El IAJD lo siguen pagando los hipotecados, no la banca

 13/11/2020 05:00 El confidencial

 

En demasiadas ocasiones, los políticos se obsesionan con reescribir leyes económicas que no entienden. Les desagrada que los precios de ciertos productos suban, que se destruya empleo, que los salarios se estanquen o que la vivienda se vuelva inaccesible para los jóvenes, pero, en lugar de analizar rigurosamente cuáles son las causas subyacentes que explican tales desafortunados fenómenos, prefieren dictar normativas simplonas y superficiales que solo consiguen perpetuar el problema de fondo pero, eso sí, su apariencia. En lugar de generar riqueza, maquillan la pobreza.

Un ejemplo bastante ilustrativo de esta práctica ha sido el impuesto de actos jurídicos documentados (IAJD). Después de que el pleno del Supremo ratificara que formalmente el IAJD ha de ser sufragado por los deudores hipotecarios y no por los bancos, Pedro Sánchez, ya entonces presidente del Gobierno, anunció a bombo y platillo un cambio legislativo para que “nunca más los españoles paguen este impuesto: lo pagará la banca”. La proclama, empero, no dejaba de ser una impotente declaración de buenas intenciones: nuestros políticos cuentan con la capacidad para decretar quién debe ingresar un determinado impuesto al fisco (en este caso, o los hipotecados o el banco), pero no para establecer quiénes cargarán con su coste económico una vez las interacciones económicas hayan concluido.

Por ejemplo, si la demanda de hipotecas es más inelástica que su oferta (es decir, si los hipotecados son menos sensibles a los cambios en los tipos de interés efectivos que los bancos), entonces serán los hipotecados quienes terminarán pagando el grueso del IAJD por mucho que formalmente la obligación recaiga sobre la banca. A la postre, que la banca empiece a cargar con el IAJD cuando no venía haciéndolo puede llevarla a que intente trasladar ese nuevo sobrecoste a su clientela con mayores tipos de interés (“o me pagáis más intereses en la hipoteca o no os concedo la hipoteca”), y a la clientela podría no quedarle otro remedio que aceptar esas nuevas condiciones, especialmente si su demanda de financiación hipotecaria es poco sensible a los precios (“acepto pagar mayores tipos de interés porque deseo profundamente comprarme una vivienda y no cuento con fuentes alternativas de financiación”).

Que todo esto pudiera suceder era algo bastante conocido por la teoría económica más elemental. Sin embargo, muchos ciudadanos decidieron colocarse una venda en los ojos porque, con posterioridad a la medida gubernamental, los tipos de interés de las hipotecas siguieron cayendo. Por tanto, parecía que en esta ocasión no había habido consecuencias adversas: los bancos comenzaron a pagar el IAJD y no lo trasladaron en forma de mayores intereses a sus clientes. Nótese, sin embargo, que semejante razonamiento resulta incorrecto: lo relevante no es si los intereses bajaron o subieron después de la medida, sino si bajaron tanto como lo habrían hecho en ausencia de la medida. A la postre, lo mismo es bajar de 20 a 10 y después subir a 13 que bajar de una vez de 20 a 13.

Los primeros indicios ya nos sugerían que el IAJD sí se había trasladado a los ciudadanos, dado que la evolución de los tipos hipotecarios en España había divergido apreciablemente de la del resto de Europa. Pero hace unos días confirmamos tales sospechas: los economistas Gabriel Jiménez, David Martínez-Miera y José Luis Peydró han estimado que, en efecto, los tipos de interés se incrementaron como consecuencia del cambio legislativo que obligaba a la banca a hacerse cargo del IAJD. En particular, los tipos de hipotecarios pasaron a ser diez puntos básicos (0,1%) superiores a lo que habrían sido en ausencia de ese cambio fiscal, lo que supone que los bancos recuperaron el 80% del impuesto a costa de sus deudores: los clientes más perjudicados fueron, además, los que contaban con menor renta (y, por tanto, cabe pensar que también disponían de menores opciones alternativas para conseguir financiación). A tal conclusión han llegado los autores comparando la evolución de los tipos hipotecarios en el País Vasco (donde no hubo cambio legislativo alguno en el IAJD) con los tipos de interés del resto de España (controlando, eso sí, las características individuales que podrían explicar las diferencias en los costes de financiación).

En definitiva, si los políticos de verdad hubiesen deseado que los españoles dejáramos de pagar el IAJD, habrían suprimido tal tributo. Pero no era eso lo que buscaban, sino empeorar la visibilidad de nuestro sistema tributario: que los contribuyentes siguieran abonando el IAJD, pero sin ser consciente de que lo estaban haciendo. El parasitismo perfecto se da cuando el huésped no sabe que está siendo parasitado.

Cómo puede España arreglar el déficit público y el agujero de la Seguridad Social

 

Idealista

Autor:

Miguel Córdoba      09 octubre 2020, 11:02

Llevamos más de una década siendo el peor país de Europa en términos de déficit público y uno de los peores en términos de “agujero” de la Seguridad Social. Este año el déficit superará holgadamente el 10% del PIB y el sistema seguirá aumentando sus números rojos, pero no es algo nuevo.

La situación se agravó considerablemente con la famosa “devaluación interna”, que no consistía en otra cosa que devaluar los salarios de los trabajadores españoles respecto de sus homónimos europeos. El hecho es que España se ha convertido en un país tercermundista en materia de salarios en la Unión Europea, y ello tiene sus consecuencias, ya que la recaudación de IRPF, las cotizaciones sociales a la Seguridad Social y la recaudación por IVA son un porcentaje de los ingresos y, si en España se cobra la mitad de sueldo que en los principales países europeos, lógicamente se recauda (según estratos de población) más o menos la mitad de impuestos y de cotizaciones sociales que en Europa, y de ahí que tengamos el déficit público y el “agujero” de la Seguridad Social antes indicado.

Las cifras son elocuentes, si consideramos como salario medio el de los trabajadores a tiempo completo en empresas de más de 10 trabajadores. Los españoles cobran de media 27.537 euros al año, mientras que los daneses cobran 57.312 euros, los holandeses 53.185 euros, los alemanes 52.185 euros y los belgas 49.565 euros.

Sorprende, por ejemplo, que los irlandeses, que no son ninguna potencia mundial, y que además tuvieron que ser rescatados por la Unión Europea hace una década, tengan un salario medio mensual de 48.806 euros. Y todo ello, sin llegar a Suiza que cobra salarios casi tres veces mayores que los españoles.

Las raíces del problema las tenemos en nuestro tejido productivo. Más del 40% del PIB depende del turismo, hostelería, restauración, actividades inmobiliarias y construcción (vamos “cerveza y ladrillo”), mientras que en los últimos 25 años el sector industrial ha pasado de representar el 33% a tan solo el 16%. Y, mientras tanto, lo único que se ha incrementado ha sido el número de empleados del sector público, que está en máximos de 3,2 millones (ahí no ha habido devaluación interna).

Cambiar de modelo productivo en un país puede llevar dos décadas, y cuanto más tarde se empiece peor. En España, trabajan en el sector privado el 33% de los españoles; ello significa que con sus salarios deben alimentarse a sí mismos y al 67% restante; es decir, a los 3,2 millones de empleados públicos, a los 3,8 millones de parados oficiales, a los 9 millones de pensionistas, a los 10 millones de estudiantes, y a los 5,5 millones de familiares que no trabajan (amas de casa, personas que no buscan empleo, economía sumergida, etc.). Este es el esquema que resume la realidad sociolaboral del país a cierre del primer trimestre del año:

Este ratio es muy malo, y claramente peor que la mayoría de los países de nuestro entorno, pero además, en materia contributiva es todavía peor, ya que de los 15,5 millones que trabajan en el sector privado, un tercio son mileuristas o “nimileuristas”, y en la legislatura de Mariano Rajoy se acordó que no pagaran impuestos (los que ganen menos de 12.800 euros al año); algo parecido se hizo con los jubilados (son muchos votos), y se acordó que dos terceras partes (los que ganen menos de 17.600 euros al año) tampoco tributen.

Con las cifras anteriores, nos queda que, por imposición directa, tan solo tributan de manera efectiva (cuotas líquidas significativas, ya que muchas son testimoniales) apenas 7,3 millones de personas, es decir, las clases medias. El resto tributa por IVA, pero su capacidad de consumo es muy escasa, por lo que los ingresos del Estado son pocos. Probablemente, se echarán en falta en estos cálculos las aportaciones de los funcionarios, pero no son tales, ya que, si un funcionario gana 100, se queda con 80 de salario e ingresa los 20 en Hacienda, pero los 100 que gana el funcionario se pagan con las aportaciones de los empleados del sector privado; es decir, que los impuestos que pagan los funcionarios provienen también de una transferencia previa de los trabajadores del sector privado.

Por tanto, o se pone a la gente a trabajar y se les pagan salarios superiores, o se disminuye el tamaño del sector público y las prestaciones por jubilación; no hay otra, y de lo que se haga va a depender que nos lleguen los 140.000 millones prometidos por la Unión Europea, o en caso contrario, un rescate a la griega.

Como el empresariado español está a la suya (compro por 10 y vendo por 15, I+D casi inexistente, etc.), no quedaría más remedio que cimentar el plan de choque en un impulso decidido por parte del Estado de la inversión pública (anatema para los neoliberales), la cual ha disminuido un 70% desde 2008 hasta la actualidad. Este plan debería basarse en la sustitución de gasto público por inversión pública, sustituyendo coste de 700.000 funcionarios (pasando de 3,2 millones a 2,5 millones) por inversión pública, creando puestos de trabajo bien remunerados (efecto de competencia con el sector privado para que retengan talento subiendo salarios) en empresas de futuro (baterías de litio, coches eléctricos, start-ups tecnológicas, repositorios sanitarios, inmuebles cuyo único uso sean los alquileres a un precio razonable, etc.) las cuales, cuando entren en rentabilidad, se puedan someter a una OPV en bolsa para atomizar su propiedad y sacarlos del sector público (moderamos el anatema).

Ello generaría puestos de trabajo directos e indirectos, y posiblemente ingresos por plusvalías para el Estado, eliminando la sangría de 700.000 funcionarios todos los años. Además, no habría que despedir a nadie; en la actualidad el 61% de los funcionarios tiene más de 50 años; es una fuerza de trabajo envejecida, que se va a jubilar a una media de 125.000 empleados públicos por año; en seis años se habrían liberado los 700.000 funcionarios necesarios y se habrían ahorrado más de dos mil millones de euros anuales.

Con 12.000 millones de euros se pueden crear muchas empresas productivas y competitivas en el entorno europeo, se puede generar mucho empleo de calidad y bien retribuido y se puede reorientar el modelo productivo. Y, tranquilos, que esos 700.000 funcionarios no son necesarios; en la legislatura de Adolfo Suárez apenas había 1,5 millones de empleados públicos, y muchos eran militares, policías o guardias civiles, dado que veníamos de una dictadura.

Cuarenta años después, y con los avances de la robótica que han automatizado la mayor parte de las funciones administrativas, resulta que tenemos 3,2 millones, de los cuales 1,7 millones están en las comunidades autónomas, que no existían en la época de Suárez.

Este despilfarro debe cesar, entre otras cosas porque no podemos permitírnoslo y estamos en una situación próxima al no retorno. O nos hacemos “europeos” de una vez por todas, o comenzamos a mirar lo que pasa al otro lado del Estrecho. Llevamos 20 años de legislaturas penosas, de políticos sin talla de Estado y poniendo parches a los importantes problemas que nos aquejan. O los políticos cambian, o tendremos que cambiarlos. La regeneración pasa por la sociedad civil y por las aportaciones de tecnócratas experimentados, no por ideólogos con el currículo vacío.

Tratemos de evitar el más que probable rescate de 2022… Un poquito de por favor...

Miguel Córdoba es profesor de Economía Financiera de la Universidad CEU-San Pablo desde hace 33 años y ha sido director financiero de varias empresas del sector privado.

¿Ha funcionado la liberalización del mercado eléctrico en España?

La eficiencia ha aumentado, pero la reducción del coste ha sido un fracaso

15 NOV 2018 - 07:21 CET

Nuestro mercado eléctrico surgió de la ley 54/1997. Estuvo impulsado por la UE, siguiendo la tendencia intelectual, entonces vigente a escala mundial, de liberalizar lo más posible el sector eléctrico y aumentar su eficiencia pasando al sector privado su toma de decisiones y asunción de riesgos. Sus objetivos, minimizar el coste de la energía eléctrica para todo tipo de usuarios, asegurar su suministro y mejorar la calidad del aire que respiramos (ahora descarbonizar) –lo que se ha dado en llamar el trilema–. Las máximas de los mercados competitivos sin apenas intervención del Estado, salvo mínima regulación, se disponían para mejorar las prestaciones de un sector hasta entonces monolítico y centralizado. Pasados 20 años, y en el resto del mundo poco más, la pregunta que cabe hacerse es ¿ha cumplido esos objetivos básicos? ¿En qué medida?

Se habla mucho las últimas semanas sobre las prestaciones del complejo Mercado Eléctrico (en general refiriéndose al de energía eléctrica al por mayor). Algo tiene que ver el que estemos en los primeros actos de la larga campaña electoral que nos espera hasta las próximas elecciones. También que su sola mención despierta no pocas interpretaciones emocionales. Los ciudadanos y los políticos nos merecemos saber con cierto detalle qué se dirime en su entramado y qué repercusiones tiene su buen funcionamiento en nuestro bienestar, salud y sostenibilidad económica y ambiental. El reciente Informe de la Comisión de Expertos es un paso adelante en este sentido.

El mercado eléctrico es el eslabón de partida de la cadena de suministro de la electricidad que todos consumimos: una mercancía, y a la vez un servicio público que requiere la intervención/regulación del Estado. En ese eslabón se dirimen grosso modo 13.000 de los 32.000 millones de euros (el resto va a su transporte, distribución y a subvenciones y pagos diversas) que dentro del marco regulatorio español actual supone generar, transportar y distribuir energía eléctrica –nuestro saldo neto en contra anual de las importaciones/exportaciones energéticas es de 22.000 millones de euros–.

Indudablemente, las luces se encienden casi siempre que accionamos su interruptor a cualquier hora. La eficiencia de la producción, y sobre todo el conocer sus costes de cara a fijar sus precios en el mercado y aguas abajo en las tarifas, ha aumentado notablemente y ha permitido homologar nuestro mercado con otros. Las emisiones de GEI han aumentado notablemente. Las intervenciones del Estado no han sido pocas para rediseñar y limitar prestaciones, rescatar tecnologías productivas incapaces de recuperar inversiones, fijar cuotas inducidas por la UE, aplicar subvenciones, etc.

Si nos referimos a la minimización progresiva del coste de la energía eléctrica final para industrias y usuarios, evidentemente no se han cumplido objetivos. El coste del kWh para un ciudadano medio se ha incrementado desde el año 2000 al 2017 en un 120%. El precio del mercado mayorista de electricidad ha pasado de 30 euros/MWh a más de 75, en los que estamos ahora –la referencia del IPC se ha incrementado en un 49%–. El incremento en ambas vertientes es considerable para un artículo/servicio de primera necesidad como la energía eléctrica. Esos precios han situado a España los últimos años en el pelotón de los países de la UE con precios de la electricidad más altos, sólo superados habitualmente en Dinamarca y Alemania.

El diseño del mercado se basa en uno artificial de paradigma marginalista de costes de producción variables, de acceso abierto y no discriminatorio. En varias etapas temporales —el día antes y en tiempo real pool— se dilucida qué generadores satisfacen físicamente un equilibrio instantáneo entre lo que se oferta de potencia eléctrica y la demanda. La renta inframarginal que el precio resultante en los sucesivos intervalos aporta a las unidades productivas que apuntalan la demanda, con costes inferiores al de cierre, permitiría —prometía la teoría en condiciones ideales— recuperar en el tiempo los costes fijos de la inversión necesaria para incorporar a la red eléctrica esas máquinas.

Hoy hay dos grandes grupos de mercados eléctricos: los de central-dispatching —7 norteamericanos— y los self-dispatching —los 7 europeos importantes y otros en distintos países—. Aquellos optimizan más variables económicas y físicas, pero son más complejos por los algoritmos, mecánica y previsiones que utilizan.

Estos 20 años de mercado se pueden resumir en grandes opciones de mejora. Evitar techos políticos de precios y sobrecapacidad, que la demanda real de los usuarios se enfrente con la producción, superar la falta de remuneración (missing money) de determinadas tecnologías productivas (capacidad), normalizar ofertas de producción bajo estándares, plasmar en valor monetario otros submercados decisivos en el pool, precios por zona geográfica, legado de costes y concesiones del pasado, etc.

Es indispensable un aggiornamento del diseño para incorporar los avances tecnológicos y algorítmicos sobrevenidos, la inminente presencia de una gran cantidad de oferta de energía renovable a coste marginal cero, una digitalización vertiginosa, una previsible capacidad de gestión de almacenamiento, una volatilidad de precios creciente por la intermitencia de producción y unos costes de flexibilidad, inercia física, reserva, etc. que habrá que optimizar. La gobernanza del nuevo mercado requerirá de un estudio riguroso que dilucide ex ante, con los principios básico apuntados, quiénes pueden ser los actores tecnológicos presentes en el mercado –qué hueco ocuparán en la cobertura de la demanda y qué papeles representarán–, qué marco de financiación lo habrá de regir y cómo se asignarán socialmente los costes que ello conlleva.

El Estado/regulador deberá jugar un papel estratégico y facilitador esencial, soportado por las capacidades de un operador del sistema –ISO (Independent System Operator) preferiblemente sin ánimo de lucro que integre el operador de mercado y sistema—, que determine en qué condiciones técnicas se accede a esos mercados y durante cuánto tiempo (garantizando una retribución razonable). El ISO también debería coordinar las funciones y competencias de los DSO (Distribution System Operators), llamados a protagonismos importantes en submercados a escala territorial. La continuidad, fluidez y potenciación del suministro eléctrico es una necesidad estratégica de nuestro país. La regulación para asegurarlo, que su coste sea óptimo, se proteja la naturaleza en su consecución y se atienda a las necesidades básicas de los más desfavorecidos en su consecución, es responsabilidad del Gobierno. Es un desafío vital en el que hay que poner no poca inteligencia, templanza y medios para hacerlo acorde con una sociedad moderna que aspira a electrificar más su abastecimiento energético introduciendo renovables y creando con ello nueva actividad económica y desarrollo.

Si queremos un mercado eléctrico eficiente y, aguas abajo, un suministro competitivo y equitativo, debe alumbrarse tácitamente un contrato social en el sector basado en la transparencia, fluidez en la información, cooperación leal a múltiples niveles, fuerte competencia y el reconocimiento de que es esencial una retribución justa y razonable a las inversiones que arriesgan recursos en él. El destruir la confianza social en los agentes puede ser una táctica política (o empresarial) legítima, pero no una buena práctica del poder público a medio o largo plazo.

José Luis de la Fuente O’Connor es Exvocal de la Comisión de Expertos sobre Escenarios de la Transición Energética

Sobre la pretendida ineficacia del boycot a los productos catalanes

Fernando esteve (09/11/2017)

 

No ha llovido este año meteorológico. No han salido setas...pero da igual. Han salido economistas aficionados como setas. Están por todos los lados y, ¡cosa curiosa entre economistas! ...¡Están de acuerdo! De acuerdo en una cosa: que el boycot a los productos catalanes como arma económica en la guerra económica entre independentistas y el resto de los españoles es absurda, que es como "disparase en el propio pie".

Veamos. No es que defienda a dia de hoy el boycot contra los productos catalanes, pues considero que aun no ha llegado ese momento y ojalá que no llegue. Pero de eso a decir que es absurda, en el sentido de ineficaz, como arma económica de presión,  esa política de boycot a los bienes y servicios finales producidos en Cataluña por parte de consumidores y empresas del resto de España va un largo trecho.

El "argumento" principal que se suele esgrimir, y no sólo por parte de independentistas sino por parte también de eximios miembros del Gobierno de España empezando por su increíble líder, don Mariano Rajoy, es que al estar  las economía de todas las regiones españolas tan fuertemente integradas, el no comprar productos catalanes perjudica al final a los productores del resto de España que venden sus productos a las empresas catalanas para ser usados como materias primas o productos semielaborados de sus productos finales. Dicho en jerga más técnica, ese boycot tendría unos "efectos perversos" o unas "consecuencias no-intencionadas" y negativas sobre la economía del resto de España que, al margen de por otras razones jurídicas o políticas, desacreditarían totalmente su uso.   

Concretamente, he visto y oído repetidos hasta la saciedad dos ejemplos como apoyo a esa tesis. El caso del corcho para los tapones del cava catalán (a veces se incluye en el "pack" de este ejemplo el vidrio) ha sido paradigmático. Se ha dicho que, puesto que el corcho se produce en Extremadura, el boycot al cava catalán perjudicaría indirectamente a los productores extremeños (o a los productores de vidrio aragoneses que parece que hacen las botellas). El otro ejemplo, ha sido el de las pizzas de la casa Tarradellas en cuya composición se encuentra la harina castellana, el atún gallego, el tomate extremeño, el pimiento murciano y las aceitunas andaluzas. De nuevo el mismo argumento: boycoteando a las pizzas Tarradellas se acaba afectando a los productores de todas esas regiones. Tanto he oído estos argumentos que he llegado a preguntarme si no sería una "campaña" de propaganda impulsada por estas empresas catalanas. 

Pues bien. ¿Qué opinión me merece esta "argumento"? Pues una muy sencilla: es un argumento increíblemente tonto. Y, por más que se repita, no deja r ello de ser estúpido. Veamos. El que una persona del resto de España no se compre una botella de Freixenet para acompañar  una pizza de casa Tarradellas a la hora de la cena como su "respuesta" particular al malestar que le produce el "lío" asociado al procés, no significa que esa persona quede tan compungida r el procés que vaya a ayunar. Lo "lógico" es que disfrute de tan espléndido y opíparo menú, si ése es su "gusto", comprándose una botella de cava valenciano, manchego o extremeño (o incluso de la afamada marca Codorniú, si sus deseos de expresión de su malestar o de castigo vía el boycot se contentan con no comprar a empresas cuya sede social esté en Cataluña) para acompañar una pizza de Campofrío o un salchichón de El Pozo (que creo que no son empresas que produzcan sus no menos afamados productos en Cataluña). La implicación es obvia, los productores de corcho extremeños, de vidrio aragonés, de atún gallego y demás "materias primas" aumentarán sus ventas a esas empresas "no-catalanas" como consecuencia del boycot a los productos "made in Catalonia" en forma parecida a lo que disminuyen sus ventas a las empresas catalanas.

Luego, en principio, y sin mayor análisis, una cosa está clara: que esas desoladoras consecuencias que se auguran sobre los productores españoles no-catalanes resultado del boycot a los productos catalanes son en buena medida irreales y fruto de la incapacidad de tantos economistas aficionados para pensar económicamente un paso más allá de las consecuencias indirectas de una política ecomómica, como es un boicot.

Conocer con precisión el efecto de un boycot como el que analizamos no es factible técnicamente. Requeriría el uso de un modelo de equilibrio general de la economía española. Una aproximación un poco más pedreste podría hacerse mediante el uso de Tablas Inpu-Output regionales. Pero, al nivel de sofisticación teórica de este blog, la conclusión que se puede seguir está clara. No debiera haber efectos reseñables sobre el resto de la economía española del boycot a los productos catalanes, si esa demanda se redirige a otros productos sustitutivos que se hagan en otras partes de España. Sería una circunstancia similar a aquella que se da cuando el consumidor o el cliente de un establecimiento comercial (un bar, una cafetería, una frutería, una carnicería,...) se va a la competencia cuando donde compraba le empiezan a tratar mal. ¿Qué haría el lector si en el bar donde se toma el café todos los días, su dueño empieza a decirle que le roba ("Espanya ens roba") sistemáticamente?

Demostró a este respecto la ex-ministra socialista, la señora Trujillo, un sentido económico mucho más afinado cuando en respuesta a las críticas que se le hicieron cuando defendió el boycot a una conocida marca de agua embotellada catalana, cuyo líquido contenido provenía de un manatial castellano (creo), señaló que lo que sus críticos debieran criticar era esa extraña situación, es decir, que esa agua no-catalana se embotelle con marca catalana por una empresa catalana quedándose así con todo el "valor añadido"  (que yo, por cierto, no sabría decir en qué consiste materialmente hablando, o sea, qué agrega la "marca" a las propiedades fisico-químicas del agua). Para la señora Trujillo, lo propio sería que esa agua se embotellase por una empresa radicada en la zona, revirtiendo así en ella ese "valor añadido".

Finalmente, hay otro argumento contra el boycot que ya abandona el terreno de su eficacia económica entrando en el terreno de la justicia. Se dice que no es justo que paguen justos por pecadores. Que por los intereses de los independentistas están pagando los que no lo son cuando se usa el arma económica del boycot. Cierto. Es de suponer que no todos los empresarios catalanes, ni todos sustrabajadores, piensan que los que vivímos en el resto de España somos unos ladrones que les robamos lo que es "suyo". Pero también es igualmente cierto que, como se ha dicho repetidamente, la clase empresarial catalana, el eje vertebral de la histórica "burguesía" catalana, se ha mostrado enormemmente tibia, cuando no consentidora, con el "procés" soberanista y todos sus malos modos (desde la perspectiva "española", claro está). En ese sentido, me parece que una "respuesta" colectiva (o sea, contra el conjunto de las empresas catalanas) es defendible dados los costes de transacción e información requeridos para deslindar a los empresarios consentidores de los que no lo son. En cualquier caso, la salida de algunas empresas de Cataluña, si su sede fiscal cambia también, podría interpretarse como un intento por parte de ellas de señalizar su distanciamiento con el procés. Si así fuera, el boycot no debería dirigirse contra ellas.