Si bien las medidas de austeridad no atraen la misma atención que lo
hicieron después de la crisis financiera de 2008, siguen siendo fundamentales
para el libro de jugadas de política predominante. Peor aún, cuanto más se
aferren los gobiernos a este enfoque de política fallido, más difícil será
lograr un crecimiento económico sostenible e inclusivo.
WASHINGTON, DC -
Mientras los ministros de finanzas se reúnen en Washington, DC, para las Reuniones Anuales del Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial , la mayoría de la población mundial está
soportando la carga de los recortes presupuestarios del gobierno. Para
muchos de estos individuos y hogares, el nivel de vida se ha deteriorado
notablemente durante la última década, y continuará haciéndolo hasta que se
cambien las políticas económicas.
Si los líderes
mundiales quieren un crecimiento económico inclusivo, rico en empleos y un
desarrollo sostenible, deben revertir una tendencia política que comenzó en
2010. Después de la crisis financiera mundial de 2008, los gobiernos de los
países de ingresos altos y en desarrollo abandonaron repentinamente el estímulo
fiscal y comenzaron a reducir drásticamente gastos en nombre de presupuestos
equilibrados y reducción de la deuda. Y como mostramos en un nuevo informe ,
continuarán los ajustes de mentalidad de austeridad al menos hasta 2024. Una
vez que el ajuste del cinturón se haya convertido en la "nueva
normalidad", la inversión en las fuentes de crecimiento futuro se
mantendrá en un nivel muy por debajo de lo que de otro modo podría han sido, y
las desigualdades y el descontento social probablemente aumentarán.
Sobre la base de las
proyecciones del FMI, prevemos que se producirá otro shock de ajuste fiscal el
próximo año. Para 2021, los gastos gubernamentales totales como porcentaje
del PIB disminuirán en 130 países, de los cuales casi tres cuartos se
encuentran en el mundo en desarrollo. Además, 69 países sufrirán una
contracción excesiva, lo que implicará recortes en el gasto (como porcentaje
del PIB) muy por debajo de los niveles anteriores a la crisis. Entre las
personas con las necesidades humanitarias y de desarrollo más graves se
encuentran Angola, Burundi, Congo, Djibouti, Egipto, Eritrea, Etiopía, Irak,
Jamaica, Jordania, Nigeria y Yemen.
AUSTERIDAD DE NORMALIZACIÓN
El alcance global de
las políticas de austeridad después de la crisis de 2008 es
asombroso. Para 2021, dichas políticas afectarán a casi seis mil millones
de personas, alrededor del 75% de la población mundial. De ellos, 5,1 mil
millones (90% de los afectados) residen en países en desarrollo, donde las persistentes
crisis de empleo y los recortes de gastos se han traducido en un deterioro
sustancial de las condiciones de vida.
Sin duda, la forma en
que los gobiernos configuran sus políticas de austeridad es tan importante como
la escala de la reducción. Hay muchas formas de reducir los déficits o,
aún mejor, aumentar los ingresos presupuestarios a través de nuevas fuentes de
financiación. Sin embargo, los gobiernos que han sido asesorados por el
FMI y otras instituciones financieras internacionales (IFI) generalmente han
adoptado políticas altamente regresivas, en detrimento de la gente común.
REDUCCIÓN DE INGRESOS Y SERVICIOS
Por ejemplo, las
propuestas para reformar los sistemas de pensiones y seguridad social ocupan un
lugar destacado en los informes de país del FMI 2018-19. Los gobiernos de
49 países en desarrollo y 37 países de altos ingresos han estado considerando
varios cambios en sus planes de pensiones, incluidos requisitos de cotización
más estrictos, tasas más altas de cotización de los trabajadores, cotizaciones
de empleadores más bajas, exenciones de impuestos de pensión más pequeñas, una
mayor edad de jubilación y otras estructuras reformas Como es habitual con
las políticas recomendadas por las IFI, todas estas medidas tienen un objetivo
fiscal que desplaza las consideraciones de equidad. Por lo tanto, amenazan
con debilitar los sistemas públicos de seguridad social, reducir los beneficios
que se obtienen para los futuros pensionados y ampliar las desigualdades
existentes entre los beneficiarios de pensiones.
Los gobiernos también
buscan reducir su factura salarial del sector público . Debido
a que los salarios de los maestros, trabajadores de la salud y otros
funcionarios públicos son un componente importante de la mayoría de los
presupuestos nacionales, alrededor de 80 países (61 en desarrollo, 19 de altos
ingresos) están considerando reformas que reducirían estos costos. Entre
los métodos más populares están las medidas para permitir que el valor real de
los salarios (ajustado a la inflación) se erosione, los atrasos en los pagos y
las congelaciones de contratación del sector público. Huelga decir que
tales recortes podrían socavar severamente la consistencia o la calidad de los
servicios públicos.
La agenda de
austeridad de las IFI va más allá de los problemas fiscales; También tiene
como objetivo desmantelar las regulaciones laborales mediante límites al
salario mínimo y ajustes salariales regulares, negociaciones colectivas más
descentralizadas y una flexibilización de las normas relativas al despido de
empleados o la contratación de trabajadores temporales. Unos 44 países en
desarrollo y 35 países de altos ingresos están considerando tales políticas,
que se considerarían medidas para impulsar la competitividad en un momento de
debilitamiento del crecimiento mundial. Sin embargo, existe una amplia
evidencia que demuestra que, lejos de crear más buenos empleos, impulsar la
"flexibilidad" del mercado laboral durante una desaceleración
económica hará que las condiciones de trabajo sean más precarias, deprimirá los
salarios y reducirá la demanda agregada, lo que obstaculizará la recuperación
económica.
Un área relacionada es
la red de seguridad social. Alrededor de 60 países en desarrollo y 17
países de altos ingresos están buscando formas de reducir los beneficios de
bienestar. Además de endurecer los criterios de elegibilidad, los encargados
de formular políticas están considerando recortar subsidios para niños,
pensiones por discapacidad, beneficios de maternidad y muchas otras medidas más
pequeñas que apoyan a las familias. Sin embargo, en la mayoría de los
países en desarrollo, los hogares de clase media en realidad tienen ingresos
muy bajos y serán cada vez más vulnerables si se los excluye de los programas
sociales.
Para empeorar las
cosas, 14 países en desarrollo y 19 países de altos ingresos también están
explorando reformas regresivas de la atención médica, como tarifas más altas y
copagos para los pacientes y nuevas medidas de ahorro en los centros públicos
de atención médica. Sin embargo, en la medida en que estos países excluyan
a una mayor parte de la población del acceso a la atención médica de alta
calidad, podrían estar minando su propio potencial de crecimiento futuro.
En cada uno de estos
casos, la lógica de la austeridad ha impulsado a los gobiernos a reducir las
políticas sociales para lograr ahorros de costos a corto plazo. Pero si
los formuladores de políticas realmente desean lograr un crecimiento y
desarrollo sostenibles, deberían ampliar estos programas y realizar inversiones
en la población de sus países.
POLÍTICAS PÚBLICAS HAMBRIENTAS
Mientras tanto, 61
países en desarrollo y 17 países de altos ingresos también han comenzado a
limitar los subsidios públicos para combustible, electricidad, alimentos e
insumos agrícolas. Este ajuste se produce en un momento en que los precios
de los alimentos y la energía están cerca de niveles récord, lo que sugiere que
los bienes básicos pronto podrían volverse inasequibles para muchos
hogares. De hecho, ya ha habido grandes protestas contra el aumento de los
precios de los alimentos y el combustible en Argelia, Argentina, Burkina Faso,
Camerún, Ecuador, Egipto, India, Irán, Irak, Nigeria, Perú, Senegal y Sudán en
los últimos años.
Obviamente, los
subsidios a los combustibles fósiles deben eliminarse a nivel mundial a mediano
y largo plazo. Pero dado el entorno económico actual, vale la pena
recordar que los precios más altos de la energía ejercerán una presión a la
baja sobre la actividad económica y la demanda de mano de obra, lo que
requerirá desembolsos adicionales para apoyar a la población activa.
Por lo tanto, 54
países en desarrollo y 19 países de altos ingresos también están buscando
formas de aumentar los impuestos, ya sea a través de tasas más altas de impuesto
al valor agregado (IVA) e impuestos a las ventas, o eliminando las
exenciones. El problema es que tales medidas aumentarán aún más los costos
de los bienes y servicios básicos, ejerciendo una presión adicional sobre los
hogares y sofocando la actividad económica general. Los impuestos al
consumo son regresivos, ya que no diferencian entre hogares ricos y pobres (que
deben gastar una mayor parte de sus ingresos para satisfacer las necesidades
básicas). Como mínimo, entonces, estos gobiernos deberían considerar
enfoques más progresivos, como los impuestos sobre los ingresos personales y
corporativos, las transacciones financieras, la propiedad y la herencia.
Finalmente, la
austeridad también está dando paso a una ola de privatizaciones, con 39 países
en desarrollo y 20 países de altos ingresos que exploran cómo la venta de
activos y servicios públicos podría generar ingresos a corto
plazo. Cualesquiera que sean las ganancias inmediatas, la privatización se
traducirá en pérdidas a largo plazo de ingresos futuros. Además, las
ventas de activos también aumentan el riesgo de bienes y servicios básicos
degradados, despidos, captura regulatoria y monopolización (lo que lleva a
precios más altos y una inversión disminuida). Debido a estos efectos,
muchos gobiernos que privatizaron los servicios públicos en los últimos años ya
los han renacionalizado o municipalizado. Quizás el caso más conocido es
la remunicipalización de los servicios de agua por parte de París en
2010; la entrega mejoró y los precios cayeron.
¿QUIÉN GANA?
Una de las
conclusiones más inquietantes de la última década de austeridad es que estas
"reformas" nunca fueron realmente necesarias. Por el contrario,
los gobiernos podrían tener, y aún podrían, buscar muchas opciones políticas
alternativas que tendrían resultados sociales mucho más positivos.
El problema es que las
decisiones de política macroeconómica a menudo son tomadas a puerta cerrada por
tecnócratas que no han considerado completamente las consecuencias sociales de
sus acciones. Incluso cuando es predecible, el impacto de las políticas de
austeridad en los niños y otros grupos vulnerables se produce simplemente como
una ocurrencia tardía.
Y sin embargo, las
elecciones macroeconómicas y de política fiscal realizadas por los gobiernos
durante la última década han sido alarmantes. El G20 comprometió $ 10
billones para apoyar al sector financiero después de la crisis de 2008, y luego
pasó los costos al público en general. Una vez que el sector financiero
fue rescatado, los encargados de formular políticas, siguiendo el consejo de
destacados economistas y de las IFI, decidieron que era hora de buscar la
consolidación fiscal. A medida que se redujo el gasto público, decenas de
millones de personas fueron empujadas a la pobreza o experimentaron una
disminución en sus niveles de vida, y la clase media fue exprimida como nunca
antes.
No obstante, el
impulso mundial hacia la austeridad continúa, aunque obviamente socavará aún
más el crecimiento, amenazará el empleo y sembrará las semillas del descontento
social y político. Por lo tanto, es razonable preguntar a quién debe
servir este modelo de desarrollo.
Claramente, la
"prudencia fiscal" se ha utilizado como un caballo de Troya para
enriquecer a los ricos y reforzar el " Consenso de Washington ":
un enfoque de desarrollo que exige un sector público reducido y una expansión
de los servicios privados. Según este modelo, la austeridad pone en marcha
un círculo vicioso, mediante el cual una contracción de los presupuestos
públicos reduce el crecimiento económico y los ingresos, lo que lleva a los
gobiernos a buscar aún más políticas para minimizar el tamaño del sector
público. Por lo tanto, tienen que recurrir a la entrega privada.
MÁS ALLÁ DE LA AUSTERIDAD
Los recortes
presupuestarios no necesitan ser la "nueva normalidad". Incluso los
países más pobres tienen alternativas . Específicamente,
los gobiernos pueden crear un espacio fiscal para los servicios públicos y las
políticas de desarrollo a través de impuestos progresivos, una represión de los
flujos financieros ilícitos, una mejor gestión de la deuda, reservas fiscales y
de divisas, marcos macroeconómicos más acomodaticios, inversiones públicas bien
priorizadas y, en el caso de países de bajos ingresos: cabildeo para una mayor
ayuda.
Todas estas
alternativas han sido respaldadas por las Naciones Unidas y las principales
IFI. Y muchos gobiernos han estado confiando en ellos durante décadas, lo
que demuestra que la austeridad autodestructiva no es la única opción.
Por ejemplo, Costa
Rica y Tailandia han reasignado los gastos militares para financiar la atención
médica universal. Y en los últimos años, muchos países han aumentado la
inversión social al gravar no el consumo, sino los ingresos, las ganancias corporativas
y la propiedad. Bolivia, Mongolia y Zambia están financiando pensiones
universales de vejez, prestaciones por hijos y otros esquemas a partir de
impuestos sobre la minería y la extracción de gas natural. Los gobiernos
anteriores de Brasil utilizaron un impuesto a las transacciones financieras
para pagar las protecciones sociales ampliadas. Ghana, Liberia y las
Maldivas han introducido impuestos sobre el turismo; Argelia, Mauricio y
Panamá han complementado los ingresos de la seguridad social con altos impuestos
al tabaco.
Además, un informe de la
Organización Internacional del Trabajo muestra que muchos países han ampliado
la cobertura de la seguridad social para lograr la protección social universal,
en lugar de permitir que los sistemas de bienestar se erosionen. Más de 60
países han renegociado con éxito la deuda soberana, y más de 20 países,
incluidos Ecuador, Islandia e Irak, han incumplido o repudiado la deuda (a
menudo nacionalizada deuda del sector privado), utilizando los ahorros para
financiar programas sociales. Chile y Noruega, entre otros, están
utilizando reservas fiscales para apoyar el desarrollo social. Y muchos
otros países están utilizando el gasto deficitario y marcos macroeconómicos más
acomodaticios para satisfacer las apremiantes demandas fiscales en un momento
de lento crecimiento.
Como muestran estos
ejemplos, los gobiernos no necesitan verse arrinconados recortando el gasto
público. En cambio, pueden crear el espacio fiscal necesario para invertir
en las fuentes de crecimiento futuro y perseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la ONU , con los que todos se han comprometido.
LA NECESIDAD DE LO NUEVO
Al enfrentar crisis a
gran escala, los responsables políticos tienen la obligación de repensar
el statu quo . Después del colapso financiero de 1929, la
administración del presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt,
respondió a la Gran Depresión con el New Deal, que equivalió a una revisión
fundamental del modelo económico y de desarrollo prevaleciente en Estados
Unidos.
Ante la desaceleración
del crecimiento, el aumento de la desigualdad y la inminente crisis
climática, hoy se requiere un impulso político igualmente
ambicioso . La continua debilidad de la recuperación global posterior
a 2008 presenta una oportunidad no para recortes a corto plazo, sino para
nuevas políticas a largo plazo para generar un crecimiento más inclusivo y
sostenible. Cuando se trata de revitalizar las economías y mantener
nuestros compromisos de desarrollo, la austeridad debería ser lo último en la
agenda.
Es hora de que los
líderes mundiales abandonen un enfoque que beneficie a unos pocos a expensas de
la mayoría. No solo la última década de austeridad ha sido un
fracaso; nunca debería haber sucedido en primer lugar.
Autores:
Isabel Ortiz, Directora del Programa
Global de Justicia Social en la Iniciativa para el Diálogo de Políticas en la
Universidad de Columbia, fue Directora de la Organización Internacional del
Trabajo y UNICEF, y una alta funcionaria de las Naciones Unidas y el Banco
Asiático de Desarrollo.
Matthew Cummins es un economista que ha
trabajado en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, UNICEF y el
Banco Mundial.
