La 'factura en la sombra': El precio de dar a luz...

A partir de octubre cada vez que un ciudadano acuda a un servicio público de Sanidad se encontrará con una llamada "factura en la sombra", por la que los ciudadanos conocerán el coste real de los servicios que reciben.

Se trata de una factura simbólica que se entregará en los hospitales y centros sanitarios, donde se precisará lo que cuestan verdaderamente las prestaciones y los medicamentos subvencionados por la Sanidad pública, la acompañará una campaña informativa para fomentar un adecuado uso de los servicios sanitarios.

¿La finalidad? Se trata de una iniciativa disuasoria que persigue evitar la sensación de que son servicios gratis, para que no se recurra a ellos de forma indiscriminada.

A continuación les presentamos algunas de las facturas que van a recibir los pacientes andaluces según los datos del Servicio Sanitario de la Junta de Andalucía, de los primeros que podrían implementar esta medida.

PARIR
Un parto sin complicaciones cuesta 1.600 euros.

Mientras que una cesárea sin problemas son 3.000 euros.

Residencias para mayores, ¿desgravan?

Consumer.es LAURA CAORSI 19 de mayo de 2010

Suponen un alojamiento permanente y son uno de los gastos fijos más elevados y difíciles de asumir por la clase media española, pero no se pueden deducir.

La residencia para mayores no está al alcance de cualquiera. Para gran parte de los ancianos es inasequible. Ya sean públicas, privadas o concertadas, las plazas de estos centros son caras. Para poder acceder a ellas, muchos mayores dependen no sólo de sus pensiones, sino de la colaboración de sus familiares o de la venta de sus propiedades. Son uno de los gastos fijos más altos. Sin embargo, el pago de una residencia no desgrava impuestos.

En 2007, el precio medio de una residencia geriátrica privada era de 1.550 euros al mes. En la actualidad, la cifra ya ronda 1.710 euros mensuales. Los centros públicos, si bien son algo más baratos, no escapan a la tendencia alcista: en apenas cuatro años, sus tarifas han subido más de un 20% y han pasado de 950 a 1.170 euros de media. Sin embargo, el monto de las mensualidades, el esfuerzo para reunir el dinero y la periodicidad de los pagos no se reflejan al presentar la Declaración de la Renta. Tampoco cuenta el hecho de que, en una residencia de ancianos, además de los servicios médicos, alimentarios y de acompañamiento, se abona el alojamiento permanente, algo que en la práctica equivaldría a la vivienda habitual. Las autoridades fiscales, sin embargo, no lo ven de esa manera. Los funcionarios de Hacienda aseveran que las personas mayores que viven en residencias geriátricas no pueden desgravar la cantidad que pagan por esas plazas. Ni siquiera la parte que corresponde al alquiler de la habitación.

La desgravación por alquiler está vinculada a un contrato de arrendamiento sobre la vivienda habitual del contribuyente

La pregunta es por qué, si en otros casos se pueden deducir los impuestos de los alquileres, ya sea de habitaciones o de pisos. La explicación estriba en que mientras la deducción está definida por el concepto de "alquiler de vivienda habitual", las personas que habitan en una residencia geriátrica pagan una cantidad por la "prestación de un servicio". Aunque ese servicio abarque también el alojamiento, no encaja en la definición de la deducción.

La desgravación por alquiler -regulada en la normativa del IRPF- está vinculada a un contrato de arrendamiento sobre la vivienda habitual del contribuyente. Los servicios de atención geriátrica en una residencia de ancianos, en cambio, ni incluyen ni se parecen a un contrato de arrendamiento urbano, puesto que se enmarcan en el área asistencial y de la sanidad, en lugar de constituir una actividad económica relacionada con el sector inmobiliario. De este modo, aunque funcionen como la vivienda habitual de muchas personas mayores y a pesar de que las cuotas engloben los costes del alojamiento, quienes las abonan no pueden solicitar una deducción impositiva.

Precios desorbitados

Los precios fluctúan según las comunidades autónomas y los tipos de servicios que requiere el residente. No es lo mismo un adulto dependiente, con problemas de salud, que otro que no necesite atención sanitaria continua. Tampoco cuesta lo mismo la elección de una habitación individual, que decantarse por una compartida. En cambio, no varía tanto la carestía de las residencias, ya sea en números absolutos como en cifras relativas. Las mensualidades exigidas (a menudo, asumidas por los hijos) superan con creces el salario mínimo interprofesional (SMI), que este año se ha fijado en 633,30 euros, y exceden a los montos de las pensiones mínimas de jubilación y de viudedad, entre 444,90 y 725,20 euros al mes, según la situación familiar y la edad del beneficiario.

Para comprender de un modo cabal la dificultad que supone asumir esta carga económica, basta colocar las cifras en un contexto general. Según los últimos datos del INE, casi la mitad de los trabajadores cobra menos de dos SMI mensuales (1.266 euros) y siete de cada diez tiene unos ingresos por debajo de tres SMI al mes (2.119 euros). Para la mayoría de las personas, la cuota de una residencia de ancianos equivale a todo su sueldo, lo supera en varios cientos de euros o, en el mejor de los casos, insume una gran parte del salario. De ahí que se tienda a buscar soluciones intermedias.

Pagar una parte de la mensualidad con la pensión de jubilación del beneficiario y completar el resto con el sueldo de algún miembro de su familia, compartir los gastos entre varios hermanos (si los hay) o vender algún bien material -como el inmueble donde vivía la persona mayor- para afrontar las cuotas de una residencia son algunas de las soluciones más utilizadas. El esfuerzo económico es importante y, para muchos ancianos y sus familias, representa el principal gasto fijo mensual. Cualquier residencia, hasta la más barata, es más cara que una cuota hipotecaria media.

Los expertos piden introducir el copago para las urgencias y el médico de cabecera

Sanidad pública

Las comunidades autónomas van a tener este año un gasto sanitario de 59.000 millones, casi 2.400 más que en 2008. Y ese ritmo va a seguir creciendo hasta los 75.000 millones en 2012. Por ello, los expertos reclaman que los pacientes paguen cada vez que vayan al médico y ligar el copago de fármacos al nivel de renta.

Carlos Molina - Madrid - 17/11/2009

Cada español acude más de ocho veces al año al médico. Se trata de la frecuencia más elevada de la zona euro y duplica a la de países como Finlandia, Portugal o Suecia. Si a ello se le une que España es el país con una esperanza de vida más elevada (81,1 años) de los quince países que comparten moneda y que es uno de los que más fármacos consume, el resultado es un sistema sanitario con fuertes pérdidas y con serias dificultades para mantenerse a corto plazo. Esa es la principal conclusión de un informe elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y McKinsey, en el que se señala que la sanidad pública española, tal y como está diseñada en la actualidad, no es sostenible. Un dato que ilustra la necesidad de cambios es el aumento del gasto sanitario. El déficit sanitario de las comunidades autónomas se ha elevado a 11.000 millones de euros en el quinquenio entre 2003 y 2007 y el gasto que van a tener que afrontar va a crecer en 2.400 millones de euros tan sólo este año.

En este escenario, los autores del estudio proponen cinco medidas de choque a corto plazo, que, a su juicio, no servirán para corregir la situación, pero sí al menos para invertir la tendencia. Y la primera que plantean es la introducción de un pago por cada visita que el paciente realice al médico de atención primaria o a urgencias. "Una de cada tres visitas al médico es innecesaria y entre el 30% y el 80% de los ingresos por urgencias no están justificados. Eso deja un balance de 80 millones de visitas que no serían necesarias", apuntó Luis Garicano, director de la Cátedra Fedea-McKinsey y uno de los autores del estudio. Un balance que obliga, a su juicio, a fijar un copago en la atención primaria y otro más elevado, al menos cuatro o cinco veces superior, en el caso de las urgencias por su elevado coste. "Cada atención en un servicio de urgencias le supone un gasto de 180 euros al sistema", recalcó.

La segunda medida se refiere a la vinculación del copago de fármacos al nivel de renta y especialmente en el caso de los pensionistas, que en la actualidad no pagan. "Los pensionistas consumen el 70% de las recetas y si se les exige una contribución del 10% por receta, que supondría una media de 1,5 euros por receta, no parece inasumible", señala Garicano, quién apunta que a largo plazo se podría introducir un sistema más complejo, en el que se clasifiquen los medicamentos según la gravedad de la condición, "reduciendo o eliminando el pago en aquellos cuadros clínicos más agudos".

Aumento de la corresponsabilidad

Las otras tres medidas se refieren al aumento de la corresponsabilidad por parte de gobiernos y hospitales. A los primeros les exige que garantice la mejor relación precio-efectividad en los medicamentos para evitar desviaciones en el gasto farmacéutico en los hospitales (en España ha crecido un 15,8% anual en los últimos cinco ejercicios, casi el doble que el gasto de los ciudadanos).

Y a los segundos les exige que se sometan a una auditoría para conocer cuáles son los que mejor están utilizando los recursos hospitalarios. Los expertos también apuestan por la creación de un sistema de incentivos, de tal modo que el hospital que genere un superávit pueda recuperar parte de ese excedente, mientras que aquel que incurra en déficit, pueda ser penalizado.

Algunas experiencias en países europeos

La propuesta presentada ayer por Fedea y McKinsey se basa en gran parte de las medidas que ya han puesto en marcha otros países del entorno para financiar el sistema sanitario.

Así, los pacientes pagan en efectivo y en el acto en Francia por cada visita que hacen al médico. Por cada consulta en atención primaria desembolsan un fijo de un euro, más un 30% del coste del servicio, mientras que por cada día de hospitalización abonan 16 euros al día. En el caso alemán, el coste se eleva a diez euros por visita y diez euros por día hospitalizado en la atención especializada.

En Reino Unido, los pacientes no pagan por las visitas que realizan al médico, pero sí tienen que abonar una gran parte de los medicamentos. En concreto nueve euros por fármaco, con bonos anuales o trimestrales para enfermos crónicos.

La cifra

180 euros es el coste por cada visita que se realiza a urgencias en España. El estudio señala que entre el 30% y el 80% no están justificadas.