El fin de los planes de pensiones

Invertia - El Español Alberto Roldan 09/11/2020

Mucho se ha escrito sobre el enorme palo que ha supuesto para los planes de pensiones privados el nuevo tratamiento fiscal incorporado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Hay unanimidad en la idea de que el recorte de incentivos no es bueno para el sector. Yo iría un paso más allá.

Creo que la decisión de desincentivar las aportaciones al ahorro privado suponen el fin de un producto que, aun estando mal diseñado, correctamente potenciado debería ser un gran alivio a la deficiente situación de las pensiones.

España tiene 9,8 millones de pensionistas a los que destina un gasto total de casi 10 mil millones de euros. La decisión de recortar la fiscalidad al ahorro-jubilación individual no se toma pensando en la base de pensionistas sino en los 19 millones de afiliados a la seguridad social, que son los realmente afectados.

Desincentivar las aportaciones al ahorro privado suponen el fin de un producto que correctamente potenciado sería un alivio a la situación de las pensiones.

En España hay 7,6 millones de partícipes en planes de pensiones individuales lo que supone un 38% de los afiliados, un porcentaje que se elevaría muy por encima del 40% incluyendo planes de empleo colectivos. Se podría decir por tanto que hay tantos pensionistas como ahorradores e igualmente inferir que uno de cada dos afiliados tiene un producto de ahorro específico para su jubilación (estoy excluyendo de forma intencionada unit linked, PIAS y PPA).

¿Por qué el Gobierno desincentiva las aportaciones hasta el punto de parecer querer extinguir esta vía de ahorro privado? Según el Tribunal de cuentas, la Seguridad Social ha perdido en la última década más de 100.000 millones de euros, un organismo que tiene un patrimonio negativo que le lleva a mantener una deuda acumulada con el Estado de más de 41.000 millones de euros. Con esta carta de presentación no parece muy lógico eliminar una fuente de ahorro complementario que, insisto de nuevo, bien diseñada podría aliviar de una pesada carga al contribuyente.

Y es que eso es precisamente lo que supone esta reforma, desincentivar las aportaciones a planes de pensiones privados hasta el punto que el futuro más plausible sea su desaparición.

Según la patronal del sector, el patrimonio medio invertido en pensiones individuales es de 9.700 euros, una cifra que se ve notablemente minorada como consecuencia de la desastrosa fiscalidad diseñada en el momento del rescate.

No estamos hablando por tanto de grandes fortunas ni de los altos patrimonios que centran la ira de las políticas de la izquierda. Todo lo contrario. Se trata de una vía modesta y poco onerosa para las arcas del Estado. 

Si tenemos en cuenta que reduciendo la desgravación el ahorro pretendido por el Gobierno es de apenas 580 millones de euros, esta cifra supone una gota en el mar de gasto público que son los 456.000 millones de los PGE. Sin embargo, sus consecuencias son como las que describe la teoría del caos con el aleteo de una mariposa.

De entrada, teniendo en cuenta que el perfil tipo del ahorrador en pensiones se concentra en el 57% de la recaudación, ese teórico ahorro que pretende el Estado va a reducir las aportaciones anuales en una cifra aproximada de 1.700 millones de euros. Es decir, que por cada euro que se ahorra el Estado hoy, el contribuyente dejará de aportar a su plan tres euros.

Como decía anteriormente, la fiscalidad del rescate está tan mal diseñada para el contribuyente que al Estado le supone más que una menor recaudación por desgravaciones un diferimiento del cobro de impuestos.

La fiscalidad del rescate está tan mal diseñada para el contribuyente que al Estado le supone más que una menor recaudación por desgravación un diferimiento del cobro impositivo. 

El ahorrador en un plan de pensiones, que de media destina unos 500 euros al año, no tendrá incentivo alguno a realizar aportaciones periódicas pues la iliquidez del producto es otro factor añadido en contra. Si tenemos en cuenta además que la rentabilidad neta media de las pensiones es desoladora (apenas el 2,8% en los últimos diez años), bien se podría decir que este paso supone una muerte casi asegurada. 

El gobierno busca una vía más comprometida con incentivos a los planes de empleo, pero hoy por hoy por cada partícipe de un plan colectivo hay siete en planes privados por lo que es imposible pensar que el gap se vaya a reducir a medio plazo. 

Además, hay daños colaterales. Todas las gestoras de planes de pensiones independientes que han invertido en la constitución de una gestora o en el desarrollo de un plan que muy difícilmente tendrá incentivos para crecer, están abocadas a su desaparición bajo este esquema dejando el lucro cesante a los bancos que monopolizan el mercado de pensiones. Lo que es cierto es que la campaña de captaciones de este año la han hundido por completo con lo que los casi 2.000 millones que se aportaron en los últimos años, este ejercicio no tendrán lugar.

Deficiente fiscalidad en el rescate, nulo incentivo a las aportaciones regulares y mala rentabilidad. Esa es la foto de las pensiones en España. El gobierno sigue declarando la guerra al ahorro individual porque piensa que su centralización mediante un esquema planificado plenamente controlado por el Estado, es la única alternativa a complementar las pensiones. El problema es que los organismos públicos de los que depende esta idea están en quiebra y el garante de las pensiones ahogado por las deudas.

Stop Impuesto de Sucesiones tacha de «mafiosa» la vuelta del impuesto

«El PSOE, en unión de Unidas Podemos y del independentismo vasco y catalán, quieren demoler la baja fiscalidad que hemos logrado gracias, entre otros esfuerzos,a la lucha del pueblo contra impuestos tan injustos como el que roba las herencias, drásticamente reducidos en varias autonomías españoles. Las izquierdas y los independentismos llenos de odio no soportan el éxito, construido sobre bases de libertad, impuestos bajos y reducción de la burocracia. Quieren igualarnos a todos, pero castrando la prosperidad y reforzando la pobreza, como suelen hacer los regímenes comunistas, que odian el libre pensamiento, la prosperidad y la puesta por las libertades y derechos», apuntan.La Federación Nacional contra el Impuesto de Sucesiones (Fencis), que une a colectivos, plataformas y asociaciones de toda España ha elaborado un comunicado en el que denuncia que «el Gobierno nos prepara un injusto e indecente infierno fiscal a través de una armonización mafiosa y ruinosa». «La izquierda española, siempre ávida de poder y dinero, quiere acabar con lo que llaman “el paraíso fiscal de Madrid”, que gracias a sus impuestos moderados se ha convertido en la región más próspera y emprendedora de esta España depauperada que nos construyen Pedro Sánchez y sus aliados», continúa la nota. «Quieren obligar a subir los impuestos, incluido el injusto e indecente Impuesto de Sucesiones, —el que roba las herencias de los españoles—, a las autonomías que han apostado por bajarlos para ayudar así a las empresas y emprendedores a reactivar el empleo y la economía», señalan desde Stop Impuesto de Sucesiones.

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Infiernos fiscales

Por otro lado, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, afirmó ayer que «con la política fiscal de Cataluña pierden los catalanes porque están castigados fiscalmente, pero también perdemos el resto de españoles porque ingresan menos a la caja única del Estado». Amor, aseveró que no apoyará los «infiernos fiscales» poniendo de ejemplo Andalucía cuando estaba gobernada por el PSOE.

«Dique de contención»

El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Montesinos, reafirmó en Málaga la postura de su partido de continuar con la bajada de impuestos en Andalucía y aquellas comunidades autónomas donde gobiernan, por lo que dicen ser «el dique de contención ante Pedro Sánchez y todos aquellos que quieren destruir España». También el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se dirigió ayer directamente al Gobierno de Sánchez para preguntar si con esta «cesión» al independentismo pretenden que se recupere en Andalucía el impuesto de sucesiones —eliminado por PP y Cs en el primer año de mandato—, que se suba el impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados o el tramo autonómico del IRPF. «Como presidente de Andalucía no puedo aceptar que venga un señor independentista a decirme a mi y a los andaluces que hay que volver a poner el impuesto de sucesiones», afirmó.

ABC Sevilla 28/11/2020

El IAJD lo siguen pagando los hipotecados, no la banca

 13/11/2020 05:00 El confidencial

 

En demasiadas ocasiones, los políticos se obsesionan con reescribir leyes económicas que no entienden. Les desagrada que los precios de ciertos productos suban, que se destruya empleo, que los salarios se estanquen o que la vivienda se vuelva inaccesible para los jóvenes, pero, en lugar de analizar rigurosamente cuáles son las causas subyacentes que explican tales desafortunados fenómenos, prefieren dictar normativas simplonas y superficiales que solo consiguen perpetuar el problema de fondo pero, eso sí, su apariencia. En lugar de generar riqueza, maquillan la pobreza.

Un ejemplo bastante ilustrativo de esta práctica ha sido el impuesto de actos jurídicos documentados (IAJD). Después de que el pleno del Supremo ratificara que formalmente el IAJD ha de ser sufragado por los deudores hipotecarios y no por los bancos, Pedro Sánchez, ya entonces presidente del Gobierno, anunció a bombo y platillo un cambio legislativo para que “nunca más los españoles paguen este impuesto: lo pagará la banca”. La proclama, empero, no dejaba de ser una impotente declaración de buenas intenciones: nuestros políticos cuentan con la capacidad para decretar quién debe ingresar un determinado impuesto al fisco (en este caso, o los hipotecados o el banco), pero no para establecer quiénes cargarán con su coste económico una vez las interacciones económicas hayan concluido.

Por ejemplo, si la demanda de hipotecas es más inelástica que su oferta (es decir, si los hipotecados son menos sensibles a los cambios en los tipos de interés efectivos que los bancos), entonces serán los hipotecados quienes terminarán pagando el grueso del IAJD por mucho que formalmente la obligación recaiga sobre la banca. A la postre, que la banca empiece a cargar con el IAJD cuando no venía haciéndolo puede llevarla a que intente trasladar ese nuevo sobrecoste a su clientela con mayores tipos de interés (“o me pagáis más intereses en la hipoteca o no os concedo la hipoteca”), y a la clientela podría no quedarle otro remedio que aceptar esas nuevas condiciones, especialmente si su demanda de financiación hipotecaria es poco sensible a los precios (“acepto pagar mayores tipos de interés porque deseo profundamente comprarme una vivienda y no cuento con fuentes alternativas de financiación”).

Que todo esto pudiera suceder era algo bastante conocido por la teoría económica más elemental. Sin embargo, muchos ciudadanos decidieron colocarse una venda en los ojos porque, con posterioridad a la medida gubernamental, los tipos de interés de las hipotecas siguieron cayendo. Por tanto, parecía que en esta ocasión no había habido consecuencias adversas: los bancos comenzaron a pagar el IAJD y no lo trasladaron en forma de mayores intereses a sus clientes. Nótese, sin embargo, que semejante razonamiento resulta incorrecto: lo relevante no es si los intereses bajaron o subieron después de la medida, sino si bajaron tanto como lo habrían hecho en ausencia de la medida. A la postre, lo mismo es bajar de 20 a 10 y después subir a 13 que bajar de una vez de 20 a 13.

Los primeros indicios ya nos sugerían que el IAJD sí se había trasladado a los ciudadanos, dado que la evolución de los tipos hipotecarios en España había divergido apreciablemente de la del resto de Europa. Pero hace unos días confirmamos tales sospechas: los economistas Gabriel Jiménez, David Martínez-Miera y José Luis Peydró han estimado que, en efecto, los tipos de interés se incrementaron como consecuencia del cambio legislativo que obligaba a la banca a hacerse cargo del IAJD. En particular, los tipos de hipotecarios pasaron a ser diez puntos básicos (0,1%) superiores a lo que habrían sido en ausencia de ese cambio fiscal, lo que supone que los bancos recuperaron el 80% del impuesto a costa de sus deudores: los clientes más perjudicados fueron, además, los que contaban con menor renta (y, por tanto, cabe pensar que también disponían de menores opciones alternativas para conseguir financiación). A tal conclusión han llegado los autores comparando la evolución de los tipos hipotecarios en el País Vasco (donde no hubo cambio legislativo alguno en el IAJD) con los tipos de interés del resto de España (controlando, eso sí, las características individuales que podrían explicar las diferencias en los costes de financiación).

En definitiva, si los políticos de verdad hubiesen deseado que los españoles dejáramos de pagar el IAJD, habrían suprimido tal tributo. Pero no era eso lo que buscaban, sino empeorar la visibilidad de nuestro sistema tributario: que los contribuyentes siguieran abonando el IAJD, pero sin ser consciente de que lo estaban haciendo. El parasitismo perfecto se da cuando el huésped no sabe que está siendo parasitado.

El comercio electrónico tal como lo conocemos va a morir.

Desaparecerá entre 2026 y 2036

No lo digo yo

Lo dijo Jack Ma, en un discurso en la Conferencia de Yunqi de 2016. El padre de Alibaba es el artesano del comercio electrónico contemporáneo, junto a Jeff Bezos ( Bezos también ha manifestado en alguna ocasión sus dudas hacía el crecimiento ilimitado del comercio electrónico tal como lo conocemos).

Solo usando e integrando on y off, y digitalizando los inventarios, se podrá ser rentable en el futuro.

Esta afirmación, era una bofetada a la teória del retail apocalipsis: lo físico es clave para la pervivencia del comercio electrónico, y al revés. Es parte del argumento de Jack Ma para defender su teoría del “Nuevo retail”, teoría que les he explicado abundantemente en este blog, la cual es muy interesante, aunque tengo dudas de que algunos de sus preceptos se conviertan en realidades perdurables en occidente.

Desde mi punto de vista estamos ante el principio del fin del comercio electrónico puro, sin contacto con lo físico. Desde hace un par de años, en mis conferencias suelo hablar de este fin: el comercio electrónico es un neonato que ha crecido glotonamente, que apenas tiene algo más de 20 años de vida, mientras que el retail físico moderno tiene algo más de un siglo. Seguramente Covid acelerará este fin de ciclo.

La gente sin duda seguirá comprando online, y cada vez más, pero ese online será distinto, no será sólo esa página web donde aparece una foto de un producto, un precio espectacular, y una promesa de entrega en un día en tu casa. En el futuro muchas ventas, serán ventas híbridas

En términos generales, el comercio electrónico ha sido uno de los avances más extraordinarios de la historia del retail, y ha sido altamente beneficioso para los consumidores. Y no solo eso, como digo a menudo, ha sido el gran culpable de que las tiendas físicas sean mucho mejores, mucho más orientadas a los consumidores, que lo que fueron durante décadas. Los retailers tradicionalistas, de pronto se pusieron sus gorras de rebeldes revolucionarios, y transformaron digital y operacionalmente sus tiendas para poder competir con los “nuevos bárbaros online”. El retail físico moderno ha cambiado más en los últimos 5 años, que lo que lo ha hecho el comercio electrónico y sus algoritmos. La digitalización del ladrillo, el cambio conceptual de las tiendas (por ejemplo, su nueva función de semialmacen de última milla, sus revoluciones filioecológicas, o su integración con los móviles de los consumidores) ha sido de unas dimensiones faraónicas. Hoy, millones de tiendas de barrio en humildes barrios de China, India, o Indonesia, están tan o más digitalizados que muchos comercios occidentales.

Conceptualmente es un gran avance: la influencia positiva del comercio electrónico en el retail es innegable en muchos aspectos,  pero la realidad es que este modelo ha sido altamente defectuoso desde su origen:

 

1. No ha sido rentable para la mayoría de los retailers, empezando por Amazon quien tardó más de 2 décadas en ser rentable. Y fue rentable, no por sus ventas en el comercio electrónico puro, sino por sus otros negocios asociados, marketing, membresías, ingresos por ser un operador logístico y de almacenaje, o por sus negocios en la nube.  La realidad es que el comercio electrónico es para muchos retailers  un mal necesario que deben asumir
2. Lejos de ser respetuoso con el medio ambiente, su huella contaminante es mayor que lo que genera el retail físico, según muchos de los últimos estudios publicados (recomiendo leer el último del World Forum en esta materia).
3. Ha destrozado literalmente elasticidades de precios sensatas en muchos sectores, practicando dumping real en muchos artículos (si analizamos costes logísticos de envío y devoluciones)
4. Se ha convertido en un refugio de monopolios. Mientras que en lo físico hay millones de empresas que compiten entre sí, en el comercio electrónico, 6 empresas acaparan el 60% del comercio online (Tmall, Amazon, Jd.com, Pinduduo, ebay y Taobao). Por no hablar de los “monopolios regionales”, como el de Mercado Libre en Latam, o el de Jumia en África. Y si hablamos en términos de tráfico de visitas (consumidores que buscan información), esas 6 empresa acaparán más del 80 % del tráfico de “indagaciones “ de los consumidores. Esto, lejos de lo que indican la mayoría de los foros especializados del retail, obnubilados  con las cifras de ventas, y ciegos ante todo lo periférico a las cifras de ventas, será terrible para los consumidores. No puede ser que hoy, casi 5 millones de marcas, vendedores, e incluso retailers, vendan sus productos en Amazon, Tmall, o Jd.com, quedándose estos con la info de los hábitos de consumo de  miles de  millones de consumidores: la competencia es imposible en el futuro bajo este escenario.

 Por tanto, desde mi punto de vista, este modelo es insostenible.

Las tiendas cada vez albergarán operaciones relativas al comercio electrónico, convirtiéndose en protagonistas esenciales de muchas decisiones de compras online. Por tanto, las compras híbridas, donde se mezcle lo físico y lo digital serán el futuro. Una página de comercio electrónico que no tenga una huella física, será mucho menos conveniente, y el comercio electrónico por sí solo no será competitivo.

En la medida que el ladrillo se digitalice, se integre en un ecosistema digital nutrido de tiendas físicas, redes sociales, comercios electrónicos, los canales desaparecerán, la omnicanalidad será un concepto del pasado, ya que todo es un todo. Todo será híbrido. De tal suerte, que por infinita conveniencia que pueda generar un algoritmo online + logística hiperápida será más débil que un ecosistema que ofrezca a los consumidores un TOD@ donde se funda el ladrillo, lo online, lo móvil, la logística, lo digital, lo social, lo humano y lo tecnológico..

Los grandes del online están prepando el funeral de sus modelos. Saben que están ante el fin de la primera era del comercio electrónico. De hecho desaparecerá, y de los restos nacerá una nueva era, de geografías comerciales digitales totales: ecosistemas comerciales en torno al consumidor

Hoy Amazon tiene en Estados Unidos, su mercado principal (casi el 70% de su facturación mundial), más de 600 tiendas físicas en distintos formatos  (lo que les convierte en uno de los 100 primeros retailers físicos de US por número de tiendas).  Pero lo más interesante, es que conscientes de este inicio del fin del actual modelo, ha estado testando muchos modelos de tiendas físicas digitalizadas. Abrió su primera tienda hace 5 años,noviembre de 2015, una librería. Desde entonces ha probado hasta 8 formatos distintos de tiendas. En 1800 días, ha abierto, comprado, testado, aproximadamente una tienda física cada tres días.

Y Alibaba, tiene más de 750 tiendas en distintos formatos, operadas directamente por ellos, más 1.5 millones de tiendas de barrio integradas en su ecosistema, convirtiéndoles en el retailer con más presencia física, directa e indirectamente, de la historia del retail

Por otro lado, el futuro del comercio electrónico pasa por China, el que será el mercado determinante en, al menos, próximas dos décadas, después de avanzar a toda velocidad en los últimos años, comienza a aparecer el “cuello de botella” de crecimiento al que se enfrenta el comercio electrónico tradicional. Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, la tasa de crecimiento de las ventas minoristas nacionales en línea ha estado disminuyendo durante tres años consecutivos. Las ventas minoristas nacionales en línea de enero a septiembre de 2014 fueron de 1.823.800 millones de yuanes, un aumento interanual del 49,9%; las ventas minoristas nacionales en línea de enero a septiembre de 2015 Las ventas minoristas en línea ascendieron a 2591,4 mil millones de yuanes, un aumento interanual del 36,2%, mientras que en 2016, de enero a septiembre, las ventas minoristas nacionales en línea fueron de 3,465,1 mil millones de yuanes, una tasa de crecimiento de solo 26,1%. Para las empresas de comercio electrónico, solo el cambio puede ser una salida . De hecho, el gran crecimiento del comercio electrónico chino en los últimos años, no viene impulsado por el comercio online tradicional, sino por el live streaming (del que les he hablado muchas veces en mis conferencias). En otras palabras, ha crecido un modelo de comercio electrónico no tradicional.

El comercio electrónico tradicional online ha tenido evidentes carencias que son difíciles de suplir desde su nacimiento, en términos generales la experiencia de compra online es inferior a la compra offline, si lo comparamos con los atributos intuitivos como la visibilidad, la audibilidad, la tangibilidad, el olor, lo humano,  la sensibilidad que las tiendas físicas brindan a los clientes con bienes o servicios. Por tanto es ridículo, no pensar que lo ideal nos ha de llevar a lo mejor de lo físico maridado con lo mejor de lo online, y de esa combinación nacerá el principio de algo y el fin de lo anterior. Nacerá una nueva ecología total que hará del comercio electrónico tradicional algo obsoleto. El comercio electrónico ha sido básicamente el algoritmo distributivo de las cosas. Y ahora vamos hacia un lugar donde el algoritmo se “fisicalizará”, humanizará, se vestirá de vídeos, y de conexiones en directo con tiendas donde consumidores y empleados explicarán los productos a los consumidores, y de velocidades hiperreales 5G, y de redes sociales integradas, y de consumidores viajando al final de sus compras supuestamente online a una tienda física. Viene un retail híbrido. Omnicliente

Autor: Laureano Turienzo. Consultor & Asesor empresas retail

2017-2019: 200 conferencias con más de 50.000 asistentes de 15.000 empresa del Retail, y «one to one» con empresas líderes en 32 países.  He asesorado, o han contratado mis servicios, 7 de los 10 principales retailers de Iberoamérica y más de 80 empresas e instituciones en estos 3 años.

Mientras Europa se tambalea España se derrumba

 Autor:

José Barta    

20 octubre 2020, 8:33  

El Instituto alemán Ifo, junto a la red de investigación EconPol Europe, acaba de publicar una encuesta realizada en agosto entre 950 expertos económicos de 110 países.

Las principales respuestas se centran en las previsiones de caída del PIB, la capacidad de recuperación y las medidas más adecuadas para incrementar la resiliencia de empresas y países.

Aun cuando los consultados no expresan esta conclusión, de sus estimaciones se deduce que es pronto para hablar de postpandemia, dado que el tan anunciado control mediante vacunación contra el coronavirus se retrasa mes a mes, lo que obliga a controles de aislamiento preventivo, con su consiguiente incidencia en la producción y el consumo. La magnitud de dicho aislamiento se encuentra en función de la capacidad de las Administraciones Públicas para realizar un mejor seguimiento personalizado de las infestaciones, así como de la capacidad de atención de los sistemas sanitarios a sus respectivas poblaciones.

Los expertos, por fin, están llegando a la conclusión de que la actual pandemia supone un antes y un después en nuestras vidas, afectando de lleno a nuestro modo de entender las relaciones sociales, así como los procesos laborales. Su duración será lo suficientemente larga como para producir una importante transformación cultural, precipitando cambios que ya veníamos experimentando desde hace años, en gran medida fruto de los desarrollos tecnológicos en el ámbito de las TIC.

En términos generales se espera un importante retroceso de la riqueza a nivel mundial, con PIB negativos en todos los países desarrollados excepto China, si bien no crecerá lo esperado. En términos relativos China afianza su liderazgo económico mundial, acelerando el logro de los objetivos establecidos hace cinco años.

Mientras Holanda y Alemania son los países europeos que mejor parados saldrán de la actual crisis, con caídas del PIB entre el -7,1% y el -9,8% para el segundo, y entre el -6,2% y el -9% para el primero, España será el que mayor perdida experimente (entre el -13,6% y el -18%). El FMI también sitúa a España como el país desarrollado más afectado en 2020.

Podemos olvidarnos de una rápida recuperación, dado que las previsiones para España, en el 2021, siempre que no se produzcan nuevas olas que obliguen a nuevos confinamientos, son de un crecimiento del 3,4% sobre la posición de este año 2020, sin contar con la pérdida de tejido empresarial, lo que supondría un tiempo no inferior a cinco años para recuperar la situación del 2019, mientras nuestros principales competidores habrían recuperado la senda perdida en dos o tres años.

Ya he denunciado, en otros artículos, como la actual crisis no ha hecho sino aflorar la realidad española, con un sistema sanitario que, teniendo magníficos profesionales, hace años que no se encuentra entre los mejores de Europa, mermado de recursos por los continuos recortes presupuestarios; al tiempo que nuestros gobernantes han mostrado su incapacidad para gestionar realidades complejas como la actual. Han actuado incompetentemente, derrochando unos recursos que vamos a necesitar todavía por mucho tiempo. Al día de hoy no han sido capaces de constituir equipos de trabajo permanentes con los agentes económicos y sociales más afectados, al objeto de elaborar medidas adecuadas a sus necesidades. La ideología sigue imponiéndose a la realidad.

El siguiente cuadro de fallecidos por covid-19, actualizado al 12 de octubre, da testimonio de la mala gestión, en comparación con otros países:

Somos el segundo país con mayor número de muertos por 100.000 habitantes de la Unión Europea (el primero es Bélgica, pero ellos sí han contabilizado los muertos en residencias como fallecidos por la pandemia). No cuento San Marino, ni Andorra.

El pasado 10 de septiembre publiqué un artículo titulado “Los problemas estructurales lastran la capacidad de recuperación de España”, en el que mostraba como nuestra estructura productiva económica nos hace más vulnerables a las secuelas económicas de la pandemia, que el resto de países de la Unión Europea.

La errática política económica seguida hasta el momento para afrontar la crisis nos está llevando a elevado gasto público, en un Estado ya bastante endeudado, optando por apoyar la concesión de créditos a empresas, muchas veces para hacer frente al pago de impuestos y tasas, antes que por la reducción de estos, como ha hecho Alemania con el IVA.

En definitiva, en lugar de descargar los costes de aquellas empresas más vulnerables, se ha facilitado su endeudamiento, algo que hubiera servido en una crisis de corta duración, pero que es insostenible en una crisis como la que sufrimos.

La perdida de tejido productivo, centrado en las pequeñas y medianas empresas, que son las que mayor número de puestos de trabajo generan (66%), provocará inevitablemente un mayor incremento del paro, con una menor capacidad de gasto de la clase media, ya bastante empobrecida con las medidas adoptadas para salvar las instituciones financieras en la pasada crisis.

Una idea de nuestra baja capacidad adquisitiva, ya antes de la pandemia, nos la da el que nos encontramos en la cola del coste de mano de obra de los mayores países de la Unión Europea, por debajo de la media de la Zona Euro:

Esta diferencia se verá incrementada en los próximos años, en parte por caída propia, en mayor medida por el superior crecimiento de nuestros compañeros de viaje. La Marca “España Mano de Obra Barata” se consolidará como característica de nuestro país.

Los expertos consultados por el Instituto IFO coinciden en que el apoyo a la liquidez de las pequeñas y medianas empresas es la respuesta de política económica más eficaz, así como los aplazamientos fiscales temporales a estas y a autónomos. Nuestras autoridades se encuentran lejos de compartir estos criterios que están ayudando a países como Alemania, Holanda…, y amenazan de continuo con todo lo contrario.

Cuando finalice la pandemia y los viajes turísticos se normalicen, España seguirá siendo un país atractivo, lo que no está claro es a quién pertenecerá el tejido empresarial que lo desarrolle.

El resto de nuestro tejido empresarial no se caracteriza ni por su capacidad de innovación, ni por su nivel de digitalización, salvo las grandes empresas, por lo que el futuro se muestra incierto para aquellas empresas que no se lo planteen, o no puedan acometer dichos retos, que serán la mayoría.

Hace más de 20 años definí el Sector Inmobiliario como el sector notario que da fe de la realidad. El sector inmobiliario sufrirá las consecuencias del empobrecimiento general de la población española, en el corto, en el medio y en el largo plazo.

Ya se aprecia un importante incremento de locales comerciales vacíos, en venta o alquiler; a estos seguirán las viviendas, en cuanto los ERTE deriven en paro y venzan las moratorias hipotecarias.

De mantenerse la actual deriva, esta crisis supondrá un duro golpe para Europa, pero dejará K.O. a España.

José Barta es experto en Estrategia de mercados, y en Gobierno Corporativo. Alertó, en el año 90, de la caída del mercado inmobiliario del 92 y, en el 2008, de la gravedad de la nueva crisis, acuñando la expresión “Tormenta perfecta”.

Idealista

Cómo puede España arreglar el déficit público y el agujero de la Seguridad Social

 

Idealista

Autor:

Miguel Córdoba      09 octubre 2020, 11:02

Llevamos más de una década siendo el peor país de Europa en términos de déficit público y uno de los peores en términos de “agujero” de la Seguridad Social. Este año el déficit superará holgadamente el 10% del PIB y el sistema seguirá aumentando sus números rojos, pero no es algo nuevo.

La situación se agravó considerablemente con la famosa “devaluación interna”, que no consistía en otra cosa que devaluar los salarios de los trabajadores españoles respecto de sus homónimos europeos. El hecho es que España se ha convertido en un país tercermundista en materia de salarios en la Unión Europea, y ello tiene sus consecuencias, ya que la recaudación de IRPF, las cotizaciones sociales a la Seguridad Social y la recaudación por IVA son un porcentaje de los ingresos y, si en España se cobra la mitad de sueldo que en los principales países europeos, lógicamente se recauda (según estratos de población) más o menos la mitad de impuestos y de cotizaciones sociales que en Europa, y de ahí que tengamos el déficit público y el “agujero” de la Seguridad Social antes indicado.

Las cifras son elocuentes, si consideramos como salario medio el de los trabajadores a tiempo completo en empresas de más de 10 trabajadores. Los españoles cobran de media 27.537 euros al año, mientras que los daneses cobran 57.312 euros, los holandeses 53.185 euros, los alemanes 52.185 euros y los belgas 49.565 euros.

Sorprende, por ejemplo, que los irlandeses, que no son ninguna potencia mundial, y que además tuvieron que ser rescatados por la Unión Europea hace una década, tengan un salario medio mensual de 48.806 euros. Y todo ello, sin llegar a Suiza que cobra salarios casi tres veces mayores que los españoles.

Las raíces del problema las tenemos en nuestro tejido productivo. Más del 40% del PIB depende del turismo, hostelería, restauración, actividades inmobiliarias y construcción (vamos “cerveza y ladrillo”), mientras que en los últimos 25 años el sector industrial ha pasado de representar el 33% a tan solo el 16%. Y, mientras tanto, lo único que se ha incrementado ha sido el número de empleados del sector público, que está en máximos de 3,2 millones (ahí no ha habido devaluación interna).

Cambiar de modelo productivo en un país puede llevar dos décadas, y cuanto más tarde se empiece peor. En España, trabajan en el sector privado el 33% de los españoles; ello significa que con sus salarios deben alimentarse a sí mismos y al 67% restante; es decir, a los 3,2 millones de empleados públicos, a los 3,8 millones de parados oficiales, a los 9 millones de pensionistas, a los 10 millones de estudiantes, y a los 5,5 millones de familiares que no trabajan (amas de casa, personas que no buscan empleo, economía sumergida, etc.). Este es el esquema que resume la realidad sociolaboral del país a cierre del primer trimestre del año:

Este ratio es muy malo, y claramente peor que la mayoría de los países de nuestro entorno, pero además, en materia contributiva es todavía peor, ya que de los 15,5 millones que trabajan en el sector privado, un tercio son mileuristas o “nimileuristas”, y en la legislatura de Mariano Rajoy se acordó que no pagaran impuestos (los que ganen menos de 12.800 euros al año); algo parecido se hizo con los jubilados (son muchos votos), y se acordó que dos terceras partes (los que ganen menos de 17.600 euros al año) tampoco tributen.

Con las cifras anteriores, nos queda que, por imposición directa, tan solo tributan de manera efectiva (cuotas líquidas significativas, ya que muchas son testimoniales) apenas 7,3 millones de personas, es decir, las clases medias. El resto tributa por IVA, pero su capacidad de consumo es muy escasa, por lo que los ingresos del Estado son pocos. Probablemente, se echarán en falta en estos cálculos las aportaciones de los funcionarios, pero no son tales, ya que, si un funcionario gana 100, se queda con 80 de salario e ingresa los 20 en Hacienda, pero los 100 que gana el funcionario se pagan con las aportaciones de los empleados del sector privado; es decir, que los impuestos que pagan los funcionarios provienen también de una transferencia previa de los trabajadores del sector privado.

Por tanto, o se pone a la gente a trabajar y se les pagan salarios superiores, o se disminuye el tamaño del sector público y las prestaciones por jubilación; no hay otra, y de lo que se haga va a depender que nos lleguen los 140.000 millones prometidos por la Unión Europea, o en caso contrario, un rescate a la griega.

Como el empresariado español está a la suya (compro por 10 y vendo por 15, I+D casi inexistente, etc.), no quedaría más remedio que cimentar el plan de choque en un impulso decidido por parte del Estado de la inversión pública (anatema para los neoliberales), la cual ha disminuido un 70% desde 2008 hasta la actualidad. Este plan debería basarse en la sustitución de gasto público por inversión pública, sustituyendo coste de 700.000 funcionarios (pasando de 3,2 millones a 2,5 millones) por inversión pública, creando puestos de trabajo bien remunerados (efecto de competencia con el sector privado para que retengan talento subiendo salarios) en empresas de futuro (baterías de litio, coches eléctricos, start-ups tecnológicas, repositorios sanitarios, inmuebles cuyo único uso sean los alquileres a un precio razonable, etc.) las cuales, cuando entren en rentabilidad, se puedan someter a una OPV en bolsa para atomizar su propiedad y sacarlos del sector público (moderamos el anatema).

Ello generaría puestos de trabajo directos e indirectos, y posiblemente ingresos por plusvalías para el Estado, eliminando la sangría de 700.000 funcionarios todos los años. Además, no habría que despedir a nadie; en la actualidad el 61% de los funcionarios tiene más de 50 años; es una fuerza de trabajo envejecida, que se va a jubilar a una media de 125.000 empleados públicos por año; en seis años se habrían liberado los 700.000 funcionarios necesarios y se habrían ahorrado más de dos mil millones de euros anuales.

Con 12.000 millones de euros se pueden crear muchas empresas productivas y competitivas en el entorno europeo, se puede generar mucho empleo de calidad y bien retribuido y se puede reorientar el modelo productivo. Y, tranquilos, que esos 700.000 funcionarios no son necesarios; en la legislatura de Adolfo Suárez apenas había 1,5 millones de empleados públicos, y muchos eran militares, policías o guardias civiles, dado que veníamos de una dictadura.

Cuarenta años después, y con los avances de la robótica que han automatizado la mayor parte de las funciones administrativas, resulta que tenemos 3,2 millones, de los cuales 1,7 millones están en las comunidades autónomas, que no existían en la época de Suárez.

Este despilfarro debe cesar, entre otras cosas porque no podemos permitírnoslo y estamos en una situación próxima al no retorno. O nos hacemos “europeos” de una vez por todas, o comenzamos a mirar lo que pasa al otro lado del Estrecho. Llevamos 20 años de legislaturas penosas, de políticos sin talla de Estado y poniendo parches a los importantes problemas que nos aquejan. O los políticos cambian, o tendremos que cambiarlos. La regeneración pasa por la sociedad civil y por las aportaciones de tecnócratas experimentados, no por ideólogos con el currículo vacío.

Tratemos de evitar el más que probable rescate de 2022… Un poquito de por favor...

Miguel Córdoba es profesor de Economía Financiera de la Universidad CEU-San Pablo desde hace 33 años y ha sido director financiero de varias empresas del sector privado.

Así será el reparto de los fondos del Plan de Recuperación

Madrid  8 OCT 2020 - 06:28 CEST Cinco Dias

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española supondrá la movilización de 72.000 millones de euros para el periodo 2021-2023.

La cifra supone aprovechar íntegramente las subvenciones que forman parte del plan de ayudas impulsado por la Unión Europea para el periodo 2021 a 2026 en los primeros tres años del mismo, obviando la posibilidad de acceder a otro tanto en créditos durante el lustro.

Sánchez ha prometido que se movilizarán 27.000 millones de euros ya en 2021, aunque haga falta emitir deuda para anticipar esa cuantía, que es la que en todo caso se espera recibir de la UE durante el próximo ejercicio.

El plan presentado, ha aseverado, supondrá un impulso adicional de 2,5 puntos al crecimiento del PIB durante los tres próximos años y la creación de unos 800.000 empleos, a costa de ejecutar íntegramente proyectos por 72.000 millones en esos tres años.

El presidente ha anticipado que el reparto de esos recursos pondrá especial atención a dos ejes de actuación trasversales: la transición hacia un modelo medioambiental más sostenible, que acaparará el 37% de los fondos, y la transformación digital de la economía, que recibirá otro 33%. El resto de iniciativas se sufragarán con el 30% restante.

Sin embargo, el reparto por políticas troncales de actuación atenderá a toda una amalgama de prioridades planteadas por el presidente del Ejecutivo en torno a 10 áreas concretas de actuación.

La primera, la “Agenda urbana, de agricultura y lucha contra la despoblación”, recibirá el 16% de fondos, unos 11.500 millones de euros. El segundo bloque es el de “infraestructuras y resiliencia ecológica”, con el 12% de los recursos (8.640 millones).

La tercera es la “transición energética justa”, recibirá el 9% del dinero (6.480 millones). La consecución de una “administración pública para el siglo XXI”, recibirá otro 5% (3.600 millones), mientras que la “modernización y digitalización de la economía y las pymes”, obtendrá el 17% de los fondos (12.240 millones). La sexta es el “pacto por la ciencia, la innovación y las capacidades del sistema nacional de salud”, contará con otro 17%.

El plan que más fondos recibirá, un 18% (12.960 millones) es el de “educación, formación profesional y el conocimiento”. El octavo eje, “la nueva economía de los cuidados y las políticas de empleo”, tendrá un 6% (4.320 millones), y, finalmente, “el deporte y la industria cultural”, contará con un 1,1% del total (792 millones).

La décima y última de las políticas estructurales del Plan de Recuperación es la “modernización del sistema fiscal”, una reforma tributaria para elevar los ingresos públicos una vez superada la crisis que debería aportar fondos, en lugar de requerirlos.

Está por ver, en todo caso, la capacidad del Ejecutivo de ejecutar semejante cuantía en solo tres años, habida cuenta que del último plan presupuestario comunitario solo logró usar un 34%. Con todo, Sánchez ha anunciado cambios legislativos para facilitar la gestión de los fondos eliminando trabas y cuellos de botella.

El Plan de Recuperación movilizará 72.000 millones hasta 2023 para crear 800.000 empleos

Madrid  7 OCT 2020 - 15:34 CEST Cinco Dias

“El mundo ha cambiado y debemos acelerar la transformación de nuestro país si queremos ganarnos nuestro futuro”, ha anunciado este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al presentar desde La Moncloa el llamado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española que remitirá a Bruselas el 15 de octubre y que contiene su estrategia para salir de la crisis causada por el coronavirus e impulsar una “segunda modernización” de la economía española.

Basado en cuatro ejes transversales (transición ecológica, cohesión social y territorial, digitalización e igualdad de género), el plan dirigirá el uso de los 140.000 millones de euros que España aspira a obtener en subvenciones y créditos europeos hasta 2026 comenzando por los 27.400 millones que se esperan para 2021. Un año en el que el plan, estima el Gobierno, podría impulsar en 2,6 puntos adicionales el crecimiento inercial previsto, del 7,2%, relanzando el PIB hasta un 9,8% tras la caída del 11,2% que se teme para este año.

El fondo europeo, ha recordado, equivale al 11% del PIB de 2019, y se repartirán entre 2021 y 2026. Sin embargo, ha anunciado Sánchez, “el Ejecutivo concentrará el esfuerzo de movilización de recursos en los tres primeros años para acelerar la modernización de la economía del país”. “Vamos a concentrarnos en proyectos que podrán ponerse en marcha en tres años, y que se ejecuten en ese periodo” para impulsar la economía y el empleo, con una movilización de 72.000 millones de euros para el periodo 2021-2023, ha detallado.

La cifra equivale a todas las subvenciones europeas que se esperan recibir en todo el periodo. Sánchez ha anticipado que la “inversión verde, vinculada con la transición ecológica representa más del 37%” de los fondos que movilizará el plan mientras que la transformación digital supondrá otro 33%. Servirá, ha dicho “para crear cientos de miles de puestos de trabajo y nuevas empresas así como la escalabilidad de pequeñas y medianas a grandes empresas”.

En concreto, ha detallado, aportará 2,5 puntos de crecimiento adicional al PIB en tres años en los que se crearán “800.000 puestos de trabajo”, se acelerarán al 40% los objetivos del plan nacional de energía y se reducirán en dos tercios las desigualdades sociales frente a la UE.

El presidente ha aseverado que es necesario acelerar estos planes y que eso pasa por aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado en los que, ha dicho, el Gobierno está dispuesto a adelantar 27.000 millones de euros del Plan de Resiliencia.

“Serán unos Presupuestos progresistas y de país”, ha expuesto, para recuperar la unión del país ante la crisis desatada por la pandemia, en torno a cuatro ejes: la transición ecológica, la dimensión digital, la igualdad de género y la cohesión territorial para garantizar que todo el mundo tenga las mismas oportunidades.

El primer pilar, el verde, incluye impulsar 250.000 vehículos elécricos para 2023, alcanzar los cinco millones en 2030, habilitar 100.000 puntos de recarga para ellos, la rehabilitación de más de medio millón de viviendas en tres años para hacerlas más eficientes energéticamente, o atender a la red hídrica con un ainversión de 2.000 millones para resturar 3.000 kilómetros de ríos.

Del lado digital, el impulso se pondrá en la educación y la transformación empresarial. El 80% de españoles recibirá formación en competencias digitales, el 75% dispondrá de cobertura 5G y que toda la población tenga acceso a Internet; se formará en teletrabajo a 150.000 empleados públicos y se ayudará a dar el salto digital a 2,5 millones de pymes.

En el ámbito de la Igualdad, se busca acabar con la brecha de género como enfoque transversal en todos los proyectos tractores. Se facilitarán 65.000 plazas de educación infantila de 0 a 3 años; o 1.400 planes de asistencia a alumnos vulnerables para acabar con el fracaso escolar.

Finalmente, el cuarto eje buscará dar las mismas oportunidades a los ciudadanos de todos los territorios, con especial atención a los jóvenes. Se reforzará la sanidad, la educación y el servicio de atención a dependientes, se reformarán las políticas activas de empleo y se impulsará un sistema fiscal más justo “en los próximos años”. Además, se apoyará la formación profesional con 200.000 nuevas plazas en cuatro años.

10 políticas tractoras

Sánchez ha aseverado que estos cuatro ejes se enmarcan con los establecidos por la UE en torno a 10 políticas tractoras. La primera es la “Agenda urbana, lucha contra la despoblación y la agricultura”, que recibirá el 16% de fondos. El segundo bloque es el de “infraestructuras y resiliencia ecológica”, con el 12% de los recursos totales. “Somos la Costa Rica de Europa”, ha ilustrado el presidente, subrayando la biodiversidad del país.

La tercera es la “transición energética justa”, que recibirá el 9% de los recursos. Sánchez quiere que España sea líder en energías limpias. La consecución de una “administración pública para el siglo XXI”, recibirá el 5%. La “modernización y digitalización de la economía y las pymes”, recibirá el 17% de los fondos.

La sexta es el “pacto por la ciencia, la innovación y las capacidades del sistema nacional de salud”, con el 17% de los recursos. La séptima es la “educación, formación profesional y el conocimiento”, concentrando el 18% del dinero movilizado. “Si hay un elemento capital para garantizar la modernización es la inversión en capital humano”, ha aseverado el presidente del Ejecutivo.

La octava política tractora es “la nueva economía de los cuidados y las políticas de empleo”, con el 6% de los fondos. El objetivo es dar mejor atención a las personas mayores en un país ciertamente envejecido. La novena es “el deporte y la industria cultural”, que recibirán el 1,1% del total.

La décima y última de las líneas de actuación es “la modernización del sistema fiscal” para compensar los enormes costes de la pandemia, cubiertos a corto plazo por los fondos europeos, pero que requerirán reconducir los desequilibrios fiscales. Sánchez ha subrayado que hay una brecha con los ingresos medios de la UE y que “una vez consolidemos el crecimiento, recuperemos los niveles de PIB similares a antes de la pandemia” será necesario mejorar la recaudación. Además, el presidente se ha comprometido a revisar el gasto público y garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Eliminar trabas al uso de los fondos

“Para garantizar la correcta ejecución de los fondos vamos a reforzar y garantizar estructuras de seguimiento”, ha anunciado el presidente. Así, habrá una comisión interministerial que vigile la consecución del plan, presidida por el propio Sánchez, junto a los principales ministros implicados en la activación de las políticas mencionadas.

Se reforzará además la conferencia de presidentes autonómicos, dando participación a entes locales, como ocurrirá el 26 de octubre para bordar la gestión de los fondos comunitarios, y se reactivará la comisión interterritorial de revisión de los recursos europeos.

Se potenciará el diálogo con patronal, sindicatos, así como en el marco parlamentario, con un mayor papel de los senadores en la revisión de los planes que afecten a las autonomías.

Sánchez busca también cambios legislativos que mejoren la gestión de los fondos; la operativa de la administración pública. Impulsará para ello un real decreto ley que elimine todos los cuellos de botella y trabas existentes, como la ley de contratos del sector público y la normativa de subvenciones. “A menudo son un obstáculo. A las dificultades no podemos aportar más dificultades”, ha dicho, garantizando que todo se hará siguiendo la doctrina europea e instando al resto de administraciones a hacer lo mismo.

“Nunca, al menos desde los tiempos de la Transición nuestro país ha necesitado tanto la unidad, la cooperación de las fuerzas parlamentarias”, ha expuesto el presidente, aseverando que este es “el mayor reto al que se ha enfrentado nuestra generación desde el restablecimiento de la democracia”.

“El plan que hoy presentamos, los Presupuestos Generales que loa activan, ofrecen una oportunidad única para demostrar el ímpetu de nuestro país, de la buena política, la propone acuerdos y soluciones”, ha defendido Sánchez pidiendo al resto de fuerzas abrirse a un diálogo constructivo.

Segunda modernización económica

“Hablamos de una recuperación y un crecimiento que no van a venir por sí solos”, sino que necesita “movilizar todas las energías nacionales”, ha dicho el presidente del Gobierno, asegurando que el Plan de Recuperación es "una hoja de ruta" para dar respuesta a "una situación excepcional" con una estrategia que permita al país salir de la crisis mejor de lo que entró en ella.

Sánchez ha comenzado su presentación ensalzando la capacidad de España para saldar con éxito una primera transformación económica durante la Transición democrática, que permitió al país entrar en la Unión Europea y liderar sus tasas de crecimiento.

“En marzo llego la pandemia del Covid y todo se detuvo, junto al resto del mundo y de Europa, España fue duramente golpeada. Había que salvar empleos y empresas. Y lo hicimos”, ha defendido Sánchez repasando las medidas tomadas hasta la fecha.

“Movilizamos 200.000 millones de euros, el 20% del PIB anual, la mayor cantidad de recursos en la historia de nuestro país para proteger a quienes crean empleo, a las empresas. Hoy gracias a ese aval, 530.000 empresas prosiguen su actividad. Protegimos a 3,4 millones de trabajadores mediante los ERTE y más del 80% han vuelto hoy a su puesto de trabajo. Pusimos en marcha una prestación por cese de actividad a autónomos que ha beneficiado a 1,5 millones”, así como las moratorias hipotecarias o fiscales”

“Pese al griterío partidista, todo esto lo estamos haciendo en la fuerza de la unión”, ha dicho, aplaudiendo la disposición al diálogo de patronal y sindicatos en el diálogo social. Entre las fortalezas con las que cuenta España, Sánchez ha destacado su amplia red de telecomunicaciones, su segunda posición como destino vacacional mundial, o su situación geográfica estratégica.

Los vicepresidentes darán más detalles

Sánchez ha presentado su plan en un “formato novedoso” de teleconferencia en el que asisten telemáticamente los miembros del Ejecutivo así como representantes de la patronal y los sindicatos, los embajadores de los 27 países miembros de la Unión Europea y numerosos representantes de la sociedad civil, entre ellos, los responsables de distintos medios de comunicación.

La estrategia busca reactivar la economía española y garantizar “un crecimiento robusto, duradero e inclusivo”, aprovechando unas ayudas que la UE ha pedido destinar a digitalizar la economía, apoyar la transición a un modelo ecológico más limpio, fomentar la rehabilitación de viviendas o la reindustrialización, entre otros objetivos.

Tras la presentación de Sánchez, Carmen Calvo, vicepresidenta primera y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; Pablo Iglesias, vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030; Nadia Calviño, vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital; y Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, continuarán la presentación del Plan, con la exposición de sus principales pilares a las 18:00 horas.

El impacto presupuestario

Para aprovechar los recursos comunitarios al máximo y acelerar la recuperación de la economía, el Consejo de Ministros dio luz verde ayer a un aumento del 53,7% del techo de gasto, hasta el máximo histórico de 196.097 millones de euros, en 2021.

El Ejecutivo asume que el déficit saltará este año del 2,8% al 11,3% del PIB, lo que elevará la deuda pública del 95,5% al 118%, pero aspira a rebajar el agujero fiscal en 2021 al 7,7% gracias a la reactivación económica y a un paquete de nuevos ingresos tributarios que ultima definir.

La idea es que el PIB pase de caer un 11,2% este año a crecer hasta un 9,8% el próximo ejercicio gracias al Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, 2,6 puntos más de lo que lo haría sin él, lo que supone un factor multiplicador de casi 1,2 puntos por las ayudas europeas a ingresar.

Con todo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) advirtió ayer de que las previsiones del Ejecutivo son optimistas, y solo se cumplirían en caso de que tanto la pandemia como la economía y la ejecución de las ayudas evolucionen de forma óptima, por lo que invita a la cautela.

España aspira a recibir 140.000 de los 750.000 millones que el Consejo Europeo aprobó en julio movilizar en respuesta a la pandemia, aproximadamente la mitad en subvenciones y el resto en préstamos, entre 2021 y 2026.

Concretamente, a España le corresponden 59.168 millones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia entre 2021 y 2023 y obtendrá el próximo año 12.436 millones del Programa 'REACT-EU'.

De este último programa, las comunidades autónomas recibirán 10.000 millones el año que viene, mientras que el resto será destinado al Ministerio de Sanidad, que podrá usarlos para la adquisición de la vacuna o el refuerzo de la atención primaria.

El grueso de los fondos comunitarios irán destinados a inversión pública en infraestructuras; mejora de la digitalización; aumento de la eficiencia energética; impulso al emprendimiento; fomento de la educación y la formación continua; o refuerzo de las políticas de inclusión.

Como resultado de esta asistencia, el líder del Ejecutivo y la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, han anticipado que el Plan de Recuperación supondrá un aumento del crecimiento potencial del 2% en una década.

Los ejes del plan

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se orienta sobre cuatro ejes de transformación (transición ecológica, digitalización, cohesión social y territorial e igualdad de género), que permearán diez palancas de trabajo, que pasan por la agenda urbana y rural, infraestructuras y ecosistemas resilientes, una transición justa e inclusiva, una Administración pública del siglo XXI, la modernización y digitalización del ecosistema industrial, servicios y pymes, un acuerdo de país por la ciencia y la innovación y el refuerzo del Sistema Nacional de Salud, recuerda Europa Press.

También pasa por la educación, la formación profesional y la formación continua de los ciudadanos, una nueva economía de cuidados y la modernización de políticas activas de empleo, el desarrollo e impulso de la industria de cultura y deporte y un marco fiscal "justo".

El Gobierno enmarca la jornada de presentación del plan dentro de la estrategia 'España puede', que Sánchez presentó a finales de agosto en la Casa de América con otra conferencia ante representantes de la sociedad civil, como patronal, sindicatos y miembros de sectores vinculados con la digitalización, la transición ecológica, el cooperativismo, la cultura y el tercer sector.