Economistas, empresarios y académicos piden por carta a Sánchez un cambio de política económica

Avisan de una nueva crisis si no se toman medidas y reclaman sanear las cuentas y privatizar empresas públicas

Redacción. Visto en Idealista. 13 Marzo 2024, 12:49

Algo más de un centenar de economistas, empresarios, periodistas y económicos han suscrito una carta en la que piden al Gobierno de Pedro Sánchez que cambie su política económica para evitar que España entre en una nueva crisis económica.

La carta está firmada por 102 personas, entre las que se encuentran los economistas Daniel Lacalle; Lorenzo Bernaldo de Quirós, Rubén Manso, Benito Arruñada y Carlos Rodríguez Braun; la exministra del PP Elvira Rodríguez; el empresario y exdiputado por Ciudadanos, Marcos de Quinto, y los periodistas Carmen Tomás y Miguel Ángel Belloso.

Los firmantes denuncian que los españoles soportan actualmente "la mayor presión tributaria de la historia, fruto de las decenas de subidas y creaciones de impuestos" decididas por el Gobierno de Pedro Sánchez y la inflación.

Pese a ello, avisan de que 2024 será el décimo séptimo año consecutivo en el que la totalidad de los intereses de la deuda pública se pagará con nueva deuda. "Ambos elementos muestran el desinterés del Gobierno por sanear las cuentas públicas", denuncian.

A juicio de este grupo de economistas, empresarios, periodistas y académicas, el hecho de que la deuda pública en proporción del PIB esté en un lento descenso y la prima de riesgo esté contenida en torno a los 100 puntos básico "son falsos consuelos".

"La deuda pública cae como porcentaje del PIB en gran medida por la inflación (que engorda el PIB) y la prima de riesgo es ahora como un termómetro que no puede subir más allá de 37 grados, debido a que el Banco Central Europeo mantiene intervenido el mercado de deuda", señalan los firmantes, que añaden que la acción del BCE y la suspensión hasta el pasado mes de diciembre de las reglas fiscales europeas "vienen disfrazando los desequilibrios" de la economía española y "agrandan los riesgos futuros".

Así, lejos "de ir como una moto", expresión que utilizó el presidente Sánchez en una comparecencia, los firmantes entienden que la economía española "va a menos", pues 2024 será el año de menor crecimiento económico desde 2014, excluyendo el ejercicio 2020, el de la pandemia, y aun contando con los "dopajes" de los fondos europeos y un gasto público "que continúa inflando la demanda".

Denuncian además que la productividad, medida en PIB por ocupado, se ha reducido cerca de un 4% entre 2018 y 2023, "el peor resultado entre los países avanzados", y que la tasa de paro española sigue siendo la más alta de Europa.

Critican la "agenda intervencionista y liberticida" del Ejecutivo

Los firmantes aseguran que, "lejos de comprender la fragilidad del momento económico, el Gobierno parece embarcado en una agenda intervencionista y liberticida que no puede tener un final feliz" y en la que la seguridad jurídica se ve "debilitada".

"Se acaba de elevar el salario mínimo de forma arbitraria y ajena a la ley. Además, el Gobierno amenaza con reducir la jornada laboral de manera compulsiva, topar los salarios de los directivos, encarecer el despido y sentar a representantes de los empleados en los consejos de administración. Todas medidas que atacan el derecho de propiedad, la libertad de contratación y la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado que establece el artículo 38 de la Constitución", advierten.

"La política económica del Gobierno ahondará los problemas de competitividad y tarde o temprano eso se traducirá en un debilitamiento del empleo y los salarios y, con ello, de las cuentas públicas. Estamos a tiempo de evitar lo que ocurrió entre 2007 y 2013: que por desoír las advertencias de economistas y organismos internacionales, se condenó a la ciudadanía a una crisis profunda, durante la que se perdieron 3,7 millones de empleos", sostiene la carta.

Privatizar empresas estatales para amortizar deuda pública 

En este contexto, los firmantes de esta misiva consideran que lo que necesita la economía es un "urgente saneamiento del gasto público" que permita equilibrar las cuentas públicas y detener el crecimiento de la deuda pública.

En su opinión, la privatización de empresas estatales permitiría reunir recursos para amortizar deuda pública y, al mismo tiempo, estimular la inversión privada en amplios sectores de la economía. "Con cuentas públicas saneadas y la deuda pública bajo control, se podría aligerar la carga impositiva para reducir costes de producción y recuperar parte de la competitividad perdida", argumentan.

Y también abogan además por suprimir o atenuar "los escalones regulatorios que desalientan el crecimiento de las pymes" para alentar la inversión productiva.

Asesores fiscales piden un plan para devolver lo pagado de más por los tributos inconstitucionales

Redacción. Visto en Idealista

15 Marzo 2024, 13:34

La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha pedido un plan nacional de devolución a los contribuyentes que han pagado de más por el Impuesto de Sociedades, después de que el Tribunal Constitucional declarara parcialmente nula la reforma de dicho tributo.

Desde la asociación han insistido en que hay que cambiar el sistema normativo porque "no puede ser que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional un tributo y no haya posibilidad de recuperar lo pagado".

Además, han indicado que las cuestiones de fondo como la retroactividad o el principio de capacidad económica no se han resuelto. "¿Es posible que estemos 16 años dándole vueltas a esto?", se han preguntado.

Así lo han trasladado el presidente de Aedaf, Bernardo Bande, y el director de Estudios e Investigación y Relaciones Institucionales, Juan Manuel Herrero de Egaña, durante la celebración de la XVII edición de su Jornada Nacional de Estudio.

Durante el encuentro, también se ha hablado sobre el nuevo sistema de autoliquidaciones rectificativas, donde la Comisión Directiva ha defendido que les gustaría "que ese sistema tan ágil que la AEAT ha desarrollado coexistiera con un sistema más garantista para los supuestos en los que al contribuyente no le interesa ir más rápido".

En cuanto a las recientes actuaciones de la Agencia Tributaria en relación con los beneficios fiscales aplicables al I+D+i, Arráez ha indicado que "no parece razonable" cuestionar, al amparo de pronunciamientos judiciales referidos a supuestos muy particulares, todas las deducciones por I+D+i de todos los contribuyentes.

Por otro lado, la Asociación también se ha referido a la "fluidez" de la comunicación que mantiene con la Agencia Tributaria y ha detallado que se están creando canales de comunicación bidireccionales para situar a la ciudadanía "en el centro, tal y como reza el lema de la propia AEAT".

El FMI pide ajustes a España y alerta de que es hora de "abrocharse ya el cinturón"

Manda el mismo mensaje a Francia e Italia. Bruselas ha alertado de que España tendrá una situación fiscal muy difícil en 2024 por los elevados niveles de déficit y deuda

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, ha instado a los Gobiernos de España, Francia e Italia, donde han aumentado de forma significativa los niveles de deuda y déficit, a "abrocharse ya el cinturón" e implementar ajustes presupuestarios, incluyendo el final de las medidas introducidas para aliviar el alza del coste de la vida.

"Tienen que abrocharse el cinturón ya y proceder a hacer ajustes presupuestarios", insta la economista búlgara en una entrevista con el diario 'El Mundo', donde recomienda al conjunto de las economías avanzadas de Europa "ajustes fiscales más significativos".

En el caso de los tres países citados, Georgieva recuerda que han visto aumentar significativamente sus ratios de deuda en relación al PIB, después de que su "adecuadamente fuerte" respuesta fiscal a la pandemia del covid-19, condujera a un aumento de los niveles de deuda y también de los déficit.

No obstante, la directora del FMI precisa que existen diferencias entre las tres economías y expresa, en el caso de España, su confianza en que pueda lograrse bajar el ajuste proyectado del 0,3% en el déficit, aunque "siempre que España no renueve las medidas de alivio", que se espera que expiren a finales de este año.

A nivel europeo, Georgieva señala que, a diferencia de EEUU, que ha recuperado su tendencia anterior a la pandemia, la zona euro todavía sigue estando un 2% por debajo de su tendencia precovid, "y el crecimiento es muy modesto".

En este sentido, teniendo en cuenta el mayor impacto en la UE de la guerra en Ucrania a través del canal energético y ante el reto demográfico para unos mercados laborales muy justos de personal, la economista búlgara subraya que "Europa necesita determinación para llevar a cabo reformas estructurales que reactiven el crecimiento".

"Creo que ha llegado el momento de que los gobernantes hagan lo correcto: más coraje, más fuerza en el liderazgo, porque vienen tiempos duros y hay que hacer lo que es necesario, aunque no sea popular", defiende.

Bruselas alerta de un 2024 difícil 

El aviso del FMI llega pocos días después de que Bruselas haya afirmado que España se enfrenta a una una situación fiscal "muy difícil" en 2024 por los desequilibrios macroeconómicos.

La Comisión Europea ha dado su visto bueno al proyecto presupuestario que presentó el Gobierno de Pedro Sánchez en octubre, cuando estaba en funciones, pero le ha instado a presentar un plan actualizado "lo antes posible". El primer Consejo de Ministros de la nueva legislatura ya ha aprobado la Orden Ministerial de Hacienda y Función Pública para iniciar la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2024, que espera que vean la luz "lo antes posible". El objetivo es aprobar las nuevas cuentas públicas durante el primer trimestre del año que viene.

Según Bruselas, la situación fiscal en España para el próximo año será "muy difícil", ya que las previsiones económicas apuntan a un déficit por encima del límite del 3% del PIB tanto en 2024 como en 2025 junto con una deuda pública "bastante elevada", que se prevé que siga superando el umbral del 100% del PIB.

Y, al igual que el FMI, ve necesario reestablecer con el tiempo los colchones fiscales y mejorar así la sostenibilidad de la deuda pública en algunos Estados miembros, junto con el control de la inflación y el apoyo a la política monetaria.

El consumo de carne y pescado se hunde casi un 15% por la fuerte subida de los precios

 

Entre Noviembre/2021 y Octubre/2022

El viaje a ninguna parte de la política acerca a la economía española a un punto de no retorno

 Autor: Miguel Córdoba 14 Octubre 2022, 16:02

Hace 36 años, el siempre genial Fernando Fernán Gómez estrenó una de sus mejores películas, en la que una pequeña compañía de cómicos de la legua de la posguerra española trataba de sobrevivir en un entorno hostil a las vicisitudes de su difícil profesión. La película, narrada desde la perspectiva de ese gran actor que ha sido, es y será, José Sacristán, pone el énfasis entre la diferencia entre lo que realmente ocurre y lo que nos hubiera gustado que ocurriera, mezclándose deseos e imágenes inventadas o distorsionadas de lo que fue nuestro pasado.

No sabemos lo que pensará Pedro Sánchez dentro de 30 años sobre su pasado como presidente del Gobierno y su “legado”, ni lo que se escribirá de él en Wikipedia; ni siquiera de lo que él pensará de Wikipedia cuando lea lo que se opina de él, asumiendo que esta publicación digital es uno de sus principales medios de información. Lo que sí sabemos es lo que este hombre, junto con un equipo no precisamente en el cénit de la competencia profesional, está haciendo con nuestro país: llevarlo a ninguna parte.

Asistimos a debates intrascendentes en los que los políticos se pegan por ver quién ingenia más subsidios para los españoles más vulnerables, o lo que es lo mismo, para “exhortarles” a que les den su voto en las próximas elecciones de mayo, y mientras, el país se sumerge en un agujero negro del que va a ser muy difícil salir sin que una nave de “Star Trek”, versión “hombres de negro”, se atreva a rescatarnos. Nadie piensa siquiera en el medio plazo; todo es cortoplacismo, agarrarse al sillón, contarse historias y, lo que es peor, creérselas, viendo la realidad desenfocada en la que vivía el personaje de la película que da nombre a este artículo.

Vamos a vivir unos meses de extrema tensión tanto en lo económico como en lo político y en lo militar, aunque en este último caso sea un daño colateral. Mientras, los dos principales partidos políticos siguen como siempre, a la gresca, sin la más mínima aproximación en sus rígidas posturas y haciendo que España se aproxime más que nunca a ese punto de no retorno del que no podrá salir por sus propios medios. Parece increíble que se hable de en qué va a gastar el Gobierno el exceso de recaudación provocado por la inflación, cuando tenemos un océano de deuda que amortizar y un déficit público que este año puede que ronde los 70.000 millones de euros.

Los españoles de a pie estamos soportando un ambiente de incompetencia y mediocridad en el terreno político como no habíamos tenido desde la posguerra. No voy a recurrir a la manida expresión de que se mete a político el que no vale para otra cosa, pero creo que, aunque no me hagan caso, por lo menos nuestros actuales próceres deberían reflexionar sobre la necesidad de establecer un marco de diálogo que trate de evitar lo que, al menos para mí, parece irremediable en relación con la potencial quiebra económica de nuestro erario.

Es necesario que se establezca un techo de gasto compatible con los ingresos previstos, y no gastar todo lo que te exijan tus compañeros de coalición, emitiendo deuda pública para seguir contando con sus votos. No se puede realizar una especie de rebelión fiscal desde las Comunidades Autónomas para comprar el voto de los ciudadanos con rebajas fiscales y subsidios que no salen de otro sitio que de la emisión de deuda pública.

No se puede estar criticando por sistema al Gobierno por cualquier decisión que toma, porque luego resulta que, como ha ocurrido con el tema de los márgenes extraordinarios de las compañías energéticas, Bruselas te da un revolcón. Y, finalmente, no se puede estar debatiendo entre Gobierno y oposición, y de forma sistemática, delante de los micrófonos de los periodistas, porque para algo, digo yo, tenemos el Congreso de los Diputados.

No es de extrañar que estén poniéndose de moda partidos extremistas y populistas, habida cuenta del hartazgo de los ciudadanos de ese viaje a ninguna parte al que nos están llevando los políticos “clásicos”. Los ciudadanos buscan soluciones e intentan aferrarse a cualquier discurso que les genere una mínima oportunidad de cambio. Y no es que me parezca mal que gane las elecciones italianas Giorgia Meloni. Siempre he pensado que a todo el mundo hay que darle una oportunidad, al menos, durante esos 100 días de cortesía; el problema es que el modelo de convivencia europeo está basado en un esquema de democracias liberales representativas que asumen la economía mixta de mercado como referencia, y no está nada claro que personas como Salvini o Berlusconi sean representativas de ese modelo. Lo mismo puede pasar en España con Vox o con Podemos.

Ser demócrata no es fácil; lo tienes que ser siempre, incluso cuando tienes en frente a personas totalitarias; pero éstas, como no tienen por qué ser demócratas, pueden jugar la partida con cartas marcadas y, al final, ganarte y llevarte a ese viaje a ninguna parte que no queremos, pero que tristemente nos podemos ver abocados a recorrer.

En fin, mientras que algunos españoles tienen que dilucidar si una solución para llegar a fin de mes podía ser darle la vuelta a la ropa interior para hacerse la ilusión de que se la ponen limpia, reduciendo así la factura eléctrica, o piensan sesudamente qué artículos de la lista de la compra tienen que eliminar cuando vayan luego al supermercado, seguro que hay un buen número de políticos que lo que están estudiando es cómo recolocarse el año que viene ante el cambio de ciclo político, habida cuenta de sus exiguos currículos, ya sean inventados o no.

Eso no les pasará a los 500.000 nuevos empleados públicos netos (2,9 a 3,4 millones) que han pasado a engrosar la lista de gasto público vitalicio en los últimos cinco años, o a los que han ingresado a dedo en las más de 5.000 empresas públicas que escapan a la Intervención General del Estado, o al enriquecimiento de muchos miles que han creado empresas ad hoc para lucrarse del déficit público que se ha generado por el aumento sin control de gasto público en los últimos tres años (más de 250.000 millones de euros).

Siento ser pesimista, pero creo que cada vez más se nos está poniendo cara de griegos.

Miguel Córdoba es profesor de economía y finanzas desde hace 33 años y ha sido director financiero de varias empresas del sector privado.

El TJUE falla contra España por obstruir las compensaciones patrimoniales a los contribuyentes

 

Economía. SENTENCIA.

Pablo Sempere Cinco Dias. Madrid  28 JUN 2022 - 09:17 CEST

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha fallado este martes contra España por obstruir y entorpecer los procesos de reclamación patrimonial iniciados por los contribuyentes contra el Estado. En concreto, el tribunal con sede en Luxemburgo ha tumbado parte de la Ley 39/2015 y de la Ley 40/2015 de la normativa española sobre responsabilidad patrimonial, que hacía prácticamente imposible o excesivamente arduo el resarcimiento de los contribuyentes que se enfrentaban a uno de estos procesos de reparación.

Las normativas en cuestión fueron redactadas en el año 2015 por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. En opinión de varios expertos consultados, el objetivo del texto no era otro que impedir mediante una amalgama de condicionantes y disposiciones que el Estado tuviese que abonar a los ciudadanos y empresas afectados por unos impuestos ilícitos cantidades ingentes de dinero.

Tal y como explica Isaac Ibáñez García, el abogado fiscalista que elevó el asunto a la Comisión Europea en 2015, la ley española que ahora tumba Luxemburgo exige que, para poder reclamar, exista una sentencia del TJUE que declare incompatible con el Derecho comuniario la norma nacional en cuestión. También, que el reclamante haya recurrido y haya obtenido una sentencia desestimatoria firme. El TJUE también anula la restricción de las reclamaciones a solo un año desde la publicación de la sentencia y tumba la caducidad de cinco años desde que se produce el hecho causante del daño. Entiende, por lo tanto, "que los particulares perjudicados tienen derecho a ser resarcidos".

Con su fallo, el TJUE sostiene que los requisitos establecidos por la legislación española en materia de indemnización de daños están articulados de manera que, en la práctica, "es prácticamente imposible obtener la indemnización patrimonial", añade Ibáñez García. "Es lo que se entiende como principio de efectividad". Sin embargo, Luxemburgo no falla contra España por el principio de equivalencia, que establece que los requisitos establecidos por la normativa nacional "no pueden ser menos favorables que los que se aplican a reclamaciones semejantes de naturaleza interna", apunta la sentencia.

La decisión del tribunal de Luxemburgo, explica Alejandro del Campo, abogado y socio de DMS Consulting, es "demoledora" y abre la puerta a que las indemnizaciones por pagos que se produjeron hace más de cinco años "puedan volver a reclamarse". En este punto, el abogado, que llevó a la UE las multas fiscales por bienes en el extranjero (el conocido modelo 720 que tumbó también el TJUE en enero), celebra un fallo que previsiblemente permitirá iniciar procesos de nuevas compensaciones. Estima el impacto en varios millones de euros.

Varios años

El blindaje que ha tumbado este martes el TJUE parte del año 2014, cuando España recibió dos condenas en materia tributaria desde Luxemburgo por determinadas figuras impositivas y sus diseños a la hora de aplicarlas. A un lado se encontraba el conocido como céntimo sanitario, o Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos. Al otro, la discriminación a los no residentes que tenían que abonar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y que no podían beneficiarse de las bonificaciones fijadas por cada comunidad autónoma. Estos dos apartados fueron declarados contrarios al derecho europeo.

 

Tras ese primer fallo del TJUE, explica Del Campo, aquellas personas que habían pagado esos impuestos indebidos en los últimos cuatro años pudieron empezar a reclamarlos. Sin embargo, los que se habían abonado hace más de cuatro ejercicios, además de los que no habían sido impugnados en el plazo de un mes después de que Hacienda los hubiese liquidado, quedaron prescritos. Es ahí cuando se inicia el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado con la idea de que, "aunque no te pueda pedir lo abonado, sí te puedo reclamar una responsabilidad patrimonial, es decir, lo pagado indebidamente y sus intereses". El resultado es que España tuvo que devolver mucho dinero e indemnizar a los particulares afectados.

Con esta avalancha de procedimientos de responsabilidad patrimonial, detalla Del Campo, el ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro "convirtió la responsabilidad patrimonial en una carrera de obstáculos, con requisitos y condicionantes fijados para que el Estado pudiese escurrir el bulto".

Algunos de estos requisitos, ilustra Del Campo, establecían que para que los particulares pudiesen reclamar responsabilidad por los daños derivados de una ley debía existir una sentencia del TJUE que declarase que esta era contraria al Derecho de la Unión. Otros requisitos eran que únicamente eran indemnizables los daños producidos en el plazo de los cinco años previos a la fecha de la publicación de la normativa en el boletín comunitario, o que solo se disponía de un año desde la publicación de la sentencia para poder recurrir. "Con todos estos condicionantes mucha gente se quedaba por el camino".

Con el fallo conocido este martes, el Tribunal de Justicia declara que España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del principio de efectividad al adoptar todas estas disposiciones. Así, el TJUE recalca que no es legal el requisito de que, para obtener una compensación patrimonial, deba existir una sentencia del Tribunal de Justicia que haya declarado el carácter contrario al Derecho de la Unión de la norma con rango de ley aplicada. También carga contra el requisito de que el particular perjudicado haya obtenido, en cualquier instancia, una sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño.

En paralelo, el TJUE niega que haya un plazo de prescripción de un año para actuar desde la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea de la sentencia en cuestión. También rechaza que solo sean "indemnizables" los daños producidos en los cinco años anteriores a la fecha de dicha publicación, "salvo que la sentencia disponga otra cosa".

 

 ¿Y ahora que?, ¿procederán de oficio?... imagino que imperará el silencio... de los ladrones.

culparan a los anteriores, cuando también han sido beneficiarios, etc....que transcurra el tiempo que otros lo arreglaran.... o no.

 

censo porcino mundial previsto para 2022

 

La gran banca gana 20.000 millones en 2021, el mayor beneficio desde la anterior crisis

 

El BCE alerta del riesgo sistémico de la gigantesca industria de fondos

El patrimonio en inversión colectiva se ha triplicado desde 2012

Miguel Moreno Mendieta. Madrid  27 OCT 2021 - 08:48 CEST Cinco Dias

El Banco Central Europeo (BCE) está preocupado por el colosal tamaño que ha adquirido la industria de fondos de inversión. En uno de sus últimos estudios, el organismo analiza el papel que está teniendo el sector en la correcta transmisión de la política monetaria y los riesgos sistémicos que se pueden desencadenar en momentos de crisis financieras si muchos gestores deciden vender al mismo tiempo.

A finales de 2012, los países de la zona euro acumulaban algo más de cinco billones de euros en fondos y otros vehículos de inversión colectiva. Al cierre de 2020, ese importe se había triplicado, sobrepasando los 15 billones de euros.

En su informe Fondos de inversión, asunción de riesgos y política monetaria en la eurozona, publicado hace tres días por el BCE, se explica que el fuerte desarrollo de este tipo de productos ha marcado la forma en que la fijación de los tipos de interés acaba transmitiéndose al conjunto de la economía.

“A medida que el sector ha ido creciendo, lo ha hecho también su importancia para la actividad económica y para la transmisión de la política monetaria. Ahora bien, una excesiva asunción de riesgos puede provocar efectos perjudiciales sobre el conjunto del sistema financiero, pues contribuye a que las empresas se endeuden demasiado o porque en momentos de volatilidad los gestores pueden tener dificultad para vender algunos activos de riesgo”, apunta el informe.

EL AUGE DE LA FINANCIACIÓN NO BANCARIA

Fondos de deuda. Los fondos de inversión especializados en comprar bonos emitidos por empresas han tomado cada vez más protagonismo, sustituyendo poco a poco a la pura financiación bancaria. Para las compañías cada vez ha sido más barato emitir deuda en mercados abiertos y así diversificar sus fuentes de financiación.

Política monetaria. La acción del BCE ha hecho que la deuda soberana cada vez ofrezca menos rentabilidad, por lo que muchos gestores de fondos de renta fija han ido poniendo cada vez más dinero en los bonos corporativos. Primero de grandes grupos y luego en emisiones de compañías más pequeñas.

Inversión fuera. Uno de los problemas observados por parte de los investigadores del BCE es que, a medida que los cupones de la deuda corporativa europea se van haciendo menos atractivos, los gestores empiezan a buscar oportunidades de inversión fuera del ámbito de la zona euro. Esto hace que la transmisión de la política monetaria a las empresas se pueda truncar.

Cuando el BCE comenzó en 2013 a comprar deuda soberana europea provocó una paulatina caída de las rentabilidades de los bonos emitidos por los Gobiernos. Poco a poco, los gestores de fondos fueron buscando cupones atractivos en otro tipo de activos. Primero, en bonos emitidos por grandes empresas con una gran solvencia. Y, después, en deuda emitida por compañías más pequeñas, que entrañan más riesgo. También en deuda híbrida que, bajo ciertas circunstancias, se pueden convertir en acciones.

Este incremento de los riesgos asumidos es una de las cuestiones que más preocupa a los investigadores del BCE. La política monetaria expansiva adoptada por la institución durante muchos años, ha acabado incentivando la llegada de dinero a los fondos. Los depósitos bancarios ya no rentaban nada, por lo que los ahorradores también han ido asumiendo más riesgos.

Además, también se ha observado que la política del BCE también cambia la forma de gestionar de los gestores. “Los fondos de renta fija han ido reduciendo el peso que tenía el efectivo en sus carteras, porque les cuesta más”. El problema llega cuando hay una crisis en el mercado y hay que deshacer posiciones.

Un ejemplo muy concreto de lo que ha pasado con esta nueva estructura de mercado es lo sucedido al desencadenarse la crisis del coronavirus, en marzo de 2020. “Las salidas de dinero de fondos de deuda corporativa fueron tan fuertes, que no había efectivo suficiente. Esto obligó a los gestores a vender activos de forma forzada, lo que agravó la depreciación de ese tipo de deuda”, apunta el informe.

Para los economistas del BCE, este tipo de efectos deberían intentar atajarse con algún tipo de regulación que evitara que los gestores de fondos asuman unos riesgos de iliquidez excesivos.

“Dada la enorme importancia que tienen ahora los fondos en la transmisión de la política monetaria, adoptar este tipo de herramientas no solo limitaría el riesgo de liquidez de fondos concretos sino también del conjunto del sistema financiero”, apunta el estudio.

La lectura en detalle del articulo da una imagen clara de la actual situación del mercado.

El Consejo de Ministros aprueba el Anteproyecto Ley de Vivienda

 A falta de que se apruebe el anteproyecto y se promulgue la ley, que se prevée en un plazo de dos años, estas son las líneas maestras de este polémico y anteproyecto que atenta contra la libre empresa y la libertad de los ciudadanos, los cuales son tratados permanentemente como ignorantes y al servicio de la administración. (Hoy se conoce que el tribunal constitucional declara nulo el cálculo de las plusvalías municipales por ser injusto, ¿pero alguien acusará o señalara a miles de alcaldes y/o corporaciones municipales que ha sabiendas de ello, perpetraban dicha injusticia por motivos recaudatorios y no asumir el incrementar otro tipo de impuestos por motivos políticos con el consiguiente coste electoral, y que hubiera equilibrado las cuentas de dichos consistorios?)

Andrés Lara. Redactor de Economist & Jurist  26/10/2021

• El hecho de que la puesta en marcha de algunas de sus medidas dependa de autonomías y ayuntamientos va a hacer difícil su desarrollo
• La Ley de Vivienda permite limitar el precio de los alquileres en zonas tensionadas. 

Ha comenzado lo que promete ser una dura batalla política, parlamentaria y económica. El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de hoy el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda. Esta es la primera norma sobre esta materia que se hace en democracia y parece que el Gobierno tiene prisa por sacarla adelante.

Según ha anunciado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Ejecutivo quiere que la ley pase el trámite parlamentario a finales de este año, por lo que va a ser tramitada por el procedimiento de urgencia. Aun así, la Ley, de aprobarse, tardaría casi un año en pasar el trámite parlamentario, por lo que no podría estar en vigor casi hasta principios de 2023.

Según se establece en el anteproyecto, la norma permite limitar el precio de los alquileres en zonas tensionadas a personas jurídicas (empresas e instituciones) y físicas consideradas grandes propietarios. Se considera como tales a los titulares de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados.

El resto de propietarios (grandes tenedores personas físicas y pequeños tenedores) de esas zonas podrán incrementar los precios hasta un 10% sobre la última renta del contrato anterior, si el propietario rehabilitó el piso dos años antes del vencimiento, si aplicó obras que suponen un ahorro energético del 30%, mejoras de accesibilidad o cuando se firmen arrendamientos por periodos de 10 años o más.

Áreas de mercado tensionado

La delimitación de lo que la norma califica como “áreas de mercado tensionado” es fundamental para la aplicación del límite de precios. En el anteproyecto de ley se establece que las áreas tensionadas son aquellas en las que el precio medio de las hipotecas o de los alquileres de la zona, más los gastos y suministros básicos (luz, agua, gas, telecomunicaciones, impuestos vinculados al inmueble y gastos de comunidad), supere el 30% de los ingresos medios o de la renta media de los hogares. Además, en estas áreas, los precios de compra o alquiler deben haber subido en cinco años más de cinco puntos por encima del IPC autonómico.

Uno de los grandes cambios de la ley se refiere a la suspensión de los desahucios. Cuando entre en vigor la norma, serán los juzgados los que de oficio suspendan los desahucios por impago de alquiler de familias vulnerables durante dos meses, si el demandante es una persona física, y durante cuatro meses si es persona jurídica. Es una de las grandes novedades de la norma.

Cambios en la tributación

En cuanto a la tributación por las viviendas, la norma introduce modificaciones significativas. Por un lado, la desgravación del 60% en el IRPF por rendimiento neto del alquiler de vivienda habitual, que está ahora en vigor se va a reducir al 50%. Sin embargo, este porcentaje será modulable hasta una bonificación máxima del 90% en función de una serie de requisitos. La norma, por ejemplo, recoge bonificaciones del 60% si la vivienda se ha rehabilitado dos años antes, del 70% si se alquila a menores de 35 años en una zona tensionada, y del 90% si se ha rebajado el precio del alquiler un 5%, de nuevo en un área tensionada.

El Gobierno quiere utilizar la política impositiva para poner en el mercado del alquiler viviendas vacías. En este sentido, se habilitará a los ayuntamientos para que penalicen a los propietarios de estas viviendas con hasta el 150% de recargo en el IBI a «aquellas viviendas vacías durante más de dos años, con un mínimo de cuatro viviendas por propietario, salvo causas justificadas de desocupación temporal». Según el anteproyecto, el recargo sería de un 50% por tener una casa vacía, de otro 50% si la desocupación se prolonga durante tres años, y de otro 50% si el mismo propietario tiene dos o más inmuebles vacíos en la misma zona.

Los dueños de los pisos vacíos podrán ser penalizados con una subida del IBI de hasta el 150%.

En la norma se apuesta por potenciar la vivienda social, por lo que se articulan una serie de medidas destinadas a tal fin. El texto establece una reserva del 30% del suelo urbanizado en las nuevas promociones, que deberá destinarse a la vivienda protegida. De ese porcentaje, el 10% se reservará al alquiler protegido. La compensación a las promotoras por esta reserva va a correr a cargo de los ayuntamientos que decidan exigirla.

Asimismo, se establecen una serie de salvaguardas que van a evitar que las viviendas públicas dedicadas al alquiler puedan ser vendidas, como ya ha ocurrido en alguna ocasión.

Ley polémica

Esta norma que, según la titular de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana es “histórica para combatir los excesos del mercado inmobiliario y para dar seguridad jurídica al proteger al inquilino y al propietario”, nace plagada de polémicas y con una serie de condiciones que van a hacer que su desarrollo práctico sea muy difícil. Antes, eso sí, la ley tiene que ser aprobada.

A priori, la tramitación parlamentaria no va a ser fácil. En estos momentos, el Gobierno no tiene asegurado el apoyo de los socios del Ejecutivo, ya que consideran que el articulado que conocen no se ajusta a sus expectativas, y la consideran “insuficiente” e “incompleta”.

ERC ya ha anunciado que hay aspectos que va a enmendar por considerar que la ley entra en colisión con su propia normativa autonómica a la hora de la contención de las rentas del alquiler. El PNV no se ha mostrado abiertamente en contra de la ley, pero afirman que van a vigilar muy estrechamente que se respeta el marco competencial.

Precisamente el marco competencial en lo relativo a la vivienda va a ser uno de los principales problemas para que, una vez aprobada, la Ley de Vivienda pueda desarrollarse.

Las competencias sobre vivienda están en manos de las Comunidades Autónomas y, en algunos aspectos, de los ayuntamientos. La declaración de zona de mercado tensionado depende de las autonomías, y las gobernadas por el PP no van a aplicar las medidas incluidas en la norma. Incluso cuando solo se sabían algunos detalles de la misma el presidente del partido, Pablo Casado, anunció que la iban a recurrir ante el Constitucional, ya que “la regulación del precio de los alquileres supone un ataque sin precedentes a la propiedad privada y plantea inseguridad jurídica”.

Lo mismo ocurre con la subida del IBI a los propietarios de las viviendas desocupadas. Los ayuntamientos gobernados por el PP no van a subir el Impuesto de Bienes Inmuebles. Además, son los ayuntamientos los que tienen que compensar a los promotores que destinen parte de las promociones de vivienda al mercado de alquiler, con el quebranto que puede suponer a sus arcas.

Carlos A. Grande Grandas, socio en Abencys, señalaba hace unos días en una tribuna publicada por Economist & Jurist que, por lo que se conocía en ese momento la ley contenía “una posible restricción a libertad de empresa constitucionalmente protegida que, además, desincentivará a los inversores en aquellas Comunidades Autónomas que apliquen la norma”. A su juicio, “si el inversor no tiene incentivo, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay vivienda nueva y tampoco hay gasto en las existentes, con el consiguiente perjuicio para el arrendatario, que ve limitada su elección. Y si no hay inversión, no hay actividad económica y se incentiva el desempleo”.

El Consejo de los Colegios de Gestores avisa de que 500.000 autónomos pueden acabar en la economía sumergida

 POR LA PRESIÓN FISCAL Y LA SUBIDA SALARIAL

Los gestores alertan de que muchos autónomos podrían trabajar en economía sumergida

El Consejo de los Colegios de Gestores Administrativos alertó en su último barómetro sobre los 500.000 autónomos que pueden acabar trabajando en la economía sumergida a causa de la presión fiscal y por no poder asumir la subida del SMI.

Autónomos y Emprendedores ANDREA GONZÁLEZ 08/10/21

La presión fiscal a la que están sometidos los autónomos, unida a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y las dificultades para hacer frente a sus cotizaciones a la Seguridad Social, "podría hacer que 500.000 pequeños y medianos negocios acaben trabajando en la economía sumergida". Es una de las conclusiones más alarmantes que se extraen del último barómetro del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos. Su presidente, Fernando Santiago, aseguró que "el 18% de los pequeños y medianos negocios podrían estar planteándose de forma muy seria autoexcluirse del sistema".

Para Santiago, estaría una "muy mala noticia para el conjunto de la sociedad. No solo porque tanto Hacienda como Seguridad Social recaudarían menos, sino también porque los trabajadores estarían menos protegidos y los clientes perderían la seguridad y confianza en los productos y servicios ya que no tendrían facturas ni, por ende, garantías que reclamar". Los gestores administrativos advierten al Gobierno de que "si no empiezan a entender la situación que están atravesando los trabajadores por cuenta propia, y aligeran, en la medida de lo posible su carga, este tipo de situaciones serán cada vez a más habituales", explicó Santiago.

No obstante, este no es el único problema con el que se encuentran los autónomos en nuestro país. Tal y como señala el barómetro, más de 700.000 pequeños negocios no tienen apenas liquidez ni solvencia económica. A ello se suma que más de 140.000 autónomos se van a ver obligados a prescindir de alguno de sus empleados debido a la subida del SMI y el repentino incremento de las facturas eléctricas. El presidente de los gestores administrativos puso también sobre la mesa la moratoria concursal aprobada por el Gobierno que, a su juicio, "está manteniendo a 130.000 negocios en vía de extinción". Por último, no quiso olvidarse del "poco alcance" que están teniendo en el colectivo las ayudas directas y los Fondos Europeos Next Generation debido a los "estrictos requisitos de acceso". 

La morosidad acentúa la falta de liquidez

El último barómetro de estos profesionales que conocen bien a los autónomos a los que prestan servicio de gestoría deja entrever los problemas de liquidez y de solvencia que continúa sufriendo el tejido productivo español, más de 700.000 negocios están en esta situación. En su gran mayoría, más de un 27% de los autónomos, "esta situación se da debido a la morosidad. Se trata de un elevado porcentaje de profesionales que tienen que soportar impagos por parte de sus clientes, lo que les genera una gran falta de liquidez", explicó Fernando Santiago. 

A causa de esta lacra que sigue sin solucionarse para el colectivo, el 8% presenta impagos ante la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, el 14% no puede asumir el alquiler de los locales donde desarrollan su actividad y el 13% de las pequeñas y medianas empresas no están pagando a sus acreedores o están en mora con las entidades financieras. "Todo este período sin ingresos no ha hecho más que endeudar a los autónomos y agotar sus ahorros. Los ingresos todavía no están al mismo nivel que antes de la pandemia, por lo que la brecha aún no se ha cerrado para muchas empresas”, señaló el presidente de los gestores administrativos.

Por ello, Santiago no entiende como el Gobierno presenta, "con cierta euforia", las cifras de empleo y de afiliación a la Seguridad Social "cuando aún hay entorno a 500.000 personas acogidas a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o a la prestación por cese de actividad que, 18 meses después del inicio de la crisis sanitaria, no han conseguido aun reincorporarse al mercado de trabajo”. 

140.000 negocios despedirán a causa del SMI y la luz

Otra de las conclusiones que se extraen del informe elaborado por los gestores administrativos es que alrededor de 140.000 pequeñas y medianas empresas van a tener que despedir personal como consecuencia de la subida del SMI, el incremento de la energía y la electricidad y el encarecimiento de las materias primas. 

En concreto, el 42% de los autónomos se están viendo "muy perjudicados por la subida del precio de la energía y el 65% se está sufriendo de forma grave o muy grave las subidas de energía, inflación, SMI y materias primas", explicaron estos expertos.

 moratoria concursal mantiene a 130.000 negocios

El conjunto de todos estos problemas supone, según Santiago, la extinción de 130.000 negocios que, sin embargo, se mantienen gracias a la moratoria concursal que aprobó el Gobierno como medida extraordinaria a raíz del Covid-19. "Estos autónomos están técnicamente en una situación de concurso de acreedores, pero resisten en el tiempo porque no están obligados a presentarlo", explicó el gestor.

"El Ejecutivo debería ofrecer ayudas para las que a día de hoy se pueden salvar, y aquellas que no puedan hacer nada por mantenerse deberían desaparecer de manera ordenada. No tiene sentido que haya decenas de miles de empresas zombies que están por un lado empeorando su propia situación y, por otro, la de terceros que desconocen su estado y pueden estar siguiendo trabajando con ellos, sin que vaya a poder cobrar", señaló Fernando Santiago.

Los gestores administrativos confían en que la situación en la que se encuentran estos negocios mejore a medida que desaparecen las restricciones y puedan retomar su actividad con normalidad. Sin embargo, aseguraron que "esto no va a ocurrir si no se apoya a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas con medidas claras, urgentes y contundentes. Se agradecen las prórrogas y las moratorias, pero es imprescindible poner en marcha ayudas definitivas que permitan a los negocios salir de esta situación", recalcó el presidente del organismo.

Las ayudas directas y Fondos Europeos no llegan al colectivo

La última apreciación del barómetro del Consejo General de Gestores Administrativos de España es en relación a las ayudas directas y a los Fondos Europeos Next Generation. Estos expertos insistieron en que los autónomos y pequeños negocios se están quedando fuera de las tan esperadas ayudas directas: casi el 30% del colectivo no ha podido solicitarlas por "las exigencias de acceso de la normativa. Lo que tendría que hacer el Gobierno es retirar los requisitos. Al igual que han hecho otros países, el Ejecutivo español debería dar ayudas directas, mes a mes, a los profesionales afectados, siendo el único requisito demostrar que se perdieron ingresos como consecuencia de las limitaciones de movilidad", explicó Santiago.

De igual forma se refirió a los Fondos Europeos Next Generation: "no podemos pensar que estos fondos son la solución a todos los problemas de los pequeños negocios. Al final, se quedarán para las grandes empresas, que son las que tienen recursos y proyectos suficientes para llevar a cabo la solicitud y tramitación de los mismos". El gestor insistió en que el Gobierno "debería de darse cuenta de que los trabajadores por cuenta propia no tienen los recursos necesarios ni para llevar a cabo los procesos, ni para cofinanciar proyectos. Para que lleguen a los más pequeños es necesario aliviar la carga burocrática y reducir las restricciones", concluyó el presidente del organismo.

El timo del Gobierno con los peajes: solo reinvierte en carreteras el 4% de lo que recauda del coche

La recaudación tributaria asciende a 1.000 euros anuales por vehículo.

Bruselas ya desenmascaro a Ábalos con los peajes de las autovías: "Esta medida no responde a ninguna propuesta o exigencia específica de la Comisión"

Diego Sánchez de la Cruz 2021-10-22 Libre Mercado

El Gobierno de PSOE y Podemos insiste en el que la instauración de nuevos sistemas de peaje en las autopistas y autovías de nuestro país es inminente. La coalición social-comunista justifica su apuesta aludiendo a la necesidad de introducir otro tipo de modelo de tarificación "que genere los recursos suficientes para el mantenimiento de las carreteras" de más capacidad y mayor velocidad.

La ministra del ramo, Raquel Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo presentará su propuesta "en pocos meses" y ha anunciado que su equipo "está trabajando en los análisis y estudios que permitan establecer un nuevo sistema que sea justo, que esté sujeto al consenso y que cuente con las comunidades autónomas".

Desde que el Gobierno ha puesto encima de la mesa la posibilidad de multiplicar el cobro de peajes en la red de autopistas y autovías, la retórica oficialista ha insistido en que la implantación de un modelo así tendría el efecto de contribuir al financiamiento del presupuesto de conservación de carreteras, estimado en algo más 1.200 millones de euros anuales.

Sin embargo, la trampa del Ejecutivo consiste en plantear este debate como si el uso del automóvil no estuviese sujeto ya a un sinfín de gravámenes que, de forma directa e indirecta, generan un volumen ingente de recursos para las Administraciones Públicas. De hecho, por cada 30 euros recaudados del sector, la reinversión requerida por las carreteras es de apenas 1 euro.

Así se desprende de los datos que ha facilitado ANFAC, la patronal de los fabricantes de automóviles, la recaudación tributaria derivada del uso automóvil ronda los 31.000 millones de euros anuales, lo que equivale a 1.000 euros por conductor. Para ser precisos, los ingresos ascienden a 14.007 millones por el impuesto especial de hidrocarburos, a 7.507 millones por el IVA de los carburantes, a 4.878 millones por el IVA de la compra de nuevos automóviles, a 2.925 millones por el impuesto de circulación, a 534 millones por el impuesto aplicado a la transmisión de coches de segunda mano, a 616 millones por el impuesto de matriculación, a 197 millones por la tasa de cambio de titularidad, a 147 millones por la tasa de matriculación y a 79 millones por el permiso de circulación.

No hay que olvidar, además, que en 2022 entrará en vigor la subida del impuesto de matriculación que estaba prevista originalmente para 2021 y que elevará en casi 1.000 euros la compra de un vehículo medio.

Frente a estos datos, los 1.200 millones que el Gobierno dedica al mantenimiento de las carreteras son apenas el 4% de lo que ingresan las arcas mediante los distintos tributos vinculados al uso del automóvil. De modo que, por cada 100 euros generados mediante los gravámenes citados en el párrafo anterior, las Administraciones solo dedican 4 euros a la conversación de las carreteras y, en cambio, destinan los 96 euros restantes a otro tipo de desembolsos (salarios de funcionarios y empleados, subsidios y demás programas de gasto público).

El peor de los mundos posibles

Es cierto que, según las cifras que baraja la patronal del sector de las infraestructuras, SEOPAN, en los últimos años se ha acumulado un déficit en las inversiones de conservación de carreteras que supera los 8.000 millones de euros. Esto hace aún más sangrante la forma en que se emplean los recursos fiscales que genera el automóvil, porque el desvío del 96% de lo recaudado a otras partidas de gasto ha generado tal agujero que, tarde o temprano, deberá ser cubierto.

Desde el think tank Acción Liberal apuntan que se podría optar por introducir un modelo de pago de 3 céntimos por kilómetro, que generaría unos 6.000 millones de euros, pero a cambio plantean que debería eliminarse el impuesto de matriculación e, igualmente, se debería reducir el impuesto de hidrocarburos en un 15%. Además, para cubrir el déficit de inversión, el estudio plantea la concesión de las autopistas y las autovías por periodos de al menos 25 años, para que sean las empresas privadas las que asuman la factura a cambio de manejar el flujo de peajes durante el periodo indicado.

El problema es que, de prosperar la propuesta del Gobierno, tendremos el peor de los mundos: más peajes, más impuestos y más estatalización de la gestión de las carreteras. Todo aderezado, además, con un volumen creciente de restricciones al uso del vehículo privado en las grandes ciudades. Nadie diría, ante semejante maltrato regulatorio al coche, que España es uno de los principales productores de automóviles de Occidente...

Estos son los 4.400 municipios españoles que no tienen oficina bancaria. Más de 1,6 millones de personas no tienen acceso a una oficina

 EL PAÍS Economía. LA ESPAÑA VACIADA. Ricardo Sobrino. 12 OCT 2021 - 19:11 CEST

Más de la mitad de los municipios españoles no tienen una sola oficina bancaria. El progresivo recorte de la red unido a la apuesta por la banca online han dejado a buena parte de la denominada España vaciada sin una sucursal a la que acudir para gestionar de forma presencial sus finanzas. Según los datos del Banco de España actualizados a cierre de junio, de los 8.131 municipios que hay en España, 4.443 no tenían oficina, el 54%. En total más de 1,6 millones de personas están sin acceso a una oficina en su municipio.

Aunque en términos relativos supone que solo el 3,5% de la población en España carece de acceso a una sucursal, encontrar una oficina en algunas comunidades autónomas puede llegar a ser complicado. Además, se produce la situación de que precisamente en las zonas rurales en las que no hay oficinas bancarias es donde los ciudadanos tienen más necesidad de ellas. Se trata, en general, de zonas agrícolas con escasa población donde buena parte de los habitantes pertenece a un grupo de edad que tiene más difícil el acceso a los canales digitales de los bancos y para los que el acceso al efectivo sigue siendo muy importante.

El propio Banco de España en el informe Infraestructura del efectivo y vulnerabilidad en el acceso al efectivo en España advierte de que en torno a 1,3 millones de personas se encuentra en una situación vulnerable para acceder al efectivo y subraya que “es fundamental asegurar que los ciudadanos que deseen usar este medio de pago tengan acceso a él”.

Las CC AA más despobladas de sucursales

Observando el mapa de la España vaciada de oficinas bancarias se aprecia que las comunidades autónomas del norte son las más despobladas de sucursales. En Castilla y León, el 80% de los municipios están vacíos de oficinas. La orografía del territorio y el hecho que concentre muchos pueblos pequeños ha provocado que tradicionalmente sea la comunidad autónoma más castigada con una baja densidad y cobertura de oficinas. Tan solo 373 de los 2.248 municipios cuentan con al menos una sucursal.

De hecho, según el citado informe del Banco de España, las provincias castellanoleonesas son las que cuentan con un mayor número de personas en situación de alta vulnerabilidad en el acceso al dinero en efectivo: en Zamora el 18,7%, en Ávila el 13,6%, en Salamanca el 10,6%, en Palencia el 9,1%, en Soria el 8,6% y en León el 7,8%. Burgos, con el 4,1% y Segovia, con el 3,2% están algo por debajo, pero siguen en niveles altos teniendo en cuenta que la media nacional es del 0,7%.

En La Rioja la situación es similar. Solo 52 de los 174 municipios cuentan con establecimientos financieros. En total, 15.574 habitantes se encuentran sin acceso a servicios bancarios presenciales, lo que representa un 4,87% de los riojanos.

Igualmente, en Aragón (60,5% de los municipios sin oficinas), Navarra (54,4%), Cataluña (52,1%) y Castilla la Mancha (51,1%), la mayor parte de los pueblos no cuentan con acceso a oficinas bancarias por lo que sus habitantes no pueden gestionar presencialmente sus finanzas personales. En la comunidad autónoma manchega destaca especialmente la baja cobertura de oficinas bancarias en la provincia de Guadalajara.

En cambio en las regiones del sur y las islas la mayoría de municipios sí que tienen acceso a servicios financieros de forma presencial. En Canarias tan solo dos municipios no cuentan con oficinas bancarias, mientras que en Baleares son tres y en Murcia, cuatro. Andalucía, pese a sus dimensiones territoriales, tan solo cuenta con un 22% de los municipios está sin acceso a una sucursal bancaria. En parte esto se debe gracias a la labor de las cooperativas de crédito, fuertemente arraigadas en las provincias andaluzas, que encuentran su nicho de mercado en las zonas rurales.

Como curiosidad los pueblos más pequeños que cuentan con al menos una oficina bancaria son Cerbón, en la provincia de Soria, con 27 habitantes; Aribe, en Navarra, que cuenta con 32 habitantes; y Setiles, en Guadalajara, que tiene 80 habitantes.

En el lado contrario, el municipio de Berrioplano, también en Navarra, no cuenta con ninguna oficina pese a sumar 7.457 habitantes. Tampoco hay sucursales en La Canonja, en Tarragona (5.956 habitantes), ni en Palazuelos de Eresma, en Segovia (5.538 habitantes).

Evitar la exclusión financiera

Para paliar esa ausencia de servicios bancarios presenciales y evitar la exclusión financiera, se han llevado a cabo algunas iniciativas. CaixaBank ha heredado el Ofibus de Bankia, una sucursal móvil, que recorre municipios en riesgo de exclusión financiera. En 2020 la entidad absorbida por CaixaBank dio servicio a 250.000 personas residentes en 373 municipios que realizaron 200.000 operaciones.

Igualmente, en septiembre de 2020 Correos anunció un acuerdo con Santander para ofrecer servicios bancarios básicos en toda España a través de los 4.675 puntos de atención al ciudadano del organismo público. Además, los carteros pueden llevar dinero a cualquier domicilio en España.

El colapso de los puertos se agrava y pone en peligro la Navidad y el Black Friday

El Economista Vicente Nieves 4/10/2021 - 8:24 Actualizado: 09:57 - 4/10/21

Todo hacía indicar que después de la fuerte recesión económica y la mejora de la situación sanitaria (las vacunas no han llegado a todo el mundo por igual ni mucho menos), los países desarrollados podrían disfrutar de una segunda mitad de 2021 relativamente normal. Aunque la situación es sin duda mucho mejor que hace un año, quizá la vuelta a la normalidad económica no sea tan 'normal' como se esperaba. La recuperación presente está viniendo acompañada de ciertas singularidades que pocos habían previsto. Cuellos de botella, atascos en los puertos, escasez de inputs, materias primas... Y lo peor puede estar por llegar.

La crisis del covid supuso un parón total de la economía. Una 'hibernación' de la que el mundo ha despertado casi de un día para otro. Sin embargo, el lado de la oferta (el que se encarga de producir bienes y servicios) y las cadenas de suministro aún están frías tras esos meses de parón. Cuando un músculo frío y en reposo pasa a la acción de forma repentina, el riesgo de sufrir una rotura es muy amplio. Algo así, junto a otros factores, es lo que está provocando un colapso logístico a nivel mundial que podría poner en peligro las navidades.

Retrasos en los envíos de mercancías, unos fletes marítimos disparados, escasez de contenedores, prácticas poco éticas para lograr un hueco en un buque de mercancías... y por si esto era poco, China (la fábrica del mundo) comienza racionar la energía, impidiendo que industrias clave produzcan a su máxima capacidad.

"Este año, más que nunca, convendrá ser previsores y avanzar las compras de Navidad, ya que la situación de colapso excepcional que está sufriendo la logística marítima internacional puede poner en riesgo el aprovisionamiento de todo tipo de productos, especialmente en periodos de máximo consumo como los que se producirán a finales de año", advierte Oriol Montanyà, director del Departamento de Operaciones, Tecnología y Ciencia de la UPF Barcelona School of Management (UPF-BSM), en declaraciones a elEconomista.

El precio de alquilar un contenedor se ha disparado

Aún no ha llegado la temporada alta (Black Friday y Navidad) y las cadenas de suministro se encuentran bajo gran presión. Los economistas de la firma Oxford Economics han creado un indicador sintético (utilizando varios parámetros y variables) para evaluar su estado y todo hace indicar que la presión está al alza: "Los atascos en el transporte son el mayor punto de estrés, pero la limitada capacidad, el excedente de producción, los bajos niveles de inventarios, unos costes de los insumos considerablemente más altos (más agudos para las materias primas) y los desafíos laborales hacen que sea cada vez más difícil para la oferta mantenerse al día con la demanda", aseguran estos expertos.

"La demanda ha superado la oferta. Es decir, no hay suficientes barcos para atender a todas las peticiones de transporte, algo que está provocando interrupciones en varias cadenas de suministro, hasta el punto de encontrarnos con fábricas que se han visto obligadas a parar la actividad y a mandar a sus trabajadores a casa porque no tienen los componentes necesarios para mantener la producción. Tal y como lamentaba un directivo del sector industrial, 'la cuestión no es que falten materiales, sino que no llegan a tiempo'", añade Montanyà.

Carlos Moreno-Figueroa, portavoz de la Confederación Española de Comercio, se muestra de acuerdo en una charla con elEconomista y más que un problema de suministro, se trata de una cuestión de tiempos, que afecta sobre todo a ciertos componentes: "Hay algunos sectores más sensibles como es el caso de los juguetes, sabemos que va a haber retrasos, lo que no quiere decir que no vayan a llegar, pero quizá se retrasen un mes o mes y medio. Evidentemente con una demanda muy concentrada en determinados meses, si los comercios y los consumidores no adelantan las compras, muchos juguetes llegarán tarde".

¿Por qué este colapso del transporte ahora?

Aunque los puntos de estrés son muchos, el transporte se lleva la palma. No resulta fácil incrementar la capacidad logística de un día para otro y menos cuando existen estrecheces en otros muchos mercados y sectores. Por ejemplo, si el transporte marítimo sufre porque no hay suficientes contenedores, lo normal es que las navieras incrementen los pedidos de estos contenedores, lo cual lleva un tiempo en condiciones normales. Pero es que hoy la demanda de los metales para hacer contenedores (acero y aluminio) está disparada, las fábricas no dan abasto y para colmo las fundiciones chinas están viendo limitada su capacidad por los recortes en el consumo de energía. Una tormenta perfecta que podría estallar a finales de este año.

"Todos los años hay que renovar contenedores, su vida útil es de unos cinco años, dado el fuerte impacto de la salinindad del mar y otros factores. El año pasado con el covid no se renovaron ni la mitad de los que se tenían haber renovado y, por tanto, el número de unidades disponibles en el mercado ha caído", explica el portavoz de CEC.

Son multitud de factores los que han coincidido en el tiempo, generando una situación imprevisible. "En este sentido, hay tres problemas que se suman en una tormenta perfecta: el colapso de puertos (donde se retienen contenedores más de la cuenta), la descompensación de flujos (provocando que haya contenedores donde no se necesitan y viceversa) y la demanda disparada hasta un 8% (que supera una oferta menguante)", destaca Montanyà.

Este experto explica por qué se está produciendo esta situación. El problema llega por varios puntos. Por un lado existen algunos desequilibrios en los flujos de transporte marítimo que están colapsando estas instalaciones marítimas. "Algunos puertos se han visto superados por la situación y se están convirtiendo en auténticos cuellos de botella, ya sea porque han sufrido brotes de coronavirus, como las grandes instalaciones de Ningbo-Zhoushan (China), o simplemente porque no tienen la capacidad suficiente, como el puerto de Los Ángeles (EEUU), donde los barcos deben esperar entre dos y tres semanas para poder descargar".

Para intentar reducir los riesgos de cara a final de año, las empresas de logística han hecho grandes esfuerzos, mejorando procesos, apoyándose en la digitalización y usando analítica predictiva. Además, para intentar asegurar el Black Friday y la Navidad han adelantado buena parte de las operaciones (entre cinco y ocho semanas respecto a años anteriores) para estar preparados de cara a estas campañas. Esta previsión para asegurar el suministro está presionando hoy las diferentes cadenas de transporte, pero a su vez reduce el riesgo de desabastecimiento para noviembre y diciembre.

Francisco Aranda, presidente de UNO Logística, descarta la posibilidad de que se produzca un desabastecimiento en Navidades, pero reconoce que se pueden producir retrasos en la llegada de determinados productos. "Los fabricantes de contenedores no son capaces de cubrir la gran demanda de este momento, mientras que los protocolos sanitarios ralentizan el funcionamiento de los puertos asiáticos... de modo que la relación entre oferta y demanda está absolutamente descontrolada. Es cierto que las cadenas de suministro se están replanificando para afrontar estos cambios, pero también que la tensión es máxima, no sé qué más puede pasar, esto es una tormenta perfecta".

Todo sube de precio

Este desacople puede tener sus implicaciones más visibles en el colapso señalado, los retrasos en los pedidos... pero además puede lastrar, de forma temporal, la vigorosidad de la recuperación económica. De poco vale tener mucha demanda si no hay oferta para satisfacerla. El resultado de esto es un aumento de precios que ya se está produciendo y que se puede agravar en los próximos meses.

"Antes, traer un contenedor desde China a España podía costar 1.500 euros, ahora el precio se ha multiplicado por siete y hasta por diez en algunos casos. Esto está encareciendo todos los productos que vienen de fuera y además está generando retrasos en la llegada de los pedidos", apunta Moreno-Figueroa. Los fletes marítimos están disparados. Fuentes de una empresa textil catalana revelan a este diario que han perdido pedidos importantes de clientes porque la mercancía (entretelas para camisas) quedó atascada en China pese a tener un contenedor pagado y con contrato en un barco. "Es como una subasta, llegó una empresa de otro sector que pagaba más por el contenedor y nuestra carga se quedó en el puerto chino pese a que teníamos un contrato. Nuestros cargamento llegó semanas después", asegura la fuente.

Desde el departamento de compras de una de las cadenas de supermercados más importantes de Madrid explican que antes o después tendrán que subir los precios porque a sus proveedores les están incrementando los costes por todos lados: el cartón, los plásticos, el transporte... Ante este contexto, Moreno-Figueroa cree que "lo que está claro y lo que estamos viendo es que se va a producir una subida de precios general. Los costes en origen se están incrementando por las subidas de las materias primas y esto ya está suponiendo un incremento de precios generalizado que va a continuar afectando a todos los productos... En el caso de electrodomésticos estamos aconsejando que se adelanten las compras, sobre todo, porque los precios van a subir y los mayores costes se van a seguir trasladándose, aunque no prevemos problemas de suministro en este sector en concreto".

Las empresas prevén grandes subidas de precios

Todo hace indicar que la inflación seguirá al alza en los próximos meses. El IPC ya ha alcanzado el 4% en España en septiembre (3,4% en la zona euro) y eso que aún no se ha trasladado todo este incremento de los costes al precio de los bienes y servicios finales que pagan los consumidores. "Si no se hace nada para solucionarlo, se prevé que en los próximos meses la situación siga empeorando, ya que la demanda seguirá incrementando por el efecto de la Navidad y, en consecuencia, las cadenas de suministros seguirán tensionándose", revela el experto de la UPF-BSM.

anda, presidente de USO, insiste que en se está haciendo todo lo posible por mejorar la situación. "Los operadores logísticos están haciendo frente a este terrible colapso, pero esto no es un problema de corto plazo, la capacidad de fabricar contenedores y palets no se incrementa de hoy para mañana. La solución es reducir esta ultra-dependencia que tenemos de Asia. Tenemos que relocalizar industrias en España y en Europa, además fabricar en Asia ya no es tan rentable, ahora es una oportunidad única para traer de vuelta la producción y que esté más cerca del consumidor final".

Sin embargo, en el corto plazo el colapso logístico podría continuar, sobre todo a nivel marítimo, donde las estampas de barcos portacontenedores y buques se agolpan haciendo cola en la entrada de los puertos de EEUU y China. "Las empresas están trabajando mucho para buscar soluciones al colapso actual, como trasladar las cargas marítimas al transporte terrestre o aéreo, pero aún así es probable que en Navidad baje la disponibilidad de productos y suban los precios", culmina Montanyà.

Uno de cada cinco españoles que cobra menos de 1.500 euros llega con problemas a fin de mes

El Idealista Redacción 01 octubre 2021, 6:04

Miles de familias tienen dificultades para llegar a fin mes y pagar todas sus facturas. Según un estudio de Cofidis, entidad especializada en crédito al consumo, en esa situación se encuentra uno de cada cinco españoles que gana menos de 1.500 euros mensuales. 

Según una encuesta que ha realizado la compañía, prácticamente la mitad de los gastos de los hogares se corresponde con la vivienda y la alimentación, con un desembolso medio de 444 euros y 374 euros al mes, respectivamente. Entre ambas partidas suponen 818 euros, un 48% del gasto mensual total.

El tercer gasto más destacado que asumen las economías domésticas son los relacionados con la educación (en el 60% de los hogares hay algún gasto de este tipo), con un coste de unos 150 euros al mes de promedio. Le siguen los suministros de la vivienda (luz, agua, gas...), con 137 euros mensuales de media; el transporte, con unos 113 euros, y el ocio diurno, con unos 109 euros. 

El siguiente concepto más destacado en el gasto de las familias es el pago de los servicios de telecomunicaciones, con una media de 83 euros al mes. En ropa y calzado, el gasto medio es de 77 euros, mientras que el gasto en cuidados del hogar o personales ronda los 67 mensuales y en compras o pagos relacionados con las aficiones (libros, música o deportes), los hogares españoles destinan de media 59 euros al mes. 

La vivienda, un gasto al alza

El pago de la vivienda, ya sea la hipoteca o el alquiler, es el principal gasto que asumen los hogares en España. Un gasto que ha ido creciendo en los últimos tiempos.

Según la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) del INE, cada familia en España destinó de media unos 9.621 euros a pagar la vivienda (ya sea la hipoteca o el alquiler) y las facturas de la luz, el agua, el gas y otros combustibles en 2020. La cifra supera en unos 180 euros a la que tuvieron que afrontar en el año previo al estallido de la crisis sanitaria y es la más alta de toda la serie histórica, que empezó hace ya 15 años. Este repunte contrasta con la caída generalizada del gasto medio de los hogares, que en 2020 se redujo en un 10,7% interanual.  

Respecto a 2006, el primer año de la serie, el gasto en la partida de vivienda y suministros del hogar se ha disparado un 27% o, lo que es lo mismo, en unos 2.100 euros. Además, también está en máximos el peso que supone este gasto en el total.

Las cifras del organismo de estadísticas sitúan el desembolso en vivienda y suministros en un 35,6% del presupuesto de las familias; es decir, que el hogar supone 35 de cada 100 euros del gasto anual. De nuevo, es la cifra más alta desde que arrancó la serie histórica hace tres lustros y supera en más de dos puntos el anterior récord registrado en 2013, cuando alcanzó el 33% del total.

Los economistas ultiman rebajar del 6% su previsión de crecimiento para 2021 tras la revisión a la baja del INE

 Cinco Dias. Economía

EL INE CORRIGE SU ESTIMACIÓN

• Los economistas ultiman rebajar del 6% su previsión de crecimiento para 2021 tras la revisión a la baja del INE
• Calviño mantiene sus proyecciones pero los analistas ultiman recortes de cerca de un punto
• La productividad pasa de crecer a caer más de un punto y cede un 3,3% la inversión

Juande Portillo Madrid  24 SEP 2021 - 07:44 CEST

La magnitud del salto a positivo que la economía española protagonizó en primavera tras las restricciones de la tercera ola del Covid han resultado un espejismo. El Instituto Nacional de Estadística (INE) efectuó ayer un inédito recorte de su estimación de avance del PIB en el segundo trimestre del año (que rebaja del 2,8% al 1,1% en tasa intertrimestral y del 19,8% al 17,5% en la anual) que amenaza con rebajar las perspectivas de crecimiento para el conjunto del año por debajo del 6%.

El INE achaca esta rebaja sobre sus estimaciones del 30 de julio a que entonces apenas contaba con datos hasta mayo, drásticamente moderados al incorporar los de junio y las cifras de venta de grandes empresas y pymes que recopila la Agencia Tributaria en las declaraciones de IVA. Eso, unido a la revisión de la evolución anual, la incorporación de nuevos datos de empleo y balanza de pagos, ha desvelado que el tono de la recuperación ha sido menor de lo estimado en términos de consumo de los hogares, inversión y en las actividades de servicios, hostelería y algunas ramas de industria manufacturera.

La mayor revisión a la baja firmada nunca por el INE, que subraya la dificultad para el cálculo estadístico que comportan los vaivenes de la pandemia, ha cogido por sorpresa a los economistas en plena racha de revisión al alza de las previsiones. El martes, la OCDE elevaba en 0,9 puntos su estimación de crecimiento del PIB español para de 2021, del 5,9% al 6,8%. A su vez, el Banco de España mejoraba en una décima su expectativa para el año, hasta el 6,3%. Una mejora que el supervisor achacaba al “sorprendente” buen dato dado por el INE para el segundo trimestre, en el que el supervisor esperaba un avance del 2,2% al estimar un alza del consumo de las familias del 2,9% que Estadística había elevado inicialmente al 6,6%. Finalmente ha sido rebajado al 4,7%. Toda la proyección, que incluye un avance del 2,7% en el tercer trimestre, queda ahora en entredicho.

En paralelo a la publicación de estas previsiones, y apenas 48 horas antes del jarro de agua fría arrojado ayer por el INE sobre las proyecciones de crecimiento, el Gobierno se apresuró a aprobar el martes el nuevo cuadro macroeconómico que sustentará su proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, mantuvo su estimación de que el PIB crecerá un 6,5% este año y un 7% el próximo, si bien aseguró que el ritmo de actividad diario precrisis se recuperará ya a finales de este mismo ejercicio.

se a la fuerte corrección de ayer, Calviño rechazó modificar sus proyecciones, alegando que no lo hizo cuando el dato era mejor, y confiando en que año irá de menos a más. Su Ministerio asume que “durante el tercer trimestre esta recuperación se va a acelerar”.

Los economistas y principales casas de análisis ultiman, sin embargo, rebajas de sus previsiones de crecimiento para resituar el avance del PIB de 2021 por debajo ya del 6%.

“Incluso una recuperación más fuerte en el tercer trimestre nos obliga a recortar la previsión para el conjunto del año. La economía tendría que crecer en torno a un 8% en los dos últimos trimestres para mantener la previsión de crecimiento 6,3% para el conjunto del año”, ilustra Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas, que asume que la cifra quedará por debajo del 6%. En su opinión, buena parte de la corrección viene dada por efecto de la inflación, pues el sobrecoste de la electricidad habría reducido la capacidad de consumo de las familias y encarecido los costes de las empresas. Torres asume que, en buena medida, la recuperación solo se retrasa, pero matiza que el crecimiento parece tener menos vigor del esperado.

“La revisión del INE es una rebaja sustancial. Significa que en el año pasaremos de crecer un 5% en lugar de un 6%, o un 5,5% en lugar de un 6,5%”, según la proyección manejada, estima por su parte José Emilio Boscá, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad de Valencia e investigador asociado de Fedea. Lo que más le preocupa, sin embargo, es que la revisión arroja “una pérdida de productividad de entorno a un punto, algo que sí cambia la fotografía”. Se trata, explica, de un paso atrás que complica el panorama de cara a la subida del salario mínimo que acaba de impulsar el Gobierno o a la reforma fiscal que baraja.

En concreto, la productividad pasa de crecer un 0,7% a caer un 1,1% anual (el avance de horas trabajadas se mantiene en el 4%) y la inversión, que crecía un 2,2% a inicios de año, cae un 3,3%.

Tanto Torres como Boscá destacan, no obstante, que el crecimiento registrado es considerable. De hecho, el avance anual del PIB en primavera sigue siendo el mayor registrado, si bien conviene matizar que se compara con el periodo del Gran Confinamiento.

El sector agroalimentario y pesquero EN 2020. INCREMENTO IMPORTANTE

1 septiembre 2021

El sector agroalimentario y pesquero consolidó el importante papel que desempeña en el comercio exterior español, y supone ya más de la quinta parte (20,6%) del total de las exportaciones de la economía nacional, mientras que las importaciones representan el 12,8%.

La principal aportación correspondió al grupo de las frutas, con un valor exportado de 9.570 millones de euros. En segundo lugar se situó la carne, que vendió por 8.4767 millones de euros, y fue el subsector con un mayor crecimiento, 17,8%, impulsado por la demanda de carne porcina de China. Las hortalizas constituyeron el tercer grupo más exportador, con 6.890 millones de euros.

La Unión Europea (UE) se mantiene como el destino preferente de las exportaciones de alimentos y bebidas españolas, concentrando el 63% (33.760 millones de euros en términos económicos), con un incremento del valor exportado del 1,7%. La proporción que representaba la UE hasta el año pasado era aún mayor, 72% en 2019, antes de la salida del Reino Unido. Aunque los datos se refieren al año 2020, al realizarse el informe en 2021 ya figura el Reino Unido como un tercer país.

valor de las exportaciones a terceros países se incrementó el año pasado en un 8,5% (20.088 millones de euros en global) debido al importante empuje de las ventas a China, que aumentaron un 67,3%.

10 de agosto de 2021/ MAPA / España.

https://www.mapa.gob.es

Los daños que causan los salarios mileuristas a la economía española y cómo revertir la situación

El Idealista

Autor: Miguel Córdoba 02 septiembre 2021, 0:01

Los economistas prehistóricos siguen pensando que el principal indicador de crecimiento y bienestar de una economía es el Producto Interior Bruto (PIB). Algunos todavía creen que, tal y como estudiaron en su juventud, los tipos de interés son una variable intermedia que se forma por la interacción de la oferta y la demanda de dinero, cuando es bien sabido que en la eurozona llevamos seis años con los tipos de interés negativos por imposición del Banco Central Europeo (BCE). Es bueno haber estudiado en una universidad y haberse sacado un título, pero es mucho más importante asumir que en una disciplina como la Economía, es preciso estar formándose constantemente y aceptar los cambios de paradigma que, desgraciadamente y cada vez con mayor rapidez, están afectando a una economía mundial cada vez más globalizada.

Desde hace una década hemos asumido en España que la famosa “devaluación interna” que impuso Mariano Rajoy para que su amiga Ángela Merkel aceptase que “pulpo es animal de compañía”, o lo que es lo mismo que las medidas que se tomaron en 2012 no eran un rescate, aunque nos hayan llevado a una situación de precariedad sin precedentes en nuestra historia, salvo probablemente la época autárquica de la posguerra. El hecho es que una de las medidas era, utilizando la manida reforma laboral, rebajar los costes laborales de las empresas; dicho de otra forma, permitir que las empresas pudieran despedir a los padres que ganaban 30.000 euros al año, sustituyéndolos por los hijos que ganarían 10.000 euros y, de esa manera, impulsar las ventas de las empresas españolas que podrían exportar a los países europeos con gran ventaja competitiva por la vía de la existencia generalizada de costes de personal muy bajos.

Esta medida, no demasiado criticada, ha transformado España en un país de mileuristas y nimileuristas, y eso sí, ha permitido que el PIB subiera, pero a costa de crear una generación de jóvenes que no se pueden emancipar, no pueden comprarse un coche, no pueden alquilar ni comprar una vivienda, no pueden casarse y mucho menos tener hijos.

Habrá quien piense que eso era lo que había que hacer para que la gente se hiciera la ilusión de que tenía un puesto de trabajo y, al menos, podía comer, pero este planteamiento no puede en ningún caso ser asumido en un modelo de Estado, máxime cuando nada más cruzar los Pirineos resulta que el salario medio de muchos países europeos dobla al español.

En la última estadística de declarantes de IRPF del año 2019, el número de personas que ganaban menos de 12.000 euros al año era en España de 8.198.156, con una media de ingresos de 10.739 euros por persona. Estos mileuristas suponían el 39% del total de declarantes. Podemos estar tentados de hacer comparaciones con otros países europeos, pero no tiene sentido hacerla, ya que en la mayoría de los países de nuestro entorno los mileuristas sencillamente no existen. Francia, por ejemplo, tiene un salario mínimo de 1.555 euros al mes, con lo que no hay mileuristas; lo mismo pasa en Alemania (1.585 euros) o en Gran Bretaña (1.583 euros).

Estamos, pues, ante un problema muy español. Hay economistas y políticos que se conforman con esta situación; vamos, que esto es lo que hay, y que “Spain is different”, como rezaba algún viejo eslogan. Sin embargo, el problema no es la diferencia, sino el futuro de nuestros hijos y nietos. Hace varios años, en una tertulia radiofónica, le pregunté al presidente de las Cámaras de Comercio sobre este problema, y después de unos segundos de silencio me respondió que “esto siempre ha sido así”, y se calló. 

Hay tres hechos diferenciales que han estado marcando estos últimos años la realidad económica española: el déficit público permanente, el peor de Europa; el crecimiento geométrico de la deuda pública y el agujero creciente del sistema de pensiones. Pues resulta que el pagar salarios mileuristas a lo mejor tiene mucho que ver con estos problemas que se están convirtiendo en estructurales en nuestra Economía.

Si nos centramos en 2019, para evitar la contaminación del ‘efecto covid’, podemos observar que el déficit público fue de 35.637 millones de euros, un 2,86% de PIB. De esa cantidad, 18.844 millones eran del desequilibrio general del Presupuesto y 16.793 millones procedían del agujero creciente de la Seguridad Social. En 2020, el crecimiento ha sido geométrico, pero prefiero no entrar en estas cifras, ya que el covid parece que disculpa todo en los dos primeros años de gobierno de Pedro Sánchez, una de las personas más optimistas que hay sobre nuestra vieja piel de toro.

Pues bien, si comparamos el déficit público con los ingresos obtenidos en el año 2019 (86.892 millones de euros) por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), y con los 124.162 millones obtenidos por ingresos de la Seguridad Social, resulta que para conseguir cubrir el déficit público bastaría, asumiendo un crecimiento lineal, con incrementar un 21,68% de media los salarios (18.844 / 86.892 = 21,68%). Pero este incremento, a efectos de Seguridad Social, supondría aproximadamente 26.918 millones de euros (sólo necesitaríamos 16.793 millones para equilibrar), por lo que tendríamos un superávit (se recaudaría por el simple incremento de los salarios).

Como nos sobran 10.125 millones y, como es bien sabido, en torno al 82% de los ingresos por cotizaciones está a cargo de los empresarios, el 8,15%, que nos sobraría podríamos destinarlo a rebajar las cuotas empresariales, que pasarían del 23% al 20,71%, lo cual sería bien visto por los empresarios, y nos aproximaría a los estándares europeos. Por supuesto, estas cifras son aproximadas, y habría que hacer un ejercicio más profundo para cuantificar bien los porcentajes anteriores.

 consciente de que las cuentas de 2020 y 2021 van a ser una película de terror, pero sí podemos resolver dos de nuestros graves problemas estructurales: salarios muy por debajo de los europeos y cotizaciones empresariales a la Seguridad Social muy por encima de las europeas. A lo mejor, sería interesante explorar este camino de común acuerdo con empresarios y sindicatos, en lugar de seguir subiendo simplemente el salario mínimo, que es lo fácil, y a lo cual, y lo entiendo, la patronal siempre se opondrá.

No se trata de subir sólo los salarios mínimos, sino de regularizar de una vez por todas la situación de los trabajadores cualificados. No se puede permitir que un ingeniero español cobre el 60% de lo que cobra un ingeniero alemán, a pesar de tener la misma cualificación; entre otras cosas, porque, como hemos indicado, una de las principales causas del desastre de nuestras cuentas públicas son precisamente los bajos salarios, así que, empecemos por aproximarnos a los salarios europeos. Un 20% de incremento generalizado no es mucho, y nos permitiría equilibrar los presupuestos, a pesar de que seguiríamos estando muy lejos de la media europea, pero sería un inicio.

Evidentemente, los empresarios españoles dirán que por qué van a ser ellos los paganos, si tan bien les va pagando sueldos bajos, pero tienen que pensar que una empresa no es un ente coyuntural, sino un proyecto a medio y largo plazo. No se puede ser empresario si lo que se tiene es una mentalidad cortoplacista. La solución para el empresariado español pasa por la inversión en I+D, la internacionalización y la profesionalización de sus empresas. El 70% de las pymes familiares no aguantan la segunda generación, la transparencia exigida por la bolsa les da sarpullido a muchos empresarios y lo de exportar (hay que saber inglés) les cuesta mucho.

Si queremos cambiar las cosas, modernizando el modelo productivo, hay que empezar por el empresariado español. El Gobierno español puede apoyarles, pero si no cambian su mentalidad, es muy difícil que nuestro país se ponga al nivel de los principales países europeos. Compararnos con Portugal y Grecia no puede ser un consuelo.

Miguel Córdoba es profesor de economía y finanzas desde hace 33 años y ha sido director financiero de varias empresas del sector privado.