la reforma de las pensiones. ¿Qué novedades incluye?

 

Tax asesoría de empresas Actualidad Laboral Publicada en el BOE la reforma de las pensiones

Lunes, 20 de Marzo de 2023 | Laboral

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a reforma de las pensiones tiene como objetivo el refuerzo de la capacidad financiera para garantizar la sostenibilidad del sistema en los próximos treinta años, incorporando importantes cambios.

Nuevo sistema de cálculo para las pensiones:

Desde el 1 de enero de 2026 y hasta 2044 (incluido), el sistema de cálculo para las nuevas pensiones será dual: coexistirán el actual, calculado sobre lo cotizado en los últimos 25 años, pero desde 2041 subirá seis meses por año; y el nuevo modelo, que implica calcular los mejores 27 años cotizados de los últimos 29. La Seguridad Social elegirá cuál de los dos es más beneficioso para el nuevo pensionista.

A partir de 2044, año de implantación definitiva del nuevo sistema, ya no habrá posibilidad de elección y se utilizará para todos la fórmula de los 27 años con mayor cotización de los 29 últimos. Los meses no cotizados de esos 29 años se contabilizarán hasta 48 con la base mínima y el resto al 50% de esa base por regla general.

Suben las pensiones máximas. La norma argumenta que lo hace para ir en paralelo a la subida de las bases de cotización máximas, esto es, a que durante su vida laboral las rentas más altas tendrán que pagar más. Así, las pensiones causadas desde 2025 y hasta 2050 sumarán al aumento por IPC, si lo hay, un 0,115 anual. Las que hayan empezado hasta que acabe 2024, incluidas las vigentes a día de hoy, aumentarán solo con el IPC, como el resto. Pero después, desde 2051 hasta 2065, el decreto marca subidas extra de esas pensiones máximas, además del IPC, superiores, que irán ascendiendo progresivamente año a año del 3,2% inicial hasta un 20%.

También subirá la pensión mínima de jubilación para mayores de 65 años con cónyuge a cargo. El objetivo es que, con las revalorizaciones anuales del IPC, se alcance, al menos, el umbral de la pobreza para hogares con dos adultos (1,5 veces el unipersonal que marca el INE). Esa brecha se irá cerrado de forma progresiva durante 2024, 2025 y 2026 para alcanzar ese umbral de la pobreza en 2027. Lo mismo se hará con las pensiones mínimas de viudedad con cargas familiares.

También se establece que el complemento de brecha de género -que está vigente mientras las diferencias entre pensiones de hombres y mujeres superen el 5%- irá ligado al IPC y que se subirá, entre 2024 y 2025, además, un 10% extra.

Nuevo sistema para calcular la base máxima de cotización

Se establece cómo se calculará la base máxima de cotización, es decir, qué cantidad marca los impuestos máximos a pagar. Así, establece que se subirá cada año, como las pensiones, con el IPC, de forma automática. Además, de 2024 a 2050 a esas subidas del IPC se les sumará un 1,2% adicional. Así, quienes cobren más pagarán más impuestos. En cinco años se evaluará esta medida, promete el texto.

Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI)

Se ajusta el concepto original recogido en la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de esta cotización adicional como instrumento de estabilización financiera del sistema, incrementándose progresivamente del 0,6% al 1,2%.

Ahora mismo es de un 0,6% en total (0,5% para la empresa y 0,1% para la persona trabajadora), pero irá ascendiendo hasta alcanzar el 1,2% (1 para la empresa y 0,2 para el trabajador) en 2029. Se quedará en esa cifra, si nada cambia, hasta 2050.

Nuevo impuesto de solidaridad

 

Entrará en vigor el 1 de enero de 2025, y que gravará los salarios que excedan de esa base máxima. Esta medida será progresiva e irá subiendo. Así, los ingresos que superen la base máxima en hasta un 10% empezarán pagando, por las cantidades en esa franja, un 2,9% en 2025 hasta alcanzar el 5,5% en 2045, lo que significaría unos 20,6 euros máximos para la empresa y 4,1 para el trabajador. Los que la superen desde el 10 al 50% pagarán desde el 2,5% de 2024 hasta el 6% de 2045, progresivamente. Y los ingresos superiores en más de un 50% a la base máxima un 2,92 para empezar hasta alcanzar el 7%.

Brecha de género y precariedad laboral

La reforma también aborda el problema de:

Las carreras laborales con cotización irregulares marcadas por la inestabilidad y la precariedad laboral

Mujeres con amplios periodos de lagunas de cotización vinculadas al cuidado de los hijos

Trabajadores que se vieron más golpeados por la crisis económica y financiera de la pasada década

Con el fin de compensar el impacto de negativo de estas circunstancias, se revisa la regla relativa al periodo de cómputo para el cálculo de la pensión, ofreciendo una doble alternativa a lo largo de dos décadas.

Por una parte, se establece una nueva configuración de esta regla -que toma al final del régimen transitorio un periodo de veintinueve años- incorpora tres previsiones destacables:

Facultad de descartar las peores veinticuatro mensualidades de cotización

Mejora de la regla de integración de lagunas, vinculada a la consecución del objetivo de reducción de la brecha de género

Prevé la aplicación de la regla, hasta ahora vigente, de los últimos veinticinco años si la base reguladora de la pensión resultante es más beneficiosa para la persona que accede a la pensión

Por último, destaca la creación de un indicador objetivo de referencia para marcar la evolución futura de las cuantías de las diversas modalidades con complemento de mínimos a fin de preservar el objetivo de suficiencia y de reducción de la pobreza.

Los becarios también cotizarán a partir de 1 de octubre

A partir del 1 de octubre de 2023 quienes estén en prácticas regladas porque estudian una carrera universitaria o de formación profesional empezarán a cotizar como trabajadores por cuenta ajena, pero con muchas especificidades. No cotizarán por desempleo, FOGASA o formación profesional y tampoco aportarán al MEI. Las empresas que les contraten tendrán un 95% de deducción en las cotizaciones a contingencias comunes (un 97% en 2023), sean prácticas remuneradas o no.

En el caso de las prácticas no remuneradas, además, cada día de prácticas equivaldrá a 1,61 cotizados, sin superar nunca el número de días del mes. Y su cotización a contingencias comunes será de 2,36 euros al día y de 0,29 por enfermedades profesionales, con un máximo mensual de 60,1 en total, a lo que se restará la deducción anterior.

Quienes hayan hecho este tipo de prácticas en los dos años anteriores pueden pedir que se les aplique este sistema de forma retroactiva y que ese tiempo les cuente como cotizado.

Y otros cambios

 

Si hasta ahora el primer año de excedencia por cuidados contaba como cotizado a efectos de pensiones, ahora ese tiempo sube a tres años. Eso sí, no se tiene en cuenta como cotizado para calcular quién de una pareja tiene derecho a recibir el complemento de brecha de género.

La norma también retrasa la puesta en marcha del observatorio que debía marcar medidas para proteger a los autónomos en caso de actividad, que tenía que haberse puesto en marcha antes de acabar marzo y lo hará, como máximo, el 1 de julio. Y le añade una nueva misión: estudiar medidas para aminorar el efecto en las pensiones de los periodos no cotizados.

Además, amplía hasta los 26 años de la persona a cargo (estaba en 23) la edad hasta la que se puede cobrar prestación económica por cuidado de menores con enfermedad grave. Pero, eso sí, solo se ampliará esos tres años en caso de discapacidad igual o mayor del 65%. Si a alguien se le terminó al cumplir los 23 años, puede volver a pedirla.

¿Cuándo entran en vigor estas reformas?

El Real Decreto Ley entra en vigor, con carácter general, el 1 de abril de 2023, pero con las siguientes excepciones:La cotización finalista establecida en el nuevo art. 127 bis TRLGSS entrará en vigor el 18 de marzo de 2023, con efectos desde el 1 de enero de 2023.

La nueva redacción de los arts. 58.5, 59, 60, 82.4.b), 237. 2 y 3, 248.1.c) y disp. trans. 44ª TRLGSS entrarán en vigor el 18 de marzo de 2023.

La reforma de los arts. 169.1.b), 170, 174, 248.1.b), la disp. adic. 1.4 y disp. trans. 37ª TRLGSS entrarán en vigor el 17 de mayo de 2023.

El art. 50 bis TRLGSS entrará en vigor el 17 de junio de 2023.

Entrarán en vigor el 1 de octubre de 2023 el art. 247 y la nueva disp. adic. 52ª TRLGSS.

Entrarán en vigor el 1 de enero de 2024 los arts. 19.3 y 58.2 TRLGSS.

Entrarán en vigor el 1 de enero de 2025 los arts. 19 bis y 57 TRLGSS.

Entrarán en vigor el 1 de enero de 2026 los arts. 209.1, 248.2, 322 y disp. trans. 41ª TRLGSS.

El gasto en pensiones bate récord en junio al alcanzar 10.832,2 millones

La cifra ha crecido un 4,7% interanual, y se suma a la paga extraordinaria

28 junio 2022

La Seguridad Social destinó en el presente mes de junio la cifra récord de 10.832,2 millones de euros al pago de pensiones contributivas, un 4,7% más que en el mismo mes de 2021, según los datos el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El Departamento que dirige José Luis Escrivá estima que el gasto en pensiones se situó en el 11,8% del PIB en el sexto mes del año, porcentaje inferior al de 2020 (12,4% del PIB), año condicionado por el impacto de la pandemia sobre el PIB, y también más bajo que el de 2021 (12,1% del PIB).

Junto con la nómina ordinaria, en junio se abona la extraordinaria, cuyo importe asciende a 10.536,1 millones de euros, lo que representa un incremento del 6,6% (5% en términos homogéneos) respecto a 2021.

En concreto, la paga extraordinaria la reciben 9,9 millones de pensiones que perciben cerca de nueve millones de pensionistas (8.999.581). Su cuantía media es de 1.062,43 euros, un 5,8% más que en junio de 2021.

La pensión media sube un 5,5% interanual

La pensión media del sistema asciende en junio a 1.090,2 euros mensuales. Esta cuantía, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares), ha aumentado en el último año un 5,5%.  

La pensión media de jubilación del sistema, por su parte, se sitúa en 1.254,7 euros. Por regímenes, la pensión media de jubilación procedente del Régimen General es de 1.403,9 euros al mes, mientras que la más baja la registra el Régimen de Autónomos, de 835 euros/mes. En la Minería del Carbón, la media de jubilación mensual se sitúa en 2.445,5 euros y es de 1.392,2 euros en el Régimen del Mar.  

La cuantía media de las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió en el mes de mayo de 2022 a 1.376,2 euros mensuales. Por su parte, la pensión media de viudedad en vigor en junio es de 778,7 euros al mes. 

pensiones 2022

 

6000 millones de euros más a incrementar el presupuesto.

Y la inflación controlada..... dicen....

Los daños que causan los salarios mileuristas a la economía española y cómo revertir la situación

El Idealista

Autor: Miguel Córdoba 02 septiembre 2021, 0:01

Los economistas prehistóricos siguen pensando que el principal indicador de crecimiento y bienestar de una economía es el Producto Interior Bruto (PIB). Algunos todavía creen que, tal y como estudiaron en su juventud, los tipos de interés son una variable intermedia que se forma por la interacción de la oferta y la demanda de dinero, cuando es bien sabido que en la eurozona llevamos seis años con los tipos de interés negativos por imposición del Banco Central Europeo (BCE). Es bueno haber estudiado en una universidad y haberse sacado un título, pero es mucho más importante asumir que en una disciplina como la Economía, es preciso estar formándose constantemente y aceptar los cambios de paradigma que, desgraciadamente y cada vez con mayor rapidez, están afectando a una economía mundial cada vez más globalizada.

Desde hace una década hemos asumido en España que la famosa “devaluación interna” que impuso Mariano Rajoy para que su amiga Ángela Merkel aceptase que “pulpo es animal de compañía”, o lo que es lo mismo que las medidas que se tomaron en 2012 no eran un rescate, aunque nos hayan llevado a una situación de precariedad sin precedentes en nuestra historia, salvo probablemente la época autárquica de la posguerra. El hecho es que una de las medidas era, utilizando la manida reforma laboral, rebajar los costes laborales de las empresas; dicho de otra forma, permitir que las empresas pudieran despedir a los padres que ganaban 30.000 euros al año, sustituyéndolos por los hijos que ganarían 10.000 euros y, de esa manera, impulsar las ventas de las empresas españolas que podrían exportar a los países europeos con gran ventaja competitiva por la vía de la existencia generalizada de costes de personal muy bajos.

Esta medida, no demasiado criticada, ha transformado España en un país de mileuristas y nimileuristas, y eso sí, ha permitido que el PIB subiera, pero a costa de crear una generación de jóvenes que no se pueden emancipar, no pueden comprarse un coche, no pueden alquilar ni comprar una vivienda, no pueden casarse y mucho menos tener hijos.

Habrá quien piense que eso era lo que había que hacer para que la gente se hiciera la ilusión de que tenía un puesto de trabajo y, al menos, podía comer, pero este planteamiento no puede en ningún caso ser asumido en un modelo de Estado, máxime cuando nada más cruzar los Pirineos resulta que el salario medio de muchos países europeos dobla al español.

En la última estadística de declarantes de IRPF del año 2019, el número de personas que ganaban menos de 12.000 euros al año era en España de 8.198.156, con una media de ingresos de 10.739 euros por persona. Estos mileuristas suponían el 39% del total de declarantes. Podemos estar tentados de hacer comparaciones con otros países europeos, pero no tiene sentido hacerla, ya que en la mayoría de los países de nuestro entorno los mileuristas sencillamente no existen. Francia, por ejemplo, tiene un salario mínimo de 1.555 euros al mes, con lo que no hay mileuristas; lo mismo pasa en Alemania (1.585 euros) o en Gran Bretaña (1.583 euros).

Estamos, pues, ante un problema muy español. Hay economistas y políticos que se conforman con esta situación; vamos, que esto es lo que hay, y que “Spain is different”, como rezaba algún viejo eslogan. Sin embargo, el problema no es la diferencia, sino el futuro de nuestros hijos y nietos. Hace varios años, en una tertulia radiofónica, le pregunté al presidente de las Cámaras de Comercio sobre este problema, y después de unos segundos de silencio me respondió que “esto siempre ha sido así”, y se calló. 

Hay tres hechos diferenciales que han estado marcando estos últimos años la realidad económica española: el déficit público permanente, el peor de Europa; el crecimiento geométrico de la deuda pública y el agujero creciente del sistema de pensiones. Pues resulta que el pagar salarios mileuristas a lo mejor tiene mucho que ver con estos problemas que se están convirtiendo en estructurales en nuestra Economía.

Si nos centramos en 2019, para evitar la contaminación del ‘efecto covid’, podemos observar que el déficit público fue de 35.637 millones de euros, un 2,86% de PIB. De esa cantidad, 18.844 millones eran del desequilibrio general del Presupuesto y 16.793 millones procedían del agujero creciente de la Seguridad Social. En 2020, el crecimiento ha sido geométrico, pero prefiero no entrar en estas cifras, ya que el covid parece que disculpa todo en los dos primeros años de gobierno de Pedro Sánchez, una de las personas más optimistas que hay sobre nuestra vieja piel de toro.

Pues bien, si comparamos el déficit público con los ingresos obtenidos en el año 2019 (86.892 millones de euros) por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), y con los 124.162 millones obtenidos por ingresos de la Seguridad Social, resulta que para conseguir cubrir el déficit público bastaría, asumiendo un crecimiento lineal, con incrementar un 21,68% de media los salarios (18.844 / 86.892 = 21,68%). Pero este incremento, a efectos de Seguridad Social, supondría aproximadamente 26.918 millones de euros (sólo necesitaríamos 16.793 millones para equilibrar), por lo que tendríamos un superávit (se recaudaría por el simple incremento de los salarios).

Como nos sobran 10.125 millones y, como es bien sabido, en torno al 82% de los ingresos por cotizaciones está a cargo de los empresarios, el 8,15%, que nos sobraría podríamos destinarlo a rebajar las cuotas empresariales, que pasarían del 23% al 20,71%, lo cual sería bien visto por los empresarios, y nos aproximaría a los estándares europeos. Por supuesto, estas cifras son aproximadas, y habría que hacer un ejercicio más profundo para cuantificar bien los porcentajes anteriores.

 consciente de que las cuentas de 2020 y 2021 van a ser una película de terror, pero sí podemos resolver dos de nuestros graves problemas estructurales: salarios muy por debajo de los europeos y cotizaciones empresariales a la Seguridad Social muy por encima de las europeas. A lo mejor, sería interesante explorar este camino de común acuerdo con empresarios y sindicatos, en lugar de seguir subiendo simplemente el salario mínimo, que es lo fácil, y a lo cual, y lo entiendo, la patronal siempre se opondrá.

No se trata de subir sólo los salarios mínimos, sino de regularizar de una vez por todas la situación de los trabajadores cualificados. No se puede permitir que un ingeniero español cobre el 60% de lo que cobra un ingeniero alemán, a pesar de tener la misma cualificación; entre otras cosas, porque, como hemos indicado, una de las principales causas del desastre de nuestras cuentas públicas son precisamente los bajos salarios, así que, empecemos por aproximarnos a los salarios europeos. Un 20% de incremento generalizado no es mucho, y nos permitiría equilibrar los presupuestos, a pesar de que seguiríamos estando muy lejos de la media europea, pero sería un inicio.

Evidentemente, los empresarios españoles dirán que por qué van a ser ellos los paganos, si tan bien les va pagando sueldos bajos, pero tienen que pensar que una empresa no es un ente coyuntural, sino un proyecto a medio y largo plazo. No se puede ser empresario si lo que se tiene es una mentalidad cortoplacista. La solución para el empresariado español pasa por la inversión en I+D, la internacionalización y la profesionalización de sus empresas. El 70% de las pymes familiares no aguantan la segunda generación, la transparencia exigida por la bolsa les da sarpullido a muchos empresarios y lo de exportar (hay que saber inglés) les cuesta mucho.

Si queremos cambiar las cosas, modernizando el modelo productivo, hay que empezar por el empresariado español. El Gobierno español puede apoyarles, pero si no cambian su mentalidad, es muy difícil que nuestro país se ponga al nivel de los principales países europeos. Compararnos con Portugal y Grecia no puede ser un consuelo.

Miguel Córdoba es profesor de economía y finanzas desde hace 33 años y ha sido director financiero de varias empresas del sector privado.

El comercio textil ya teme perder la mitad del empleo por el derrumbe de las ventas

• Ni el Black Friday invierte la caída, que en noviembre fue del 37%

Belén Trincado / Cinco Días 10 DIC 2020 - 06:05 CET

Las rebajas no fueron el alivio esperado. Y las promociones del Black Friday han confirmado los peores augurios: el comercio textil no solo no está reduciendo de forma progresiva la pérdida de ventas desatada a raíz del coronavirus, si no todo lo contrario: cada mes casi es peor que el anterior y el sector se encamina a cerrar un año que ya define como una “auténtica catástrofe”. Desde luego, el peor desde que se tienen datos, con consecuencias que serán directas para su actividad.

En noviembre el retroceso alcanzó el 37,1%, un porcentaje que incluye tanto ventas en tiendas físicas como en online de operadores grandes y pequeños, llevando el retroceso en el acumulado del año hasta el 40,5% respecto a los mismos meses del año pasado, según el barómetro que publica mensualmente Acotex, la principal patronal del comercio textil. En octubre, cuyos datos no han sido actualizados hasta este miércoles, la caída fue del 37,3%.

Con ambos el sector textil acumula 14 meses consecutivos con retrocesos interanuales. Estos ya comenzaron antes de la pandemia, en octubre de 2019, un año que ya fue considerado como negativo en un contexto normal. El Covid-19 ha terminado por hundir el negocio: desde marzo son ya 10 meses de caídas a doble dígito, siendo la menor la que se registró en julio, del 22,5%. El acumulado del año es de una caída del 40,5%, un porcentaje que no cambiará mucho cuando concluya diciembre, pese a la campaña de Navidad. “No somos nada optimistas”, reconoce el director general de Acotex, Eduardo Zamácola. “Da igual el descuento que se ponga. La gente no puede ponerse la ropa que se vaya a comprar. Y se están adelantando promociones de artículos que aún no se están usando”, añade.

De cerrar el año con esa caída, esto se traducirá en una pérdida de ingresos de 7.000 millones de euros, en tanto que en 2019 la facturación del sector fue de casi 18.000 millones. Con ello 2020 se convertirá en el peor año desde, al menos, 1997, último con cifras de ventas publicadas.

Las consecuencias en las empresas del comercio textil ya son apreciables. Según Acotex, una vez acabado el confinamiento y se permitió la reapertura de los establecimientos, en torno a un 15% decidió no levantar la persiana ante el entorno del mercado. Ahora se suman los que reabrieron pero han vuelto a cerrar, y ya es el 25% de los establecimientos asociados a la patronal los que han cerrado la puerta, ya sea de forma temporal o definitiva, más de 2.000.

“Además, en casi todos los comercios abiertos hay empleados en ERTE, que si el mercado no se recupera serán futuros desempleados. Estamos hablando de un sector compuesto por 200.000 empleados, y entre los comercios que han cerrado, que cerrarán y la bolsa de ERTE, alrededor del 50% se pueden ir al paro”, asegura Eduardo Zamácola.

Peticiones

Los más afectados, pequeños negocios que, a diferencia de los grandes grupos, no están pudiendo compensar con el online parte de la sangría de las ventas. “Es impensable mantener las plantillas precovid con las actuales ventas”, sostiene el portavoz de la patronal.

El sector viene reclamando distintas medidas desde el inicio de la crisis. Principalmente la condonación de impuestos, tasas o cuotas de la Seguridad Social, o soluciones para el pago de los alquileres. Ahora añaden una reducción del IVA que impulse el consumo o moratorias en los préstamos ICO a los que las empresas del sector accedieron al inicio de la crisis.

Pero sobre todo, la reivindicación a pocos días de concluir el ejercicio es la de poder adaptar las plantillas a la reducción del negocio aún estando las empresas en ERTE, lo que obliga al mantenimiento del empleo. El Ministerio de Empleo ya ha advertido que, de no cumplirse ese compromiso, las empresas deberán devolver las exenciones. “Necesitamos ayudas para poder despedir porque de lo contrario las empresas tendrán que cerrar definitivamente. Estamos en la situación de tener que para mantener dos empleos tendremos que prescindir de otros dos”, resume Zamácola.

El directivo de la patronal reconoce una buena comunicación con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, pero lamenta que desde que se inició la crisis ninguna de las principales peticiones

62.000 TRABAJADORES DEL COMERCIO MINORISTA SIGUEN EN ERTE

Noviembre. El comercio minorista es, después de la hostelería y el sector hotelero, el que mantiene un mayor número de trabajadores en ERTE. Según los datos de afiliación a la Seguridad Social publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, un total de 62.500 personas se mantenían en esta situación, más de la mitad por causas de fuerza mayor. Una cifra ligeramente superior a la vista en octubre, después de que algunas autonomías decretaran el cierre de toda actividad no esencial. Esa cantidad no solo incluye al textil, sino a todo tipo de comercio minorista salvo la venta de vehículos a motor. Si se suma el comercio al por mayor, los empleados en ERTE superan los 103.000.

Industria. También la industria textil se ve afectada por la coyuntura. Los datos de noviembre hablan de 2.142 personas incluidas en algún tipo de ERTE en esta actividad, a los que se suman otras 1.436 de la industria del cuero y del calzado, superando entre ambas los 3.500.

El nivel de empleo de 2007, previo a la crisis financiera, no se recuperará hasta 2026

El economista Josep Oliver alerta de que, tras la segunda ola de la pandemia, ya hay 1,5 millones de jóvenes parados de los que solo 300.000 tienen estudios superiores

Belén Trincado / Cinco Días Madrid  11 DIC 2020 - 06:30 CET

Llueve sobre mojado. Cuando España no había logrado recuperar el número de ocupados que tenía su economía en 2007, justo antes del estallido de la crisis financiera mundial, ha estallado otra crisis, aún más global, si cabe, que ha ha provocado en menos de dos trimestres un hundimiento aún mayor del mercado laboral.

Según la ocupación medida en términos de la Encuesta de Población Activa (EPA) en la aterior crisis financiera, entre el tercer trimestre del 2007 y el mismo trimestre de 2013 se destruyó anualmente el 3,1% del empleo de media Mientras que la destrucción anualizada por el impacto del Covid en este año llegará al 3,5%.

Así lo destaca una nueva edición del Índice ManpowerGroup, que elabora el catedrático de Economía Aplicada de la Autónoma de Barcelona, Josep Oliver y su equipo. Si bien, este experto, como hizo recientemente el Banco de España, explicó ayer que a la hora de analizar el shock del Covid en el empleo debe tomarse como indicador, más que la ocupación, el número de horas realizadas, para eliminar el efecto de los trabajadores en ERTE, que se consideran ocupados pero tienen su empleo suspendido total o parcialmente. En ese caso, la actual crisis también ha registrado un récord al registrarse un desplome del 25% de las horas trabajadas en el segundo trimestre del año.

Así, cuando estalló la pandemia, el mercado laboral español aún estaba a cuatro puntos porcentuales de recuperar el nivel de empleo de 2007 y ahora, tras un semestre de crisis sanitaria y económica la afiliación acumula una caída del empleo de entorno al 2%.

Además, la situación actual tiene algunas características que, junto al resto de previsiones de los organismos internacionales, llevan a los expertos que han realizado este índice a calcular esta brusca interrupción de la senda de recuperación y el nuevo hundimiento del empleo tienen tres características que hacen que la economía española vaya a tardar alrededor de seis años, hasta 2026, en volver a los niveles de empleo que tenía a mediados de 2007, justo antes del inicio de la crisis financiera que arrancó en 2008. Estimando para eso aumentos medios del empleo del 2% anual entre 2023 y 2025, continuando así con la previsión de la Comisión Europea para España que ha estimado un aumento de ese 2% anual hasta 2022.

Entre estas características que dificultan la recuperación Oliver destacó la elevada incertidumbre acerca de la duración de la crisis, que dependerá de la evolucion de la crisis sanitaria; el hecho de que el dinero europeo del fondo SURE para financiar los expedientes de regulación de empleo (ERTE) vaya a durar, en su opinión, solo hasta abril o mayo; y que no se puede esperar que el resto de fondos europeos para la reestructuración del tejido productivo se emplee en otro tipo de ayudas.

Junto a esto, los datos de este trabajo ponen de manifiesto que hay dos colectivos notablemente más dañados por la crisis de la pandemia: los jóvenes y las pymes. Entre los primeros destaca que entre febrero y octubre de este año las pérdidas de afiliados se concentran prácticamente en su totalidad en los más jóvenes en términos netos. De esta forma, frente a la contracción del -4,9% de la afiliación de los jóvenes de menos de 35 años (-233.000 afiliados menos), la reducción de aquellos con 35 y más es prácticamente nula (-26.000 en total).

Esto deja, según llamó la atención Oliver, la la existencia de 1,5 millones de jóvenes parados, de los que solo 300.000 tienen estudios superiores, por lo que apuntó que el Gobierno debería destinar parte de los fondos europeos a un gran programa de recualificación de este colectivo. La necesidad de esta formación masiva cobra mayor importancia, además, ante la desaparición en la práctica y de manera abruta de la llegada de inmigrantes, cuya previsión oficial cae desde los 300.000 anuales a menos de 100.000. Además, la destrucción de empleo está siendo mucho más intensa en el colectivo de extranjeros, donde la afiliación ha caído un 3,1% desde que empezó la pandemia frente al 1,3% de la población española.

Por el lado de las pymes, mostró su preocupación por los datos del Fondo Moneterio Internacional (FMI) de octubre que indican que la falta de liquidez hace que el 40% del empleo de las pymes del sector de alojamientos y comidas esté en riesgo; o el 31% de los empleados de las pequeñas empresas del ocio o el 17% del comercio.

Ante este elevado riesgo, Oliver consideró que el Gobierno debería cambiar su estrategia de ayudas a las pymes, ya que aunque los créditos ICO han servido para un primer momento, ahora debería recovertir esta financiación en ayudas directas.

En este sentido el presdiente de la Cámara de Comercio, donde se presentó ayer este indicador, José Luis Bonet, también abogó por una mayor flexibilidad en los impuestos. “Al Gobierno le falta contundencia en el terreno fiscal; no se puede cobrar impuestos a la actividad económica si no existe esa actividad o exigir que se pague el IBI de un hotel cerrado”, dijo Bonet.

Mientras que el Managing Director de la Región Mediterránea de ManpowerGroup España, Raúl Grijalba, pidió una mayor colaboración público privada porque, de lo contrario, manifestó sus dudas sobre la eficiencia y la rapidez necesaria en la ejecución de los fondos europeos.

Así es el modelo vasco de pensiones que defiende el ministro de Seguridad Social

• Este sistema supone la compensación de la pensión pública con un plan de pensiones de la empresa

El Plural - SARA CORDERO Jueves, 5 de marzo de 2020

José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha anunciado las medidas previstas por el Gobierno para paliar el déficit del sistema de pensiones públicas en la primera comisión parlamentaria del Pacto de Toledo. Entre las medidas más importantes se encuentran la desgravación de los planes de pensiones, el endurecimiento de la jubilación anticipada y la compensación de las pensiones públicas con los planes de empresa.

Uno de los aspectos más relevantes de la primera comisión del Pacto de Toledo es la intención del Gobierno de incentivar los planes de pensiones de empresas en detrimento de los planes individuales privados. Según las cifras de Inverco, la rentabilidad media de los planes de empresa a 10 años roza el 4% frente a la rentabilidad de alrededor del 2,75% de los planes privados.

Los planes de pensiones de empresa son complementarios a las pensiones públicas y se negocian siempre a través de la negociación colectiva entre empresarios y sindicatos. En concreto, consiste en que tanto las empresas como los propios trabajadores aseguren una compensación económica de cara a su jubilación. Es decir, un modelo de pensiones privado complementario al sistema público como el que está popularizado en País Vasco.

En cifras, la mitad de los empleados vascos disfrutan de los planes de pensiones de empresas, además del público de la Seguridad Social, y cuentan con un incentivo fiscal a estos planes “si hay aportación del trabajador y del empleador”. En el resto de España, solo el 10% de los trabajadores disfrutan de esta pensión compensatoria.

"Todo depende de lo que se pacte en la negociación colectiva"

Según CCOO, “todo depende de lo que se pacte en la negociación colectiva”. Es decir, no hay un porcentaje fijo de aportación por parte de trabajadores y empresas y cabe la posibilidad de que incluso los trabajadores no tengan que aportar nada a su pensión, sino que solo se haga por parte de la empresa. Esto supone beneficios fiscales para ambas partes, tanto para la empresa como para el trabajador.

Escrivá defiende que este modelo implantado en el País Vasco “está arrojando niveles de pensiones complementarias interesantes, sobre todo para las rentas medias y bajas, que son los trabajadores que más lo necesitan”. Por su parte, CCOO asegura que son las grandes empresas quienes llevan a cabo este plan interno de pensiones, especialmente en el sector financiero y de seguros.

Además de esta medida, el Gobierno también tiene previsto reformar la fiscalidad de la jubilación y de los planes de pensiones, así como eliminar “gastos impropios”, según el propio ministro de la Seguridad Social. Asimismo, Escrivá ha anunciado que se subirán las pensiones mínimas y para ello se empleará el Ingreso Mínimo Vital.

Por otro lado, el Gobierno también tiene previsto endurecer la jubilación anticipada con medidas como la penalización de las jubilaciones anticipadas voluntarias y la mejora de los incentivos para retrasar la jubilación más allá de la edad legal.

Opinión:

Ellos mismo reconocen el fracaso de la gestión gubernamental de las pensiones públicas a través de la seguridad social, y se prepara la reducción y recorte de su importe a los pensionistas futuros. Se deja en manos privadas todo el negocio y el riesgo del poder adquisitivo de las mismas en el futuro. 

Estos políticos y solo ellos, se cargaron las cajas de ahorro, los fondos de mutuas, seguros, etc....y ahora se promulgan como salvadores de aquello que han hundido.

Y como no hablan de sus prebendas, ..... ¡¡¡¡ pues no existen....y no se tocan...!!!!

El fin de los planes de pensiones

Invertia - El Español Alberto Roldan 09/11/2020

Mucho se ha escrito sobre el enorme palo que ha supuesto para los planes de pensiones privados el nuevo tratamiento fiscal incorporado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Hay unanimidad en la idea de que el recorte de incentivos no es bueno para el sector. Yo iría un paso más allá.

Creo que la decisión de desincentivar las aportaciones al ahorro privado suponen el fin de un producto que, aun estando mal diseñado, correctamente potenciado debería ser un gran alivio a la deficiente situación de las pensiones.

España tiene 9,8 millones de pensionistas a los que destina un gasto total de casi 10 mil millones de euros. La decisión de recortar la fiscalidad al ahorro-jubilación individual no se toma pensando en la base de pensionistas sino en los 19 millones de afiliados a la seguridad social, que son los realmente afectados.

Desincentivar las aportaciones al ahorro privado suponen el fin de un producto que correctamente potenciado sería un alivio a la situación de las pensiones.

En España hay 7,6 millones de partícipes en planes de pensiones individuales lo que supone un 38% de los afiliados, un porcentaje que se elevaría muy por encima del 40% incluyendo planes de empleo colectivos. Se podría decir por tanto que hay tantos pensionistas como ahorradores e igualmente inferir que uno de cada dos afiliados tiene un producto de ahorro específico para su jubilación (estoy excluyendo de forma intencionada unit linked, PIAS y PPA).

¿Por qué el Gobierno desincentiva las aportaciones hasta el punto de parecer querer extinguir esta vía de ahorro privado? Según el Tribunal de cuentas, la Seguridad Social ha perdido en la última década más de 100.000 millones de euros, un organismo que tiene un patrimonio negativo que le lleva a mantener una deuda acumulada con el Estado de más de 41.000 millones de euros. Con esta carta de presentación no parece muy lógico eliminar una fuente de ahorro complementario que, insisto de nuevo, bien diseñada podría aliviar de una pesada carga al contribuyente.

Y es que eso es precisamente lo que supone esta reforma, desincentivar las aportaciones a planes de pensiones privados hasta el punto que el futuro más plausible sea su desaparición.

Según la patronal del sector, el patrimonio medio invertido en pensiones individuales es de 9.700 euros, una cifra que se ve notablemente minorada como consecuencia de la desastrosa fiscalidad diseñada en el momento del rescate.

No estamos hablando por tanto de grandes fortunas ni de los altos patrimonios que centran la ira de las políticas de la izquierda. Todo lo contrario. Se trata de una vía modesta y poco onerosa para las arcas del Estado. 

Si tenemos en cuenta que reduciendo la desgravación el ahorro pretendido por el Gobierno es de apenas 580 millones de euros, esta cifra supone una gota en el mar de gasto público que son los 456.000 millones de los PGE. Sin embargo, sus consecuencias son como las que describe la teoría del caos con el aleteo de una mariposa.

De entrada, teniendo en cuenta que el perfil tipo del ahorrador en pensiones se concentra en el 57% de la recaudación, ese teórico ahorro que pretende el Estado va a reducir las aportaciones anuales en una cifra aproximada de 1.700 millones de euros. Es decir, que por cada euro que se ahorra el Estado hoy, el contribuyente dejará de aportar a su plan tres euros.

Como decía anteriormente, la fiscalidad del rescate está tan mal diseñada para el contribuyente que al Estado le supone más que una menor recaudación por desgravaciones un diferimiento del cobro de impuestos.

La fiscalidad del rescate está tan mal diseñada para el contribuyente que al Estado le supone más que una menor recaudación por desgravación un diferimiento del cobro impositivo. 

El ahorrador en un plan de pensiones, que de media destina unos 500 euros al año, no tendrá incentivo alguno a realizar aportaciones periódicas pues la iliquidez del producto es otro factor añadido en contra. Si tenemos en cuenta además que la rentabilidad neta media de las pensiones es desoladora (apenas el 2,8% en los últimos diez años), bien se podría decir que este paso supone una muerte casi asegurada. 

El gobierno busca una vía más comprometida con incentivos a los planes de empleo, pero hoy por hoy por cada partícipe de un plan colectivo hay siete en planes privados por lo que es imposible pensar que el gap se vaya a reducir a medio plazo. 

Además, hay daños colaterales. Todas las gestoras de planes de pensiones independientes que han invertido en la constitución de una gestora o en el desarrollo de un plan que muy difícilmente tendrá incentivos para crecer, están abocadas a su desaparición bajo este esquema dejando el lucro cesante a los bancos que monopolizan el mercado de pensiones. Lo que es cierto es que la campaña de captaciones de este año la han hundido por completo con lo que los casi 2.000 millones que se aportaron en los últimos años, este ejercicio no tendrán lugar.

Deficiente fiscalidad en el rescate, nulo incentivo a las aportaciones regulares y mala rentabilidad. Esa es la foto de las pensiones en España. El gobierno sigue declarando la guerra al ahorro individual porque piensa que su centralización mediante un esquema planificado plenamente controlado por el Estado, es la única alternativa a complementar las pensiones. El problema es que los organismos públicos de los que depende esta idea están en quiebra y el garante de las pensiones ahogado por las deudas.

Nissan se va de Barcelona y deja en el aire 23.000 puestos de trabajo

fuente 5 dias

Imagen del día: la deuda de la Seguridad Social bate récord y se acerca a 50.000 millones

La deuda de la Seguridad Social está en máximos históricos y se acerca ya a la barrera de los 50.000 millones de euros, tras haberse disparado más de un 80% en apenas dos años.

Este repunte es consecuencia de la necesidad del Estado de financiar el pago de las pensiones, para los que la Seguridad Social ha pedido créditos anuales a la Administración Central. Actualmente el sistema debe desembolsar casi 10 millones de pensiones públicas. 

La escalada del endeudamiento de la Seguridad Social está aumentando la deuda pública total de España, que se sitúa actualmente por encima de 1,2 billones de euros. 

Artículo visto en
El pago de pensiones a crédito dispara un 82% la deuda del sistema en dos años (ABC)

La economía que necesitamos

https://www.project-syndicate.org/onpoint/the-economy-we-need-by-joseph-e-stiglitz-2019-05

3 de mayo de 2019 JOSEPH E. STIGLITZ

Después de 40 años de fundamentalismo de mercado, Estados Unidos y países europeos con ideas afines están fallando a la gran mayoría de sus ciudadanos. En este punto, solo un nuevo contrato social, que garantice a los ciudadanos la atención médica, la educación, la seguridad de jubilación, la vivienda asequible y el trabajo decente a cambio de una remuneración digna, puede salvar al capitalismo y la democracia liberal.

NUEVA YORK - Hace tres años, la elección del presidente de los EE. UU. Donald Trump y el referéndum Brexit del Reino Unido confirmaron lo que los que hemos estudiado durante mucho tiempo las estadísticas de ingresos ya sabíamos: en la mayoría de los países avanzados, la economía de mercado ha estado fracasando en grandes sectores de la sociedad.

En ninguna parte es esto más cierto que en los Estados Unidos. Considerado durante mucho tiempo como un niño del cartel por la promesa del individualismo de libre mercado, hoy en día, Estados Unidos tiene una mayor desigualdad y menos movilidad social ascendente que la mayoría de los otros países desarrollados. Después de haber aumentado durante un siglo, la esperanza de vida promedio en los Estados Unidos ahora está disminuyendo. Y para aquellos que se encuentran en el 90% inferior de la distribución del ingreso, los salarios reales (ajustados por la inflación) se han estancado: el ingreso de un trabajador de sexo masculino típico hoy en día es alrededor de hace 40 años.

Mientras tanto, muchos países europeos han tratado de emular a Estados Unidos, y los que tuvieron éxito, especialmente el Reino Unido, ahora están sufriendo consecuencias políticas y sociales similares. Es posible que Estados Unidos haya sido el primer país en crear una sociedad de clase media, pero Europa nunca se quedó atrás. Después de la Segunda Guerra Mundial, en muchos aspectos superó a los EE. UU. En la creación de oportunidades para sus ciudadanos. A través de una variedad de políticas, los países europeos crearon el estado de bienestar moderno para brindar protección social y realizar inversiones importantes en áreas donde el mercado por sí solo podría gastar menos.

El modelo social europeo, como se conoció, sirvió a estos países durante décadas. Los gobiernos europeos pudieron controlar la desigualdad y mantener la estabilidad económica frente a la globalización, el cambio tecnológico y otras fuerzas disruptivas. Cuando estalló la crisis financiera de 2008 y la subsiguiente crisis del euro, los países europeos con los estados de bienestar más fuertes, particularmente los países escandinavos, obtuvieron los mejores resultados. Contrariamente a lo que a muchos en el sector financiero les gustaría pensar, el problema no era una participación demasiado estatal en la economía, sino demasiado poco. Ambas crisis fueron el resultado directo de un sector financiero poco regulado.

DESPUES DE LA CAÍDA

Ahora, la clase media está siendo vaciada a ambos lados del Atlántico. Revertir este malestar requiere que averigüemos lo que salió mal y trazamos un nuevo rumbo, adoptando el capitalismo progresista que, al tiempo que reconoce las virtudes del mercado, también reconoce sus limitaciones y garantiza que la economía funcione en beneficio de todos.

No podemos simplemente regresar a la edad de oro del capitalismo occidental en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando un estilo de vida de clase media parecía estar al alcance de la mayoría de los ciudadanos. Tampoco deberíamos quererlo necesariamente. Después de todo, el "sueño americano" durante este período estaba mayormente reservado para una minoría privilegiada: los hombres blancos.

Podemos agradecer al ex presidente de los EE. UU., Ronald Reagan, y al ex primer ministro británico, Margaret Thatcher, por nuestra situación actual. Las reformas neoliberales de la década de 1980 se basaron en la idea de que los mercados sin restricciones traerían prosperidad compartida a través de un proceso de goteo místico. Se nos dijo que la reducción de las tasas impositivas sobre los ricos, la financiarización y la globalización daría lugar a mejores niveles de vida para todos. En cambio, la tasa de crecimiento de los EE. UU. Cayó a cerca de dos tercios de su nivel en la era de la posguerra, un período de estrictas regulaciones financieras y una tasa impositiva marginal superior al 70%, y una mayor participación de la riqueza y los ingresos de este el crecimiento limitado se canalizó al 1% superior. En lugar de la prosperidad prometida, obtuvimos desindustrialización, polarización y una clase media en disminución. A menos que cambiemos el guión,

Afortunadamente, existe una alternativa al fundamentalismo del mercado. A través de un equilibrio pragmático de poder entre el gobierno, los mercados y la sociedad civil, podemos avanzar hacia un sistema más libre, más justo y más productivo. El capitalismo progresivo significa forjar un nuevo contrato social entre los votantes y los funcionarios electos, los trabajadores y las corporaciones, ricos y pobres. Para que un nivel de vida de clase media sea una meta realista, una vez más para la mayoría de los estadounidenses y europeos, los mercados deben servir a la sociedad, y no al revés.

INVASIÓN DE LOS LADRONES DE RIQUEZA

A diferencia del neoliberalismo, el capitalismo progresivo se basa en una comprensión adecuada de cómo se crea el valor hoy. La verdadera y sostenible riqueza de las naciones no proviene de los países explotadores, los recursos naturales y las personas, sino del ingenio humano y la cooperación, a menudo facilitada por los gobiernos y las instituciones de la sociedad civil. Desde la segunda mitad del siglo dieciocho, la innovación que mejora la productividad ha sido el verdadero motor del dinamismo y los niveles de vida más altos.

El rápido progreso económico inaugurado por la Revolución Industrial, después de siglos de estancamiento, descansa sobre dos pilares. La primera es la ciencia, a través de la cual podemos aprehender el mundo que nos rodea. La segunda es la organización social, que nos permite ser más productivos trabajando juntos de lo que podríamos ser solos. Con el tiempo, instituciones como el imperio de la ley, las democracias con sistemas de control y equilibrio y las normas y estándares universales han fortalecido ambos pilares .

En una breve reflexión, debería ser obvio que estas son las fuentes de la prosperidad material. Y, sin embargo, la creación de riqueza a menudo se confunde con la extracción de riqueza. Los individuos y las corporaciones pueden enriquecerse al depender del poder del mercado, la discriminación de precios y otras formas de explotación. Pero eso no significa que hayan hecho ninguna contribución a la riqueza de la sociedad. Por el contrario, tal comportamiento a menudo deja a todos los demás en una situación peor. Los economistas se refieren a estos ladrones de riqueza, que buscan obtener una mayor proporción de la torta económica de la que crean, como buscadores de renta. El término se originó en las rentas de la tierra: quienes las recibieron no lo hicieron como resultado de sus propios esfuerzos, sino simplemente como consecuencia de la propiedad, a menudo heredada.

Este comportamiento dañino prevalece especialmente en la economía de los EE. UU., Donde cada vez más sectores están dominados por unas pocas empresas. Estas mega corporaciones han usado su poder de mercado para enriquecerse a costa de todos los demás. Al cobrar precios más altos, efectivamente han reducido los estándares de vida de los consumidores. Con la ayuda de las nuevas tecnologías, pueden, y lo hacen, involucrarse en una discriminación masiva, de manera que los precios no son establecidos por el mercado (encontrando el precio único que iguala la demanda y la oferta), sino por determinaciones algorítmicas del máximo que un cliente desea. pagar.

Al mismo tiempo, las corporaciones estadounidenses han utilizado la amenaza de la deslocalización para reducir los salarios nacionales. Y cuando eso no ha sido suficiente, han presionado a los políticos para que debiliten aún más el poder de negociación de los trabajadores. Estos esfuerzos han demostrado ser efectivos: la proporción de trabajadores que pertenecen a sindicatos ha caído en la mayoría de las economías avanzadas , pero especialmente en los EE . UU., Y la proporción del ingreso que se destina a los trabajadores ha disminuido precipitadamente.

NO HAY EXCUSAS

Si bien los avances en tecnología y el crecimiento de los mercados emergentes ciertamente han jugado algún papel en el declive de la clase media, son de importancia secundaria para la política económica. Sabemos esto porque los mismos factores han tenido diferentes efectos en todos los países. El aumento de China y el cambio tecnológico se han sentido en todas partes, pero EE. UU. Tiene una desigualdad significativamente mayor y menos movilidad social que muchos otros países, como Noruega .

Del mismo modo, donde la desregulación financiera ha ido más lejos, también lo han hecho los abusos del sector financiero, como la manipulación del mercado, los préstamos abusivos y las tarifas excesivas de las tarjetas de crédito.

O considere la obsesión de Trump con los acuerdos comerciales. En la medida en que los legisladores han maltratado a los trabajadores estadounidenses, no se debe a que los negociadores comerciales de los países en desarrollo sean más astutos que los negociadores estadounidenses. De hecho, los Estados Unidos suelen obtener casi todo lo que piden. El problema es que lo que pide refleja los intereses de las corporaciones estadounidenses, no de los ciudadanos comunes.

Y por más mal que estén las cosas ahora, están a punto de empeorar. Considere la desigualdad de ingresos de Estados Unidos. La inteligencia artificial y la robotización ya están siendo consideradas como los motores del crecimiento futuro. Pero bajo el marco normativo y normativo vigente, muchas personas perderán sus empleos, con poca ayuda del gobierno para encontrar nuevos. Los vehículos autónomos por sí solos privarán a millones de sus medios de vida. Al mismo tiempo, nuestros gigantes tecnológicos están haciendo lo que pueden para privar al gobierno de la capacidad de respuesta, y no solo haciendo campaña para reducir los impuestos: están demostrando el mismo genio en evitar impuestos y explotar a los consumidores que previamente mostraron en el desarrollo de los recortes. innovaciones Además, han mostrado poca o ninguna consideración por la privacidad de las personas. Sus modelos de negocio y comportamiento están efectivamente exentos de la supervisión.

Aún así, hay esperanza en el hecho de que nuestra disfunción económica es el resultado de nuestras propias políticas. Algunos países que enfrentan estas mismas fuerzas globales han adoptado políticas que han llevado a economías dinámicas en las que los ciudadanos comunes han prosperado. A través de reformas progresistas capitalistas, podemos comenzar a restaurar el dinamismo económico y garantizar la igualdad y la oportunidad para todos. La principal prioridad debería ser frenar la explotación y fomentar la creación de riqueza, y esto puede hacerse mejor, o solo, por personas que trabajan juntas, especialmente a través del gobierno.

EL ESTADO INDISPENSABLE.

Independientemente de la forma que tome el arrebato de riqueza, desde el abuso del poder de mercado y las asimetrías de la información hasta el aprovechamiento de la degradación ambiental, existen políticas y regulaciones específicas que podrían prevenir los peores resultados y generar beneficios económicos y sociales de gran alcance. Hacer que mueran menos personas debido a la contaminación del aire, las sobredosis de drogas y las " muertes por desesperación " significará tener más personas que contribuyan de manera productiva a la sociedad.

La regulación ha tenido un mal nombre desde que Reagan y Thatcher la convirtieron en sinónimo de "papeleo". Pero la regulación a menudo mejora la eficiencia. Cualquier persona que viva en una ciudad sabe que sin semáforos, una simple "regulación" que rige el flujo de automóviles a través de una intersección, viviríamos en un embotellamiento perpetuo. Sin estándares de calidad del aire, el smog en Los Ángeles y Londres sería peor que el aire en Beijing y Delhi. El sector privado nunca se encargaría de frenar la contaminación. Solo pregúntale a Volkswagen.1

Trump y los cabilderos que ha designado para desmantelar al gobierno de los Estados Unidos están haciendo todo lo posible para eliminar las regulaciones que protegen el medio ambiente, la salud pública e incluso la economía. Durante más de cuatro décadas después de la Gran Depresión, un marco regulatorio sólido impidió las crisis financieras, hasta que se vio, en la década de 1980, como una innovación "sofocante". Con la primera ola de desregulación llegó la crisis de ahorros y préstamos, seguida por una mayor desregulación y la burbuja punto-com en la década de 1990, y luego la crisis financiera mundial en 2008. En ese momento, los países de todo el mundo intentaron volver a escribir las reglas para Prevenir una recurrencia. Pero ahora la administración de Trump está haciendo lo que puede para revertir ese progreso.

Así también, las regulaciones antimonopolio implementadas para garantizar que los mercados funcionen como se supone que deben hacerlo - competitivamente - se han retirado. Al frenar la búsqueda de rentas, las prácticas anticompetitivas y otros abusos, mejoraríamos la eficiencia, aumentaríamos la producción y estimularíamos más inversiones. Mejor aún, liberaríamos recursos para actividades que realmente mejoran el bienestar. Si menos de nuestros mejores estudiantes ingresaran a la banca, tal vez más irían a la investigación. Los desafíos en ambos son grandes, pero uno se enfoca en aprovechar a los demás, el otro en agregar a lo que sabemos y a lo que podemos hacer. Y, dado que la carga de la explotación tiende a pesar más en quienes se encuentran en la base de la pirámide económica, reduciríamos la desigualdad y fortaleceríamos el tejido de la sociedad estadounidense.

Como lo implica el término, el capitalismo progresivo reconoce tanto el poder como las limitaciones de los mercados. Es simplemente un hecho que, dejándolo a su alcance, el sector privado siempre producirá demasiado de algunas cosas, como la contaminación, y muy poco de otras, como la investigación básica, que es la base de la innovación y el dinamismo económico. El gobierno tiene un papel central que desempeñar no solo para impedir que el sector privado haga lo que no debe, sino para alentarlo a que haga lo que debe. Y a través de la acción colectiva, a través del gobierno, podemos hacer cosas que no podríamos hacer solos y que el mercado por sí solo no hará. La defensa es el ejemplo obvio, pero las innovaciones a gran escala, como la creación de Internet y el Proyecto Genoma Humano, son ejemplos de gastos públicos que han transformado nuestras vidas.

El sector privado tampoco proporcionará muchos de los servicios universales que constituyen la base de una sociedad decente. La razón por la que el gobierno de los EE. UU. Creó el Seguro Social, Medicare, Medicaid y el seguro de desempleo e invalidez es que los empresarios y las empresas no brindan estos servicios esenciales, o lo hicieron con costos y restricciones inaceptables (como la denegación del seguro de salud a las personas con pre- condiciones existentes). Y en muchas de estas áreas, el gobierno ha demostrado ser más eficiente que el sector privado. Los costos administrativos de la Seguridad Social son una fracción de los de los planes privados de jubilación, y la Seguridad Social cubre una gama más amplia de riesgos, como los relacionados con la inflación.

NUESTRA ÚNICA OPCIÓN

El tipo de regulaciones y reformas de sentido común que he descrito son necesarias para restablecer el crecimiento y poner una vida de clase media al alcance de la mayoría de los estadounidenses y europeos. Pero no son suficientes. Lo que necesitamos es un nuevo contrato social del siglo veintiuno para asegurar que a todos los ciudadanos se les garantice el acceso a la atención médica, educación, seguridad en la jubilación, vivienda asequible y un trabajo decente con un salario digno.

Muchos países ya han demostrado que se pueden lograr elementos discretos de este contrato social. Después de todo, los Estados Unidos están solos entre los países desarrollados al no reconocer la atención médica como un derecho humano básico. Irónicamente, mientras EE. UU. Gasta más en atención de salud, tanto per cápita como en porcentaje del PIB, que cualquier otro país desarrollado, su sistema predominantemente privado produce peores resultados. La esperanza de vida en los Estados Unidos es apenas superior a la de Costa Rica , un país de ingresos medios con una quinta parte del PIB percápita de América.

Los Estados Unidos pagan un alto precio por estas fallas, cuyos costos probablemente continuarán creciendo con el tiempo. La tasa de participación en la fuerza laboral para los hombres en edad de primera edad se encuentra en mínimos históricos, y la tasa para las mujeres también ha comenzado a disminuir . Muchos de los que han abandonado el mercado laboral padecen problemas de salud crónicos y toman medicamentos recetados para el dolor, lo que contribuye a la crisis de los opioides que viene a definir a la América de Trump. Con un 21% de los niños estadounidenses que crecen en la pobreza , la falta de inversión constante en la educación pública, sin duda, pesará sobre la productividad futura.

Desde una perspectiva capitalista progresista, la clave para entregar un nuevo contrato social es a través de una opción pública para servicios que son esenciales para el bienestar. Las opciones públicas amplían la elección del consumidor y estimulan la competencia. La competencia, a su vez, llevará a precios más bajos y más innovación. Muchos esperaban que la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (Obamacare) de 2010 incluyera una opción pública para el seguro de salud. Pero, en el evento, los cabilderos de la industria lograron que se eliminara de la cuenta final. Eso fue un error.

Más allá de la atención médica, los EE. UU. También necesitan una opción pública para las cuentas de jubilación, las hipotecas y los préstamos estudiantiles. En el caso de la jubilación, esto podría significar que las personas que desean un mayor ingreso durante la jubilación tendrán la opción de contribuir más a la Seguridad Social durante sus años en la fuerza laboral, con aumentos proporcionales en los beneficios de jubilación. Esto no solo sería más eficiente que pagar en un plan complementario privado; También protegería a los ciudadanos de las empresas explotadoras de gestión de la riqueza. De hecho, muchas de estas empresas han cabildeado contratener que cumplir con cualquier obligación fiduciaria, argumentando efectivamente que si no pueden robar a sus clientes, entonces no pueden ganar suficiente dinero para justificar su existencia. Los conflictos de intereses, desde esta perspectiva, son solo parte de la brusquedad del capitalismo del siglo veintiuno: ¿por qué incluso obligar a las empresas a revelarlos?

Además, debido a que los bancos estadounidenses ahora afirman que no pueden asumir el riesgo de suscribir hipotecas, aproximadamente el 90% de todos los préstamos hipotecarios están respaldados por el gobierno federal. Pero si los contribuyentes ya han asumido casi todo el riesgo mientras el sector privado sigue cosechando todos los beneficios, no hay razón para no tener una opción pública. El gobierno podría comenzar a ofrecer una hipoteca convencional del 20% a 30 años a cualquiera que haya pagado impuestos durante cinco años, a una tasa un poco superior a la tasa a la que se le presta dinero. Y, a diferencia de las hipotecas privadas, que fueron diseñadas virtualmente para garantizar que millones de personas perdieran sus hogares en la crisis financiera, se podría diseñar una opción pública para permitir que los trabajadores permanezcan en sus hogares cuando enfrentan una situación de penuria temporal.

DE VUELTA A LA MORALIDAD

La mayoría de estas propuestas son obvias; sin embargo, las reformas económicas que necesitamos enfrentarán serios desafíos políticos debido a la influencia de los intereses creados. Ese es el problema de la grave desigualdad económica: inevitablemente da lugar y refuerza la desigualdad política y social.

Cuando el movimiento progresivo originalsurgido durante la era dorada de finales del siglo XIX, su objetivo principal era arrebatar la gobernabilidad democrática a los grandes capitalistas monopolistas y sus compinches políticos. Lo mismo ocurre con el capitalismo progresista de hoy. Requiere que revirtamos el esfuerzo sistemático del Partido Republicano para privar de derechos a grandes segmentos del electorado a través de la supresión de votantes, el gerrymandering y otras técnicas antidemocráticas. También requiere que reduzcamos la influencia del dinero en la política y restauremos los controles y balances adecuados. La presidencia de Trump nos ha recordado que tales controles son indispensables para el correcto funcionamiento de la democracia. Pero también ha expuesto los límites de las instituciones existentes (como el Colegio Electoral, a través del cual se elige al presidente, y el Senado, donde un estado pequeño como Wyoming, con menos de 600,

En juego tanto en América como en Europa está nuestra prosperidad compartida y el futuro de la democracia representativa. La explosión del descontento público en Occidente en los últimos años refleja una creciente sensación de impotencia económica y política por parte de los ciudadanos, que ven sus posibilidades de que una vida de clase media se evapore ante sus ojos. El capitalismo progresivo busca frenar el poder excesivo del dinero concentrado en nuestra economía y nuestra política.

Pero hay mucho más en juego: nuestra sociedad civil y nuestro sentido de identidad, tanto individuales como colectivos. Nuestra economía moldea lo que somos, y durante los últimos 40 años, una economía construida en torno a un núcleo de materialismo amoral (si no inmoral) y de búsqueda de ganancias ha creado una generación que abarca esos valores.

No tiene que ser así. Podemos tener una economía más compasiva y solidaria, basada en cooperativas y otras alternativas a la empresa con fines de lucro. Podemos diseñar mejores sistemas de gobierno corporativo, donde más que solo importan las ganancias a corto plazo. Podemos y debemos esperar un mejor comportamiento de nuestras empresas que maximizan los beneficios, y una regulación adecuada eliminará algunas de las tentaciones de portarse mal.

Hemos realizado un experimento de 40 años con el neoliberalismo. La evidencia está en, y por cualquier medida, ha fallado. Y por la medida más importante, el bienestar de los ciudadanos comunes, ha fracasado estrepitosamente. Necesitamos salvar al capitalismo de sí mismo. Una agenda de reforma capitalista progresiva es nuestra mejor oportunidad.

JOSEPH E. STIGLITZ

Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de economía, es profesor universitario en la Universidad de Columbia y economista jefe del Instituto Roosevelt. Es el autor, más recientemente, de People, Power, and Profits: Capitalism progresivo para una época de descontento  (WW Norton y Allen Lane).