriores, escribían otra cosa diferente en la ley, al
reflejar que las tasas estarán “vinculadas” que no “afectadas” a
determinados gastos. es decir, el importe recaudado, se puede destinar a cualquier partida o gasto previsto en
los presupuestos generales del estado que no sea necesariamente
justicia, aunque a día de la fecha ni el propio ministerio de justicia
tiene esa información, la del destino de lo recaudado
para terminar, dos cuestiones me quedan por añadir, una reflexión y un agradecimiento:
1.- que la corrupción solo se palia y elimina con inversión en
justicia y con un poder judicial independiente del poder ejecutivo o
poder político
2.- mi agradecimiento a quienes me han nutrido, y me siguen
nutriendo, de tanta información y sabiduría, y cuya “inteligencia
colectiva” queda reflejada en este artículo, y que no es otra que la
cada vez más mediática brigada tuitera, a quien considero también autora
del mismo. especial mención para uno de sus fundadores, josé muelas,
decano del ilustre colegio de abogados de cartagena visitar la web de g&g abogados
Hoy
no se muy bien porque pero al leer la noticia de que Francisco Luzón
entraba en el consejo de Haya Real Estate me ha entrado la curiosidad
por saber que era esto de Haya Real Estate. En cierto
modo, me sorprendía ver a Francisco Luzón, un peso pesado de la banca
(ex consejero ejecutivo del BBV, impulsor de la creación del grupo
bancario Argentaria y ocupó durante trece años la máxima responsabilidad
como consejero y vicepresidente ejecutivo del Grupo Santander en
América Latina), entrando en el consejo de una inmobiliaria.
Encuentro que Haya Real Estate es una inmobiliaria que pertenece Cerberus,
un fondo distress (alias fondo buitre) con sede en Nueva York, que a
finales de septiembre de 2013 le compró a Bankia su filial de gestión
inmobiliaria denominada por aquel entonces Bankia Habitat. Cerberus no
compró ningún inmueble de Bankia, no fue una venta de activos, sino
básicamente una externalización por la que Haya Real Estate se quedaba
los 500 empleados que tenía Bankia Habitat y la plataforma tecnológica
de la empresa para comercializar los inmuebles que la entidad se había
ido tragando con la crisis. La operación suponía la cesión de la gestión en exclusiva de activos inmobiliarios de Bankia
por un valor de 12.200 millones de euros así cómo la gestión de los
activos transferidos a terceros, tanto inmuebles como préstamo promotor,
que suponían otro paquete de más de 36.600 millones de euros.
Es
decir Haya Real Estate pagó entre 40 y 90 millones de euros para hacer
de vendedor de Bankia de los inmuebles acordados a cambio de una
comisión.
Recordemos además que Bankia traspasó gran parte de sus
activos inmobiliarios a la Sareb o Banco Malo. A cambio y por vender los
inmuebles traspasados al Banco Malo, este acordó con las entidades
financieras pagarles una comisión del 3,5% por vender los inmuebles que
le han colocado. En el caso de Bankia, después de la venta realizada de
su filial de gestión inmobiliaria, la empresa que recibirá la comisión
por realizar dicho trabajo de comercialización será Haya Real Estate.
¿Y quién esta en Haya Real Estate?
Pues cómo presidente tenemos a Juan Manuel de Hoyos Martínez de Irujo, compañero de colegio de el ex presidente José Maria Aznar. En el consejo de Haya Real Estate también encontramos a José Maria Aznar Botella, es decir a Aznar Jr.
Por
cierto, justo antes del verano, Haya Real Estate, se adjudicaba también
la gestión de los activos inmobiliarios de Cajamar. Lo que le permite
convertirse en la mayor gestora inmobiliaria de España.
Y, oh
sorpresa, casualidades de la vida, cómo el contrato de gestión y venta
de inmuebles de la Sareb y la banca vencía este año, el Banco Malo, sacó antes de verano un concurso para adjudicar a sólo 4 o 5 entidades la gestión de toda su cartera.
El resultado del concurso lo tendremos a finales de septiembre, pero….
adivinas que empresa se ha metido entre los 8 finalistas….
efectivamente, Haya Real Estate, que con un poco de
suerte seguirá cobrando importantes comisiones del Banco Malo que hemos
financiado todos los españoles con más de €48 mil millones.
Obviamente,
todo es absoluta y perfectamente legal. Lo cual no quita que no deje de
ser curioso, que alguien con muy buena relación con el partido que
gobierna el país acabe haciéndose rico con proyectos en los que esta de
por medio el dinero de todos.
Que cada uno vaya haciendo sus cálculos.
Nota:
Para los que no haya entendido la película, se lo resumimos en una
frase: Cómo parece que ni Bankia ni el Banco Malo, financiados por todos
los españoles, son capaces de vender sus inmuebles, le han delegado la
tarea a una empresa propiedad de un fondo norteamericano presidida por
un amigo del cole de Aznar y en la que está de consejero J.M.Aznar Jr.
que se dedicarán a vender toda la porquería por una módica comisión del
3,5%.
