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jueves, 17 de diciembre de 2020

La pensión media bajará en 168 euros mensuales

  •  Ampliación del periodo de cálculo a 35 años
  • La pensión media bajará en 168 euros mensuales si prospera el 'plan Escrivá'
  • Un informe de la Seguridad Social cuantifica en un punto porcentual la reducción de la cuantía por cada año de ampliación del periodo de cómputo, lo que supondría una rebaja total de hasta el 12%.
  • El 'golpe bajo' de Escrivá a las pensiones daña el Pacto de Toledo y rompe al PSOE



CRISTINA ALONSO   NOTICIA 16.12.2020 - 04:30h LaInformación



Las pensiones de jubilación sufrirán un recorte importante de materializarse la propuesta de reforma del sistema que se ha plasmado en documentos internos elaborados por el flanco más liberal del Gobierno y que ha generado nuevos roces en la coalición progresista. En concreto, según aproximan algunos estudios, la prestaciones públicas experimentarían un 'tajo' de hasta el 12% con la ampliación de la base de cálculo a 35 años que ha planteado en un borrador el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Esto implica, en dinero contante y sonante, una rebaja en la cuantía de la pensión, respecto a los niveles actuales, de 168 euros mensuales o, lo que es lo mismo, pero expresado en 14 pagas, de hasta 2.352 euros al año.

La propuesta de Escrivá ha provocado el enésimo choque de trenes en el Gobierno de coalición, precisamente, porque el área de Unidas Podemos rechaza cualquier iniciativa de reforma que implique, de facto, una rebaja de las pensiones públicas, como es el caso. La referencia más reciente para poner cifras a esta afirmación genérica se encuentra en un informe que encargó la propia Seguridad Social a la consultora Labour Asociados en el año 2007. Tras proyectar distintos escenarios de ampliación del periodo de cálculo de la base reguladora, los técnicos concluyeron que, grosso modo, se da una reducción en la cuantía de la pensión de un punto porcentual por cada año de ampliación. Esto implica que pasar de los 23 años actuales a los 35 que plantea Escrivá supondría un recorte del 12%.

Teniendo en cuenta que las nuevas altas de jubilación registradas en el sistema -se toma esta referencia por ser el colectivo más representativo en cuanto a la afectación de la eventual reforma- sitúan la pensión media en 1.400 euros, una rebaja del 12% dejaría la prestación en 1.232 euros mensuales, con lo que la nómina anual se vería menguada desde los 19.600 hasta los 17.248 euros. El informe de la Seguridad Social, que partía de un escenario de 15 años de cómputo, cifraba en un 17% la caída de la pensión media en caso de aumentar el periodo de cálculo de la base reguladora hasta los 35 años y veía como "muy probable" que ese valor marcase el rango inferior del recorte, "siendo de esperar una reducción todavía mayor". 

El debate sobre la ampliación del periodo de cómputo ya estaba sobre la mesa en el año 2006 y, de hecho, ha sido una de las medidas más recurridas en las sucesivas reformas del sistema de las pensiones. La última, de 2011, estableció un avance desde los 15 hasta los 25 años entre 2013 y 2022. Ahora, por sorpresa y a espaldas del Pacto de Toledo y del diálogo social, el ministro Escrivá ha introducido una iniciativa en las conversaciones en el seno del Gobierno para ampliar el periodo hasta los 35 años. La medida, que persigue una mayor contributividad del sistema, supone en la práctica un recorte de las pensiones, porque los trabajadores suelen cobrar sueldos más bajos en sus primeros años de vida laboral, aunque podría beneficiar a los expulsados del mercado de trabajo en sus últimos años de carrera profesional.

Impacto en las pensiones más altas

El dossier de Seguridad Social, encargado a la citada consultora por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, artífice de la reforma de 2011, apuntaba, pese a las lagunas estadísticas sobre bases de cotización anteriores a 1985, a que de mantenerse la tendencia en años anteriores, el incremento del periodo de cálculo hasta los 35 años "daría lugar a una caída considerable de la pensión". Añadía, además, que esta ampliación no afectaría a todos los pensionistas por igual, teniendo un mayor efecto sobre las pensiones más altas. En paralelo, los efectos sobre las mujeres serían ligeramente inferiores frente a los hombres, lo que se explicaría básicamente por la menor cuantía que cobran ellas cuando se jubilan.

El 54% de los españoles teme que la pensión de jubilación será insuficiente

En cualquier caso, la ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión, incluso a toda la vida laboral, ha sido defendida incluso desde el Banco de España. Para José Ignacio Conde-Ruiz, doctor en Economía y subdirector de Fedea, aumentar la base reguladora de 25 a 35 años sería "una medida positiva". "Avanza en la contributividad del sistema, que debería desembocar en toda la vida laboral", indica. De este modo, a su juicio, "una vez se tenga en cuenta toda la vida laboral, estaríamos prácticamente a un paso de convertir nuestro sistema de pensiones en uno de cuentas nocionales". Así, en opinión de este experto, "un sistema de cuentas nocionales bien diseñado sería la mejor forma de hacer compatible la suficiencia y la sostenibilidad", zanja en conversación con La Información.

Una idea de la AIReF de Escrivá

Aunque se desconoce el alcance de la medida planteada ahora por el ministro de Seguridad Social, lo cierto es que, como presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Escrivá calculó que elevar la carrera de cotización considerada para el cómputo de la pensión desde los 25 años hasta los 35 años en 2027 contendría el gasto en pensiones en 0,5 puntos de PIB en 2048. "La evidencia internacional muestra que existe recorrido en el aumento de la carrera de cotización, comparativamente baja", señalaba en un informe en el que indicaba que "la tasa de cobertura se reduciría en 2 puntos respecto al escenario central".

pensiones airef  

Esta medida, según indicaba en su informe la AIReF en 2019, "reforzaría la contributividad del sistema e incentivaría las cotizaciones a lo largo de toda la vida laboral", algo que "resulta especialmente relevante cuando existe margen para decidir la base de cotización como en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos". Si bien el documento no incluyó un escenario de impacto sobre la cuantía de las pensiones porque, según argumenta la Autoridad Fiscal, "el cálculo del efecto de ampliar la carrera de cotización a toda la vida laboral exigiría utilizar datos que a día de hoy solo están a disposición de las Administraciones de la Seguridad Social, por lo que el efecto de esta medida no ha podido ser simulado".

En la misma línea, un paper más reciente de la institución que ahora preside Cristina Herrero, publicado en septiembre de 2020, indica que "a largo plazo, siguen vigentes las propuestas de profundización de la reforma paramétrica de 2011" y realiza una estimación sobre algunos supuestos. En concreto, calcula que el incremento de la carrera de cotización considerada para el cálculo de la pensión de 25 a 35 años en 2027 controlaría el gasto en 0,6 puntos. El informe insiste en que "existe margen para el aumento" en la comparativa internacional y en que la medida "reforzaría la contributividad del sistema e incentivaría las cotizaciones a lo largo de toda la vida", aunque la tasa de cobertura se reduciría en 2,1 puntos respecto al escenario inicial.


sábado, 24 de octubre de 2020

Mientras Europa se tambalea España se derrumba

 Autor:

El Instituto alemán Ifo, junto a la red de investigación EconPol Europe, acaba de publicar una encuesta realizada en agosto entre 950 expertos económicos de 110 países.

Las principales respuestas se centran en las previsiones de caída del PIB, la capacidad de recuperación y las medidas más adecuadas para incrementar la resiliencia de empresas y países.

Aun cuando los consultados no expresan esta conclusión, de sus estimaciones se deduce que es pronto para hablar de postpandemia, dado que el tan anunciado control mediante vacunación contra el coronavirus se retrasa mes a mes, lo que obliga a controles de aislamiento preventivo, con su consiguiente incidencia en la producción y el consumo. La magnitud de dicho aislamiento se encuentra en función de la capacidad de las Administraciones Públicas para realizar un mejor seguimiento personalizado de las infestaciones, así como de la capacidad de atención de los sistemas sanitarios a sus respectivas poblaciones.

Los expertos, por fin, están llegando a la conclusión de que la actual pandemia supone un antes y un después en nuestras vidas, afectando de lleno a nuestro modo de entender las relaciones sociales, así como los procesos laborales. Su duración será lo suficientemente larga como para producir una importante transformación cultural, precipitando cambios que ya veníamos experimentando desde hace años, en gran medida fruto de los desarrollos tecnológicos en el ámbito de las TIC.

En términos generales se espera un importante retroceso de la riqueza a nivel mundial, con PIB negativos en todos los países desarrollados excepto China, si bien no crecerá lo esperado. En términos relativos China afianza su liderazgo económico mundial, acelerando el logro de los objetivos establecidos hace cinco años.

Mientras Holanda y Alemania son los países europeos que mejor parados saldrán de la actual crisis, con caídas del PIB entre el -7,1% y el -9,8% para el segundo, y entre el -6,2% y el -9% para el primero, España será el que mayor perdida experimente (entre el -13,6% y el -18%). El FMI también sitúa a España como el país desarrollado más afectado en 2020.

Podemos olvidarnos de una rápida recuperación, dado que las previsiones para España, en el 2021, siempre que no se produzcan nuevas olas que obliguen a nuevos confinamientos, son de un crecimiento del 3,4% sobre la posición de este año 2020, sin contar con la pérdida de tejido empresarial, lo que supondría un tiempo no inferior a cinco años para recuperar la situación del 2019, mientras nuestros principales competidores habrían recuperado la senda perdida en dos o tres años.

Ya he denunciado, en otros artículos, como la actual crisis no ha hecho sino aflorar la realidad española, con un sistema sanitario que, teniendo magníficos profesionales, hace años que no se encuentra entre los mejores de Europa, mermado de recursos por los continuos recortes presupuestarios; al tiempo que nuestros gobernantes han mostrado su incapacidad para gestionar realidades complejas como la actual. Han actuado incompetentemente, derrochando unos recursos que vamos a necesitar todavía por mucho tiempo. Al día de hoy no han sido capaces de constituir equipos de trabajo permanentes con los agentes económicos y sociales más afectados, al objeto de elaborar medidas adecuadas a sus necesidades. La ideología sigue imponiéndose a la realidad.

El siguiente cuadro de fallecidos por covid-19, actualizado al 12 de octubre, da testimonio de la mala gestión, en comparación con otros países:

Somos el segundo país con mayor número de muertos por 100.000 habitantes de la Unión Europea (el primero es Bélgica, pero ellos sí han contabilizado los muertos en residencias como fallecidos por la pandemia). No cuento San Marino, ni Andorra.

El pasado 10 de septiembre publiqué un artículo titulado “Los problemas estructurales lastran la capacidad de recuperación de España”, en el que mostraba como nuestra estructura productiva económica nos hace más vulnerables a las secuelas económicas de la pandemia, que el resto de países de la Unión Europea.

La errática política económica seguida hasta el momento para afrontar la crisis nos está llevando a elevado gasto público, en un Estado ya bastante endeudado, optando por apoyar la concesión de créditos a empresas, muchas veces para hacer frente al pago de impuestos y tasas, antes que por la reducción de estos, como ha hecho Alemania con el IVA.

En definitiva, en lugar de descargar los costes de aquellas empresas más vulnerables, se ha facilitado su endeudamiento, algo que hubiera servido en una crisis de corta duración, pero que es insostenible en una crisis como la que sufrimos.

La perdida de tejido productivo, centrado en las pequeñas y medianas empresas, que son las que mayor número de puestos de trabajo generan (66%), provocará inevitablemente un mayor incremento del paro, con una menor capacidad de gasto de la clase media, ya bastante empobrecida con las medidas adoptadas para salvar las instituciones financieras en la pasada crisis.

Una idea de nuestra baja capacidad adquisitiva, ya antes de la pandemia, nos la da el que nos encontramos en la cola del coste de mano de obra de los mayores países de la Unión Europea, por debajo de la media de la Zona Euro:

Esta diferencia se verá incrementada en los próximos años, en parte por caída propia, en mayor medida por el superior crecimiento de nuestros compañeros de viaje. La Marca “España Mano de Obra Barata” se consolidará como característica de nuestro país.

Los expertos consultados por el Instituto IFO coinciden en que el apoyo a la liquidez de las pequeñas y medianas empresas es la respuesta de política económica más eficaz, así como los aplazamientos fiscales temporales a estas y a autónomos. Nuestras autoridades se encuentran lejos de compartir estos criterios que están ayudando a países como Alemania, Holanda…, y amenazan de continuo con todo lo contrario.

Cuando finalice la pandemia y los viajes turísticos se normalicen, España seguirá siendo un país atractivo, lo que no está claro es a quién pertenecerá el tejido empresarial que lo desarrolle.

El resto de nuestro tejido empresarial no se caracteriza ni por su capacidad de innovación, ni por su nivel de digitalización, salvo las grandes empresas, por lo que el futuro se muestra incierto para aquellas empresas que no se lo planteen, o no puedan acometer dichos retos, que serán la mayoría.

Hace más de 20 años definí el Sector Inmobiliario como el sector notario que da fe de la realidad. El sector inmobiliario sufrirá las consecuencias del empobrecimiento general de la población española, en el corto, en el medio y en el largo plazo.

Ya se aprecia un importante incremento de locales comerciales vacíos, en venta o alquiler; a estos seguirán las viviendas, en cuanto los ERTE deriven en paro y venzan las moratorias hipotecarias.

De mantenerse la actual deriva, esta crisis supondrá un duro golpe para Europa, pero dejará K.O. a España.

José Barta es experto en Estrategia de mercados, y en Gobierno Corporativo. Alertó, en el año 90, de la caída del mercado inmobiliario del 92 y, en el 2008, de la gravedad de la nueva crisis, acuñando la expresión “Tormenta perfecta”.

Idealista

viernes, 27 de septiembre de 2019

Imagen del día: la deuda de la Seguridad Social bate récord y se acerca a 50.000 millones

ABC

La deuda de la Seguridad Social está en máximos históricos y se acerca ya a la barrera de los 50.000 millones de euros, tras haberse disparado más de un 80% en apenas dos años.
Este repunte es consecuencia de la necesidad del Estado de financiar el pago de las pensiones, para los que la Seguridad Social ha pedido créditos anuales a la Administración Central. Actualmente el sistema debe desembolsar casi 10 millones de pensiones públicas. 
La escalada del endeudamiento de la Seguridad Social está aumentando la deuda pública total de España, que se sitúa actualmente por encima de 1,2 billones de euros. 

domingo, 5 de mayo de 2019

La economía que necesitamos



3 de mayo de 2019 JOSEPH E. STIGLITZ

Después de 40 años de fundamentalismo de mercado, Estados Unidos y países europeos con ideas afines están fallando a la gran mayoría de sus ciudadanos. En este punto, solo un nuevo contrato social, que garantice a los ciudadanos la atención médica, la educación, la seguridad de jubilación, la vivienda asequible y el trabajo decente a cambio de una remuneración digna, puede salvar al capitalismo y la democracia liberal.
NUEVA YORK - Hace tres años, la elección del presidente de los EE. UU. Donald Trump y el referéndum Brexit del Reino Unido confirmaron lo que los que hemos estudiado durante mucho tiempo las estadísticas de ingresos ya sabíamos: en la mayoría de los países avanzados, la economía de mercado ha estado fracasando en grandes sectores de la sociedad.
En ninguna parte es esto más cierto que en los Estados Unidos. Considerado durante mucho tiempo como un niño del cartel por la promesa del individualismo de libre mercado, hoy en día, Estados Unidos tiene una mayor desigualdad y menos movilidad social ascendente que la mayoría de los otros países desarrollados. Después de haber aumentado durante un siglo, la esperanza de vida promedio en los Estados Unidos ahora está disminuyendo. Y para aquellos que se encuentran en el 90% inferior de la distribución del ingreso, los salarios reales (ajustados por la inflación) se han estancado: el ingreso de un trabajador de sexo masculino típico hoy en día es alrededor de hace 40 años.
Mientras tanto, muchos países europeos han tratado de emular a Estados Unidos, y los que tuvieron éxito, especialmente el Reino Unido, ahora están sufriendo consecuencias políticas y sociales similares. Es posible que Estados Unidos haya sido el primer país en crear una sociedad de clase media, pero Europa nunca se quedó atrás. Después de la Segunda Guerra Mundial, en muchos aspectos superó a los EE. UU. En la creación de oportunidades para sus ciudadanos. A través de una variedad de políticas, los países europeos crearon el estado de bienestar moderno para brindar protección social y realizar inversiones importantes en áreas donde el mercado por sí solo podría gastar menos.
El modelo social europeo, como se conoció, sirvió a estos países durante décadas. Los gobiernos europeos pudieron controlar la desigualdad y mantener la estabilidad económica frente a la globalización, el cambio tecnológico y otras fuerzas disruptivas. Cuando estalló la crisis financiera de 2008 y la subsiguiente crisis del euro, los países europeos con los estados de bienestar más fuertes, particularmente los países escandinavos, obtuvieron los mejores resultados. Contrariamente a lo que a muchos en el sector financiero les gustaría pensar, el problema no era una participación demasiado estatal en la economía, sino demasiado poco. Ambas crisis fueron el resultado directo de un sector financiero poco regulado.
DESPUES DE LA CAÍDA
Ahora, la clase media está siendo vaciada a ambos lados del Atlántico. Revertir este malestar requiere que averigüemos lo que salió mal y trazamos un nuevo rumbo, adoptando el capitalismo progresista que, al tiempo que reconoce las virtudes del mercado, también reconoce sus limitaciones y garantiza que la economía funcione en beneficio de todos.
No podemos simplemente regresar a la edad de oro del capitalismo occidental en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando un estilo de vida de clase media parecía estar al alcance de la mayoría de los ciudadanos. Tampoco deberíamos quererlo necesariamente. Después de todo, el "sueño americano" durante este período estaba mayormente reservado para una minoría privilegiada: los hombres blancos.
Podemos agradecer al ex presidente de los EE. UU., Ronald Reagan, y al ex primer ministro británico, Margaret Thatcher, por nuestra situación actual. Las reformas neoliberales de la década de 1980 se basaron en la idea de que los mercados sin restricciones traerían prosperidad compartida a través de un proceso de goteo místico. Se nos dijo que la reducción de las tasas impositivas sobre los ricos, la financiarización y la globalización daría lugar a mejores niveles de vida para todos. En cambio, la tasa de crecimiento de los EE. UU. Cayó a cerca de dos tercios de su nivel en la era de la posguerra, un período de estrictas regulaciones financieras y una tasa impositiva marginal superior al 70%, y una mayor participación de la riqueza y los ingresos de este el crecimiento limitado se canalizó al 1% superior. En lugar de la prosperidad prometida, obtuvimos desindustrialización, polarización y una clase media en disminución. A menos que cambiemos el guión,
Afortunadamente, existe una alternativa al fundamentalismo del mercado. A través de un equilibrio pragmático de poder entre el gobierno, los mercados y la sociedad civil, podemos avanzar hacia un sistema más libre, más justo y más productivo. El capitalismo progresivo significa forjar un nuevo contrato social entre los votantes y los funcionarios electos, los trabajadores y las corporaciones, ricos y pobres. Para que un nivel de vida de clase media sea una meta realista, una vez más para la mayoría de los estadounidenses y europeos, los mercados deben servir a la sociedad, y no al revés.
INVASIÓN DE LOS LADRONES DE RIQUEZA
A diferencia del neoliberalismo, el capitalismo progresivo se basa en una comprensión adecuada de cómo se crea el valor hoy. La verdadera y sostenible riqueza de las naciones no proviene de los países explotadores, los recursos naturales y las personas, sino del ingenio humano y la cooperación, a menudo facilitada por los gobiernos y las instituciones de la sociedad civil. Desde la segunda mitad del siglo dieciocho, la innovación que mejora la productividad ha sido el verdadero motor del dinamismo y los niveles de vida más altos.
El rápido progreso económico inaugurado por la Revolución Industrial, después de siglos de estancamiento, descansa sobre dos pilares. La primera es la ciencia, a través de la cual podemos aprehender el mundo que nos rodea. La segunda es la organización social, que nos permite ser más productivos trabajando juntos de lo que podríamos ser solos. Con el tiempo, instituciones como el imperio de la ley, las democracias con sistemas de control y equilibrio y las normas y estándares universales han fortalecido ambos pilares .
En una breve reflexión, debería ser obvio que estas son las fuentes de la prosperidad material. Y, sin embargo, la creación de riqueza a menudo se confunde con la extracción de riqueza. Los individuos y las corporaciones pueden enriquecerse al depender del poder del mercado, la discriminación de precios y otras formas de explotación. Pero eso no significa que hayan hecho ninguna contribución a la riqueza de la sociedad. Por el contrario, tal comportamiento a menudo deja a todos los demás en una situación peor. Los economistas se refieren a estos ladrones de riqueza, que buscan obtener una mayor proporción de la torta económica de la que crean, como buscadores de renta. El término se originó en las rentas de la tierra: quienes las recibieron no lo hicieron como resultado de sus propios esfuerzos, sino simplemente como consecuencia de la propiedad, a menudo heredada.
Este comportamiento dañino prevalece especialmente en la economía de los EE. UU., Donde cada vez más sectores están dominados por unas pocas empresas. Estas mega corporaciones han usado su poder de mercado para enriquecerse a costa de todos los demás. Al cobrar precios más altos, efectivamente han reducido los estándares de vida de los consumidores. Con la ayuda de las nuevas tecnologías, pueden, y lo hacen, involucrarse en una discriminación masiva, de manera que los precios no son establecidos por el mercado (encontrando el precio único que iguala la demanda y la oferta), sino por determinaciones algorítmicas del máximo que un cliente desea. pagar.
Al mismo tiempo, las corporaciones estadounidenses han utilizado la amenaza de la deslocalización para reducir los salarios nacionales. Y cuando eso no ha sido suficiente, han presionado a los políticos para que debiliten aún más el poder de negociación de los trabajadores. Estos esfuerzos han demostrado ser efectivos: la proporción de trabajadores que pertenecen a sindicatos ha caído en la mayoría de las economías avanzadas , pero especialmente en los EE . UU., Y la proporción del ingreso que se destina a los trabajadores ha disminuido precipitadamente.
NO HAY EXCUSAS
Si bien los avances en tecnología y el crecimiento de los mercados emergentes ciertamente han jugado algún papel en el declive de la clase media, son de importancia secundaria para la política económica. Sabemos esto porque los mismos factores han tenido diferentes efectos en todos los países. El aumento de China y el cambio tecnológico se han sentido en todas partes, pero EE. UU. Tiene una desigualdad significativamente mayor y menos movilidad social que muchos otros países, como Noruega .
Del mismo modo, donde la desregulación financiera ha ido más lejos, también lo han hecho los abusos del sector financiero, como la manipulación del mercado, los préstamos abusivos y las tarifas excesivas de las tarjetas de crédito.
O considere la obsesión de Trump con los acuerdos comerciales. En la medida en que los legisladores han maltratado a los trabajadores estadounidenses, no se debe a que los negociadores comerciales de los países en desarrollo sean más astutos que los negociadores estadounidenses. De hecho, los Estados Unidos suelen obtener casi todo lo que piden. El problema es que lo que pide refleja los intereses de las corporaciones estadounidenses, no de los ciudadanos comunes.
Y por más mal que estén las cosas ahora, están a punto de empeorar. Considere la desigualdad de ingresos de Estados Unidos. La inteligencia artificial y la robotización ya están siendo consideradas como los motores del crecimiento futuro. Pero bajo el marco normativo y normativo vigente, muchas personas perderán sus empleos, con poca ayuda del gobierno para encontrar nuevos. Los vehículos autónomos por sí solos privarán a millones de sus medios de vida. Al mismo tiempo, nuestros gigantes tecnológicos están haciendo lo que pueden para privar al gobierno de la capacidad de respuesta, y no solo haciendo campaña para reducir los impuestos: están demostrando el mismo genio en evitar impuestos y explotar a los consumidores que previamente mostraron en el desarrollo de los recortes. innovaciones Además, han mostrado poca o ninguna consideración por la privacidad de las personas. Sus modelos de negocio y comportamiento están efectivamente exentos de la supervisión.
Aún así, hay esperanza en el hecho de que nuestra disfunción económica es el resultado de nuestras propias políticas. Algunos países que enfrentan estas mismas fuerzas globales han adoptado políticas que han llevado a economías dinámicas en las que los ciudadanos comunes han prosperado. A través de reformas progresistas capitalistas, podemos comenzar a restaurar el dinamismo económico y garantizar la igualdad y la oportunidad para todos. La principal prioridad debería ser frenar la explotación y fomentar la creación de riqueza, y esto puede hacerse mejor, o solo, por personas que trabajan juntas, especialmente a través del gobierno.
EL ESTADO INDISPENSABLE.
Independientemente de la forma que tome el arrebato de riqueza, desde el abuso del poder de mercado y las asimetrías de la información hasta el aprovechamiento de la degradación ambiental, existen políticas y regulaciones específicas que podrían prevenir los peores resultados y generar beneficios económicos y sociales de gran alcance. Hacer que mueran menos personas debido a la contaminación del aire, las sobredosis de drogas y las " muertes por desesperación " significará tener más personas que contribuyan de manera productiva a la sociedad.
La regulación ha tenido un mal nombre desde que Reagan y Thatcher la convirtieron en sinónimo de "papeleo". Pero la regulación a menudo mejora la eficiencia. Cualquier persona que viva en una ciudad sabe que sin semáforos, una simple "regulación" que rige el flujo de automóviles a través de una intersección, viviríamos en un embotellamiento perpetuo. Sin estándares de calidad del aire, el smog en Los Ángeles y Londres sería peor que el aire en Beijing y Delhi. El sector privado nunca se encargaría de frenar la contaminación. Solo pregúntale a Volkswagen.1
Trump y los cabilderos que ha designado para desmantelar al gobierno de los Estados Unidos están haciendo todo lo posible para eliminar las regulaciones que protegen el medio ambiente, la salud pública e incluso la economía. Durante más de cuatro décadas después de la Gran Depresión, un marco regulatorio sólido impidió las crisis financieras, hasta que se vio, en la década de 1980, como una innovación "sofocante". Con la primera ola de desregulación llegó la crisis de ahorros y préstamos, seguida por una mayor desregulación y la burbuja punto-com en la década de 1990, y luego la crisis financiera mundial en 2008. En ese momento, los países de todo el mundo intentaron volver a escribir las reglas para Prevenir una recurrencia. Pero ahora la administración de Trump está haciendo lo que puede para revertir ese progreso.
Así también, las regulaciones antimonopolio implementadas para garantizar que los mercados funcionen como se supone que deben hacerlo - competitivamente - se han retirado. Al frenar la búsqueda de rentas, las prácticas anticompetitivas y otros abusos, mejoraríamos la eficiencia, aumentaríamos la producción y estimularíamos más inversiones. Mejor aún, liberaríamos recursos para actividades que realmente mejoran el bienestar. Si menos de nuestros mejores estudiantes ingresaran a la banca, tal vez más irían a la investigación. Los desafíos en ambos son grandes, pero uno se enfoca en aprovechar a los demás, el otro en agregar a lo que sabemos y a lo que podemos hacer. Y, dado que la carga de la explotación tiende a pesar más en quienes se encuentran en la base de la pirámide económica, reduciríamos la desigualdad y fortaleceríamos el tejido de la sociedad estadounidense.
Como lo implica el término, el capitalismo progresivo reconoce tanto el poder como las limitaciones de los mercados. Es simplemente un hecho que, dejándolo a su alcance, el sector privado siempre producirá demasiado de algunas cosas, como la contaminación, y muy poco de otras, como la investigación básica, que es la base de la innovación y el dinamismo económico. El gobierno tiene un papel central que desempeñar no solo para impedir que el sector privado haga lo que no debe, sino para alentarlo a que haga lo que debe. Y a través de la acción colectiva, a través del gobierno, podemos hacer cosas que no podríamos hacer solos y que el mercado por sí solo no hará. La defensa es el ejemplo obvio, pero las innovaciones a gran escala, como la creación de Internet y el Proyecto Genoma Humano, son ejemplos de gastos públicos que han transformado nuestras vidas.
El sector privado tampoco proporcionará muchos de los servicios universales que constituyen la base de una sociedad decente. La razón por la que el gobierno de los EE. UU. Creó el Seguro Social, Medicare, Medicaid y el seguro de desempleo e invalidez es que los empresarios y las empresas no brindan estos servicios esenciales, o lo hicieron con costos y restricciones inaceptables (como la denegación del seguro de salud a las personas con pre- condiciones existentes). Y en muchas de estas áreas, el gobierno ha demostrado ser más eficiente que el sector privado. Los costos administrativos de la Seguridad Social son una fracción de los de los planes privados de jubilación, y la Seguridad Social cubre una gama más amplia de riesgos, como los relacionados con la inflación.
NUESTRA ÚNICA OPCIÓN
El tipo de regulaciones y reformas de sentido común que he descrito son necesarias para restablecer el crecimiento y poner una vida de clase media al alcance de la mayoría de los estadounidenses y europeos. Pero no son suficientes. Lo que necesitamos es un nuevo contrato social del siglo veintiuno para asegurar que a todos los ciudadanos se les garantice el acceso a la atención médica, educación, seguridad en la jubilación, vivienda asequible y un trabajo decente con un salario digno.
Muchos países ya han demostrado que se pueden lograr elementos discretos de este contrato social. Después de todo, los Estados Unidos están solos entre los países desarrollados al no reconocer la atención médica como un derecho humano básico. Irónicamente, mientras EE. UU. Gasta más en atención de salud, tanto per cápita como en porcentaje del PIB, que cualquier otro país desarrollado, su sistema predominantemente privado produce peores resultados. La esperanza de vida en los Estados Unidos es apenas superior a la de Costa Rica , un país de ingresos medios con una quinta parte del PIB percápita de América.
Los Estados Unidos pagan un alto precio por estas fallas, cuyos costos probablemente continuarán creciendo con el tiempo. La tasa de participación en la fuerza laboral para los hombres en edad de primera edad se encuentra en mínimos históricos, y la tasa para las mujeres también ha comenzado a disminuir . Muchos de los que han abandonado el mercado laboral padecen problemas de salud crónicos y toman medicamentos recetados para el dolor, lo que contribuye a la crisis de los opioides que viene a definir a la América de Trump. Con un 21% de los niños estadounidenses que crecen en la pobreza , la falta de inversión constante en la educación pública, sin duda, pesará sobre la productividad futura.
Desde una perspectiva capitalista progresista, la clave para entregar un nuevo contrato social es a través de una opción pública para servicios que son esenciales para el bienestar. Las opciones públicas amplían la elección del consumidor y estimulan la competencia. La competencia, a su vez, llevará a precios más bajos y más innovación. Muchos esperaban que la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (Obamacare) de 2010 incluyera una opción pública para el seguro de salud. Pero, en el evento, los cabilderos de la industria lograron que se eliminara de la cuenta final. Eso fue un error.
Más allá de la atención médica, los EE. UU. También necesitan una opción pública para las cuentas de jubilación, las hipotecas y los préstamos estudiantiles. En el caso de la jubilación, esto podría significar que las personas que desean un mayor ingreso durante la jubilación tendrán la opción de contribuir más a la Seguridad Social durante sus años en la fuerza laboral, con aumentos proporcionales en los beneficios de jubilación. Esto no solo sería más eficiente que pagar en un plan complementario privado; También protegería a los ciudadanos de las empresas explotadoras de gestión de la riqueza. De hecho, muchas de estas empresas han cabildeado contratener que cumplir con cualquier obligación fiduciaria, argumentando efectivamente que si no pueden robar a sus clientes, entonces no pueden ganar suficiente dinero para justificar su existencia. Los conflictos de intereses, desde esta perspectiva, son solo parte de la brusquedad del capitalismo del siglo veintiuno: ¿por qué incluso obligar a las empresas a revelarlos?
Además, debido a que los bancos estadounidenses ahora afirman que no pueden asumir el riesgo de suscribir hipotecas, aproximadamente el 90% de todos los préstamos hipotecarios están respaldados por el gobierno federal. Pero si los contribuyentes ya han asumido casi todo el riesgo mientras el sector privado sigue cosechando todos los beneficios, no hay razón para no tener una opción pública. El gobierno podría comenzar a ofrecer una hipoteca convencional del 20% a 30 años a cualquiera que haya pagado impuestos durante cinco años, a una tasa un poco superior a la tasa a la que se le presta dinero. Y, a diferencia de las hipotecas privadas, que fueron diseñadas virtualmente para garantizar que millones de personas perdieran sus hogares en la crisis financiera, se podría diseñar una opción pública para permitir que los trabajadores permanezcan en sus hogares cuando enfrentan una situación de penuria temporal.
DE VUELTA A LA MORALIDAD
La mayoría de estas propuestas son obvias; sin embargo, las reformas económicas que necesitamos enfrentarán serios desafíos políticos debido a la influencia de los intereses creados. Ese es el problema de la grave desigualdad económica: inevitablemente da lugar y refuerza la desigualdad política y social.
Cuando el movimiento progresivo originalsurgido durante la era dorada de finales del siglo XIX, su objetivo principal era arrebatar la gobernabilidad democrática a los grandes capitalistas monopolistas y sus compinches políticos. Lo mismo ocurre con el capitalismo progresista de hoy. Requiere que revirtamos el esfuerzo sistemático del Partido Republicano para privar de derechos a grandes segmentos del electorado a través de la supresión de votantes, el gerrymandering y otras técnicas antidemocráticas. También requiere que reduzcamos la influencia del dinero en la política y restauremos los controles y balances adecuados. La presidencia de Trump nos ha recordado que tales controles son indispensables para el correcto funcionamiento de la democracia. Pero también ha expuesto los límites de las instituciones existentes (como el Colegio Electoral, a través del cual se elige al presidente, y el Senado, donde un estado pequeño como Wyoming, con menos de 600,
En juego tanto en América como en Europa está nuestra prosperidad compartida y el futuro de la democracia representativa. La explosión del descontento público en Occidente en los últimos años refleja una creciente sensación de impotencia económica y política por parte de los ciudadanos, que ven sus posibilidades de que una vida de clase media se evapore ante sus ojos. El capitalismo progresivo busca frenar el poder excesivo del dinero concentrado en nuestra economía y nuestra política.
Pero hay mucho más en juego: nuestra sociedad civil y nuestro sentido de identidad, tanto individuales como colectivos. Nuestra economía moldea lo que somos, y durante los últimos 40 años, una economía construida en torno a un núcleo de materialismo amoral (si no inmoral) y de búsqueda de ganancias ha creado una generación que abarca esos valores.
No tiene que ser así. Podemos tener una economía más compasiva y solidaria, basada en cooperativas y otras alternativas a la empresa con fines de lucro. Podemos diseñar mejores sistemas de gobierno corporativo, donde más que solo importan las ganancias a corto plazo. Podemos y debemos esperar un mejor comportamiento de nuestras empresas que maximizan los beneficios, y una regulación adecuada eliminará algunas de las tentaciones de portarse mal.
Hemos realizado un experimento de 40 años con el neoliberalismo. La evidencia está en, y por cualquier medida, ha fallado. Y por la medida más importante, el bienestar de los ciudadanos comunes, ha fracasado estrepitosamente. Necesitamos salvar al capitalismo de sí mismo. Una agenda de reforma capitalista progresiva es nuestra mejor oportunidad.
Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de economía, es profesor universitario en la Universidad de Columbia y economista jefe del Instituto Roosevelt. Es el autor, más recientemente, de People, Power, and Profits: Capitalism progresivo para una época de descontento  (WW Norton y Allen Lane).



sábado, 17 de noviembre de 2018

¿Ha funcionado la liberalización del mercado eléctrico en España?





La eficiencia ha aumentado, pero la reducción del coste ha sido un fracaso

15 NOV 2018 - 07:21 CET


¿Ha funcionado la liberalización del mercado eléctrico en España?Nuestro mercado eléctrico surgió de la ley 54/1997. Estuvo impulsado por la UE, siguiendo la tendencia intelectual, entonces vigente a escala mundial, de liberalizar lo más posible el sector eléctrico y aumentar su eficiencia pasando al sector privado su toma de decisiones y asunción de riesgos. Sus objetivos, minimizar el coste de la energía eléctrica para todo tipo de usuarios, asegurar su suministro y mejorar la calidad del aire que respiramos (ahora descarbonizar) –lo que se ha dado en llamar el trilema–. Las máximas de los mercados competitivos sin apenas intervención del Estado, salvo mínima regulación, se disponían para mejorar las prestaciones de un sector hasta entonces monolítico y centralizado. Pasados 20 años, y en el resto del mundo poco más, la pregunta que cabe hacerse es ¿ha cumplido esos objetivos básicos? ¿En qué medida?
Se habla mucho las últimas semanas sobre las prestaciones del complejo Mercado Eléctrico (en general refiriéndose al de energía eléctrica al por mayor). Algo tiene que ver el que estemos en los primeros actos de la larga campaña electoral que nos espera hasta las próximas elecciones. También que su sola mención despierta no pocas interpretaciones emocionales. Los ciudadanos y los políticos nos merecemos saber con cierto detalle qué se dirime en su entramado y qué repercusiones tiene su buen funcionamiento en nuestro bienestar, salud y sostenibilidad económica y ambiental. El reciente Informe de la Comisión de Expertos es un paso adelante en este sentido.
El mercado eléctrico es el eslabón de partida de la cadena de suministro de la electricidad que todos consumimos: una mercancía, y a la vez un servicio público que requiere la intervención/regulación del Estado. En ese eslabón se dirimen grosso modo 13.000 de los 32.000 millones de euros (el resto va a su transporte, distribución y a subvenciones y pagos diversas) que dentro del marco regulatorio español actual supone generar, transportar y distribuir energía eléctrica –nuestro saldo neto en contra anual de las importaciones/exportaciones energéticas es de 22.000 millones de euros–.

Indudablemente, las luces se encienden casi siempre que accionamos su interruptor a cualquier hora. La eficiencia de la producción, y sobre todo el conocer sus costes de cara a fijar sus precios en el mercado y aguas abajo en las tarifas, ha aumentado notablemente y ha permitido homologar nuestro mercado con otros. Las emisiones de GEI han aumentado notablemente. Las intervenciones del Estado no han sido pocas para rediseñar y limitar prestaciones, rescatar tecnologías productivas incapaces de recuperar inversiones, fijar cuotas inducidas por la UE, aplicar subvenciones, etc.

Si nos referimos a la minimización progresiva del coste de la energía eléctrica final para industrias y usuarios, evidentemente no se han cumplido objetivos. El coste del kWh para un ciudadano medio se ha incrementado desde el año 2000 al 2017 en un 120%. El precio del mercado mayorista de electricidad ha pasado de 30 euros/MWh a más de 75, en los que estamos ahora –la referencia del IPC se ha incrementado en un 49%–. El incremento en ambas vertientes es considerable para un artículo/servicio de primera necesidad como la energía eléctrica. Esos precios han situado a España los últimos años en el pelotón de los países de la UE con precios de la electricidad más altos, sólo superados habitualmente en Dinamarca y Alemania.
El diseño del mercado se basa en uno artificial de paradigma marginalista de costes de producción variables, de acceso abierto y no discriminatorio. En varias etapas temporales —el día antes y en tiempo real pool— se dilucida qué generadores satisfacen físicamente un equilibrio instantáneo entre lo que se oferta de potencia eléctrica y la demanda. La renta inframarginal que el precio resultante en los sucesivos intervalos aporta a las unidades productivas que apuntalan la demanda, con costes inferiores al de cierre, permitiría —prometía la teoría en condiciones ideales— recuperar en el tiempo los costes fijos de la inversión necesaria para incorporar a la red eléctrica esas máquinas.
Hoy hay dos grandes grupos de mercados eléctricos: los de central-dispatching —7 norteamericanos— y los self-dispatching —los 7 europeos importantes y otros en distintos países—. Aquellos optimizan más variables económicas y físicas, pero son más complejos por los algoritmos, mecánica y previsiones que utilizan.
Estos 20 años de mercado se pueden resumir en grandes opciones de mejora. Evitar techos políticos de precios y sobrecapacidad, que la demanda real de los usuarios se enfrente con la producción, superar la falta de remuneración (missing money) de determinadas tecnologías productivas (capacidad), normalizar ofertas de producción bajo estándares, plasmar en valor monetario otros submercados decisivos en el pool, precios por zona geográfica, legado de costes y concesiones del pasado, etc.
Es indispensable un aggiornamento del diseño para incorporar los avances tecnológicos y algorítmicos sobrevenidos, la inminente presencia de una gran cantidad de oferta de energía renovable a coste marginal cero, una digitalización vertiginosa, una previsible capacidad de gestión de almacenamiento, una volatilidad de precios creciente por la intermitencia de producción y unos costes de flexibilidad, inercia física, reserva, etc. que habrá que optimizar. La gobernanza del nuevo mercado requerirá de un estudio riguroso que dilucide ex ante, con los principios básico apuntados, quiénes pueden ser los actores tecnológicos presentes en el mercado –qué hueco ocuparán en la cobertura de la demanda y qué papeles representarán–, qué marco de financiación lo habrá de regir y cómo se asignarán socialmente los costes que ello conlleva.
El Estado/regulador deberá jugar un papel estratégico y facilitador esencial, soportado por las capacidades de un operador del sistema –ISO (Independent System Operator) preferiblemente sin ánimo de lucro que integre el operador de mercado y sistema—, que determine en qué condiciones técnicas se accede a esos mercados y durante cuánto tiempo (garantizando una retribución razonable). El ISO también debería coordinar las funciones y competencias de los DSO (Distribution System Operators), llamados a protagonismos importantes en submercados a escala territorial. La continuidad, fluidez y potenciación del suministro eléctrico es una necesidad estratégica de nuestro país. La regulación para asegurarlo, que su coste sea óptimo, se proteja la naturaleza en su consecución y se atienda a las necesidades básicas de los más desfavorecidos en su consecución, es responsabilidad del Gobierno. Es un desafío vital en el que hay que poner no poca inteligencia, templanza y medios para hacerlo acorde con una sociedad moderna que aspira a electrificar más su abastecimiento energético introduciendo renovables y creando con ello nueva actividad económica y desarrollo.
Si queremos un mercado eléctrico eficiente y, aguas abajo, un suministro competitivo y equitativo, debe alumbrarse tácitamente un contrato social en el sector basado en la transparencia, fluidez en la información, cooperación leal a múltiples niveles, fuerte competencia y el reconocimiento de que es esencial una retribución justa y razonable a las inversiones que arriesgan recursos en él. El destruir la confianza social en los agentes puede ser una táctica política (o empresarial) legítima, pero no una buena práctica del poder público a medio o largo plazo.
José Luis de la Fuente O’Connor es Exvocal de la Comisión de Expertos sobre Escenarios de la Transición Energética

lunes, 24 de septiembre de 2018

El gasto en pensiones aumenta un 4,8% en septiembre, hasta la cifra récord de 9.235 millones


pensiones-monedas-munecos-770.jpgLa Seguridad Social destinó en el presente mes de septiembre la cifra récord de 9.235 millones de euros al pago de las pensiones contributivas, un 4,86% más que en el mismo mes de 2017, según datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Esta tasa de crecimiento es la misma que se registró en agosto, cuando las cuantías derivadas de la subida de las pensiones contemplada en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 se consolidaron en nómina.
El gasto global del conjunto de pensiones llegó a superar el 8% interanual en la antesala de la crisis (2008). Desde hace unos años, el gasto venía creciendo a un ritmo próximo o superior al 3%. Hay que remontarse a los años 2013, 2012 y 2011 para encontrar una tasa interanual de gasto en pensiones superior al 4%.
Los Presupuestos, que entraron en vigor en julio, contemplaban un aumento del 3% para las pensiones mínimas, del 1,6% para el resto de pensiones y la ampliación de la base reguladora de las pensiones de viudedad para quienes no perciban otra pensión pública del 52% al 56%.
La mayor parte de los 9.235 millones de euros destinados a pagar la nómina de las pensiones en septiembre fue a parar a las pensiones de jubilación, con 6.566 millones de euros (+5,3%), seguidas de las pensiones de viudedad, a las que se dedicaron casi 1.603 millones de euros (+4,78%).
Desde el pasado 1 de agosto, algunas pensiones de viudedad, en torno a medio millón, las más bajas, aumentaron su cuantía como consecuencia de la subida de la base reguladora del 52% al 56%.
Al pago de las pensiones de incapacidad permanente se destinaron 908,4 millones de euros (+2,2%), las de orfandad supusieron 133,8 millones de euros (+2,9%) y las pensiones en favor de familiares totalizaron 23,3 millones de euros (+6%).

Más de 9,64 millones de pensionistas

El número de pensiones avanzó en septiembre un 1,1% respecto al mismo mes de 2017, hasta 9.646.404 pensiones, nuevo récord del sistema. En términos mensuales, el número de pensiones se incrementó en 8.375 respecto al mes de agosto de 2017, un 0,08% más.
Aunque la tasa de crecimiento interanual del número de pensiones no es de las más altas dentro en la serie histórica de la última década, con ella ya se acumulan 32 meses consecutivos de crecimientos superiores al 1%.
Del total de pensiones, más de la mitad, 5.950.766, fueron pensiones de jubilación, con un repunte del 1,79% respecto a septiembre de 2017, mientras que 2.360.059 eran pensiones de viudedad (-0,06%), 952.559 de incapacidad permanente (+0,3%), 341.128 de orfandad (-0,28%), y 41.892 a favor de familiares (+2,2%).

La pensión media de jubilación sube un 3,4%

La subida adicional de las pensiones para 2018 recogida en Presupuestos también ha impulsado al alza la cuantía de las prestaciones, que desde el pasado mes de agosto reflejan un ritmo más elevado de crecimientos interanuales en comparación con los meses anteriores.
Así, la pensión media de jubilación se situó al inicio del presente mes en 1.103,47 euros mensuales, un 3,43% más que en igual mes de 2017. Trabajo ha destacado que las nuevas altas de jubilaciones, con datos esta vez a agosto, recogen una cuantía media de 1.293,7 euros mensuales.
Por su parte, la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares) se situó en septiembre en 957,36 euros mensuales, lo que supone un aumento interanual del 3,7%.
La pensión media de viudedad se situó en el noveno mes del año en 679,21 euros mensuales, un 4,85% más que en igual mes del año pasado, mientras que la de incapacidad permanente alcanzó una cuantía media de 953,73 euros mensuales, con un incremento interanual del 1,86%.
Asimismo, la pensión media de orfandad ascendió a 392,26 euros mensuales, un 3,2% más que en septiembre de 2017, mientras que la de a favor de familiares se situó en 556,29 euros al mes, con un repunte del 3,66%.

Mayor pensiones en hombres

La edad media del pensionista contributivo es de 72 años (73 en las mujeres y 70 en los varones).
La mayor parte de las pensiones contributivas que paga la Seguridad Social se concentran en los tramos de mayor edad, dado que el grueso de las pensiones son de jubilación.
Así, se contabilizan más de 1,7 millones de pensiones contributivas en el tramo de 65 a 69 años y en el de 70 a 74 años; 1,6 millones en el de 85 y más años; cerca de 1,3 millones en el de 80 a 84 años, y más de 1,3 millones en el de 75 a 79 años.
Por sexos, el 51,5% de las pensiones contributivas del sistema (4.975.848) las reciben mujeres, frente a 4.670.417 pensiones percibidas por varones (48,5%).
La pensión media de jubilación percibida por mujeres alcanzó en septiembre una cuantía de 823,59 euros, en contraste con los 1.275,4 euros mensuales que reciben de media los varones. La brecha entre ambos sexos, en valores absolutos, es de casi 452 euros.
De las más de 9,64 millones pensiones contributivas existentes en septiembre, una de cada cuatro (el 24,6%, más de 2,3 millones de pensiones) reciben complemento a mínimos. Este porcentaje se eleva al 30,9% en el caso de las mujeres, dado que sus pensiones son más bajas, y se sitúa en el 17,9% en el caso de los varones.
De las pensiones que reciben complemento a mínimos, el 44,8% son pensiones de jubilación; el 29,8% de viudedad; el 12,3% de jubilación procedente de incapacidad; el 6,5% de orfandad; el 5,4% de incapacidad permanente, y el 0,9% a favor de familiares.
A ello hay que añadir 1.310 pensiones del SOVI que reciben mínimos y que representan únicamente el 0,4% del total de pensiones contributivas.

  • La pensión media de jubilación alcanza los 1.103,47 euros, un 3,4% más