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lunes, 17 de octubre de 2022

El viaje a ninguna parte de la política acerca a la economía española a un punto de no retorno

 Autor: Miguel Córdoba 14 Octubre 2022, 16:02


Hace 36 años, el siempre genial Fernando Fernán Gómez estrenó una de sus mejores películas, en la que una pequeña compañía de cómicos de la legua de la posguerra española trataba de sobrevivir en un entorno hostil a las vicisitudes de su difícil profesión. La película, narrada desde la perspectiva de ese gran actor que ha sido, es y será, José Sacristán, pone el énfasis entre la diferencia entre lo que realmente ocurre y lo que nos hubiera gustado que ocurriera, mezclándose deseos e imágenes inventadas o distorsionadas de lo que fue nuestro pasado.

No sabemos lo que pensará Pedro Sánchez dentro de 30 años sobre su pasado como presidente del Gobierno y su “legado”, ni lo que se escribirá de él en Wikipedia; ni siquiera de lo que él pensará de Wikipedia cuando lea lo que se opina de él, asumiendo que esta publicación digital es uno de sus principales medios de información. Lo que sí sabemos es lo que este hombre, junto con un equipo no precisamente en el cénit de la competencia profesional, está haciendo con nuestro país: llevarlo a ninguna parte.

Asistimos a debates intrascendentes en los que los políticos se pegan por ver quién ingenia más subsidios para los españoles más vulnerables, o lo que es lo mismo, para “exhortarles” a que les den su voto en las próximas elecciones de mayo, y mientras, el país se sumerge en un agujero negro del que va a ser muy difícil salir sin que una nave de “Star Trek”, versión “hombres de negro”, se atreva a rescatarnos. Nadie piensa siquiera en el medio plazo; todo es cortoplacismo, agarrarse al sillón, contarse historias y, lo que es peor, creérselas, viendo la realidad desenfocada en la que vivía el personaje de la película que da nombre a este artículo.

Vamos a vivir unos meses de extrema tensión tanto en lo económico como en lo político y en lo militar, aunque en este último caso sea un daño colateral. Mientras, los dos principales partidos políticos siguen como siempre, a la gresca, sin la más mínima aproximación en sus rígidas posturas y haciendo que España se aproxime más que nunca a ese punto de no retorno del que no podrá salir por sus propios medios. Parece increíble que se hable de en qué va a gastar el Gobierno el exceso de recaudación provocado por la inflación, cuando tenemos un océano de deuda que amortizar y un déficit público que este año puede que ronde los 70.000 millones de euros.

Los españoles de a pie estamos soportando un ambiente de incompetencia y mediocridad en el terreno político como no habíamos tenido desde la posguerra. No voy a recurrir a la manida expresión de que se mete a político el que no vale para otra cosa, pero creo que, aunque no me hagan caso, por lo menos nuestros actuales próceres deberían reflexionar sobre la necesidad de establecer un marco de diálogo que trate de evitar lo que, al menos para mí, parece irremediable en relación con la potencial quiebra económica de nuestro erario.

Es necesario que se establezca un techo de gasto compatible con los ingresos previstos, y no gastar todo lo que te exijan tus compañeros de coalición, emitiendo deuda pública para seguir contando con sus votos. No se puede realizar una especie de rebelión fiscal desde las Comunidades Autónomas para comprar el voto de los ciudadanos con rebajas fiscales y subsidios que no salen de otro sitio que de la emisión de deuda pública.

No se puede estar criticando por sistema al Gobierno por cualquier decisión que toma, porque luego resulta que, como ha ocurrido con el tema de los márgenes extraordinarios de las compañías energéticas, Bruselas te da un revolcón. Y, finalmente, no se puede estar debatiendo entre Gobierno y oposición, y de forma sistemática, delante de los micrófonos de los periodistas, porque para algo, digo yo, tenemos el Congreso de los Diputados.

No es de extrañar que estén poniéndose de moda partidos extremistas y populistas, habida cuenta del hartazgo de los ciudadanos de ese viaje a ninguna parte al que nos están llevando los políticos “clásicos”. Los ciudadanos buscan soluciones e intentan aferrarse a cualquier discurso que les genere una mínima oportunidad de cambio. Y no es que me parezca mal que gane las elecciones italianas Giorgia Meloni. Siempre he pensado que a todo el mundo hay que darle una oportunidad, al menos, durante esos 100 días de cortesía; el problema es que el modelo de convivencia europeo está basado en un esquema de democracias liberales representativas que asumen la economía mixta de mercado como referencia, y no está nada claro que personas como Salvini o Berlusconi sean representativas de ese modelo. Lo mismo puede pasar en España con Vox o con Podemos.

Ser demócrata no es fácil; lo tienes que ser siempre, incluso cuando tienes en frente a personas totalitarias; pero éstas, como no tienen por qué ser demócratas, pueden jugar la partida con cartas marcadas y, al final, ganarte y llevarte a ese viaje a ninguna parte que no queremos, pero que tristemente nos podemos ver abocados a recorrer.

En fin, mientras que algunos españoles tienen que dilucidar si una solución para llegar a fin de mes podía ser darle la vuelta a la ropa interior para hacerse la ilusión de que se la ponen limpia, reduciendo así la factura eléctrica, o piensan sesudamente qué artículos de la lista de la compra tienen que eliminar cuando vayan luego al supermercado, seguro que hay un buen número de políticos que lo que están estudiando es cómo recolocarse el año que viene ante el cambio de ciclo político, habida cuenta de sus exiguos currículos, ya sean inventados o no.

Eso no les pasará a los 500.000 nuevos empleados públicos netos (2,9 a 3,4 millones) que han pasado a engrosar la lista de gasto público vitalicio en los últimos cinco años, o a los que han ingresado a dedo en las más de 5.000 empresas públicas que escapan a la Intervención General del Estado, o al enriquecimiento de muchos miles que han creado empresas ad hoc para lucrarse del déficit público que se ha generado por el aumento sin control de gasto público en los últimos tres años (más de 250.000 millones de euros).

Siento ser pesimista, pero creo que cada vez más se nos está poniendo cara de griegos.

Miguel Córdoba es profesor de economía y finanzas desde hace 33 años y ha sido director financiero de varias empresas del sector privado.

miércoles, 27 de octubre de 2021

El BCE alerta del riesgo sistémico de la gigantesca industria de fondos

El patrimonio en inversión colectiva se ha triplicado desde 2012

Miguel Moreno Mendieta. Madrid  27 OCT 2021 - 08:48 CEST Cinco Dias






El Banco Central Europeo (BCE) está preocupado por el colosal tamaño que ha adquirido la industria de fondos de inversión. En uno de sus últimos estudios, el organismo analiza el papel que está teniendo el sector en la correcta transmisión de la política monetaria y los riesgos sistémicos que se pueden desencadenar en momentos de crisis financieras si muchos gestores deciden vender al mismo tiempo.

A finales de 2012, los países de la zona euro acumulaban algo más de cinco billones de euros en fondos y otros vehículos de inversión colectiva. Al cierre de 2020, ese importe se había triplicado, sobrepasando los 15 billones de euros.

En su informe Fondos de inversión, asunción de riesgos y política monetaria en la eurozona, publicado hace tres días por el BCE, se explica que el fuerte desarrollo de este tipo de productos ha marcado la forma en que la fijación de los tipos de interés acaba transmitiéndose al conjunto de la economía.

“A medida que el sector ha ido creciendo, lo ha hecho también su importancia para la actividad económica y para la transmisión de la política monetaria. Ahora bien, una excesiva asunción de riesgos puede provocar efectos perjudiciales sobre el conjunto del sistema financiero, pues contribuye a que las empresas se endeuden demasiado o porque en momentos de volatilidad los gestores pueden tener dificultad para vender algunos activos de riesgo”, apunta el informe.

EL AUGE DE LA FINANCIACIÓN NO BANCARIA

Fondos de deuda. Los fondos de inversión especializados en comprar bonos emitidos por empresas han tomado cada vez más protagonismo, sustituyendo poco a poco a la pura financiación bancaria. Para las compañías cada vez ha sido más barato emitir deuda en mercados abiertos y así diversificar sus fuentes de financiación.

Política monetaria. La acción del BCE ha hecho que la deuda soberana cada vez ofrezca menos rentabilidad, por lo que muchos gestores de fondos de renta fija han ido poniendo cada vez más dinero en los bonos corporativos. Primero de grandes grupos y luego en emisiones de compañías más pequeñas.

Inversión fuera. Uno de los problemas observados por parte de los investigadores del BCE es que, a medida que los cupones de la deuda corporativa europea se van haciendo menos atractivos, los gestores empiezan a buscar oportunidades de inversión fuera del ámbito de la zona euro. Esto hace que la transmisión de la política monetaria a las empresas se pueda truncar.

Cuando el BCE comenzó en 2013 a comprar deuda soberana europea provocó una paulatina caída de las rentabilidades de los bonos emitidos por los Gobiernos. Poco a poco, los gestores de fondos fueron buscando cupones atractivos en otro tipo de activos. Primero, en bonos emitidos por grandes empresas con una gran solvencia. Y, después, en deuda emitida por compañías más pequeñas, que entrañan más riesgo. También en deuda híbrida que, bajo ciertas circunstancias, se pueden convertir en acciones.

Este incremento de los riesgos asumidos es una de las cuestiones que más preocupa a los investigadores del BCE. La política monetaria expansiva adoptada por la institución durante muchos años, ha acabado incentivando la llegada de dinero a los fondos. Los depósitos bancarios ya no rentaban nada, por lo que los ahorradores también han ido asumiendo más riesgos.

Además, también se ha observado que la política del BCE también cambia la forma de gestionar de los gestores. “Los fondos de renta fija han ido reduciendo el peso que tenía el efectivo en sus carteras, porque les cuesta más”. El problema llega cuando hay una crisis en el mercado y hay que deshacer posiciones.

Un ejemplo muy concreto de lo que ha pasado con esta nueva estructura de mercado es lo sucedido al desencadenarse la crisis del coronavirus, en marzo de 2020. “Las salidas de dinero de fondos de deuda corporativa fueron tan fuertes, que no había efectivo suficiente. Esto obligó a los gestores a vender activos de forma forzada, lo que agravó la depreciación de ese tipo de deuda”, apunta el informe.

Para los economistas del BCE, este tipo de efectos deberían intentar atajarse con algún tipo de regulación que evitara que los gestores de fondos asuman unos riesgos de iliquidez excesivos.

“Dada la enorme importancia que tienen ahora los fondos en la transmisión de la política monetaria, adoptar este tipo de herramientas no solo limitaría el riesgo de liquidez de fondos concretos sino también del conjunto del sistema financiero”, apunta el estudio.


La lectura en detalle del articulo da una imagen clara de la actual situación del mercado.

domingo, 24 de octubre de 2021

El Consejo de los Colegios de Gestores avisa de que 500.000 autónomos pueden acabar en la economía sumergida

 POR LA PRESIÓN FISCAL Y LA SUBIDA SALARIAL

Los gestores alertan de que muchos autónomos podrían trabajar en economía sumergida

El Consejo de los Colegios de Gestores Administrativos alertó en su último barómetro sobre los 500.000 autónomos que pueden acabar trabajando en la economía sumergida a causa de la presión fiscal y por no poder asumir la subida del SMI.

Autónomos y Emprendedores ANDREA GONZÁLEZ 08/10/21


La presión fiscal a la que están sometidos los autónomos, unida a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y las dificultades para hacer frente a sus cotizaciones a la Seguridad Social, "podría hacer que 500.000 pequeños y medianos negocios acaben trabajando en la economía sumergida". Es una de las conclusiones más alarmantes que se extraen del último barómetro del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos. Su presidente, Fernando Santiago, aseguró que "el 18% de los pequeños y medianos negocios podrían estar planteándose de forma muy seria autoexcluirse del sistema".

Para Santiago, estaría una "muy mala noticia para el conjunto de la sociedad. No solo porque tanto Hacienda como Seguridad Social recaudarían menos, sino también porque los trabajadores estarían menos protegidos y los clientes perderían la seguridad y confianza en los productos y servicios ya que no tendrían facturas ni, por ende, garantías que reclamar". Los gestores administrativos advierten al Gobierno de que "si no empiezan a entender la situación que están atravesando los trabajadores por cuenta propia, y aligeran, en la medida de lo posible su carga, este tipo de situaciones serán cada vez a más habituales", explicó Santiago.

No obstante, este no es el único problema con el que se encuentran los autónomos en nuestro país. Tal y como señala el barómetro, más de 700.000 pequeños negocios no tienen apenas liquidez ni solvencia económica. A ello se suma que más de 140.000 autónomos se van a ver obligados a prescindir de alguno de sus empleados debido a la subida del SMI y el repentino incremento de las facturas eléctricas. El presidente de los gestores administrativos puso también sobre la mesa la moratoria concursal aprobada por el Gobierno que, a su juicio, "está manteniendo a 130.000 negocios en vía de extinción". Por último, no quiso olvidarse del "poco alcance" que están teniendo en el colectivo las ayudas directas y los Fondos Europeos Next Generation debido a los "estrictos requisitos de acceso". 

La morosidad acentúa la falta de liquidez

El último barómetro de estos profesionales que conocen bien a los autónomos a los que prestan servicio de gestoría deja entrever los problemas de liquidez y de solvencia que continúa sufriendo el tejido productivo español, más de 700.000 negocios están en esta situación. En su gran mayoría, más de un 27% de los autónomos, "esta situación se da debido a la morosidad. Se trata de un elevado porcentaje de profesionales que tienen que soportar impagos por parte de sus clientes, lo que les genera una gran falta de liquidez", explicó Fernando Santiago. 

A causa de esta lacra que sigue sin solucionarse para el colectivo, el 8% presenta impagos ante la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, el 14% no puede asumir el alquiler de los locales donde desarrollan su actividad y el 13% de las pequeñas y medianas empresas no están pagando a sus acreedores o están en mora con las entidades financieras. "Todo este período sin ingresos no ha hecho más que endeudar a los autónomos y agotar sus ahorros. Los ingresos todavía no están al mismo nivel que antes de la pandemia, por lo que la brecha aún no se ha cerrado para muchas empresas”, señaló el presidente de los gestores administrativos.

Por ello, Santiago no entiende como el Gobierno presenta, "con cierta euforia", las cifras de empleo y de afiliación a la Seguridad Social "cuando aún hay entorno a 500.000 personas acogidas a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o a la prestación por cese de actividad que, 18 meses después del inicio de la crisis sanitaria, no han conseguido aun reincorporarse al mercado de trabajo”. 

140.000 negocios despedirán a causa del SMI y la luz

Otra de las conclusiones que se extraen del informe elaborado por los gestores administrativos es que alrededor de 140.000 pequeñas y medianas empresas van a tener que despedir personal como consecuencia de la subida del SMI, el incremento de la energía y la electricidad y el encarecimiento de las materias primas. 

En concreto, el 42% de los autónomos se están viendo "muy perjudicados por la subida del precio de la energía y el 65% se está sufriendo de forma grave o muy grave las subidas de energía, inflación, SMI y materias primas", explicaron estos expertos.

 moratoria concursal mantiene a 130.000 negocios

El conjunto de todos estos problemas supone, según Santiago, la extinción de 130.000 negocios que, sin embargo, se mantienen gracias a la moratoria concursal que aprobó el Gobierno como medida extraordinaria a raíz del Covid-19. "Estos autónomos están técnicamente en una situación de concurso de acreedores, pero resisten en el tiempo porque no están obligados a presentarlo", explicó el gestor.

"El Ejecutivo debería ofrecer ayudas para las que a día de hoy se pueden salvar, y aquellas que no puedan hacer nada por mantenerse deberían desaparecer de manera ordenada. No tiene sentido que haya decenas de miles de empresas zombies que están por un lado empeorando su propia situación y, por otro, la de terceros que desconocen su estado y pueden estar siguiendo trabajando con ellos, sin que vaya a poder cobrar", señaló Fernando Santiago.

Los gestores administrativos confían en que la situación en la que se encuentran estos negocios mejore a medida que desaparecen las restricciones y puedan retomar su actividad con normalidad. Sin embargo, aseguraron que "esto no va a ocurrir si no se apoya a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas con medidas claras, urgentes y contundentes. Se agradecen las prórrogas y las moratorias, pero es imprescindible poner en marcha ayudas definitivas que permitan a los negocios salir de esta situación", recalcó el presidente del organismo.

Las ayudas directas y Fondos Europeos no llegan al colectivo

La última apreciación del barómetro del Consejo General de Gestores Administrativos de España es en relación a las ayudas directas y a los Fondos Europeos Next Generation. Estos expertos insistieron en que los autónomos y pequeños negocios se están quedando fuera de las tan esperadas ayudas directas: casi el 30% del colectivo no ha podido solicitarlas por "las exigencias de acceso de la normativa. Lo que tendría que hacer el Gobierno es retirar los requisitos. Al igual que han hecho otros países, el Ejecutivo español debería dar ayudas directas, mes a mes, a los profesionales afectados, siendo el único requisito demostrar que se perdieron ingresos como consecuencia de las limitaciones de movilidad", explicó Santiago.

De igual forma se refirió a los Fondos Europeos Next Generation: "no podemos pensar que estos fondos son la solución a todos los problemas de los pequeños negocios. Al final, se quedarán para las grandes empresas, que son las que tienen recursos y proyectos suficientes para llevar a cabo la solicitud y tramitación de los mismos". El gestor insistió en que el Gobierno "debería de darse cuenta de que los trabajadores por cuenta propia no tienen los recursos necesarios ni para llevar a cabo los procesos, ni para cofinanciar proyectos. Para que lleguen a los más pequeños es necesario aliviar la carga burocrática y reducir las restricciones", concluyó el presidente del organismo.


martes, 5 de octubre de 2021

El colapso de los puertos se agrava y pone en peligro la Navidad y el Black Friday


El Economista Vicente Nieves 4/10/2021 - 8:24 Actualizado: 09:57 - 4/10/21


Todo hacía indicar que después de la fuerte recesión económica y la mejora de la situación sanitaria (las vacunas no han llegado a todo el mundo por igual ni mucho menos), los países desarrollados podrían disfrutar de una segunda mitad de 2021 relativamente normal. Aunque la situación es sin duda mucho mejor que hace un año, quizá la vuelta a la normalidad económica no sea tan 'normal' como se esperaba. La recuperación presente está viniendo acompañada de ciertas singularidades que pocos habían previsto. Cuellos de botella, atascos en los puertos, escasez de inputs, materias primas... Y lo peor puede estar por llegar.

La crisis del covid supuso un parón total de la economía. Una 'hibernación' de la que el mundo ha despertado casi de un día para otro. Sin embargo, el lado de la oferta (el que se encarga de producir bienes y servicios) y las cadenas de suministro aún están frías tras esos meses de parón. Cuando un músculo frío y en reposo pasa a la acción de forma repentina, el riesgo de sufrir una rotura es muy amplio. Algo así, junto a otros factores, es lo que está provocando un colapso logístico a nivel mundial que podría poner en peligro las navidades.

Retrasos en los envíos de mercancías, unos fletes marítimos disparados, escasez de contenedores, prácticas poco éticas para lograr un hueco en un buque de mercancías... y por si esto era poco, China (la fábrica del mundo) comienza racionar la energía, impidiendo que industrias clave produzcan a su máxima capacidad.


"Este año, más que nunca, convendrá ser previsores y avanzar las compras de Navidad, ya que la situación de colapso excepcional que está sufriendo la logística marítima internacional puede poner en riesgo el aprovisionamiento de todo tipo de productos, especialmente en periodos de máximo consumo como los que se producirán a finales de año", advierte Oriol Montanyà, director del Departamento de Operaciones, Tecnología y Ciencia de la UPF Barcelona School of Management (UPF-BSM), en declaraciones a elEconomista.



El precio de alquilar un contenedor se ha disparado

Aún no ha llegado la temporada alta (Black Friday y Navidad) y las cadenas de suministro se encuentran bajo gran presión. Los economistas de la firma Oxford Economics han creado un indicador sintético (utilizando varios parámetros y variables) para evaluar su estado y todo hace indicar que la presión está al alza: "Los atascos en el transporte son el mayor punto de estrés, pero la limitada capacidad, el excedente de producción, los bajos niveles de inventarios, unos costes de los insumos considerablemente más altos (más agudos para las materias primas) y los desafíos laborales hacen que sea cada vez más difícil para la oferta mantenerse al día con la demanda", aseguran estos expertos.

"La demanda ha superado la oferta. Es decir, no hay suficientes barcos para atender a todas las peticiones de transporte, algo que está provocando interrupciones en varias cadenas de suministro, hasta el punto de encontrarnos con fábricas que se han visto obligadas a parar la actividad y a mandar a sus trabajadores a casa porque no tienen los componentes necesarios para mantener la producción. Tal y como lamentaba un directivo del sector industrial, 'la cuestión no es que falten materiales, sino que no llegan a tiempo'", añade Montanyà.

Carlos Moreno-Figueroa, portavoz de la Confederación Española de Comercio, se muestra de acuerdo en una charla con elEconomista y más que un problema de suministro, se trata de una cuestión de tiempos, que afecta sobre todo a ciertos componentes: "Hay algunos sectores más sensibles como es el caso de los juguetes, sabemos que va a haber retrasos, lo que no quiere decir que no vayan a llegar, pero quizá se retrasen un mes o mes y medio. Evidentemente con una demanda muy concentrada en determinados meses, si los comercios y los consumidores no adelantan las compras, muchos juguetes llegarán tarde".

¿Por qué este colapso del transporte ahora?

Aunque los puntos de estrés son muchos, el transporte se lleva la palma. No resulta fácil incrementar la capacidad logística de un día para otro y menos cuando existen estrecheces en otros muchos mercados y sectores. Por ejemplo, si el transporte marítimo sufre porque no hay suficientes contenedores, lo normal es que las navieras incrementen los pedidos de estos contenedores, lo cual lleva un tiempo en condiciones normales. Pero es que hoy la demanda de los metales para hacer contenedores (acero y aluminio) está disparada, las fábricas no dan abasto y para colmo las fundiciones chinas están viendo limitada su capacidad por los recortes en el consumo de energía. Una tormenta perfecta que podría estallar a finales de este año.


"Todos los años hay que renovar contenedores, su vida útil es de unos cinco años, dado el fuerte impacto de la salinindad del mar y otros factores. El año pasado con el covid no se renovaron ni la mitad de los que se tenían haber renovado y, por tanto, el número de unidades disponibles en el mercado ha caído", explica el portavoz de CEC.

Son multitud de factores los que han coincidido en el tiempo, generando una situación imprevisible. "En este sentido, hay tres problemas que se suman en una tormenta perfecta: el colapso de puertos (donde se retienen contenedores más de la cuenta), la descompensación de flujos (provocando que haya contenedores donde no se necesitan y viceversa) y la demanda disparada hasta un 8% (que supera una oferta menguante)", destaca Montanyà.

Este experto explica por qué se está produciendo esta situación. El problema llega por varios puntos. Por un lado existen algunos desequilibrios en los flujos de transporte marítimo que están colapsando estas instalaciones marítimas. "Algunos puertos se han visto superados por la situación y se están convirtiendo en auténticos cuellos de botella, ya sea porque han sufrido brotes de coronavirus, como las grandes instalaciones de Ningbo-Zhoushan (China), o simplemente porque no tienen la capacidad suficiente, como el puerto de Los Ángeles (EEUU), donde los barcos deben esperar entre dos y tres semanas para poder descargar".

Para intentar reducir los riesgos de cara a final de año, las empresas de logística han hecho grandes esfuerzos, mejorando procesos, apoyándose en la digitalización y usando analítica predictiva. Además, para intentar asegurar el Black Friday y la Navidad han adelantado buena parte de las operaciones (entre cinco y ocho semanas respecto a años anteriores) para estar preparados de cara a estas campañas. Esta previsión para asegurar el suministro está presionando hoy las diferentes cadenas de transporte, pero a su vez reduce el riesgo de desabastecimiento para noviembre y diciembre.

Francisco Aranda, presidente de UNO Logística, descarta la posibilidad de que se produzca un desabastecimiento en Navidades, pero reconoce que se pueden producir retrasos en la llegada de determinados productos. "Los fabricantes de contenedores no son capaces de cubrir la gran demanda de este momento, mientras que los protocolos sanitarios ralentizan el funcionamiento de los puertos asiáticos... de modo que la relación entre oferta y demanda está absolutamente descontrolada. Es cierto que las cadenas de suministro se están replanificando para afrontar estos cambios, pero también que la tensión es máxima, no sé qué más puede pasar, esto es una tormenta perfecta".

Todo sube de precio

Este desacople puede tener sus implicaciones más visibles en el colapso señalado, los retrasos en los pedidos... pero además puede lastrar, de forma temporal, la vigorosidad de la recuperación económica. De poco vale tener mucha demanda si no hay oferta para satisfacerla. El resultado de esto es un aumento de precios que ya se está produciendo y que se puede agravar en los próximos meses.

"Antes, traer un contenedor desde China a España podía costar 1.500 euros, ahora el precio se ha multiplicado por siete y hasta por diez en algunos casos. Esto está encareciendo todos los productos que vienen de fuera y además está generando retrasos en la llegada de los pedidos", apunta Moreno-Figueroa. Los fletes marítimos están disparados. Fuentes de una empresa textil catalana revelan a este diario que han perdido pedidos importantes de clientes porque la mercancía (entretelas para camisas) quedó atascada en China pese a tener un contenedor pagado y con contrato en un barco. "Es como una subasta, llegó una empresa de otro sector que pagaba más por el contenedor y nuestra carga se quedó en el puerto chino pese a que teníamos un contrato. Nuestros cargamento llegó semanas después", asegura la fuente.

Desde el departamento de compras de una de las cadenas de supermercados más importantes de Madrid explican que antes o después tendrán que subir los precios porque a sus proveedores les están incrementando los costes por todos lados: el cartón, los plásticos, el transporte... Ante este contexto, Moreno-Figueroa cree que "lo que está claro y lo que estamos viendo es que se va a producir una subida de precios general. Los costes en origen se están incrementando por las subidas de las materias primas y esto ya está suponiendo un incremento de precios generalizado que va a continuar afectando a todos los productos... En el caso de electrodomésticos estamos aconsejando que se adelanten las compras, sobre todo, porque los precios van a subir y los mayores costes se van a seguir trasladándose, aunque no prevemos problemas de suministro en este sector en concreto".



Las empresas prevén grandes subidas de precios

Todo hace indicar que la inflación seguirá al alza en los próximos meses. El IPC ya ha alcanzado el 4% en España en septiembre (3,4% en la zona euro) y eso que aún no se ha trasladado todo este incremento de los costes al precio de los bienes y servicios finales que pagan los consumidores. "Si no se hace nada para solucionarlo, se prevé que en los próximos meses la situación siga empeorando, ya que la demanda seguirá incrementando por el efecto de la Navidad y, en consecuencia, las cadenas de suministros seguirán tensionándose", revela el experto de la UPF-BSM.

anda, presidente de USO, insiste que en se está haciendo todo lo posible por mejorar la situación. "Los operadores logísticos están haciendo frente a este terrible colapso, pero esto no es un problema de corto plazo, la capacidad de fabricar contenedores y palets no se incrementa de hoy para mañana. La solución es reducir esta ultra-dependencia que tenemos de Asia. Tenemos que relocalizar industrias en España y en Europa, además fabricar en Asia ya no es tan rentable, ahora es una oportunidad única para traer de vuelta la producción y que esté más cerca del consumidor final".

Sin embargo, en el corto plazo el colapso logístico podría continuar, sobre todo a nivel marítimo, donde las estampas de barcos portacontenedores y buques se agolpan haciendo cola en la entrada de los puertos de EEUU y China. "Las empresas están trabajando mucho para buscar soluciones al colapso actual, como trasladar las cargas marítimas al transporte terrestre o aéreo, pero aún así es probable que en Navidad baje la disponibilidad de productos y suban los precios", culmina Montanyà.

viernes, 24 de septiembre de 2021

Los economistas ultiman rebajar del 6% su previsión de crecimiento para 2021 tras la revisión a la baja del INE

 Cinco Dias. Economía

EL INE CORRIGE SU ESTIMACIÓN

  • Los economistas ultiman rebajar del 6% su previsión de crecimiento para 2021 tras la revisión a la baja del INE
  • Calviño mantiene sus proyecciones pero los analistas ultiman recortes de cerca de un punto
  • La productividad pasa de crecer a caer más de un punto y cede un 3,3% la inversión

Juande Portillo Madrid  24 SEP 2021 - 07:44 CEST


La magnitud del salto a positivo que la economía española protagonizó en primavera tras las restricciones de la tercera ola del Covid han resultado un espejismo. El Instituto Nacional de Estadística (INE) efectuó ayer un inédito recorte de su estimación de avance del PIB en el segundo trimestre del año (que rebaja del 2,8% al 1,1% en tasa intertrimestral y del 19,8% al 17,5% en la anual) que amenaza con rebajar las perspectivas de crecimiento para el conjunto del año por debajo del 6%.

El INE achaca esta rebaja sobre sus estimaciones del 30 de julio a que entonces apenas contaba con datos hasta mayo, drásticamente moderados al incorporar los de junio y las cifras de venta de grandes empresas y pymes que recopila la Agencia Tributaria en las declaraciones de IVA. Eso, unido a la revisión de la evolución anual, la incorporación de nuevos datos de empleo y balanza de pagos, ha desvelado que el tono de la recuperación ha sido menor de lo estimado en términos de consumo de los hogares, inversión y en las actividades de servicios, hostelería y algunas ramas de industria manufacturera.

La mayor revisión a la baja firmada nunca por el INE, que subraya la dificultad para el cálculo estadístico que comportan los vaivenes de la pandemia, ha cogido por sorpresa a los economistas en plena racha de revisión al alza de las previsiones. El martes, la OCDE elevaba en 0,9 puntos su estimación de crecimiento del PIB español para de 2021, del 5,9% al 6,8%. A su vez, el Banco de España mejoraba en una décima su expectativa para el año, hasta el 6,3%. Una mejora que el supervisor achacaba al “sorprendente” buen dato dado por el INE para el segundo trimestre, en el que el supervisor esperaba un avance del 2,2% al estimar un alza del consumo de las familias del 2,9% que Estadística había elevado inicialmente al 6,6%. Finalmente ha sido rebajado al 4,7%. Toda la proyección, que incluye un avance del 2,7% en el tercer trimestre, queda ahora en entredicho.

En paralelo a la publicación de estas previsiones, y apenas 48 horas antes del jarro de agua fría arrojado ayer por el INE sobre las proyecciones de crecimiento, el Gobierno se apresuró a aprobar el martes el nuevo cuadro macroeconómico que sustentará su proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, mantuvo su estimación de que el PIB crecerá un 6,5% este año y un 7% el próximo, si bien aseguró que el ritmo de actividad diario precrisis se recuperará ya a finales de este mismo ejercicio.

se a la fuerte corrección de ayer, Calviño rechazó modificar sus proyecciones, alegando que no lo hizo cuando el dato era mejor, y confiando en que año irá de menos a más. Su Ministerio asume que “durante el tercer trimestre esta recuperación se va a acelerar”.

Los economistas y principales casas de análisis ultiman, sin embargo, rebajas de sus previsiones de crecimiento para resituar el avance del PIB de 2021 por debajo ya del 6%.

“Incluso una recuperación más fuerte en el tercer trimestre nos obliga a recortar la previsión para el conjunto del año. La economía tendría que crecer en torno a un 8% en los dos últimos trimestres para mantener la previsión de crecimiento 6,3% para el conjunto del año”, ilustra Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas, que asume que la cifra quedará por debajo del 6%. En su opinión, buena parte de la corrección viene dada por efecto de la inflación, pues el sobrecoste de la electricidad habría reducido la capacidad de consumo de las familias y encarecido los costes de las empresas. Torres asume que, en buena medida, la recuperación solo se retrasa, pero matiza que el crecimiento parece tener menos vigor del esperado.

“La revisión del INE es una rebaja sustancial. Significa que en el año pasaremos de crecer un 5% en lugar de un 6%, o un 5,5% en lugar de un 6,5%”, según la proyección manejada, estima por su parte José Emilio Boscá, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad de Valencia e investigador asociado de Fedea. Lo que más le preocupa, sin embargo, es que la revisión arroja “una pérdida de productividad de entorno a un punto, algo que sí cambia la fotografía”. Se trata, explica, de un paso atrás que complica el panorama de cara a la subida del salario mínimo que acaba de impulsar el Gobierno o a la reforma fiscal que baraja.

En concreto, la productividad pasa de crecer un 0,7% a caer un 1,1% anual (el avance de horas trabajadas se mantiene en el 4%) y la inversión, que crecía un 2,2% a inicios de año, cae un 3,3%.

Tanto Torres como Boscá destacan, no obstante, que el crecimiento registrado es considerable. De hecho, el avance anual del PIB en primavera sigue siendo el mayor registrado, si bien conviene matizar que se compara con el periodo del Gran Confinamiento.

viernes, 3 de septiembre de 2021

El sector agroalimentario y pesquero EN 2020. INCREMENTO IMPORTANTE


1 septiembre 2021

El sector agroalimentario y pesquero consolidó el importante papel que desempeña en el comercio exterior español, y supone ya más de la quinta parte (20,6%) del total de las exportaciones de la economía nacional, mientras que las importaciones representan el 12,8%.

La principal aportación correspondió al grupo de las frutas, con un valor exportado de 9.570 millones de euros. En segundo lugar se situó la carne, que vendió por 8.4767 millones de euros, y fue el subsector con un mayor crecimiento, 17,8%, impulsado por la demanda de carne porcina de China. Las hortalizas constituyeron el tercer grupo más exportador, con 6.890 millones de euros.

La Unión Europea (UE) se mantiene como el destino preferente de las exportaciones de alimentos y bebidas españolas, concentrando el 63% (33.760 millones de euros en términos económicos), con un incremento del valor exportado del 1,7%. La proporción que representaba la UE hasta el año pasado era aún mayor, 72% en 2019, antes de la salida del Reino Unido. Aunque los datos se refieren al año 2020, al realizarse el informe en 2021 ya figura el Reino Unido como un tercer país.

valor de las exportaciones a terceros países se incrementó el año pasado en un 8,5% (20.088 millones de euros en global) debido al importante empuje de las ventas a China, que aumentaron un 67,3%.


10 de agosto de 2021/ MAPA / España.

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Los daños que causan los salarios mileuristas a la economía española y cómo revertir la situación


El Idealista

Autor: Miguel Córdoba 02 septiembre 2021, 0:01

Los economistas prehistóricos siguen pensando que el principal indicador de crecimiento y bienestar de una economía es el Producto Interior Bruto (PIB). Algunos todavía creen que, tal y como estudiaron en su juventud, los tipos de interés son una variable intermedia que se forma por la interacción de la oferta y la demanda de dinero, cuando es bien sabido que en la eurozona llevamos seis años con los tipos de interés negativos por imposición del Banco Central Europeo (BCE). Es bueno haber estudiado en una universidad y haberse sacado un título, pero es mucho más importante asumir que en una disciplina como la Economía, es preciso estar formándose constantemente y aceptar los cambios de paradigma que, desgraciadamente y cada vez con mayor rapidez, están afectando a una economía mundial cada vez más globalizada.

Desde hace una década hemos asumido en España que la famosa “devaluación interna” que impuso Mariano Rajoy para que su amiga Ángela Merkel aceptase que “pulpo es animal de compañía”, o lo que es lo mismo que las medidas que se tomaron en 2012 no eran un rescate, aunque nos hayan llevado a una situación de precariedad sin precedentes en nuestra historia, salvo probablemente la época autárquica de la posguerra. El hecho es que una de las medidas era, utilizando la manida reforma laboral, rebajar los costes laborales de las empresas; dicho de otra forma, permitir que las empresas pudieran despedir a los padres que ganaban 30.000 euros al año, sustituyéndolos por los hijos que ganarían 10.000 euros y, de esa manera, impulsar las ventas de las empresas españolas que podrían exportar a los países europeos con gran ventaja competitiva por la vía de la existencia generalizada de costes de personal muy bajos.

Esta medida, no demasiado criticada, ha transformado España en un país de mileuristas y nimileuristas, y eso sí, ha permitido que el PIB subiera, pero a costa de crear una generación de jóvenes que no se pueden emancipar, no pueden comprarse un coche, no pueden alquilar ni comprar una vivienda, no pueden casarse y mucho menos tener hijos.

Habrá quien piense que eso era lo que había que hacer para que la gente se hiciera la ilusión de que tenía un puesto de trabajo y, al menos, podía comer, pero este planteamiento no puede en ningún caso ser asumido en un modelo de Estado, máxime cuando nada más cruzar los Pirineos resulta que el salario medio de muchos países europeos dobla al español.

En la última estadística de declarantes de IRPF del año 2019, el número de personas que ganaban menos de 12.000 euros al año era en España de 8.198.156, con una media de ingresos de 10.739 euros por persona. Estos mileuristas suponían el 39% del total de declarantes. Podemos estar tentados de hacer comparaciones con otros países europeos, pero no tiene sentido hacerla, ya que en la mayoría de los países de nuestro entorno los mileuristas sencillamente no existen. Francia, por ejemplo, tiene un salario mínimo de 1.555 euros al mes, con lo que no hay mileuristas; lo mismo pasa en Alemania (1.585 euros) o en Gran Bretaña (1.583 euros).

Estamos, pues, ante un problema muy español. Hay economistas y políticos que se conforman con esta situación; vamos, que esto es lo que hay, y que “Spain is different”, como rezaba algún viejo eslogan. Sin embargo, el problema no es la diferencia, sino el futuro de nuestros hijos y nietos. Hace varios años, en una tertulia radiofónica, le pregunté al presidente de las Cámaras de Comercio sobre este problema, y después de unos segundos de silencio me respondió que “esto siempre ha sido así”, y se calló. 

Hay tres hechos diferenciales que han estado marcando estos últimos años la realidad económica española: el déficit público permanente, el peor de Europa; el crecimiento geométrico de la deuda pública y el agujero creciente del sistema de pensiones. Pues resulta que el pagar salarios mileuristas a lo mejor tiene mucho que ver con estos problemas que se están convirtiendo en estructurales en nuestra Economía.

Si nos centramos en 2019, para evitar la contaminación del ‘efecto covid’, podemos observar que el déficit público fue de 35.637 millones de euros, un 2,86% de PIB. De esa cantidad, 18.844 millones eran del desequilibrio general del Presupuesto y 16.793 millones procedían del agujero creciente de la Seguridad Social. En 2020, el crecimiento ha sido geométrico, pero prefiero no entrar en estas cifras, ya que el covid parece que disculpa todo en los dos primeros años de gobierno de Pedro Sánchez, una de las personas más optimistas que hay sobre nuestra vieja piel de toro.

Pues bien, si comparamos el déficit público con los ingresos obtenidos en el año 2019 (86.892 millones de euros) por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), y con los 124.162 millones obtenidos por ingresos de la Seguridad Social, resulta que para conseguir cubrir el déficit público bastaría, asumiendo un crecimiento lineal, con incrementar un 21,68% de media los salarios (18.844 / 86.892 = 21,68%). Pero este incremento, a efectos de Seguridad Social, supondría aproximadamente 26.918 millones de euros (sólo necesitaríamos 16.793 millones para equilibrar), por lo que tendríamos un superávit (se recaudaría por el simple incremento de los salarios).

Como nos sobran 10.125 millones y, como es bien sabido, en torno al 82% de los ingresos por cotizaciones está a cargo de los empresarios, el 8,15%, que nos sobraría podríamos destinarlo a rebajar las cuotas empresariales, que pasarían del 23% al 20,71%, lo cual sería bien visto por los empresarios, y nos aproximaría a los estándares europeos. Por supuesto, estas cifras son aproximadas, y habría que hacer un ejercicio más profundo para cuantificar bien los porcentajes anteriores.

 consciente de que las cuentas de 2020 y 2021 van a ser una película de terror, pero sí podemos resolver dos de nuestros graves problemas estructurales: salarios muy por debajo de los europeos y cotizaciones empresariales a la Seguridad Social muy por encima de las europeas. A lo mejor, sería interesante explorar este camino de común acuerdo con empresarios y sindicatos, en lugar de seguir subiendo simplemente el salario mínimo, que es lo fácil, y a lo cual, y lo entiendo, la patronal siempre se opondrá.

No se trata de subir sólo los salarios mínimos, sino de regularizar de una vez por todas la situación de los trabajadores cualificados. No se puede permitir que un ingeniero español cobre el 60% de lo que cobra un ingeniero alemán, a pesar de tener la misma cualificación; entre otras cosas, porque, como hemos indicado, una de las principales causas del desastre de nuestras cuentas públicas son precisamente los bajos salarios, así que, empecemos por aproximarnos a los salarios europeos. Un 20% de incremento generalizado no es mucho, y nos permitiría equilibrar los presupuestos, a pesar de que seguiríamos estando muy lejos de la media europea, pero sería un inicio.

Evidentemente, los empresarios españoles dirán que por qué van a ser ellos los paganos, si tan bien les va pagando sueldos bajos, pero tienen que pensar que una empresa no es un ente coyuntural, sino un proyecto a medio y largo plazo. No se puede ser empresario si lo que se tiene es una mentalidad cortoplacista. La solución para el empresariado español pasa por la inversión en I+D, la internacionalización y la profesionalización de sus empresas. El 70% de las pymes familiares no aguantan la segunda generación, la transparencia exigida por la bolsa les da sarpullido a muchos empresarios y lo de exportar (hay que saber inglés) les cuesta mucho.

Si queremos cambiar las cosas, modernizando el modelo productivo, hay que empezar por el empresariado español. El Gobierno español puede apoyarles, pero si no cambian su mentalidad, es muy difícil que nuestro país se ponga al nivel de los principales países europeos. Compararnos con Portugal y Grecia no puede ser un consuelo.

Miguel Córdoba es profesor de economía y finanzas desde hace 33 años y ha sido director financiero de varias empresas del sector privado.

miércoles, 1 de septiembre de 2021

miércoles, 19 de mayo de 2021

La política llega al nuevo sistema de precios. Tormenta eléctrica: de cómo va a subir la factura de la luz a partir del 1 de junio

DIEGO CRESCENTE   Actualizado: 17.05.2021 - 08:23h

'Gracias' al nuevo funcionamiento tendremos más decisión sobre nuestro consumo, pero no seremos más libres. Entre las 10 de la mañana y las 14:00, poner una lavadora será algo reservado a las rentas más altas.

Precio de la luz: por qué sube tanto y cómo saber si afectará a mi factura

El poder de las normas no solo es coercitivo o sancionador. El auténtico poder normativo del Estado reside en la facultad de cambiar hábitos o costumbres de la sociedad. Es la eterna batalla entre liberalismo o intervencionismo, que cobra una especial virulencia cuando hablamos de la luz o, concretamente, del precio que pagamos por ella.

Es una cuestión que trasciende a la ideología concreta de cada grupo político y supone la ejemplificación de la dicotomía, tan de moda en estos días, entre libertad individual o bien público. Tratar de explicar cómo funciona la fijación de precio en el mercado eléctrico o la composición de todos y cada uno de los factores que influyen en nuestra factura se ha convertido en una misión imposible. Por ello, el Gobierno se ha propuesto simplificar su funcionamiento con el objetivo de acercarla al consumidor y, sobre todo, que él mismo pueda decidir cómo y cuándo consume, aun a costa de cambiar, en algunas ocasiones, su modo de vida.

a aplicación práctica a esta teoría política la sufriremos todos los consumidores de electricidad a partir del próximo 1 de junio. 'Gracias' al nuevo funcionamiento y sistema establecido para la factura de la luz tendremos más capacidad de decisión sobre nuestro consumo, pero no por ello seremos más libres. En primer lugar, el nuevo modelo impondrá diferentes tramos horarios, más o menos económicos, a los clientes acogidos al mercado regulado (aun la gran mayoría de clientes) y que básicamente consistirá en la reducción de las seis tarifas existentes en la actualidad a una sola, así como la división horaria en tres tramos: punta, llano y valle que, por supuesto, estarán sujetos a una tarificación distinta que irán de mayor a menor coste.

Cuando un tramo horario recibe la calificación de ‘hora punta’, la primera reacción del consumidor debería ser la de asustarse. En este caso, esta realidad es más verdad que nunca. Entre las 10 de la mañana y las 14:00 de la tarde, poner una lavadora o cocinar será una cuestión reservada para las rentas más altas o, al menos, para aquellos que quieran pagar a precio de oro comer un huevo frito o poner a lavar el babero o ‘body’ del niño.

Precio de la luz

Si por el contrario desea realizar esta misma práctica a un precio considerablemente más reducido, la opción más viable será hacerlo entre las 08:00 y las 10:00 de la mañana, las 14:00 y las 18:00 o entre las 22:00 y 24:00 horas. Eso sí, si es de aquellos que gustan de una cena “tempranera”, antes de las 22:00, o desea irse pronto a la cama, tendrá que ajustar o cambiar sus costumbres, siendo conscientes de que el anterior horario al que se había acostumbrado será radicalmente más caro que cenar a partir de las 22:00 o poner la lavadora a esa misma hora.

Si la economía no va bien y cuesta llegar a fin de mes, siempre quedará la opción de acudir al tramo ‘superultra reducido’: el valle, que, como su propio nombre indica, se posiciona entre las horas más caras y está comprendido entre las 00:00 de la noche y las 08:00 de la mañana. También podrá esperar al fin de semana, en cualquier tramo horario, para lavar la ropa del bebé, aunque, probablemente, ya haya comenzado su particular proceso de descomposición en la cesta de la ropa. Eso siempre que no haya tenido la mala suerte de mancharse el lunes o bien sus vecinos no han tomado por la fuerza su casa al poner una lavadora a las 00:00 de la noche de un miércoles.

Entre las 10 de la mañana y las 14:00 de la tarde, poner una lavadora o cocinar será una cuestión reservada para las rentas más altas

Aplanar la curva de demanda

Casuística aparte, el aplanamiento de la curva de demanda eléctrica ha sido una constante en la práctica energética de los gobiernos españoles casi desde la llegada de la democracia. La razón es fundamentalmente técnica, ya que el hecho de que todos los usuarios, domésticos e industriales, exijan su porcentaje de electricidad en un mismo momento pone en grave riesgo la estabilidad del sistema, amén de provocar fuertes inversiones económicas en redes que, en la práctica, se utilizan a pleno rendimiento en pocas ocasiones.

Para ello, la mejor manera de hacer que la curva sea cada día más plana es cambiar el patrón de consumo eléctrico y esto es exactamente lo que busca el Ejecutivo al dar más peso a la parte variable, al consumo, en la nueva facturación vigente a partir de junio. La gran perjudicada será la parte fija del recibo que, también a partir de esa fecha, se simplificará, que no se abaratará, para incentivar el ahorro y la eficiencia.

¿Por qué subirá la factura?

Sin embargo, la reforma obvia un elemento clave y es que la pandemia ha cambiado gran parte de nuestra anterior forma de vida. Ya no estamos en casa a la misma hora que antes ni tenemos el mismo consumo eléctrico que antes de los sucesivos confinamientos. La reforma dejará en manos del consumidor la opción de elegir cuánto y cómo consume. Eso será muy positivo, pero hay pautas o patrones de conducta que difícilmente podremos modificar, especialmente en el caso que teletrabajemos: una opción que en la práctica depende más del empleador que del trabajador. Este hecho incide directamente sobre el consumo eléctrico, precisamente a las horas con un precio mayor.

Si el teletrabajo realmente se impone, y con ello se profundizan otras tendencias como la educación a distancia o la reducción de las horas extraescolares, las horas punta podrían condicionar gran parte de la factura eléctrica o encarecer su uso en caso de que el consumidor no se amolde al nuevo horario. Dicho en plata: cocinar, lavar, estudiar o trabajar pueden convertirse ahora en actividades reservadas para los más pudientes en función de la hora a la que elijamos hacerlo.

De esta manera, sólo aquellos que se ajusten al nuevo método podrán ahorrar en su factura, aun a costa de tender la ropa limpia a altas horas de la madrugada o sacrificar horas de sueño para planchar. Tener la libertad de hacer lo que uno quiera cuando quiera será un lujo por obra y gracia del contador inteligente que habita en los bajos de nuestros edificios.


Quiénes somos La Información. 

La deuda pública, una estafa piramidal para nuestros hijos y nuestros nietos

 Miguel Córdoba 18 mayo 2021, 23:47


Una de las cosas más importantes de la gestión política y social es el establecimiento de un adecuado modelo de estado, en el que los ciudadanos conozcamos cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones, y en el que se respete a los demás como quisiéramos que se nos respetase a nosotros.

Uno de los pilares sobre los que debe descansar una democracia es el denominado pacto intergeneracional, según el cual cada generación debe gastar como mucho lo que genera, a fin de no consumir lo que hubieran generado las generaciones anteriores y lo que está por generar por las siguientes.

Esto ha ocurrido más o menos durante bastantes décadas, y siempre se había dicho que los hijos vivirían mejor que sus padres…, hasta ahora. En España, desde hace dos décadas, parece que los políticos sólo piensan en el cortoplacismo de los votos, en mantener el puesto de amigos, familiares y gente de carné, y en mantenerse en el poder como sea. Para ello, necesitan de una fuente permanente de ingresos que, hasta el año 2015 estaba limitada a los mercados financieros, pero que el Sr. Draghi, por entonces presidente del todopoderoso Banco Central Europeo (BCE), decidió hacerla permanente “para salvar el euro”. Y desde entonces, España no hace otra cosa que emitir deuda pública, que adquiere el BCE con un dinero que se inventa en sus cuentas, y que permite que España siga pagando los salarios de sus funcionarios y las pensiones de sus jubilados, no porque genere esos ingresos su actividad productiva, sino porque se lo presta un prestamista que no analiza el riesgo de sus préstamos.

De los que podríamos denominar “cuatro jinetes del apocalipsis financiero español” (deuda, déficit, desempleo y pensiones), probablemente el primero sea el más peligroso a corto plazo. La evolución de la deuda pública española desde que empezó la denominada crisis financiera, y de cómo han influido los cambios de gobierno, ha sido la siguiente:


Podemos observar que en este corto período de tiempo cada español ha pasado de tener una deuda de 8.423 euros a tener una deuda de 28.417 euros (más del triple en tan solo 13 años), y subiendo. Esta enorme masa de deuda ha pasado de representar poco más del 35% del Producto Interior Bruto (PIB), a suponer casi el 120% del PIB en 2020 (también más del triple en 13 años). 

Teniendo en cuenta que en ese mismo período el PIB tan solo creció un 4,29%, la situación no pinta nada bien (crecer al 4% e incrementar el endeudamiento en un 337% no hay economía que lo resista). Además, vemos que los tres presidentes del Gobierno de este período han estado rivalizando por ver cuál de ellos emitía más deuda, y que Rajoy le ganó a Zapatero por un cuerpo, al emitir más de 400 millardos en sus casi seis años de Gobierno (¿”milagro económico del PP”?, dixit), y que Sánchez lleva ya la mitad que Rajoy, pero todo se andará.

Sí, ya sé que el resto de los países europeos también sufrieron la crisis financiera y luego el covid; ahora bien, ¿les ha afectado de la misma manera? Veámoslo, comparándolo con los 19 países de la eurozona (UEM), los 27 de la Unión Europea y los 38 de la OCDE:



Podemos observar que España está 20 puntos por encima de la Zona Euro en la ratio Deuda Pública sobre PIB, y 28  puntos sobre la media europea; asimismo más de dos puntos sobre la media de la OCDE (teniendo en cuenta que hay países como Japón que tienen un endeudamiento del 266% de deuda sobre PIB). Por tanto, la situación de España es cuando menos preocupante, y todavía nos queda ver lo que va a ocurrir en el año 2021 con el 'efecto covid' (en marzo de este año, la deuda pública ha batido récord al rozar 1,4 billones de euros y alcanzar el 125,3% del PIB). Comparando con algunos países del entorno español:



Vemos que, en Europa, España está por debajo de Grecia, Italia y Portugal, como ha venido siendo tradicional, pero está muy por encima de otros países como Alemania, Holanda e Irlanda, a pesar de que este último sufrió un rescate hace 10 años. Probablemente, es más preocupante la velocidad de crecimiento de la deuda, medida por la ratio anterior, la cual podemos observar en el siguiente cuadro:



España se ha comportado peor que cualquier otro país de su entorno en los 13 años que han mediado entre el inicio de la crisis financiera y la actualidad. Merece la pena destacar el caso de Alemania que, covid incluido, no ha llegado a incrementar un 10% su ratio de deuda en estos trece años, mientras que el incremento español ha sido del 235%. La pregunta que se hacen los analistas europeos es hasta dónde puede llegar esa ratio de endeudamiento, puesto que Italia, por ejemplo, lo ha incrementado en un 56%, y es uno de los países más problemáticos, junto con Grecia; pero en Italia el endeudamiento no crece al inusitado ritmo español.


El otro aspecto que debería preocupar a los insignes políticos españoles es la apetencia por la compra de deuda pública española. En el cuadro siguiente podemos ver quiénes son los propietarios de dicha deuda:



Vemos que quienes compran deuda pública española en los últimos años son básicamente el BCE y los inversores extranjeros, y que el sector bancario español ha estado siempre teniendo entre el 32% y el 40% de toda la deuda pública emitida.

Sin embargo, ni empresas ni particulares tienen títulos emitidos por el Estado español; apenas 2.500 millones de euros en la actualidad, mientras que los inversores extranjeros, sobre todo fondos de inversión y de pensiones poseen casi el 44% de la deuda, lo que hace que España dependa absolutamente de los mercados y, por tanto, de su prima de riesgo, para poder cubrir sus necesidades de financiación. El BCE va a seguir comprando, al menos este año 2020, pero si los inversores extranjeros se pusieran a vender deuda española, la prima de riesgo subiría como en los tiempos de Rajoy, y se produciría un gravísimo problema en las finanzas españolas.

hecho de que los españoles no quieran comprar deuda pública de su país es un hecho muy singular en el contexto europeo. Podemos considerar que Italia es un país similar a España en idiosincrasia y cultura financiera (con todo lo negativo que esto supone por la ausencia de dicha cultura). Pero si comparamos la estructura de los dos países, vemos que la dependencia de España del exterior en 14 puntos mayor que la de Italia. Por el contrario, los bancos italianos superan en más de siete puntos a los bancos españoles como propietarios de títulos soberanos, lo cual, aunque es malo en ambos casos para la supervivencia de las entidades financieras (recordemos el caso de Islandia hace 10 años), es claramente peor en la banca italiana que, como es bien sabido, está, en general, bastante peor que la banca española:


En cualquier caso, España va a seguir en la senda de fuerte crecimiento de su endeudamiento durante 2021 y probablemente durante los años siguientes. El BCE seguirá comprando deuda a través del Banco de España, al menos durante este año, pero no está tan claro que lo vaya a hacer en los años siguientes, y tenemos que añadir 70.000 millones de euros adicionales del préstamo europeo (la mitad de los 140.000 millones acordados) para modernizar el modelo productivo español. Por ello, no es de descartar que la ratio de deuda sobre PIB vaya a llegar a los niveles actuales de Italia (156%), con un modelo productivo, basado en la “cerveza” y el “ladrillo”, con bastante menor capacidad de reacción que el homónimo italiano, que cuenta además con la ventaja de tener un gobierno de gestores y profesionales, en vez de un gobierno de ideólogos, como nos pasa a nosotros.

Por consiguiente, el futuro de hijos y nietos está en entredicho, y no precisamente por el bajísimo índice de natalidad del que adolece España, sino por el hecho de que se han incumplido completamente las máximas del denominado pacto intergeneracional, y no es de recibo el que la generación actual esté gastándose el patrimonio de las generaciones posteriores para tratar de mantener un Estado del Bienestar ficticio.

Los políticos españoles tendrían que ser valientes y decirles a los ciudadanos que están viviendo por encima de sus posibilidades, y que es preciso que la sociedad española se aprete el cinturón (dando ejemplo con una disminución del tamaño de las Administraciones Públicas) para tratar de equilibrar las cuentas públicas. Si los políticos españoles siguen con el populismo barato que caracteriza sus discursos y permanecen ciegos a la peligrosa deriva que están tomando deuda y pensiones, no quedará más remedio que permitir que los “hombres de negro” intervengan la economía española, y todos sabemos lo que eso significaría.

 Miguel Córdoba es profesor de Economía Financiera de la Universidad CEU-San Pablo desde hace 33 años y ha sido director financiero de varias empresas del sector privado.

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jueves, 31 de diciembre de 2020

Desarrollo tecnológico y empleo: la transformación industrial que necesita España

Por Merca2.es -30/12/2020

La refinería de Repsol en Cartagena acogerá la primera planta de biocombustibles avanzados de España.


Cambio. Esta es la palabra que define de manera más acertada la situación del sector energético español y su industria, que llevan años dando los pasos necesarios para evolucionar hacia un modelo más sostenible. Pero hay que dar un impulso más. El siguiente reto es impulsar una transformación industrial que permita avanzar de forma decidida hacia el objetivo de cero emisiones netas y que, al mismo tiempo, contribuya a la reactivación de la economía española.

El mejor ejemplo lo encontramos en la industria del refino que, con su conocimiento y experiencia, está contribuyendo de forma decisiva al desarrollo de tecnologías para afrontar con éxito la transición energética.

Este sector apuesta por un modelo energético híbrido que integre todas las opciones tecnológicas existentes y combine la electrificación con el uso de productos neutros en carbono. La utilización de estos productos, entre los que destacan los biocombustibles avanzados o los combustibles sintéticos, será clave por ejemplo, para descarbonizar sectores difíciles de electrificar, como ocurre con algunos usos industriales, el transporte por carretera de mercancías a larga distancia, el sector marítimo y la aviación.

Además, este modelo energético híbrido hará posible el desarrollo de nuevos proyectos industriales ligados a la descarbonización, que permitirán aprovechar las fortalezas tecnológicas y la capacidad de innovación del sector del refino en España, y pueden contribuir a la creación de nuevos empleos en un sector que ya da trabajo a 200.000 personas en España de manera directa o indirecta, puestos que se caracterizan por su alta cualificación, con salarios por encima de la media y más estables.

En este sentido, hay casos concretos, como el de Repsol, que tiene previsto seguir evolucionando sus refinerías para transformarlas en hubs multienergéticos, capaces de utilizar materias primas recicladas, generar productos de baja, nula o incluso negativa huella de carbono y desarrollar nuevos modelos de negocio basados en la digitalización y la tecnología.

IMPULSO E INNOVACIÓN EN CUATRO PILARES

Repsol, que se ha fijado como objetivo ser cero emisiones netas en 2050, lleva tiempo trabajando para transformar sus complejos industriales en instalaciones cero emisiones netas. La columna vertebral de este proceso descansa sobre la eficiencia energética, una de las palancas fundamentales para reducir las emisiones y la intensidad energética del sector del refino La compañía lleva años implementando procedimientos de gestión energética y mejora de la eficiencia y entre 2021 y 2025 tiene previsto invertir más de 400 millones de euros para reducir 800.000 toneladas de CO2 anuales.

El segundo eje de la transformación del sector es la economía circular. Las refinerías de Repsol, por ejemplo, ya se están adaptando para utilizar residuos de diferentes orígenes como materias primas y convertirlos en productos (combustibles y materiales) neutros en carbono. La energética prevé tratar hasta cuatro millones de toneladas anuales de residuos urbanos, agrícolas, forestales o de la industria agroalimentaria, entre otros.

Además de realizar modificaciones en sus instalaciones actuales, la energética cuenta con varios proyectos industriales punteros en marcha. Uno de ellos es la construcción de una planta de biocombustibles avanzados en su refinería de Cartagena, que utilizará residuos para fabricar 250.000 toneladas al año de hidrobiodiésel, biojet, bionafta y biopropano. La planta tendrá una inversión estimada de 188 millones de euros, estará operativa en 2023 y será la primera en España dedicada a la fabricación de este tipo de biocombustibles, que pueden utilizarse en los motores actuales de aviones, camiones o coches. Los biocombustibles producidos en la refinería de Cartagena permitirán una reducción de 900.000 toneladas de CO2 anuales, lo que equivale aproximadamente a la absorción de CO2 de un bosque con una extensión similar a 180.000 campos de fútbol.

Otro de los proyectos de Repsol vinculados a la economía circular consiste en la construcción en el puerto de Bilbao de una planta de generación de gas a partir de residuos urbanos, que se empleará para sustituir parte del consumo de combustibles tradicionales que la refinería de Petronor, una de las de mayor capacidad de España, utiliza en su proceso productivo. En una primera fase, esta planta podrá procesar unas 10.000 toneladas al año de residuos urbanos generados en la propia ciudad.

residuos-urbanos

Los residuos serán una de las principales materias primas de las refinerías del futuro.

En otro ejemplo práctico de economía circular, Repsol utilizó el pasado verano materia prima de origen vegetal para fabricar en su Complejo Industrial de Puertollano el primer lote de keroseno con biojet para el mercado español, formado por 7.000 toneladas de combustible. Su uso evitará la emisión de 440 toneladas de CO2 a la atmósfera, el equivalente a 40 vuelos Madrid-Barcelona.

Por lo que respecta al tercer vector de la transformación del sector, ‘trending topic’ del entramado energético en estos momentos, el hidrógeno renovable coge ritmo. Repsol producirá este hidrógeno con nuevas tecnologías, como la electrólisis de agua a partir de electricidad renovable o la fotoelectrocatálisis a partir de energía solar, aunque también puede utilizar el proceso convencional pero cambiando la materia prima fósil por una materia de origen bio, como puede ser un biometano. Repsol se ha planteado como objetivo ser líder en hidrógeno renovable en la Península Ibérica, para alcanzar en 2025 una producción equivalente de 400 MW y superar 1,2 GW en 2030.

Por último, las tecnologías de captura, utilización y almacenamiento de CO2 (CCUS, por sus siglas en inglés) serán también parte fundamental de las refinerías del futuro. El CO2 capturado puede utilizarse como materia prima en un amplio abanico de oportunidades, que van desde la formulación de polímeros a la obtención de combustibles sintéticos con cero emisiones netas. Repsol, por ejemplo, va a construir en Bilbao una de las mayores plantas de combustibles sintéticos del mundo, a partir de hidrógeno renovable y CO2 capturado en la cercana refinería de Petronor. la única de la Península Ibérica y una de las pocas de Europa que ha integrado este tipo de procesos.

Todos estos proyectos confirman al sector del refino como uno de los principales motores de la actividad industrial española. Sus planes para convertir las refinerías en instalaciones cero emisiones netas, capaces de tratar todo tipo de residuos, no solo ayudarán a cumplir los objetivos de descarbonización fijados por la Unión Europea, sino que pueden tener un papel clave en la necesaria reactivación de la economía del país.



sábado, 26 de diciembre de 2020

¿Demasiadas esperanzas en el coche eléctrico?

  • BP quiere producir hidrógeno verde a escala industrial en una refinería alemana, y lo hará gracias al viento
  • La UE quiere un estándar común para la fabricación de baterías de coches eléctricos y plantar cara a China. 
  • Carburantes sintéticos: qué son y cuáles son los pros y contras de esta 'gasolina verde'

23 Diciembre 2020 MARC FORTUÑO BlogSalmon


Ante el reto que supone el cambio climático, una de las vías para combatirlo es la sustitución de los coches propulsados a través de combustibles fósiles por vehículos eléctricos. De hecho, la Unión Europea tiene como objetivo alcanzar los 30 millones de vehículos de cero emisiones en sus carreteras para el año 2030,y así conseguir alejar a los países del transporte basado en los combustibles fósiles.

Pero el tema es mucho más complejo de lo que inicialmente pueda parecernos y puede que las esperanzas depositadas en el vehículo eléctrico sean más bien poco realistas.

En un análisis preliminar tenemos que el transporte representa casi un cuarto de las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE y casi el 30% de las emisiones de CO2, el 72% de las cuales provienen del transporte por carretera.

El problema es que de quedarnos en ese análisis preliminar, estaríamos contando únicamente las emisiones del vehículo en funcionamiento pero no las emisiones del proceso productivo, la vida útil y el reciclaje tras su finalización. Con esa visión más amplia y, tal y como afirma el estudio el instituto alemán IFO, la introducción de vehículos eléctricos no necesariamente conduce a una reducción de las emisiones de CO2 del tráfico.

El estudio está centrado específicamente en Alemania y, valorando el mix energético actual de Alemania y la cantidad de energía utilizada en la producción de baterías, las emisiones de CO2 de los vehículos eléctricos a batería son, en el mejor de los casos, ligeramente más altas que las de un motor diésel o mucho más altas según las circunstancias analizadas.

Sus conclusiones son que realmente con el coche eléctrico se consigue unas emisiones de CO2 entre un 11 y un 28 por ciento frente a sus homólogos del diésel.

En este estudio se establece una comparativa de la producción de dióxido de carbono de un Tesla Model 3 (eléctrico) y un sedán Mercedes C220d (diésel). El Mercedes liberaría aproximadamente 141 gramos de dióxido de carbono por kilómetro conducido, incluido el carbono emitido para perforar, refinar y transportar su combustible. Por su parte, el Tesla libera entre 156 y 181 gramos, incluyendo la producción de baterías.

En este caso se valora todas las emisiones del Tesla. Es decir, la extracción y el procesamiento del litio, el cobalto y el manganeso que se utilizan para las baterías consumen mucha energía. Si una batería del Tesla Model 3 supone entre 11 y 15 toneladas métricas de dióxido de carbono, dada una vida útil de la batería de 10 años y una distancia de viaje anual de 15.000 kilómetros, se emiten entre 73 y 98 gramos de dióxido de carbono por kilómetro.

El problema del suministro y reciclaje de las baterías

Parece que se quiera dejar fuera de la ecuación que la gran problemática del vehículo eléctrico reside en sus baterías, ya que dependen del suministro de metales como el cobalto y el litio, que actualmente se importan a la UE.

Además, está por ver si ante la demanda prevista, existirá una industria extractiva de estos componentes lo suficientemente amplia y eficiente para su explotación y, una vez finaliza su vida útil, una segunda empleabilidad de las baterías o la extracción de sus componentes y, sobre todo todo el coste vinculado.

Hoy reciclar no es rentable. Las baterías se pueden reciclar esencialmente con el proceso de fundición, recuperación directa y otros procesos. Tras su fundición, el litio es un subproducto mixto y extraerlo es complicado y caro. Si por ejemplo el coste de reciclar completamente una batería de iones de litio es de aproximadamente 1 euro por kilogramo, el valor de los minerales en bruto recuperados del proceso no supone ni un tercio.

Dicho de otro modo, recuperar las baterías supone que el coste de extracción de litio de baterías viejas es que hasta 5 veces más caro que el litio extraído. No sería extraño que esto suponga otro tipo de contaminación, una la acumulación de montañas de baterías.

Si verdaderamente se desarrolla fuertemente el coche eléctrico, el destino de millones de baterías usadas que alimentan estos vehículos se convertirá en un problema ambiental urgente. El problema no queda muy lejos de nuestros días, se estima que para el 2025, los vehículos eléctricos e híbridos representarán el 90% del mercado de baterías.

El dirigismo del Estado en favor del coche eléctrico

Europa lo está apostando a la carta del coche eléctrico. Parece que no haya visión de error y ya están desplegando un arsenal de medidas para incentivar su compra sin valorar otras opciones.

Para tratar de salvar la brecha de costes entre los vehículos eléctricos y los automóviles convencionales, los gobiernos ofrecen determinados incentivos a los consumidores en forma de subsidios, exenciones fiscales para compra y el funcionamiento de los vehículos o acceso preferencial o gratuito a cierta infraestructura vial. Al mismo tiempo, se está castigando al gasóleo vía incrementos de impuestos especiales.

También tenemos beneficios de estacionamiento que se aborda por parte de los gobiernos locales. Al mismo tiempo se esta tratando de forzar el despliegue de la infraestructura de recarga -a nivel público y opciones de recarga en el hogar y en el lugar de trabajo- cuyo objetivo es mejorar los niveles de accesibilidad de los propietarios de vehículos eléctricos para las recargas.

Además de las medidas fiscales y la infraestructura de recarga, también se están desplegando más ampliamente muchas actividades de información adicional y de planificación de la acción local. Para aumentar la conciencia sobre los vehículos eléctricos, las campañas publicitariaa son medidas comunes a nivel local o nacional.

miércoles, 23 de diciembre de 2020

MEDIDAS DE APOYO AL SECTOR TURÍSTICO

ASUNTO: MEDIDAS DE APOYO AL SECTOR TURÍSTICO  

El BOE de hoy ha publicado el Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria:  

BOE

  Se reproduce nota del Consejo de Ministros celebrado ayer:  

 
El Consejo de Ministros ha aprobado un Plan de Refuerzo para la hostelería, el turismo y el comercio con nuevas medidas que pretenden aliviar la situación de empresas y autónomos relacionados con estas actividades y atender sus costes fijos como los salarios, arrendamientos o pago de impuestos, entre otros, para permitir que puedan mantener su viabilidad y no se vean abocados al cierre como consecuencia de la pandemia.  

Se trata de una batería de medidas necesarias para unos sectores muy castigados por la pandemia y que necesitan más protección para que puedan mantener su actividad y el empleo. Era un compromiso de este Gobierno y lo hemos cumplido para no dejar a nadie atrás. Las medidas que aprobamos hoy refuerzan las ya existentes como los ERTEs, donde incorporamos nuevos sectores hiperprotegidos - como restaurantes y puestos de comidas - y creamos una nueva línea ICO para estos sectores con avales públicos del 90%. También hay nuevas medidas como rebajas fiscales, aplazamientos de deudas tributarias y cotizaciones a la seguridad social. Destacan también las medidas para reducir la carga de los alquileres que se aplican tanto a grandes tenedores como al resto de arrendadores, incorporando en este último caso incentivos fiscales. En definitiva, el Gobierno aprueba un nuevo paquete de medidas para garantizar la supervivencia de las empresas y mantener el empleo en sectores estratégicos para nuestro país. Un plan que complementa además las ayudas que han ido aprobando diferentes comunidades autónomas y ayuntamientos, que también pueden reforzar en el marco de sus competencias, ya que con ello conseguiremos mayor protección para los sectores que más lo necesitan.  

 Las medidas contenidas en el Plan se dividen en cinco grandes bloques:  

 Bloque 1.- Medidas dirigidas a arrendamientos de locales de negocios.  

 En el caso de que el arrendador sea un gran tenedor (10 o más locales) si las partes no llegaran a un acuerdo, el arrendatario podrá optar entre las siguientes alternativas: 

 A.- Una reducción del 50% de la renta arrendaticia durante el tiempo que dure el estado de alarma, sus prórrogas, y hasta un plazo máximo de cuatro meses adicionales a contar desde la finalización del estado de alarma.  

B.- Una moratoria en el pago de la renta arrendaticia durante el tiempo que dure el estado de alarma, sus prórrogas y hasta un plazo máximo de cuatro meses adicionales a contar desde la finalización del estado de alarma. El pago aplazado de las rentas se podrá realizar durante un periodo de dos años a contar desde la finalización de la moratoria.  

 El número potencial de locales beneficiarios serían 190.000, de los que 33.000 corresponderían a locales relacionados con el turismo y 157.000 a locales comerciales.  

 Para el resto de arrendadores de locales, se establece un incentivo fiscal con el que se pretende que las personas físicas que alquilan los locales en los que se desarrollan determinadas actividades económicas vinculadas al sector turístico, la hostelería y el comercio acuerden voluntariamente rebajas en la renta arrendaticia correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2021, permitiendo computar como gasto deducible para el cálculo del rendimiento del capital inmobiliario la cuantía de la rebaja de la renta acordada durante tales meses. Este incentivo tiene un coste estimado de 324M€ y permite deducir hasta el 100% de la cuantía del alquiler mensual en el caso que el arrendador rebaje toda la renta. Se estima que 323.701 arrendadores se pueden acoger a la medida  

 Bloque 2.- Medidas de liquidez y solvencia.  

 La primera es la ampliación en la carencia de los préstamos avalados por las líneas ICO y por las sociedades de garantía recíproca de las distintas comunidades autónomas con reafianzamiento de CERSA, así como de su periodo de amortización, medida aprobada el pasado 24 de noviembre en Consejo de Ministros. En concreto, se instrumentó la ampliación por un año adicional de la carencia para la devolución de los prestamos ICO, siempre y cuando la carencia total no supere los 24 meses, y de los avales de las SGR con reafianzamiento de CERSA, así como del periodo de amortización, en un máximo de 3 años, sin poder superar los 8 años el vencimiento total de la operación. Esta medida va a beneficiar a más de 256.000 empresas del sector turístico, hostelería y comercio y supone una reducción del esfuerzo financiero como consecuencia del aplazamiento en la devolución del principal e intereses de los préstamos avalados por el Estado.  

 La segunda es la creación de un nuevo tramo de la línea de avales del ICO aprobada en el Real Decreto-ley 25/2020, para pymes y autónomos del sector turístico, hostelería y actividades anexas dotada con 500M€ y con hasta un 90% de garantía. Esta línea permitirá obtener financiación a empresas muy afectadas por el COVID-19 como las agencias de viajes, el transporte discrecional y el sector alojativo al incrementarse la garantía pública de los avales en 10 puntos respecto a la línea ICO COVID-19 

 Por otro lado, las agencias de viaje y operadores turísticos y los servicios de reservas podrán utilizar la financiación avalada por el ICO para la devolución de los anticipos de clientes por viajes combinados y derechos de resarcimiento.  

 Por último, dentro de este bloque de financiación, se propone la creación de una Sociedad de Garantía Recíproca de carácter exclusivamente turístico que tiene como finalidad facilitar el acceso a la financiación mediante garantías. Su capacidad para inyectar liquidez es del 700% de su capital.  

 Bloque 3.- Medidas tributarias.  

 En primer lugar, se aprueba una nueva edición del aplazamiento de deudas tributarias que se reguló por el Real Decreto-ley 7/2020, que permite aplazar durante 6 meses, con 3 de carencia de intereses, previa solicitud, deudas tributarias correspondientes a declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde el día 1 de abril hasta el día 30 de abril de 2021, ambos inclusive, de modo que en lugar de ingresar en abril se ingresarían las deudas en octubre. De esta forma se evitan las posibles tensiones de tesorería que puedan experimentar las pymes y autónomos. El importe potencialmente aplazado ascendería a unos 2.668 millones de euros. El número total de personas beneficiadas por los aplazamientos sería de unos 617.000 contribuyentes, de los cuales unos 92.000 son de la HORECA (hostelería y restauración) y 68.000 contribuyentes son de comercio al por menor.  

 Otra medida tributaria que recoge el plan es aumentar la reducción en la tributación por el sistema de módulos en el IRPF del 5% actual al 20% con carácter general para el año 2020. Sin embargo, para los sectores que se han visto más afectados por las medidas adoptadas para combatir la COVID-19, como es el caso de la hostelería, el comercio y el turismo, esa reducción en la tributación por módulos llegará al 35%. Esta medida se aplicará para el cuarto pago fraccionado de 2020 y para el primer pago de 2021. De hecho, las reducciones del 20% con carácter general y del 35% para el turismo, la hostelería y el comercio, también se aplicarán en la tributación del régimen simplificado del IVA correspondiente a la cuota devengada de 2020 y a la primera cuota trimestral de 2021. El importe estimado de la reducción del IRPF o el IVA ascendería a 117 M€. El número de beneficiarios de esta medida para el sector turístico y comercial es de 132.000 contribuyentes.  

 Otras medidas tributarias es la reducción del número de períodos impositivos afectados por la renuncia al método de estimación objetiva en el IRPF; la exención prevista para las retribuciones en especie del servicio de comedor de empresa, aplicable el consumo de comida tanto en delivery como take away; la deducibilidad de pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de las posibles insolvencias de deudores y la reducción del plazo que las cantidades adeudadas por los arrendatarios tengan la consideración de saldo de dudoso cobro. 

 Bloque 4.- Medidas laborales y Seguridad Social.  

 Se extienden las exenciones previstas en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 30/2020 de medidas sociales en defensa del empleo a determinados sectores económicos a los siguientes subsectores que pasan a ser hiperprotegidos: comercio al por mayor de bebidas, restaurantes y puestos de comidas, establecimientos de bebidas, y actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales.  

 Esta medida se aplica los meses de diciembre de 2020 y enero de 2021 y su prorroga se determinará en el nuevo acuerdo social que se está negociando con sindicatos y patronal para el conjunto de sectores protegidos por los ERTE.  

 Otra medida recoge el aplazamiento en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social. Se trata de una extensión de la medida adoptada en el RDL 11/2020. Esta medida se ha incluido en la Ley de PGE 2021 y se podrán beneficiar empresas (cuotas devengadas entre diciembre de 2020 y febrero de 2021) y autónomos (cuotas devengadas entre los meses de enero a marzo de 2021). El tipo de interés de los aplazamientos será del 0,5% y el impacto ascenderá a 205 millones de euros.  

 En el ámbito de la Seguridad Social, las empresas dedicadas a actividades encuadradas en los sectores de turismo, comercio y hostelería, podrán aplicar una bonificación del 50% de las cuotas a la Seguridad Social para la contratación de fijos discontinuos de abril a octubre de 2021. El coste será de unos 73 millones de euros.  

 Bloque 5.- Medidas regulatorias.  

 Se flexibilizan los requisitos para el mantenimiento de los incentivos regionales. Los incentivos regionales son ayudas financieras que concede el Gobierno a la inversión productiva para fomentar la actividad empresarial, orientando su localización hacia zonas determinadas. Consisten en subvenciones a fondo perdido y tienen como objetivo paliar los desequilibrios interterritoriales. Se estima que esta medida beneficiará a unos 615 proyectos de inversión empresarial que se encuentran actualmente en vigor o en fase de mantenimiento del empleo y/o las inversiones, con una subvención total asociada de más de 740 millones de €, de los que en torno a un 40% se corresponden con ayudas al sector turístico.  

 También se amplía la moratoria para presentar concurso de acreedores.  

 Por último, se establece un régimen transitorio de las zonas de gran afluencia turística para 2021. La pandemia ha provocado la caída de turistas, por lo que las zonas no cumplirían los criterios establecidos. Por ello, no resultarán de aplicación los datos referidos al año 2020 sobre habitantes, pernoctaciones y cruceristas en puertos en los que operen cruceros turísticos. Se utilizará la media de los tres años anteriores.”