artículo escrito por carmen giménez, abogado titular de g&g abogados
han decaído muchos derechos de los ciudadanos desde que el 20 de noviembre del año 2012 se impusiera la denominada ley de tasas judiciales, cuya entrada en vigor lo fue dos días más tarde, el día 22 de ese mismo mes
casi 27 meses después de que el anterior ministro de justicia, sr.
gallardón, ‘regalara’, a todos los ciudadanos, el veneno que limitaba el
acceso a la justicia a través de la ‘infame’ ley de tasas judiciales, y
con cambio en la cartera ministerial en el mes de septiembre de 2014
(es decir, hace ya 5 meses), la situación sigue siendo la misma; y ello a
pesar de las continuas, pero nada avanzadas, promesas del actual
titular sr. catalá, ‘estudiante’ por excelencia de las tasas judiciales
parece que la imposición de dicha ‘infamia’ lo fue en directo, y
ahora su modificación, o revisión lo va a ser en diferido, a juzgar por
el tiempo transcurrido desde la toma de posesión del nuevo titular
ministerial
las tasas judiciales son la entrada que hay que pagar en taquilla para poder pedir al juez que nos ayude
con el asunto que tanto nos inquieta: con el cobro de una deuda que no
nos quieren pagar; con el legítimo derecho de un propietario de
recuperar su vivienda porque alguien la ha ocupado de manera ilegal; o
incluso por pedirle a un banco que nos devuelva nuestro dinero ingresado
en preferentes. sin el pago de dicha entrada, el juzgado no nos puede
atender, porque así está establecido por ley.
es decir, con las tasas judiciales, quien tenga patrimonio (vivienda, local, coche, etc.), y carezca de dinero para litigar, o cobre más de 12.780,26 € al año (límite para el ciudadano individual para obtener la justicia gratuita), verá cercenado el libre acceso a la justicia como
derecho fundamental y humano reconocido en el artículo 24 de la
constitución española y en el artículo 47 de la carta de los derechos
fundamentales de la unión europea
no se puede obviar el momento en el que vieron la luz las tasas judiciales, por casualidad, mera coincidencia o porque así se quiso. y ese momento fue precisamente cuando estalló el escándalo de los productos bancarios tóxicos como: preferentes, subordinadas o swaps
pensemos en quién tiene que pagar las tasas, siempre y en todos los casos: el demandante,
es decir, quien pide del juzgado que se le reconozcan sus peticiones o
derechos, y nunca, en ningún caso, el demandado. las cuestiones
siguientes, entonces, son muy fáciles de resolver: ¿es el banco o
entidad financiera quien va a demandar en los casos referidos
anteriormente? ¿es la compañía de seguros quien va a demandar para
obtener la indemnización de un siniestro?. luego, ¿quienes ganan en
estos dos claros ejemplos?
pero bien, aprobadas las dañinas tasas judiciales para los ciudadanos
que no han podido ni pueden reclamar sus derechos, podríamos encontrar,
siquiera un paliativo a ese dolor, con el adecuado uso de los jugosos
ingresos obtenidos, y que ascienden a más de 500 millones de euros, en
la necesaria inversión de dicho importe en justicia
desgraciadamente esto no ha sido así, y prueba de ello son las
múltiples imágenes que se han hecho virales en las redes sociales, como
twiter, de archivos de juzgados inundados por aguas fecales,
con práctica destrucción de los procedimientos; o de archivos alojados
en los wc, o de expedientes amontonados de forma que impiden el paso o
tan siquiera ver al funcionario; o los expedientes trasladados en carros
de supermercado (¿será eso el expediente electrónico?). juicios que se
señalan para 2017, 2018 o incluso para 2019; o la existencia de un único
psicólogo-forense para los 700.000 habitantes que tiene la provincia de
toledo. es decir, la inversión en medios para la justicia ha ascendido a un saldo de 0 €.
en este punto el ministerio de justicia también ha faltado a la
verdad, veámoslo. no solo en palabras del ministro impositor de las
tasas, sino también en distintas comparecencias parlamentarias de
diputados del gobierno, así como en el propio twiter oficial del
ministerio de justicia (@justiciagob), se nos indica a los ciudadanos
que las tasas serán destinadas a la financiación de la justicia
gratuita. tampoco ese ha sido su destino. ya algún consejero de justicia
de comunidad autónoma, le ha reclamado al sr. catalá que le ingrese el
importe que le corresponde a su autonomía
entonces, ¿dónde ha ido a parar ese dinero de los ciudadanos?: pues francamente, no lo conocemos,
porque por no saberlo, no lo sabe ni el propio gobierno ni su
ministerio responsable, como así responde por escrito a una pregunta
realizada por un diputado del grupo mixto (concretamente de compromís),
tal y como adelantaba la semana pasada idealista news, publicando el texto oficial del congreso de los diputados con el contenido de la respuesta del gobierno.
y como vivimos en el país del lazarillo de tormes, que es el que
gobierna, con mayoría absoluta, quien ha generado tal desaguisado, la
cuestión tiene truco: mientras nos contaban lo que ya he señalado en
párrafos anteriores, escribían otra cosa diferente en la ley, al
reflejar que las tasas estarán “vinculadas” que no “afectadas” a
determinados gastos. es decir, el importe recaudado, se puede destinar a cualquier partida o gasto previsto en
los presupuestos generales del estado que no sea necesariamente
justicia, aunque a día de la fecha ni el propio ministerio de justicia
tiene esa información, la del destino de lo recaudado
para terminar, dos cuestiones me quedan por añadir, una reflexión y un agradecimiento:
1.- que la corrupción solo se palia y elimina con inversión en
justicia y con un poder judicial independiente del poder ejecutivo o
poder político
2.- mi agradecimiento a quienes me han nutrido, y me siguen
nutriendo, de tanta información y sabiduría, y cuya “inteligencia
colectiva” queda reflejada en este artículo, y que no es otra que la
cada vez más mediática brigada tuitera, a quien considero también autora
del mismo. especial mención para uno de sus fundadores, josé muelas,
decano del ilustre colegio de abogados de cartagena visitar la web de g&g abogados
El paro registrado, en junio, bajó en 122.684 personas, aunque el
total de desempleados apuntados a las listas del Servicio Púbico de
Empleo continúa siendo muy elevado (4,4 millones). Según datos
publicados por la oficina comunitaria de estadística (Eurostat), en
España la tasa de paro es del 25,1%, frente al 10,3% de la Unión
Europea. Continuamos como el segundo país con mayor tasa de paro tras
Grecia (26,8%).
En este contexto, en un tiempo de soluciones imaginativas para
afrontar la crisis económica mundial, el economista francés Jean Tirole,
director de la Fundación Jean-Jacques Laffont de la Universidad de
Toulouse, en una visita realizada a Madrid para recoger el premio
Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento, del que se hizo merecedor por
su aplicación al análisis económico de las teorías matemáticas de los
Juegos y de la Información, ha querido hacer su aportación para mejorar
el mercado laboral al proponer gravar el despido con un impuesto.
La idea consiste en que las empresas tengan que pagar impuestos por
cada despido que hagan. La aplicación de esta tasa lograría que
trabajadores y empresarios fueran responsables en un momento en el que
se necesitan “acciones drásticas”. “La empresa impone un coste a la
sociedad y al empleado al despedirlo y debe compensarlo”, afirmó el
profesor, que insistió que este novedoso impuesto “sería un pago de la
compañía a la Seguridad Social”.
Tirole señaló que este gravamen debería ser progresivo, siendo más
elevado cuando los despidos tengan lugar en sectores poco cualificados
y, por tanto, de difícil recolocación. “Sería un incentivo para que las
empresas mejorasen la formación de sus trabajadores”. Tirole indica que
en esta coyuntura es imperativo mantener una “red de seguridad social”
para suavizar el efecto de la crisis.
Sin embargo, en un momento en que mantener y fomentar el empleo debe
ser la prioridad de cualquier Gobierno, el de nuestro país va en una
dirección contraria al sorprendernos con la aprobación de un
anteproyecto de Ley de reforma fiscal y que según el Jefe del Ejecutivo,
Mariano Rajoy, ha defendido como “magnifica” porque favorecerá el
crecimiento y el empleo.
Así, entre sus principales novedades incluye que las indemnizaciones
por despidos improcedentes pasarán a tributar en el IRPF, uno de los
puntos más polémicos, aunque fija un mínimo exento de 2.000 euros
anuales por año trabajado que no se gravarían. Además, los
contribuyentes con sueldos de 20.000 euros o menos no tengan que pagar a
Hacienda cuando sean despedidos. Hasta ahora todas las indemnizaciones
por despido estaban exentas al 100%.
En este sentido, en Francia el techo de exención se establece en
222.192 euros. Otros países de nuestro entorno tienen en cuenta la
situación del desempleado y la profesión que anteriormente tenía.
Las justificaciones dadas por el Gobierno para la introducción del
nuevo impuesto es que producirá “equidad” en el tratamiento fiscal de
las indemnizaciones y por el “abuso” que se producía en la figura del
despido improcedente. Por lo tanto, si hay que despedir, que los
trabajadores contribuyan con una parte de su indemnización para
Hacienda.
Hay que considerar que el importe máximo que podría recaudar la
Administración con esta nueva medida es del orden de 1.000 millones de
euros mientras que la evasión fiscal se calcula en unos 70.000 mil
millones de euros.
En un escenario socio-económico como en el que nos encontramos,
gravar las indemnizaciones por despido es totalmente lamentable. Esta
medida empeorará aún más la crítica situación de las personas en
desempleo al perder parte de la indemnización y por la insuficiencia de
las prestaciones económicas por desempleo ya recortadas en la última
reforma laboral y, además, con el riesgo añadido de acceder al desempleo
de larga duración por las serias dificultades para encontrar un puesto
de trabajo; lo cierto es que penaliza al trabajador que es despedido y
no al empresario que toma la decisión de despedirle.
A todo ello, hay que añadir que las negociaciones por despido serán
mucho más complicadas debido a que la indemnización por cada trabajador
disminuirá en la mayoría de los casos y sobre todo en las mesas de
negociación de los ERE (Expedientes de Regulación de Empleo) lo que
desincentivará a empresas y trabajadores a la hora de alcanzar acuerdos
para dar por finalizado un contrato.
En resumen, no hay duda de que los perdedores de este nuevo impuesto
son las personas que no sólo pierden su puesto de trabajo sino que
además deben de pagar por ir al paro (copago). Ello, agrava su situación
económica al mermar sus ingresos para mantener a su familia, hasta que
encuentre un nuevo puesto de trabajo, posibilidad muy difícil por el
deterioro actual del mercado laboral. De este modo, Hacienda sale
ganando una vez más.
Vicente Castelló Roselló es profesor de la Universidad Jaume I de Castellón.
Me han devuelto el formulario del censo, ¡hay cosas que nunca cambiaran ¡
Recibí hace unas semanas un formulario del censo para su actualización, y este me ha sido devuelto, y mira que fui explícito rellenando todas las casillas , incluso elabore algo mas de lo normal al responder a la pregunta;
¿TIENE PERSONAS A SU CARGO O QUE DEPENDAN DE USTED?
yo respondi :
- 2 millones de inmigrantes ilegales
- 1 millon de delincuentes
- 5 millones de desempleados
- 900.000 personas repartidas en 80 prisiones
- 350 idiotas en el parlamento nacional y 1200 en los autonómicos.
Aparentemente esta no fue la respuesta adecuada , por lo visto no es del todo completa
¿me habre olvedado de alguien ?
un saludo
Como robar al personal, sin pasar por carcel, y el VBº del MAFO-NAVAJA ( Lease Miguel Angel Ordoñez, Rey Negro Social-Listo del Banco de España, S.A.)
Ibercaja recompra preferentes para reforzar su capital
Ibercaja Banco ha lanzado una oferta para recomprar hasta 73,6 millones de euros en participaciones preferentes. Ofrece el 68% del precio de colocación y las plusvalías le servirán para reforzar su capital.
Amando Franco y José Luis Aguirre, en la rueda de prensa previa a la Convención de Directivos de Ibercaja . -
P. M. S. - Madrid - 31/01/2012 - 17:16
Las cajas de ahorros también se proponen sacar partido de las participaciones preferentes que tienen en circulación. Ibercaja ha sido la primera en disparar con una oferta de recompra de una emisión que lanzó en octubre de 2006. Ofrece el 68% del precio al que las vendió, lo que para los inversores implicaría asumir unas minusvalías del 32%.
El objetivo de la entidad "es reforzar la calidad y eficiencia de su capital", según ha explicado a la CNMV. Precisamente, las minusvalías que registrarán los tenedores de esta deuda que acudan al canje serán plusvalías para la caja. Si todo el capital en circulación de estas preferentes accede a la propuesta, Ibercaja obtendría unos 23,6 millones de euros de plusvalías que podría destinar íntegramente a reforzar sus fondos propios.
La emisión de preferentes de Ibercaja ascendió a 150 millones de euros, el valor de cada participación fue de 50.000 euros, de manera que los inversores no fueron minoritarios, como en las colocaciones de 2009. Las participaciones cotizaban ayer al 66,1% del nominal, según AIAF, el mercado español de renta fija privada.
El importe en circulación de las preferentes se sitúa en 73,6 millones, puesto que Ibercaja ya ha recomprado los 76,4 millones restantes al mismo precio que ofrece ahora, según ha informado al organismo supervisor.
Las preferentes de Ibercaja pagan el euribor a tres meses, actualmente en el 1,125%, más un diferencial de 113 puntos básicos, según el folleto de emisión. Eso sí, si a partir de 2016 la caja no amortiza la emisión -y para hacer esto debería pagar el 100% del nominal- tendrá que mejorar el diferencial hasta los 213 puntos básicos.
BBVA, Santander, Sabadell y La Caixa han planteado canjes de preferentes por acciones o por bonos obligatoriamente convertibles con el objetivo de reforzar sus balances. Banca Cívica y Bankia también estudian esta posibilidad.
Las preferentes no computan como recursos propias de primera categoría core Tier 1, según los criterios de la Autoridad Europea Bancaria (ABE). El problema de las entidades no cotizadas es que no tienen acciones por las que canjear las preferentes, de forma que su fórmula para mejorar el capital es recomprarlas por debajo del nominal.
