El Gobierno tiene en la recámara otras cuatro subidas fiscales para vencer las dudas de Bruselas sobre sus Presupuestos. Se trata del impuesto a la banca; el destope de las bases máximas de cotización a la Seguridad Social; la subida del impuesto a las primas de seguro y la eliminación de deducciones del Impuesto de Sociedades. Las tres primeras medidas supondrían, según cálculos de Hacienda, unos 5.000 millones más de recaudación.
Se estima que el impuesto a la banca, que se estudia bajo el máximo secreto, aportará unos 2.500 millones de euros al erario. El destope de las cotizaciones máximas podría añadir otros 2.000 millones a la Seguridad Social y la subida del impuesto a las primas de seguros, que pasaría del 6% al 9%, entre 300 y 600 millones.
El Ejecutivo también tiene en estudio eliminar parcial o totalmente las deducciones empresariales del Impuesto de Sociedades (IS). En total, estas exenciones tributarias suponen unos 3.500 millones cada año. Sin embargo, su eliminación dependerá de los apoyos parlamentarios que requiera Sánchez. Por ejemplo, las deducciones del IS en Canarias son 400 millones y es evidente que los diputados canarios las defenderán.
El impuesto a la banca por su parte se tramita con secretismo. Sánchez lo propuso el pasado enero para recaudar 1.000 millones adicionales que se destinarían a pensiones. En septiembre cambió de opinión y sugirió que lo había aparcado. Explicó entonces que el único impuesto que pensaba introducir era el de transacciones financieras, aprobado el viernes pasado, junto con el tributo que afectará a las plataformas digitales. Pero la medida continúa estando sobre la mesa de Hacienda pese a que al sector bancario se le ha transmitido que no es "inminente".
Funcionarios al tanto del diseño del impuesto explican que la medida se lleva con discreción para evitar las presiones del lobby bancario. La Asociación Española de Banca criticó el gravamen y dijo que tendría consecuencias sobre la salud del sistema financiero. El Banco Santander anunció en su última presentación de resultados que, si el impuesto se creaba, modificaría su estructura legal en España. También el PNV se mostró contrario a esta figura porque podría perjudicar a Kutxabank.
En la decisión de crearlo o no incide lo que ocurra con el sector financiero tras la sentencia del Supremo que acordó cargar a los bancos el impuesto de Actos Jurídicos Documentados de las hipotecas. Se estima que, si esta decisión se aplica con carácter retroactivo, la banca tendría que incurrir en un gasto de 6.000 millones, lo cual dificultaría sacar adelante el nuevo gravamen en 2019.
El destope de la base máxima de cotización, adelantado por este periódico, también fue propuesto en los primeros compases del Gobierno. La ministra de Trabajo lo planteó en julio en su primera comparecencia en la comisión del Pacto de Toledo.
La medida, como el impuesto a la banca, despertó un fuerte rechazo en el PNV y entre los empresarios vascos. Al tener salarios más altos en el País Vasco, la subida tendría una especial incidencia. Se calcula que unos 100.000 asalariados vascos tienen sueldos superiores a 45.000 euros, cantidad a partir de la cual afectaría el destope. Según ConfeBask, la decisión supondría un sobrecoste de 635 millones sólo en Euskadi. De ellos, 525 serían asumidos por las empresas y 110 por los trabajadores que verían mermado su salario neto.
Por último, el impuesto sobre las primas de seguros que grava con un 6% la prima neta del seguro. La idea del Gobierno es elevar el tipo al 9% lo cual le reportaría entre 300 y 600 millones adicionales.
La base imponible sobre la que se aplica es el importe de la prima satisfecha por el tomador. Este impuesto grava los supuestos en los que el riesgo esté localizado en España, es decir, bienes inmuebles, vehículos matriculados en el país o si el tomador del seguro tiene su residencia habitual o domicilio social en territorio nacional. Seguros como los de asistencia sanitaria, enfermedad, crédito y caución, previsión y pensiones, agrarios, de vida sin garantías complementarias, transporte internacional y reaseguro están exentos. Pero los más frecuentes sí están sujetos: coche, hogar, defensa jurídica, responsabilidad civil...
Respecto del Impuesto de Sociedades, la eliminación de deducciones dependerá del valor político que tenga cada una de ellas. A las deducciones para Canarias, que suponen 400 millones, hay que sumar las exenciones por inversiones en I+D+i, que ascienden a otros 400 millones; las de Formación para el Empleo, que son 250 millones y las que afectan a las sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria (socimis) que suman 250 millones.
