En casi cinco años, la Sociedad Pública del Alquiler cumple a duras penas la mitad de sus objetivos y a un precio muy caro
Finanzas.com. 11/03/2010 - 07:42 - JOSÉ JIMÉNEZ
El bagaje de la SPA: 222 pisos alquilados al mes y a un coste de 2.251 euros cada uno
La Sociedad Pública de Alquiler (SPA) no tiene un bagaje global que le permita sacar pecho. En sus casi cinco años de funcionamiento ha cerrado 12.884 contratos de alquiler, lo que da una media de 222 pisos por mes. Teniendo en cuenta los 29 millones de euros que habría perdido hasta el año pasado, el resultado es que cada inmueble gestionado por el organismo ha costado a las arcas públicas 2.251 euros mensuales.
Creada a mediados de 2005, la SPA contabilizó pérdidas en sus tres primeros ejercicios de 14,7 millones de euros, mientras que en 2008 perdió 8,6 millones de euros. Aún no se conoce el dato definitivo del año pasado, pero según las estimaciones que maneja el portavoz de Vivienda del Partido Popular en el Congreso, Pablo Matos, los números rojos se irían por encima de los 6 millones de euros. En total, el agujero superaría los 29 millones de euros.
La finalidad de esta sociedad es dinamizar “un mercado marcado por el importante número de viviendas desocupadas”, según explicó el Ministerio de Vivienda el día de su puesta en marcha, el 8 de abril de 2005. Y su objetivo inicial consistía en movilizar para el alquiler 25.000 viviendas entre 2005 y 2009. Cinco años después, llega por los pelos a la mitad de esa cantidad.
También se pretendía que la SPA alcanzara en esos cuatro años su punto de equilibrio financiero, de forma que fuese rentable y estuviese en condiciones de gestionar el 1% del mercado del alquiler español. Pero el soñado ‘breakeven’ mutó en pérdidas de 23,3 millones a finales de 2008.
Como el agujero era superior a los 20 millones aportados inicialmente como capital social, el gabinete que ya dirigía Beatriz Corredor se vio obligado a inyectar más fondos para equilibrar su situación patrimonial a través de la Entidad Pública Empresarial del Suelo (SEPES): en concreto, fueron 8,5 millones de euros en 2008 que se suman a los 4,8 millones aportados en 2007, y computan una ayuda conjunta de 13,3 millones de euros. En total, contando con los 20 millones iniciales, más de 33 millones inyectados en dinero público.
El portavoz de Vivienda del grupo parlamentario Popular en el Senado, José Manuel García Ballestero, indicó a Finanzas.com que su grupo ha pedido en varias ocasiones la supresión de la SPA por el fracaso financiero que ha supuesto y por la escasa rentabilidad demostrada. Así, a juicio del parlamentario, la incidencia del organismo en el mercado del alquiler “es nula” si se hace un análisis global.
García Ballestero calificó como “análisis simplista” la información difundida hace un par de días por el Ministerio de Vivienda, y en la que se indicaba que la SPA cerró 453 contratos de arrendamiento en febrero, casi el triple de los 155 firmados en el mismo mes del año pasado. Mientras que el gabinete dirigido por Corredor hablaba de “un ascenso considerable en la gestión de la SPA”, el senador apunto que el grupo Popular siempre ha defendido una “gran reforma inmobiliaria” para dotar de mayor protección jurídica a los propietarios de la vivienda.
Para Matos, la necesidad de suprimir la SPA se hace más palpable en estos momentos en que el déficit público “es brutal” y aprieta aún más las arcas del Estado. El diputado, quien reconoció a este portal tener la esperanza de que el Gobierno liquide la SPA –tanto la Cámara Alta como la Baja han aprobado propuestas no de Ley en este sentido- apuntó, además, que “es innecesaria” porque ya muchos ayuntamientos tienen agencias de alquiler.
Lo cierto es que la SPA funciona a medio gas y con fuertes dosis de dinero público. La cifra –sumando capital inicial más ayudas- es de 33 millones de euros, pero eso sin contar un crédito participativo de 6,5 millones de euros concedido por la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), cuyo resultados engloban desde el año pasado las cuentas de la SPA. Esta cantidad no tiene efectos contables para la reducción de pérdidas acumuladas, aunque sí supone de hecho un coste financiero cuyos intereses tendrá que abonar el organismo.
A un ritmo de 222 pisos alquilados por mes, no parece muy descabellado pensar que la SPA está lejos de gestionar el 1% el mercado español del alquiler, pese a que tenga sus cuentas equilibradas gracias al erario público. Según un reciente informe de la consultora Forcadell, el mercado experimentó una expansión de dos puntos porcentuales entre 2007 y 2008, crecimiento, explican, “que desde el Ejecutivo interpretan como una mejora de la confianza de los propietarios”.
Pero desde su punto de vista, es atribuible a factores coyunturales ajenos a la acción del Gobierno. Entre ellos cita la restricción crediticia desde que estallara la crisis de las hipotecas ‘subprime’, un factor que ha imposibilitado el acceso a la vivienda en propiedad. Además, “y a pesar de la expansión del régimen de tenencia en alquiler, el año pasado sólo un 13,19% del total de viviendas principales de este país estaba arrendada, un porcentaje todavía muy alejado del promedio de la Unión Europea y a años luz del de países como Alemania, en los que se alquila más que se compra”, puntualiza la consultora.
miércoles, 10 de marzo de 2010
Los diputados complementan su sueldo con 12 pagas que no tributan
Las dietas por viajes y manutención, de hasta 2.100 euros, dependen del lugar de residencia y se suman al salario de 3.295 euros. Las perciben los 57 políticos con dedicación exclusiva.
Las Cortes celebran dos sesiones plenarias ordinarias al mes, salvo en enero, julio y agosto. Heraldo de Aragón. ESTHER CASAS N. A.M. Zaragoza
Además del salario base, 3.295,52 euros mensuales, la nómina de los diputados de las Cortes de Aragón -congelada desde 2009- se engrosa cada mes con un complemento, que no tributa, en concepto de "gastos de desplazamiento" que puede llegar hasta los 2.100 euros. Doce mensualidades que se cobran incluso en enero y julio, meses en los que no hay plenos y baja la actividad parlamentaria, y en agosto, el mes de vacaciones. A otras dietas como las de los consejos de administración de las empresas públicas sí se les aplica una retención.
Bajo el título de "indemnización" se incluyen el alojamiento, la manutención y el transporte "derivados de la actividad parlamentaria o institucional". Puede llegar hasta los 2.094,13 en el caso de los diputados rasos y a los 2.462,41 euros para los miembros de la Mesa de las Cortes. Todo depende del lugar de residencia y no es necesario justificar los gastos, por ejemplo, de alojarse una noche en un hotel para asistir al día siguiente al pleno o un desplazamiento en coche.
No obstante, este concepto solo se aplica en aquellos que tienen dedicación exclusiva, es decir, en 57 de los 67 políticos que integran el Parlamento aragonés, y se justifica como una forma de compensar "todos los desplazamientos que se realicen dentro del territorio de la Comunidad Autónoma". Según consta en el régimen económico de las Cortes, las cantidades se estipulan en tramos de 50 kilómetros, de forma que incluso los que viven en Zaragoza perciben una indemnización. Para los miembros de la Mesa (todos con coche oficial al igual que los portavoces) varían entre los 1.090,77 euros al mes para el que vive en la capital aragonesa y los 2.462,41, para el que tiene su residencia, por ejemplo, en Teruel (más de 150 kilómetros). El montante es menor en el caso del resto de los diputados: oscila entre los 798,06 y los 2.094,13 euros mensuales.
Son doce mensualidades, por lo que el sueldo de un miembro de la Mesa puede superar los 95.000 euros brutos anuales y los 70.000, en el de un diputado raso. No obstante, podría haber algunos diputados que viven en Zaragoza pero declaran el empadronamiento en su localidad de origen para percibir una cantidad mayor por este concepto, según fuentes parlamentarias.
Además, hay más complementos en función del cargo. En este caso no es una cuestión de distancia la que marca la cantidad, sino que es la decisión del grupo parlamentario la que beneficia a un diputado o a otro económicamente. Existen cuantías específicas por ser miembro de la Mesa, fijadas según el lugar que se ocupa en el escalafón (presidente, vicepresidente primero, vicepresidente segundo, secretario primero o secretario segundo), por "la atención a la actividad". La segunda cantidad siempre es menor que la primera, salvo en el caso del presidente que es mayor.
De esta forma, los salarios brutos anuales (sin contar gastos de desplazamiento) se sitúan entre los 91.770 euros del presidente Francisco Pina (cobra 1.400 más que Marcelino Iglesias); los 67.421 de la vicepresidenta primera, Mayte Pérez; los 66.676 del vicepresidente primero, Miguel Ángel Lafuente; los 64.995 de la secretaria primera, María Herrero; o los 63.409 de la secretaria segunda, Ana María Grande.
Por razón del cargo también tienen un plus los portavoces de los cinco grupos parlamentarios. Su sueldo es de 67.421 euros. Asimismo tienen un complemento aquellos diputados que han sido designados portavoces de una comisión. Cobran 48.309 euros anuales.
No obstante, hay que recordar que muchos diputados ejercen otros cargos en ayuntamientos de localidades aragonesas y algunos "hacen doblete". Pero no en sueldo (es ilegal cobrar de dos administraciones), sino en otros conceptos como dietas. Hay ejemplos de diputados que han renunciado a estas contraprestaciones.
En las Cortes, además del diputado con dedicación exclusiva, ocupan escaño los que han renunciado a esta condición. Son diez: el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias; el vicepresidente, José Ángel Biel; los consejeros Javier Velasco, Alfredo Boné y Arturo Aliaga; y los diputados Javier Callau, Gustavo Alcalde, Ricardo Canals, Joaquín Salvo y Manuel Guedea.
Estos perciben un sueldo por su cargo o porque tienen otro puesto de trabajo, aunque de las Cortes ingresan 232 euros por asistencia a plenos (4 sesiones ordinarias al mes); 130, por comisiones, ponencias y otros actos parlamentarios; 54 euros, por una dieta diaria en los plenos; y 0,23 euros por kilómetro si deben trasladarse. Pero solo se puede cobrar por un acto parlamentario al día, aunque se asista a varios.
Los parlamentarios aragoneses, entre los mejor pagados de España
Perciben un mínimo de 55.713 euros, que solo superan los diputados de País Vasco, Cataluña y los dos archipiélagos. Tres autonomías bajan el sueldo a sus señorías y el resto, entre ellas Aragón, optan por congelarlo.
J. ALONSO / J. MORALES. Zaragoza/Madrid
Los parlamentarios aragoneses son unos privilegiados si se comparan sus retribuciones con las que perciben los del resto del país. De las catorce autonomías que han facilitado datos a este diario, solo los diputados de Cataluña, País Vasco y los de las islas superan los ingresos de las señorías de Aragón, que cobran como mínimo 55.713 euros brutos anuales (sumando el sueldo y la dieta mínima).
La grave crisis económica ha llevado a tres cámaras regionales, las de Galicia, Castilla-León y Madrid, a reducirse los sueldos, mientras el resto, entre ellas la de Aragón, han optado por congelarlos uno o dos años seguidos.
Cataluña
La retribución mínima asciende a 65.302 euros, ya que al sueldo fijo para todos los parlamentarios, de 43.697 euros, hay que sumar las dietas. La mínima, para los que viven en Barcelona y su área metropolitana, está fijada en 21.605 euros, que va incrementándose por tramos en función de los kilómetros de distancia del lugar de empadronamiento. El máximo, para los que viven a más de 191 kilómetros, es de 30.411.
Canarias
Los diputados de los dos archipiélagos son, junto a los de País Vasco y Cataluña, los que cuentan con unas retribuciones más altas. Tienen un salario bruto en torno a los 58.000 euros. Además, cuentan con dietas que pueden superar holgadamente los 2.000 euros mensuales. Este Parlamento fue noticia en 2008 al intentar aumentarse una paga sin que trascendiera a los medios de comunicación canarios.
Baleares
El parlamento balear ha fijado un sueldo mínimo a sus diputados de unos 52.000 euros brutos al años. En cuanto a las dietas, pueden superar los 1.800 euros al mes, según el cargo que ostente en la Cámara y la isla de procedencia, igual que sucede en Canarias.
País Vasco
El Parlamento vasco está en el grupo de las asambleas que mejor pagan a sus diputados, que llevan dos años con el sueldo congelado. En este caso, el salario mínimo que percibe un diputado es de 70.584 euros al año. Las dietas varían según sea la provincia de procedencia. Los diputados de Vizcaya cobran al año un extra de 6.516 euros, los de Álava 4.440 y los de Guipúzcoa 7.152 euros.
Castilla y León
El contrapunto lo ponen 63 de los 83 procuradores, que no están profesionalizados y perciben una indemnización de 180 euros por asistir a cada pleno o comisión, además del kilometraje, que se paga a 0,20 euros el kilómetro, la tarifa más baja de las existentes. Los cinco diputados rasos con dedicación exclusiva sí perciben más que los aragoneses, 59.388 euros. El presidente, los miembros de la mesa y los portavoces se han rebajado su sueldo entre un 16% y un 8% este año para equiparlos con los del presidente regional (en el primer caso) y con los de los consejeros (el resto).
Galicia
La percepción ronda los 53.604 euros anuales, que incluye el sueldo (2.075 euros al mes), la cuota fija por alojamiento y manutención (2.092) y los gastos de representación (300). El transporte público les sale gratis y si optan por su coche reciben 0,25 ?/km.
Navarra
Los parlamentarios con dedicación exclusiva ganan 53.124 euros, una figura introducida esta legislatura a la que se han acogido la mayoría. También los hay con dedicación parcial (39.856 euros) y que solo reciben indemnizaciones (hasta 175 euros por pleno y comisión para los que viven a más de 25 kilómetros de Pamplona y 0,31 ?/km de kilometraje).
Valencia
La retribución mínima ronda los 51.000, que incluye el sueldo base, el complemento de dedicación exclusiva y la dieta mínima, fijada por tramos como en Aragón y en Cataluña: en Valencia y entorno metropolitano, 3.538 euros anuales. Los que tienen su residencia a un máximo de cien kilómetros llega a los 7.056 euros y los que superan esta distancia, 10.584 euros.
Madrid
En esta Comunidad sus diputados autonómicos no cobran dietas sino que tienen un sistema de retribuciones aparentemente más claro. Dividen entre los diputados que tienen exclusividad, que cobran en torno a los 50.000 euros anuales, y los que no la tienen. En este caso, el sueldo es de 25.200. Lo cobran (igual que ocurre en Aragón con las dietas) los miembros del Gobierno autonómico que tienen el acta de diputados, entre otros. Por lo demás, llevan dos años con el sueldo congelado y, además, se aplicaron una reducción del 2 por ciento de su salario al inicio de la crisis económica.
Asturias
En este caso tienen gastos por manutención, que son para todos los diputados por igual. Un total de 915 euros al mes. En cuanto a los salarios, se sitúan entre los 2.990 euros al mes de los diputados con exclusividad y los poco más de 900 euros que cobran los parlamentarios que tienen una profesión diferente.
Cantabria
En este Parlamento los diputados con dedicación exclusiva ganan 32.200 euros al año, mientras el resto se quedan en 18.200 euros al año de salario bruto. En cuanto a las dietas, se sitúan en torno a los 450 euros al mes. No hay distinciones al ser una Comunidad uniprovincial.
por BF en BolsaWhis.
Al no ser latinos, a los griegos les faltaba creatividad para tener ingeniería estadística, y tuvieron que recurrir a Goldman Sachs. La panda que nos desgobierna sabe mucho más de creatividad e ingeniería estadística. Pero la realidad es simple: Los datos definitivos 2009 de la deuda pública española son: *475.402 millones el Estado, *99.800 millones las CCAA, *35.900 millones las CCLL, *197.278 millones empresas públicas estatales, autonómicas y locales, *y 35.000 millones la deuda no pagada a pymes. Total. 843.380 millones, el 81,5% del PIB. Es decir, YA es superior al límite del 60% del PIB de la UME. Y si las cosas siguen con demagogia e ignorancia, como hasta ahora, le apuesto públicamente a que nos acercaremos al 100% del PIB al finalizar este año, y superaremos el 120% en las próximas elecciones.
Esta es una horrible realidad que pronto o tarde nos va a dar disgustos MUY serios. Si a ello unimos los ya 5M de parados ... los 300.000 autónomos arruinados ... y las 140.000 empresas desaparecidas en lo que va de crisis...
PERO tenemos una realidad bursátil: nuestro Ibex35 es 55% internacional (SAN, TEF, y otros son verdaderas multinacionales con sólo 30% de riesgo spanish)...
El Gobierno fracasa con la figura del facilitar financiero del ICO
La Información. 08/03/2010 | Enrique Utrera
La figura del facilitador financiero fue anunciada en octubre del año pasado y se puso en marcha dos meses más tarde, con el objetivo de erradir la sequía credicita que asola el país. Sin embargo, los primeros pasos de este invento dejan un balance desolador: una sola operación en lo que llevamos de 2010
El 22 de octubre de 2009, el Gobierno aprobó la creación de la figura del Facilitador Financiero del Instituto de Crédito Oficial (ICO), con el encargo de recuperar las solicitudes de crédito rechazadas por los bancos y darles una segunda oportunidad.
La noticia fue recogida con un extraodinario escepticismo que, de momento, se está demostrando justificado. Desde que echó a andar este proyecto, el pasdo mes de diciembre, sólo se ha cerrado una operación. Una cifra testimonial que, desde luego, nada tiene que ver con las peticiones recibidas por el organismo oficial: cuando terminó 2009, y después de apenas tres días de actividad, los facilitadores financieros recibieron algo más de 400 solicitudes.
Según un estudio de las Cámaras de Comercio, anterior a la creación de la figura del facilitador, un 84% de las empresas que habían solicitado créditos en los tres meses anteriores encontraron muchas dificultades para conseguirlo, y a un 13% les fue denegado.
Por lo tanto, puede deducirse que la creación de esta figura sólo ha servido para demostrar que la intensidad del cerrojazo crediticio es extraordinaria y que, con o sin facilitador, la dificultad para recibir financiación sigue siendo la misma. Y, de paso, para demostrar el escaso poder de convicción que tienen entre los bancos y cajas españoles de los profesionales contratados por el ICO.
Ayuda a las pymes
La figura del facilitador financiero está dirigida hacia las pequeñas y medianas empresas (pymes) a las que sus bancos habituales han cerrado el grifo de la financiación como consecuencia de la crisis y entre sus funciones está asesorar a las compañía en el proceso para obtener un crédito.
Es decir, que el ICO no presta, sino que se limita a actuar como intermediario entre la pyme y el banco. Pero, ni las consideraciones de los facilitadores financieros son vinculantes, ni su función pasa de la de mera correa de transmisión.
A la vista de los resultados obtenidos, resulta obvio que el proyecto, con un prespuesto de 10 millones de euros hasta 2012, no ha tenido más efecto que el cosmético el día del anuncio y, por tanto, la labor de los facilitadores –según la previsión inicial iban a ser 70, reclutados entre los jubilados y prejubilados del sector bancario- puede considerarse un fracaso en toda regla.
Aunque la ministra de Economía, Elena Salgado, ha asegurado que es el momento de reforzar la actuación del ICO, tanto en su papel de financiador como de canalizador eficiente de los recursos públicos, fracasos como éste hacen que se cuestione un poco más el papel del ICO como tabla de salvación de las empresas en la peor crisis de los últimos 80 años.
martes, 9 de marzo de 2010
La banca intenta gestionar los inmuebles 'en la sombra' Expansión. Publicado el 09-03-10 , por M. Martínez
La banca no quiere pisos. Los inmuebles suponen gastos de mantenimiento, consumo de provisiones y capital, y coste de oportunidad. El sector intenta acelerar la venta de su cartera inmobiliaria, unos 50.000 millones de euros (ver gráfico), prepararse para recibir nuevos activos en los próximos meses, y tratar de contener al máximo su número.
Con este propósito, las entidades buscan vías que les permitan hacerse con el control efectivo del patrimonio de las inmobiliarias, en proceso de refinanciación de deuda o abocadas ya a una ejecución judicial.
“Hay que realizar una gestión proactiva del inmueble para no llegar a una situación irreversible”, explican fuentes financieras. “Tenemos que actuar antes de la adjudicación del activo para acelerar su venta”, remarcan. Pero este celo de la banca con la propiedad de las promotoras tiene sus riesgos, porque podría dar pie a considerar administradoras de la empresa a las entidades, con lo que perderían su derecho preferentes de cobro en caso de que la promotora declarara concurso de acreedores.
“Si se demuestra que el banco es administrador de hecho, se ha metido en un lío”, resaltan en el sector inmobiliario. “Hay algunos casos en los que determinadas entidades han traspasado la línea roja. En la renegociación del crédito nos han entregado por escrito planes de comercialización de promociones. Indican el precio al que hay que vender los pisos, que coincide con el importe de la deuda. Son documentos que guardamos cuidadosamente”, señalan fuentes del sector inmobiliario.
Con todo, la práctica más controvertida es otra. En ocasiones, la banca está imponiendo a la inmobiliaria que le otorgue un mandato irrevocable de venta de la garantía del préstamo. Con éste, las entidades tienen plenos poderes para buscar un comprador para los activos de la compañía y fijar las condiciones de la transacción.
Si el banco encuentra un inversor, la promotora no puede negarse a la venta. El sector financiero reconoce esta estrategia, pero asegura que no está generalizada por su elevado riesgo. “No dudo de que haya algún grupo que lo haga, pero serán pocos. Alguna vez lo hemos estudiado y los servicios jurídicos nos lo han quitado de la cabeza al minuto”, comentan en una entidad.
Riesgo de abandono La banca explica que uno de los motivos de su actitud proactiva con el patrimonio de las inmobiliarias es el “riesgo de abandono”. En términos generales, el sector calcula que entre el primer impago del crédito y la adjudicación legal del inmueble que garantiza el préstamo transcurren unos dos años. La crisis ha disparado los procedimientos judiciales, que sobrepasan la capacidad de gestión de la Administración pero también de los propios bancos y cajas.
Sin embargo, no actuar en ese periodo tendría claros perjuicios. Cuando una promotora percibe que puede verse forzada a ceder su patrimonio, puede frenar o no iniciar sus proyectos (autorizaciones, licencias, finalización de obras en curso...). Esta parálisis provocaría una devaluación de los inmuebles y retrasaría su futura venta por parte de la banca, que tendría que reanudar los trabajos una vez se hiciera efectiva la adjudicación.
La fórmula más controvertida es la concesión a la banca de un mandato de venta del inmueble
El coste de transmitir el activo La banca también trabaja para minimizar los gastos ligados a la transmisión de los inmuebles, que pueden suponer entre un 8% y un 10% del precio de liquidación del activo. El sector quiere, por ejemplo, reducir los costes de las adjudicaciones de ciudadanos extranjeros. “La entidad tiene que acreditar que quien transmite el inmueble tiene su residencia fiscal en España. Si no lo consigue, se le aplica una retención del 3% sobre el importe de la operación”, explican en un despacho.
Las inmobiliarias barren la tesorería Tras dos años de crisis, las relaciones entre la banca y las promotoras se han tensado sensiblemente. “Hemos hecho callo”, explican en el sector inmobiliario. En este escenario, las promotoras están realizando una “gestión activa” de su liquidez: “Antes de sentarnos a negociar, hacemos un barrido de la tesorería que tenemos en cuentas con entidades acreedoras, para llevar el dinero a una firma con la que no tenemos deudas. Supone iniciar los contactos con el enfado generalizado de las entidades”.
También se cuidan los ‘egos’ bancarios. “Hay que intentar dar un trato igualitario, que no se perciba que puede haber entidades de primera y de segunda”, apuntan fuentes inmobiliarias.
La ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, estimó hoy que la subida del IVA que se aplicará a partir de julio se trasladará sólo en un 50 por ciento a los precios, y aseguró que en el conjunto del año esta medida no tendrá efectos perjudiciales sobre la economía.
Esto supone que los comerciantes no subirán el precio de sus productos en la cuantía que resultaría de aplicar el aumento del IVA, sino que ellos mismos asumirán la mitad de ese sobrecoste.
En una entrevista en Onda Cero, recogida por Efe, Salgado explicó que, como ha ocurrido en otros países en los que se ha subido el IVA, la compra de productos duraderos, como una lavadora o un coche, se acelerará en el trimestre anterior a la subida, caerá en el trimestre de su entrada en vigor y se recuperará en el siguiente.
"En España pasará lo mismo y en la media del año -la subida del IVA- no tendrá efecto", aseguró la ministra, que rechazó la posibilidad de que el aumento de impuestos ralentice la economía a la larga porque, explicó, el contar con recursos adicionales permitirá seguir pagando las prestaciones sociales y mantener la inversión pública.
"A nadie le gusta que suban los impuestos y al Gobierno le encantaría no tener que hacerlo, pero la situación económica así lo exige", ha aseverado Salgado, quien ha afirmado que el IVA es el impuesto que menos distorsiona la economía y su subida permitirá recabar 8.000 millones de euros adicionales al año.
Tras ser preguntada por si el repunte del IVA se mantendrá una vez se recupere la economía, Salgado se ha limitado a señalar que en 2013 la presión fiscal en España será del 34%, la misma que en 2004 e inferior a la de 2007 (37%), a lo que ha añadido que los españoles pagan el segundo IVA más bajo de Europa por detrás de Luxemburgo.
La ministra ha señaladoó que su incremento no tendrá efectos perjudiciales en la economía porque, además, se producirá en un momento en el que los precios prácticamente no suben y en el que el ahorro de las familias ha crecido y por tanto pueden dedicarlo a consumir.
"Tenemos margen", ha afirmado Salgado para recordar que el aumento del IVA servirá para compensar en parte, aproximadamente en un punto, el descenso de los ingresos generados por la "burbuja" inmobiliaria, que nunca volverán a ser iguales.
No obstante, la mayor parte de la recuperación de la recaudación provendrá de la reactivación de la economía, ha considerado la ministra, quien ha descartado que el repunte del IVA vaya a conllevar un aumento del paro.
Respecto al hecho de que la subida afectará también a los parados, Salgado ha dicho que aunque éstos pagarán más impuestos podrán seguir cobrando prestaciones y ha añadido que, como "progresistas", opinan que la redistribución de la renta debe hacer más por el lado del gasto que por el de la renta.
Según lo aprobado por el Ejecutivo, en julio se elevará en 2 puntos el tipo general del IVA, hasta el 18%, en tanto que el reducido aumentará 1 punto, hasta el 8%, y el superreducido se mantendrá en el 4%.
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, dijo hoy que aconseja a los trabajadores tener un plan de pensiones que complete el sistema público, no porque éste vaya a tener problemas y no vayan a poder cobrar, sino para compensar la pérdida de ingresos que se produce al jubilarse.
Corbacho, quien reconoció que hace muchos años tiene un plan de pensiones, dijo que sobre el tema del futuro de las pensiones se ha contaminado mucho el debate y aseguró que las pensiones del sistema público están garantizadas hasta 2025, "sin hacer absolutamente ninguna modificación".
Insistió, en una entrevista en Telemadrid, en que a partir de esa fecha habrá 4 millones de pensionistas más y añadió que vamos hacia un sistema en el que la gente se incorporará más tarde al mundo laboral.
Por lo tanto, dijo, es imposible jubilarse antes, dar más pensiones y seguir cobrando lo mismo, por lo que hay que debatir sobre las medidas a tomar.
Sobre la reforma laboral, explicó que las negociaciones van "razonablemente bien" y expresó su deseo de que se alcance un acuerdo entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos.
Para el ministro, sería una acto de irresponsabilidad no lograr un acuerdo sobre la reforma laboral cuando los ocho puntos iniciales propuestos por el Gobierno fueron valorados por patronal y sindicatos.
Corbacho también dijo a quienes le piden permanentemente al Ejecutivo una reforma laboral que "a ver cuando se hace una reforma financiera" que posibilite la concesión de créditos a las pymes.
Se siente responsable de cada desempleado y espera acuerdos en el diálogo social en dos meses
Finanzas.com 09/03/2010 - 08:10 - MADRID (EUROPA PRESS)
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró hoy que la recaudación adicional obtenida por la subida del IVA entre junio y diciembre de este año permitirá pagar las prestaciones por desempleo de hasta 500.000 personas.
"Con lo que vamos a recaudar de IVA desde el mes de junio hasta final de año podemos pagar la prestación de 500.000 personas en desempleo", precisó.
Así lo indicó en una entrevista en TVE, en la que defendió la necesidad de subir el IVA a partir del verano para sanear por la vía de los ingresos las cuentas públicas, sin que ello afecte a la actividad económica.
Según argumentó, España cuenta con una presión fiscal del 30%, inferior a la media de la UE (alrededor del 38%) y un IVA de los más bajos del entorno europeo. Además, afirmó que la subida de este impuesto "es una de las vías que menos daño hace al crecimiento económico".
En este sentido, aseguró que no afecta al trabajo al no tocar el IRPF, tampoco a la actividad de las empresas, puesto que no se refiere al Impuesto de Sociedades, y tampoco perjudica a las exportaciones.
Por otro lado, Zapatero justificó las rebajas del IVA en las obras de rehabilitación puesto que supondrá "un importante ahorro fiscal" para las personas que decidan reformar sus viviendas, pero preguntado por la posibilidad de extender esta medida a otros sectores se limitó a decir que existen "limitaciones por la normativa europea".
A las puertas de la recuperación
Así, el jefe del Ejecutivo defendió la 'impopular' subida de impuestos por la necesidad de reconducir el déficit público y recordó que "el Gobierno ha tenido una trayectoria en la que están más presentes las bajadas de impuestos".
En su opinión, ahora toca recuperar el gasto público realizado para evitar un mayor desplome de la economía. "Tenemos que reducir el déficit de manera armónica, retirando inversión pública a la vez que se ve que la economía va teniendo indicadores positivos", afirmó.
Según dijo, esta retirada de los estímulos es posible ahora que el horizonte de la economía es el de una "razonable recuperación lenta". Así, insistió en que la economía volverá a crecer "al final de este año y por supuesto en 2011".
"Estamos en las puertas de volver a crecer, de manera lenta, aunque no podemos decir que vamos a crear empleo con carácter inmediato", apostilló.
Asimismo, apuntó que las mejores perspectivas económicas han propiciado la propuesta de que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) asuma el 100% del riesgo de los créditos, algo que no habría podido hacer antes.
Según Zapatero, después del que el organismo adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda concediese 19.000 millones de euros en créditos en 2009, esta nueva vuelta de tuerca descansa en la confianza de que "en cuanto la economía vaya mejor el Estado tendrá más garantías" para recuperar la mayor parte del crédito concedido y que estará, principalmente, en manos de empresas.
Sin abandonar este capítulo, el jefe del Ejecutivo se sacudió las críticas de aquellos que acusaron al Gobierno de ayudar a las entidades financieras antes que a los parados al inicio de la crisis. Al respecto, afirmó que el respaldo a las entidades financieras "sostuvo el sistema financiero" y "evitó una catástrofe económica" a corto plazo, y, además, ha tenido un retorno por las comisiones impuestas a estas entidades de 1.600 millones de euros.
Por otro lado, Zapatero aprovechó para poner en valor otras medidas del Gobierno que han logrado paliar la sequía del crédito privado, como la ayudas al automóvil, sin las que este sector "habría desaparecido", el Plan E para el mantenimiento del empleo, que ha logrado sostener hasta 400.000 puestos de trabajo, y el plan extraordinario a través del ICO para financiar circulante a empresas que, reconoció que "no ha llegado a todas las empresas", cuestión que justificó por el "extraordinario desafío" que ello supuso.
Zapatero entona el "mea culpa"
En medio de estas argumentaciones, Zapatero tuvo tiempo para entonar el 'mea culpa' y reconoció que, como el resto de los líderes políticos internacionales no pudo prever la gravedad de la crisis que se avecinaba. "No pude prever la magnitud de la crisis económica", afirmó.
Asimismo, dijo entender a la ciudadanía y su preocupación ante la gravedad de la crisis y, además, aseguró sentirse "responsable de todas y cada una de las personas que han perdido su empleo". En este sentido, Zapatero aseveró que se ve con fuerzas y, sobre todo, "con responsabilidad" para volver a crear empleo.
Por lo pronto, Zapatero destacó el esfuerzo desplegado por el Gobierno para garantizar la protección social de los desempleados aunque, reconoció que los 420 euros para aquellos que han agotado todas sus prestaciones y subsidio "es una cantidad mínima".
En este apartado, garantizó que Gobierno y agentes sociales "van a alcanzar un acuerdo" para volver a crear empleo con políticas especialmente orientadas a jóvenes sin formación, y reiteró de antemano su rechazo al abaratamiento del despido, ya que, a su juicio, "es posible facilitar las cosas a los empresarios en la contratación sin perjudicar a los trabajadores".
"Hay formulas que estamos trabajando que esperemos puedan ver la luz en un plazo razonable. Me gustaría que no fuera más allá de dos meses", añadió después de que el Ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, apuntara hoy a posibles acuerdos a finales de abril.
En materia de pensiones, Zapatero defendió las subidas llevadas a cabo por su Gobierno y confió en que "para el futuro podamos seguir teniendo unas pensiones cada vez más dignas". Sin embargo, también puso en valor sus propuestas para la reforma a largo plazo del sistema de pensiones, entre las que se incluye el aumento de la edad de jubilación hasta los 67 años, y reiteró que se trata de propuestas y no de un decreto ley.
Germán Gonzázlez Andrés. Un pequeño cuento sobre Inteligencia Emocional.
“Siendo niño, muy niño, vivía yo en una pequeña aldea de Chuquisaca (Bolivia). Cuando apenas tenía 7 años oí hablar a mi padre del Río de la Vida. Intrigado, me puse manos a la obra y lo busqué, lo busqué con todas mis ganas, con todas mis fuerzas, con todo mi anhelo. Buscando, buscando, un día encontré un río, había visto otros muchos, pero rápidamente me di cuenta que ese era el Río de la Vida. Me descalcé, me subí los pantalones hasta las rodillas y me introduje en él. La temperatura del agua era agradable, estaba rodeado de peces de colores, mientras andaba con los brazos abiertos, notaba que las piedras del fondo eran lisas. Flotaban en el agua pétalos de rosas y de fondo se escuchaba música de Mozart. Me encontré con un pez que me empezó a acompañarme en mi paseo por el cauce. Andamos, andamos y llegamos hasta una cascada de agua fina y cristalina. Allí jugamos y jugamos hasta el atardecer y cuando apenas quedaba luz, emprendimos el camino de regreso. Llegamos a donde había salido, me despedí de mi nuevo amigo, cogí mi ropa y volví hacia mi casa. Llegué tarde y al entrar miré a mi papa quien al verme, con mucha serenidad y sin reñirme me dijo: “yo de pequeño también estuve allí”, pero nunca más pude volverlo a encontrar. El niño le dijo a su papa: ¡no te preocupes!, con el bocadillo que no me comí, deje un camino de migas y mañana seguiremos el rastro y podremos volver. A la mañana siguiente, padre e hijo, iniciaron el camino. ¡Las migas no están!, exclamó el niño. Quizás el viento se las llevó o quizás los pájaros se las comieron. Se pusieron a buscar y buscar, pero no, ¡no lo encontraron!. Y pasó el tiempo, los días, las semanas, los meses, las estaciones, años.... Tres años después, apareció un anuncio en la aldea que informaba a todos de la próxima construcción de una presa 40 kms mas arriba de donde vivíamos. ¡Necesitaban mano de obra, decía el anuncio!. Corrían malos tiempos, éramos una aldea pobre: vamos papa, es una oportunidad. Y los dos juntos se pusieron en camino en pos de una oportunidad que les permitiera mirar al futuro con optimismo. Al llegar al lugar citado en el anuncio, se encontraron en una explanada dentro de la selva, una oficina de madera y una larga cola de gente que, como ellos, también esperaba su oportunidad. Por fin les llegó el turno y al entrar, detrás de una mesa había un señor muy grande, con muchas arrugas, el pelo muy blanco y un gran bigote. El pequeño, lejos de intimidarse por la situación, se quedo mirando fijamente una pared. Había allí colgado uno de esos grandes mapas con relieve, donde se veían con claridad las montañas, el campo, las llanuras, los ríos... Se puso muy contento, tanto que ya no se acordaba para que estaba allí. Quizás, quizás si busco, pueda volver a encontrar el Río de la Vida. De repente, aquel Señor fuerte, se acercó a mí y me preguntó: ¿qué buscas en el mapa?. El río de la vida, le contesté. El, me miró muy seriamente y con voz profunda y mirada directa me respondió: ¡El Río de la vida no existe!.¡Si existe, yo me he bañado en él! ¡Imposible, estarás confundido, el río de la vida no existe!. ¡De verdad que si! ¡Imposible, nadie lo ha podido ver!. ¡Si, mi papa y yo nos bañamos en él!. ¡Papá, díselo, tu también lo pudiste ver!. ¡Dile si existe o no!. El papá, que necesitaba el trabajo, se volvió hacia mi y con voz baja y temblorosa dijo: “hijo este Sr. es un experto y si dice que el río de la vida no existe debe ser porque no existe”. Allí aprendí algo, ..................... Yo tenía que tener mucho cuidado con los expertos. Un experto sabe lo que sabe, nada más. ¡El río de la vida existe, porque yo me bañé en él. “
Te digan lo que te digan, sigue pensando en ti y cree en tu historia y lucha por ella.
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“No sobrevivirán los más fuertes, tampoco los más inteligentes... Sólo lo harán aquellos que mejor se adapten a los cambios”
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“Donde vayas, con lo que tengas, haz todo lo que puedas”
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“No es fracaso no haber alcanzado un sueño; sí lo es no tener un sueño que alcanzar”
jueves, 4 de marzo de 2010
El brillante Sir George Bernard Shaw escribió esta breve frase, llena de sabiduría. Shaw es la única persona que ha ganado un Premio Nobel (literatura, 1925) y tambien un Oscar (en la categoría de mejor guión), por “My Fair Lady”, basada en su obra Pigmalión.
“Los políticos y los pañales se han de cambiar a menudo… y por losmismos motivos.”
Que capacidad de síntesis!!!.................. Escrito por "X" en Euribor.com
Hace 332 años nacía Antonio Vivaldi, uno de los más grandes compositores de música de todos los tiempos.
Vivió entre el 4 de marzo de 1678 y †el 28 de julio de 1741, era apodado il prete rosso ("el cura rojo") por ser sacerdote (católico) y pelirrojo.
De las más de 770 obras que compuso Vivaldi, las más famosas son Las cuatro estaciones, una serie de conciertos para violín y orquesta. Obra que forma parte de su opus 8 "Il cimento dell’armonia e dell’inventione". Esta obra hizo historia, ya que rompió con el paradigma del Concerto Solli, en el cual el instrumento solista llevaba todo el peso de la melodía y la composición, y el resto de la orquesta se limitaba a ejercer el acompañamiento.
Pero en Las cuatro estaciones la orquesta hace de relieve para el concierto de violín, desarrolla la obra. Esto influyó mucho en compositores posteriores, escuchemos un poco de esta obra:
El Centro de Estudios Financieros ha realizado un estudio en el que clasifica las diez toxinas empresariales, como las actitudes y políticas internas que desestabilizan la estructura empresarial y empeoran el ambiente laboral, mermando en simultáneo la cuenta de resultados. Estos males se han detectado mediante una encuesta a 1440 personas y son:
Mala comunicación interna (62%)
Desmotivación de los empleados (51%)
Mala organización del trabajo (49%)
Incompetencia como líderes de los directivos (39%)
Deficiente distribución de tareas (39%)
Desconfianza de los jefes hacia los empleados (35%)
Salario igual, sin tener en cuenta el rendimiento individual (35%)
Conformismo o apoltronamiento de los empleados (34%)
Imposibilidad de desarrollar una carrera profesional (33%)
Los rumores (32%)
En esta lista, destaca curiosamente en primer lugar la mala comunicación como el peor de los males. Este error se genera en empresas grandes y pequeñas, poco planificadas y que cuentan con gestores empresariales que no tienen claros los objetivos de la empresa ni el camino a seguir dentro de las áreas de la empresa.
La desmotivación, más que un mal lo consideraría una consecuencia directa de todos los casos anteriores, dado que es difícil estar motivado si alguna empresa tiene un mal endémico entre los descritos. Es curioso también como se relaciona el apoltronamiento con la falta de desarrollo de una carrera profesional y cómo a la misma vez la igualdad salarial entre empleados no tiene porqué ser una buena política retributiva.
Datos para tomar nota y compararlos con nuestra empresa dado que muchas empresas cumplen muchos de todos estos factores dentro de su estructura interna y trabajar en esas organizaciones es una verdadera pesadilla
miércoles, 3 de marzo de 2010
para entretenerse.... estos links nos llevan a diferentes formas de adornarnos con un pareo.
No dejeis de ver "para ellos" que os conozco...... ;-)
Entrevista a Antonio Espin, uno de los mejores analistas Españoles y que se puede encontrar en Denaria.es. Grandes verdades. No podemos permitirnos en la actualidad tener el estado de bienestar que quiere mantener el gobierno sin tomar ninguna medida que pudiera llevarnos a conseguirlo.
Los datos de afiliación al Régimen Especial de Autónomos durante el mes de febrero siguen a la baja. La Seguridad Social ha perdido 12.370 autónomos en el mes pasado; 11.123 en el régimen ordinario y 1.247 para el régimen de autónomos agrarios. Estos datos contrastan por primera vez con el saldo positivo que presenta la afiliación al Régimen General y resto de regímenes especiales.
El saldo interanual desciende cerca de un 4% con 150.000 autónomos en el último año, otro ´record del cual no debemos estar muy orgullosos. Como vemos, ni siquiera el autoempleo consigue frenar esta caida libre en las pymes y empleos por cuenta propia.
Los sectores que más afiliados pierden son construcción con 5.691, reparación y venta vehículos a motor con 1.813 y la industria manufacturera 1.197 afiliados menos. Por el lado positivo, nos encontramos aqe los sectores que más aumentan el número de autónomos son educación y actividades sanitarias y servicios sociales con 263 y 201 afiliados respectivamente.
El drama de los autónomos contínua y se confirma como el sector más vulnerable a nivel económico y aquel que mas desagravios sufre en comparación con el régimen general. ¿Cuándo parará esta sangría de pequeñas empresas? Nadie lo sabe, pero no tiene visos de parar.
'Pensionazo' en la calle... y pensiones de lujo para sus señorías
El Mundo.Publicado el 24-02-2010 , por Marga Castillo
En medio del enconado debate sobre la propuesta del Gobierno para reformar las pensiones que ha hecho salir a la calle a los sindicatos y ha encrespado el clima político, muchas voces se están alzando contra el exclusivo sistema de prestaciones en materia de jubilación de los diputados y senadores, que les asegura un retiro al que ningún otro ciudadano puede aspirar. Este régimen especial garantiza a los miembros de las Cámaras unos complementos al sistema de pensiones común que les garantiza una pensión más alta, un derecho a prejubilarse más beneficioso y un plan de pensiones privado muy generoso.
El anuncio del Gobierno de comenzar a negociar un plan para reformar las pensiones ha motivado una intensa polémica y un intenso debate público sobre su conveniencia. Dicho plan está estudiando calcular la pensión sobre más años de salario o un periodo más largo de cotización, retrasar la edad efectiva de retiro laboral mediante la reducción de las jubilaciones anticipadas e incentivando el retraso voluntario de la jubilación o añadir dos años más a la edad legal de jubilación, desde los 65 años actuales a los 67, esta última, sin duda, la medida estrella de la propuesta.
El objetivo final de la eventual reforma es sostener a medio plazo el actual sistema del sistema de la Seguridad Social dada la presión demográfica, que está haciendo aumentar la esperanza de vida y reduciendo la natalidad, lo que descompensará la proporción entre cotizantes y trabajadores, y la merma de afiliados, agudizada por la crisis económica. Pero, aunque muchos expertos dudan de la reforma sea en sí misma sea suficiente para mantener el equilibrio presupuestario y encarar la crisis, el Gobierno se mantiene firme en su propuesta y de momento ignoran las protestas de los sindicatos, que creen que retrasar la edad de jubilación actual es sinónimo de renunciar a una conquista social de los trabajadores y reprochan al Gobierno que intente solventar el problema con un recorte del gasto público. El Gobierno también ha recibido críticas de casi todos los partidos políticos, tanto por el momento en que se ha hecho público el anuncio como en su forma, sin haber contado sus intenciones al Pacto de Toledo, que se encarga de establecer las líneas de actuación y recomendaciones de reforma en el sistema de pensiones contributivo.
En medio de este debate, ha salido tímidamente a la palestra el sistema de pensiones de los diputados y senadores, un régimen especial para estos miembros de las cámaras que les garantiza unas prestaciones en materia de jubilación pública a las que no puede aspirar ningún otro profesional, como, por ejemplo, cobrar la pensión máxima con tan sólo 12 años de mandato y, en algunos casos, sólo con siete. El régimen choca frontalmente con las llamadas a la contención del Gobierno y aunque todavía no se ha contemplado su modificación, muchas voces ya lo están pidiendo.
3.000 euros de salario base... y un jugoso paquete de complementos La asignación constitucional para 2010 de un diputado es de 3.125,52 euros mensuales, salario base al que se añaden complementos en función del cargo -desde los 3.605 del presidente además de los gastos de representación hasta los a los 775,17 de los portavoces adjuntos de comisiones, y complementos de destino -1.823 euros mensuales más para los diputados y senadores de fuera de Madrid y 870 para los que viven en la capital (ver información adjunta).
Además de estos emolumentos, el reglamento de prestaciones económicas para los ex parlamentarios, vigente desde hace casi cuatro años, articula un mecanismo que permite que, en los supuestos en los que los parlamentarios no alcancen el límite máximo de percepción de pensiones públicas, las Cámaras abonarán la diferencia, es decir, una "pensión parlamentaria" para diputados y senadores que hayan formado parte de las Cortes durante un mínimo de siete años y siempre que hayan cumplido 65 y hayan obtenido la jubilación, o bien se hayan jubilado anticipadamente con al menos 60 años y 40 años de cotización.
La cuantía de ese complemento será la diferencia entre la cuantía de la pensión que corresponde al parlamentario por su actividad profesional y la cifra anualmente establecida como límite máximo de percepción de pensiones públicas. Eso sí, en el caso de parlamentarios con un mandato de siete a nueve años se les aplica el 80% de ese límite, a los de nueve a once años se les calcula el 90% y a los de más de once años se les cubre hasta el máximo.
"Los diputados y senadores no tienen unas pensiones específicas, sino unos complementos y prestaciones añadidas a las pensiones ordinarias", explica a Expansión.com Ramón Marcos Allo, letrado de la Administración de la Seguridad Social y miembro del Consejo de Dirección de Unión Progreso y Democracia (UPyD), reguladas en el reglamento aprobado el 11 de julio de 2006 "cuando el PSOE estaba en mayoría", apostilla.
Esta regulación se refiere, esencialmente, a cuatro materias: la asignación de un complemento de las pensiones públicas, de una ayuda mensual equivalente a lo que coloquialmente se conoce como prejubilación, unas indemnizaciones por cese en su condición de parlamentarios y unas aportaciones con cargo a los presupuestos de las Cortes Generales para unos planes privados de previsión social. El motivo para publicar dicho reglamento fue "cubrir una laguna normativa que existe desde la aprobación de los Reglamentos del Congreso de los Diputados y del Senado en 1982 y a dar una cobertura jurídica sistemática a distintas situaciones que la dedicación a la actividad parlamentaria produce", pero el fin último fue equiparar estas retribuciones a las de los parlamentarios de otros países de la Unión Europea.
Un reglamento para asegurar las prestaciones Para ello, se articuló un mecanismo que permite que, en los supuestos en los que los parlamentarios no alcancen el límite máximo de percepción de pensiones públicas, las Cámaras abonan la diferencia entre este límite y la pensión percibida por el solicitante. Además, para los supuestos en que se den situaciones de precariedad, se establecen fórmulas como la del sistema de complementación de ingresos, en vigor desde el 7 de julio de 1987; la indemnización por cese, que compensa la carencia de cobertura por desempleo que un diputado puede tener, por ejemplo, al intentar volver a su ocupación habitual cuando deja las cámaras, y que se gradúa en función de los años de dedicación a las Cámaras.
A estas prestaciones se une complemento que permite hacer frente al período de transición que se da entre la disolución de las Cámaras y su constitución tras las elecciones, además del apoyo al sistema público de pensiones con las aportaciones a planes privados de carácter complementario. "Este tipo de indemnizaciones se dan en la mayoría de los parlamentos de los Estados de nuestro entorno", reitera el reglamento.
Parlamentarios españoles con prestaciones "europeas" En definitiva, la aplicación del reglamente se traduce en que diputados y senadores que "gozan de unos beneficios que no tenemos el resto", ya que "que les otorgan más derechos que a los demás ciudadanos", sentencia Marcos, que tilda estas prebendas en materia de pensiones de los diputados y senadores de "privilegios". Ello ha motivado en numerosas ocasiones protestas de este partido y tienen previsto presentar una reforma para que se equiparen a las que perciben los ciudadanos.
De hecho, su partido va a presentar en breve una iniciativa que se encuentra en fase de revisión técnica para eliminar los privilegios de la actual regulación, ya que, según UPyD, los parlamentarios gozan de un régimen exclusivo, y "nosotros estamos en contra de cualquier privilegio", recalca.
"Hablo de privilegios porque tienen reconocidos unos derechos en materia de complementos de pensiones, prejubilaciones, planes de pensiones e indemnizaciones que no tienen reconocidos los ciudadanos normales y que no se corresponden con la función constitucional que tienen asignada", argumenta Marcos. "Viajar con cargo al Congreso para conocer un problema social que vaya a debatirse en el Congreso es un derecho y no un privilegio. Pero poder prejubilarse a los 55 años con un 60% de la asignación constitucional de 3.125 euros mensuales con cargo igualmente al Presupuesto del Congreso es un privilegio. No se justifica por la función que hace el diputado o senador. De hecho, en la norma que lo regula, se dice que es para parecerse a los parlamentarios de otros países, olvidando que a lo que deben asimilarse es a los ciudadanos españoles".
Pero Marcos cree que deberían compararse "no con los salarios alemanes, sino con los sueldos y prestaciones y salarios reales que hay en España. "Si ellos son representantes de los españoles, tienen que dar ejemplo y adoptar su situación a la de la economía del país.
Funcionarios y empleados públicos, también a la zaga Según explica este letrado, las pensiones de estos cargos son inalcanzables para cualquier ciudadano, independientemente del régimen laboral en el que se encuentre, pero también para los funcionarios y los empleados públicos.
Las pensiones públicas se rigen por la Ley General de Seguridad Social y los funcionarios tienen dos posibilidades: Los funcionarios de carrera de la Administración Civil y Militar del Estado, los de la Administración de Justicia y los de las Cortes Generales están encuadrados en el Régimen de Clases Pasivas, mientras que los de la Administración local, Organismos Autónomos y los de Comunidades Autónomas, además de los empleados públicos, acceden a su jubilación mediante el Régimen general de la Seguridad Social, de la misma forma que los asalariados o los autónomos, y por tanto, con los mismos derechos que el resto de los trabajadores incluidos en ese régimen.
"Si están en clases pasivas, los derechos de los funcionarios, son también muy similares, aunque con alguna excepción respecto de la jubilación anticipada y otras cosillas menores. Pero en ambos casos, la pensión máxima es igual y no hay complementos para llegar a ella por ejercer una determinada actividad", señala Marcos. "Los funcionarios no tienen el sistema de complementos de pensión ni prejubilaciones que tienen los parlamentarios", concluye.
Bono alude a Ronaldo para justificarlo El presidente del Congreso, José Bono, remitió el pasado 6 de febrero una carta a todos los diputados en defensa de su sistema de pensiones en la que explica que quien haya ocupado un escaño durante siete años no recibe una "pensión" cuando se jubile, sino "un complemento de pensión" de una cuantía media de 1.066 euros mensuales.
La misiva subrayaba que, hasta ahora, han percibido el "complemento de pensión" sólo 70 de los 3.609 diputados y senadores que ha habido en total durante las nueve legislaturas. De ellos, una considerable mayoría fueron parlamentarios en las primeras legislaturas tras el franquismo. No obstante, el reglamento de pensiones parlamentarias y otras prestaciones económicas a favor de los ex parlamentarios, aprobado en 2006, precisa que "las Cortes Generales abonarán con cargo a su Presupuesto una pensión a quienes hayan sido miembros del Congreso o del Senado".
Para cobrarla, los ex parlamentarios tienen que haber ocupado el escaño durante al menos siete años y haber cumplido 65 en el instante de la recepción de la susodicha "pensión", señala Bono remitiéndose a la legislación vigente. También habrá de estar jubilado o jubilado anticipadamente, en cuyo caso ha de tener 60 años y haber cotizado durante 40. La carta del presidente de la Cámara alude también al presupuesto de la Cámara, que se ha reducido en dos años unos 200.000 euros y los sueldos de los diputados llevan dos años congelados. La cuantía que el Estado dedica a las Cortes Generales -Congreso y Senado-, al Defensor del Pueblo y a la Junta Electoral Central representa un 0,09% del Presupuesto total del Estado. Con todo ello, Bono recalca: "El vigente Presupuesto (...) es exactamente cuatro millones más de lo que supuso el último fichaje estrella de la Liga de Fútbol Española", el de Cristiano Ronaldo.
Excepciones: Si se revisan, junto a las demás pensiones Por su parte, el presidente del Senado, Javier Rojo, añade en línea con Bono que las pensiones de los políticos se deben ver como "excepcionalidades" y no como privilegios. Eso sí, no cierra la puesta a modificar su regulación, aunque "cualquier modificación de las mismas debe estudiarse en el marco del actual debate sobre el sistema de pensiones", señaló el pasado 3 de febrero durante la inauguración de las jornadas sobre La ley e Internet en el Colegio de Abogados de Madrid.
En cualquier caso, Rojo apuesta por abordar este debate con "el sosiego, la serenidad y la tranquilidad" que requiere la propia cuestión, y puso como ejemplo su caso, el de un presidente del Senado que, sin embargo, ha cotizado a la Seguridad Social durante 43 años. "Como mi caso hay muchos", señaló, tras insistir una vez más en que en estos casos es necesario hablar de excepcionalidad.
La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, también está dispuesta a revisar el sistema de pensiones de los parlamentarios, pues considera que su formación tiene claro que se debe "predicar con el ejemplo", al igual que su partido ha propuesto ya congelar los sueldos de estos profesionales. La dirigente del PP contestó que ha algunas medidas llamativas pero de "aplicación muy limitada" pues la mayoría de los parlamentarios trabaja y cotiza antes y después de llegar a las Cortes Generales. "No tengo inconveniente de abordar éste y otros temas de funcionamiento de régimen interno", señaló.
Incluso el ministro de Fomento y vicesecretario del PSOE, José Blanco, se ha mostrado dispuesto a corregir el régimen de pensiones del que disfrutan estos cargos públicos, funcionarios con cargos públicos y otras situaciones donde falte "equidad". "Estoy dispuesto a corregir esta situación y a que el sistema introduzca más equidad. No sólo en eso [diputados y senadores]. Hay muchos casos en distintos ámbitos y estoy dispuesto a hablar de todo, asumiendo errores. No debe haber excepciones dentro de los parámetros de sostenibilidad, futuro y equidad de las pensiones", aseguró el martes 2 de febrero en una entrevista con TVE. UpyD lo tiene claro: "Lo que hay que hacer es limitar estos privilegios y que los miembros de las cámaras tengan las pensiones que les correspondan de acuerdo con las Leyes de Seguridad Social y Clases Pasivas, igual que el resto de ciudadanos".
El inicio de la semana ha sido intenso en noticias relacionadas con la economía nacional y el empleo. Ayer mismo conocimos el documento que el Gobierno ha puesto sobre la mesa del “acuerdo político” (parece que ya la idea del pacto de Estado la ha abandonado hasta el propio Gobierno) para recuperar el crecimiento económico y crear empleo. Y hoy se han hecho públicos los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social del mes de febrero.
Sobre este último asunto, hemos visto como el paro ha crecido de manera muy importante en febrero, en un mes en el que tradicionalmente baja el paro en España. El incremento intermensual de 82.132 personas es el segundo mayor de la historia de los meses de febrero. Eso sí, en positivo tenemos un aumento de la afiliación media mensual a la Seguridad Social cifrado en 26.340 afiliaciones. He de reconocer, y aquí hago un paréntesis en el análisis, que no entiendo muy bien la postura del Ministerio de Trabajo e Inmigración, que se empeña, desde hace un año y medio, en no ofrecer los datos de afiliación a la Seguridad Social a último día de mes en el boletín que publica el día que se conocen los datos, y sólo proporciona sus análisis estadísticos utilizando los promedios mensuales. Pero, al mismo tiempo, los datos de paro registrado se ofrecen a último día de mes. Es decir, que no resulta interesante, a juicio del Ministerio, que se conozcan los datos de afiliación a último día de mes, pero sí los de paro registrado. Este comentario tiene un sentido, y es que mientras que la “afiliación promedio” en febrero ha sido superior a la de enero en 26.340 personas, la afiliación a final del mes de febrero sólo ha superado la del último día de enero en 3.698 afiliaciones, lo cual no deja de ser una buena noticia, pero menos…
En relación con el documento entregado a los partidos políticos, creo que deberá ser analizado más en detalle, pero me resultan llamativas algunas cuestiones, como el hecho de que tras años de demonizar un sector (el de la construcción), ahora se le pone el apellido de “sostenible” y se confía en él la creación de empleo en los próximos años. Para ello, se inventan una deducción en el IRPF del 10% del coste de la reforma de las viviendas, para fomentar esta actividad, pero como no puede dejar de hacerse ingeniería social, sólo se beneficiarán los contribuyentes con menores niveles de renta. Es decir, que básicamente el planteamiento es que si se bonifica en IRPF el 10% del coste de las reformas los hogares con menor nivel de rentas experimentarán un frenesí “reformista” y le darán todos al alimón un lavado de cara a sus viviendas, con lo que se conseguirá, según cálculos del Gobierno, crear 350.000 empleos en esta actividad (ojo, hablamos de reducir el actual nivel de paro en la construcción prácticamente a la mitad). Poco creíble o, más bien, totalmente voluntarista. También es llamativa que esta deducción para la rehabilitación de vivienda se quiera poner en marcha cuando, prácticamente en paralelo, el Gobierno decidió eliminar a partir de 2011 la deducción por compra de vivienda. Cuando no hay un plan coordinado de actuaciones y las decisiones son parches, a veces pasa esto, que unos parches son contradictorios con otros.
Otro aspecto muy llamativo del paquete de medidas es el de la socialización del riesgo crediticio entre todos los españoles: el Gobierno plantea que las pymes “solventes” puedan obtener créditos de las entidades de crédito con una cobertura de riesgo del 100% por parte del ICO. Y digo yo, ¿no están pregonando las entidades de crédito que cualquier empresa solvente tiene en estos momentos acceso a financiación? El riesgo de la medida propuesta es que si la cobertura del riesgo por parte del ICO es real, las entidades puedan “relajar” su interpretación de la solvencia de la empresa que recibe el crédito, y si éste es finalmente es fallido, pues nos tocará a todos tapar el agujero.
Eso sí, el documento también incluye algunos chistes (me imagino que para relajar la tensión creciente al constatar la ausencia de temas vitales), como el de incrementar la inversión en I+D hasta el 2,5% del PIB de aquí a cinco años. Tenemos un Gobierno con sentido del humor y eso siempre es un consuelo.
Los que tienen los duros se pulen más de cuatro millones y medio de euros en anuncios en los medios y otras palanganas de lo social media (publicidad de gorra online) para decirnos que hay que cambiar la actitud frente a la crisis, que no hay que reclamar nada a nadie, ni esperar que nadie solucione nada, según estos marketinianos tenemos que preguntarnos ¿qué puedo hacer yo?.
El marketing o mercadotecnia es el conjunto de principios y prácticas que buscan el aumento del comercio, especialmente de la demanda. Así que se dejen de chorraditas a lo Flanders y de chachiprirulismos hipócritas porque lo que están diciendo es ¡ CONSUME YA, COÑO !
Una campaña de buen rollo pagada, entre otros, por Telefónica, Iberia, El Corte Inglés, BBVA, Santander, La Caixa, Caja Madrid, Repsol, Cepsa y Endesa me produce sentimientos que no puedo escribir aquí porque quiero seguir teniendo el blog abierto.
Buen Rollito....
El número de organismos públicos de la DGA se quituplica en 10 años
Según el Gobierno central, Aragón tiene 42 empresas públicas, 17 fundaciones, 13 consorcios y 11 entes públicos, entre otros. Solo en empresas públicas trabajan unas 1.500 personas.
Heraldo de Aragón. 02/03/2010 ESTHER CASAS N. A. M. Zaragoza
La etapa de gobierno PSOE-PAR (desde 1999) está siendo muy prolífica para la creación de entes dependientes de la comunidad autónoma (fundaciones, consorcios, empresas públicas, organismos autónomos?). En una década, se ha pasado de 20 organismos a 90, un crecimiento del 77,7%, a un ritmo de siete por año. En total, según un registro actualizado por el Ministerio de Economía y Hacienda con fecha de julio de 2009, Aragón tiene 90 entes (en este tiempo, se han producido alguna bajas). De estos, 42 son empresas públicas, 17 fundaciones, 13 consorcios, 12 entes públicos y 6 organismos autónomos.
Y con este incremento, también ha aumentado considerablemente el presupuesto destinado a ellos y por supuesto, el personal. Solo en las empresas públicas, según informaron desde la DGA, hay una plantilla media de 1.500 personas. No obstante, en algunos momentos esta cifra se incrementa con contrataciones temporales para determinados trabajos. Además, hay más de un centenar de altos cargos (nueve de ellos cobran más que el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias).
En cifras presupuestarias, las empresas públicas, las entidades de derecho público, las fundaciones y los consorcios se llevan el 15,6% del presupuesto de la Comunidad Autónoma: casi 900 millones de euros. Se reparten 571,8 millones para las empresas públicas (354,4 millones para explotación y 217,4 de capital); 275,9 millones para entidades de derecho público; 12 millones para fundaciones; y 36,1 para consorcios. En este último, habrá que sumar próximamente el nuevo consorcio que se ha creado para los Juegos Olímpicos de Invierno 2022.
Entre las entidades de derecho público (100%), por ejemplo destacan el Instituto Aragonés del Agua o de Servicios Telemáticos o la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Hay, además, numerosas fundaciones, la mayoría culturales, como la fundación Goya o Tarazona Monumental y otras de promoción como la de desarrollo de las nuevas tecnologías del hidrógeno de Aragón.
En las empresas públicas, hay que distinguir entre aquellas en las que el Gobierno de Aragón tiene la mayoría de las participaciones y las que, también siendo públicas, poseen un porcentaje minoritario. Entre las primeras se encontrarían sociedades como Pla-Za, Suelo y Vivienda de Aragón, Ciudad del Motor y Sodemasa. Entre las segundas, estarían Zaragoza Alta Velocidad o Promoción Exterior de Zaragoza.
Pero también hay sociedades en las que la DGA participa, pero son privadas. Por ejemplo, hay algunas tan peculiares como Frutas y Conservas del Pirineo Aragonés y Zumos Catalano Aragoneses y otras, en las que las inversiones han fracasado como Savia Capital o Plaza Servicios Aéreos.
Sin recortes a corto plazo
Precisamente, en 2008 el Gobierno de Aragón creó la Corporación Empresarial Pública de Aragón para agrupar todas las participaciones empresariales directas. A su creación la acompañó una ley de reestructuración. Y es precisamente, en este órgano en el que se escuda la DGA para defender sus recortes y reestructuración de las empresas públicas, que directamente ha exigido la vicepresidenta económica, Elena Salgado, a las comunidades autónomas para reducir el gasto.
El pasado jueves, Salgado anunció el compromiso del Gobierno central de acometer "un importante recorte en el número de empresas públicas". Pero, como publicó este diario, esta iniciativa no entra en los planes del Ejecutivo autonómico, de momento. No está previsto ni reducir el número de sociedades públicas ni el elevado número de altos cargos.
De hecho, fuentes de la DGA consideraron que la Corporación Empresarial es "pionera" en las políticas de racionalización de su sector empresarial. Asimismo, recordaron que se ha dificultado el proceso para hacer más contrataciones y se ha aplicado una política de contención de sueldos. Los salarios de los altos cargos están congelados desde 2009 (llegan hasta los 120.000 euros al año).
Pero no entra en los planes de la Corporación meter la tijera y agrupar empresas o suprimir otras. No se descarta, no obstante, promover algún tipo de desinversión en sectores concretos. Esto, en cualquier caso, solo afectaría al capítulo de inversión y nunca al de gasto de personal, que es en el que más incide el Ejecutivo central. De hecho Aragón lidera junto a Cataluña, el ranquin de creación de sociedades ajenas al control parlamentario. Son las autonomías que más empresas públicas han creado desde 2008. Según los datos oficiales, cada una de ellas ha añadido desde entonces siete empresas públicas ajenas al derecho público. Suponen el 50% de todas las creadas en España en ese periodo.
El Gobierno central, de momento, ha tomado la delantera y Salgado ha anunciado un recorte del 4% de gastos de personal, un 15% de los operativos, un 36% de viajes, comidas y protocolo y un 13%, en inversiones, en las empresas públicas del Estado.
El objetivo final de la eventual reforma es sostener a medio plazo el actual sistema del sistema de la Seguridad Social dada la presión demográfica, que está haciendo aumentar la esperanza de vida y reduciendo la natalidad, lo que descompensará la proporción entre cotizantes y trabajadores, y la merma de afiliados, agudizada por la crisis económica. Pero, aunque muchos expertos dudan de la reforma sea en sí misma sea suficiente para mantener el equilibrio presupuestario y encarar la crisis, el Gobierno se mantiene firme en su propuesta y de momento ignoran las protestas de los sindicatos, que creen que retrasar la edad de jubilación actual es sinónimo de renunciar a una conquista social de los trabajadores y reprochan al Gobierno que intente solventar el problema con un recorte del gasto público. El Gobierno también ha recibido críticas de casi todos los partidos políticos, tanto por el momento en que se ha hecho público el anuncio como en su forma, sin haber contado sus intenciones al Pacto de Toledo, que se encarga de establecer las líneas de actuación y recomendaciones de reforma en el sistema de pensiones contributivo.
