Irene Montero reservará plazas públicas a los opositores transexuales solo por serlo

Javier de Benito Hernández 23 de diciembre de 2020 LaMoncloa

La ministra de Igualdad, Irene Montero.

La nueva ley trans de la ministra de Igualdad, Irene Montero, no deja de conseguir detractores día tras día. Según se ahonda en el contenido del anteproyecto de ley que ha presentado la ministra en el Congreso de los Diputados, más medidas polémicas se descubren. Montero prevé reservar plazas públicas en la administración a todo opositor que sea transexual solo por el hecho de serlo. Esto no ha sentado bien entre la oposición, a falta de sondear a quienes llevan años estudiando para obtener una plaza pública siendo solo un número a ojos de la administración. Sin embargo, en esta ley, los transexuales tendrán preferencia respecto a los demás. También en el sector privado.

Lo cierto es que la ley trans es un paquete inmenso de derechos para los transexuales. Desde pagarle en bruto a costa de la seguridad social todo el tratamiento que ellos elijan hasta quitar la patria potestad a los padres que no sean capaces de “respetar” la sexualidad de sus hijos menores de edad. Todo por los transexuales sin test, análisis psicológicos ni nada. Y en este paquete bestial de medidas que ha presentado Montero también se busca su inserción laboral inmediata con una serie de beneficios fiscales y directos en caso de que se trate de plazas públicas en la administración. Tendrán más facilidades por el mero hecho de ser transexuales. Sin más.

En el artículo 19 del anteproyecto de ley se deja claro. “En las ofertas de empleo público se reservará un cupo de las vacantes para ser cubiertas entre personas trans, considerando como tales las definidas en el artículo 3 de la presente Ley, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su condición de trans. El porcentaje que representará este cupo se determinará en función de los estudios acerca de la población trans, y se establecerá una calendarización para alcanzar de forma progresiva dicho porcentaje. En dicha medida se incluyen organismos autónomos, empresas públicas estatales, y toda instancia o institución pública que se encuentre vinculada al Estado central. El porcentaje determinado será de aplicación sobre el personal permanente o temporal, cualquiera que sea la modalidad de contratación”.

Parece que Montero sí que quiere establecer un proceso selectivo para acreditar que efectivamente las personas que se presenten y acojan a estos beneficios efectivamente sean transexuales. Con esto querrá evitar lo que todos esperan, que más de un opositor diga que se siente del sexo contrario con tal de tener beneficios que le permitan acceder a una plaza pública que, a menos que no cause estragos, nadie le quitará hasta que se jubile.

Luego también se deja abierta la puerta a que las arcas públicas paguen estudios nacionales para acreditar el número exacto de transexuales que hay en España para poder establecer los cupos de acuerdo a la población nacional. Todo por “integrar” a golpe de beneficio injustificado a los transexuales en el mercado laboral con una serie de beneficios que no solo afectan a la administración pública.

LA EMPRESA PRIVADA, TAMBIÉN

Irene Montero también quiere motivar a los empresarios particulares para que contraten a transexuales. ¿Cómo? Pues lo más simple, tocándoles el bolsillo a costa de todos los españoles. Si se contrata a una persona que haya nacido con el sexo con el que no se siente identificado, automáticamente podrá librar a la empresa que la contrate de pagar una serie de impuestos que sí que tendría que abonar en cualquier otro caso. Es algo similar a la discapacidad, pero con transexuales. La clave es considerarlo un colectivo vulnerable.

Así lo explican en el anteproyecto de ley que ha presentado el Ministerio de Igualdad en el Congreso de los Diputados:

“1. Las entidades privadas que faciliten la contratación e inserción en el mercado laboral de personas trans, como colectivo vulnerable, tendrán acceso a ciertos incentivos fiscales.

2. Las entidades privadas que contraten a personas trans tendrán derecho al cómputo de una deducción especial en la base imponible del Impuesto de Sociedades, equivalente al sesenta por ciento (60%) de las retribuciones correspondientes al personal trans contratado en cada periodo fiscal. El cómputo del porcentaje antes mencionado deberá hacerse al cierre de cada periodo fiscal mientras se mantenga la relación laboral.

3. Este beneficio fiscal otorgado a las empresas privadas que contraten a personas trans se concederá por un periodo de cinco (5) años.

4. Se encuentran protegidas por el presente artículo las personas trans, mayores de 16 años de edad, que acrediten la modificación de la mención registral de su nombre y/o sexo en los términos dispuestos en la Ley 3/2007 y en la presente, siempre que superen los procesos selectivos.

5. Toda la documentación mencionada para acreditar los requisitos como persona beneficiaria del cupo será de estricta confidencialidad, protegiendo de forma efectiva y en todo momento el derecho a la intimidad de las personas”.

Esto se suma a otra serie de derechos que obtendrían los transexuales como el que todo su proceso de cambio de sexo se incluya a costas de la seguridad social, o que si un menos de edad es transexual y sus padres no respetan su condición, a éstos se les puede retirar la custodia de sus hijos por haber entrado en una situación de “riesgo”, según interpretaría el Estado al asumir las medidas de Irene Montero.

LA INMIGRACIÓN TRANS, CON BENEFICIOS

También los inmigrantes transexuales perseguidos en sus países de origen por este motivo tendrán una serie de ventajas respecto al resto. Serán una especie de refugiados de género que obtendrán automáticamente según pisen territorio nacional protección internacional, por no hablar de que no se les exigirá ningún tipo de prueba.

Lo que contempla la ley es lo siguiente: “Las personas trans migrantes que se encuentren en territorio nacional y sufran persecución por motivo de identidad sexual o expresión de género en su país de origen, tendrán derecho a la protección internacional que otorga la legislación vigente (Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria) y se les garantizará el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género según lo dispuesto en la presente Ley, independientemente de la situación político-administrativa en la que se encuentren. En ningún caso se exigirán pruebas que atenten contra los derechos fundamentales de la persona interesada”.

"Sin comentarios, la propia noticia los lleva incorporados y califica a quien promueve estas cosas."

El Gobierno aprobará el martes la ley antidesahucios con compensación para propietarios

Unidas Podemos asegura que aún no ha recibido ninguna propuesta por parte del PSOE para el veto al corte de suministros

Pablo Sempere Madrid  17 DIC 2020 - 13:47 CET Cinco Cias

El Gobierno de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos tiene la intención de aprobar en el Consejo de Ministros del próximo martes el decreto que prohibirá los desahucios a hogares en alquiler sin alternativa habitacional "digna" hasta el 9 de mayo, confirman fuentes cercanas a una tensa y enredada negociación en la que están implicados hasta cinco ministerios, tres de ellos con vicepresidencia incluida. Aún faltan algunos flecos por atar, pero desde el Ejecutivo se prevé llegar a tiempo dados los avances de las últimas horas.

En el decreto se incluirá finalmente la compensación económica a pequeños y grandes propietarios (menos de 10 y más de 10 inmuebles, respectivamente) y, todavía se estudia cómo añadir el decreto ley que prepara la vicepresidencia de Transición Ecológica para vetar el corte de suministros básicos, añaden las mismas fuentes.

Ábalos niega que el Gobierno estudie una compensación económica para grandes tenedores

Falta por ver cómo se articula la compensación a los tenedores de vivienda, uno de los asuntos que ha enfrentado a los dos socios de Gobierno en los últimos días pero que previsiblemente sí saldrá adelante una vez que Economía presente sus propuestas. Se baraja un contrapeso económico similar a las rentas medias de la zona en la que se encuentra situada la vivienda para los propietarios que tengan sus inmuebles inmovilizados durante más de tres meses, el plazo que tendrán los servicios sociales para encontrar una alternativa habitacional que deberá ser siempre una vivienda digna.

La parte del PSOE, con el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), el de Asuntos Económicos y el de Justicia, aboga por compensar a los propietarios que se encuentren con sus viviendas inmovilizadas durante la vigencia del estado de alarma, mientras que Unidas Podemos rechaza la medida.

En declaraciones recogidas por Europa Press, la secretaria de Estado para la Agenda 2030 y dirigente de Podemos, Ione Belarra, ha subrayado este jueves que su formación no se siente "especialmente cómoda" respecto a la compensación a los grandes tenedores de vivienda, pues estas entidades tienen que "asumir una responsabilidad" al estar haciendo negocio "con un bien de primera necesidad" como es la vivienda.

Belarra ha destacado la importancia de que los grandes tenedores pongan sus viviendas vacías a disposición de las familias vulnerables mediante alquiler social o hacerlo en colaboración con las administraciones públicas. "No tiene sentido que un sector como el inmobiliario, que está ganado miles de millones en España por hacer negocio con la vivienda, ahora no pueda arrimar un poquito el hombro en plena pandemia, eso es lo que llamamos Responsabilidad Social Corporativa". Fuentes del ala morada han precisado, no obstante, que las contraprestaciones a los grandes tenedores "no son una línea roja", ya que "lo importante es que se acabe con los desahucios".

La fórmula que finalmente se idee para dar forma a estas compensaciones depende todavía de la cartea de Economía, que prepara sus propuestas. El ministro de Mitma y competente en vivienda, José Luis Ábalos, aseguró sin embargo el lunes que el Ejecutivo no estaba estudiando ninguna reparación hacia los propietarios, sino que únicamente valoraba cómo prever reclamaciones por responsabilidad penal contra el Estado, ya que era de suponer que los bancos y fondos de inversión llevasen a cabo acciones legales contra la medida.

También falta por ver si se llegará a tiempo para incluir en la ley el decreto que prohíbe los cortes de suministros básicos. El pasado martes, la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, afirmó que el equipo de la vicepresidenta Teresa Ribera preparaba una disposición para incluir la prohibición del corte de suministros a las familias vulnerables, pero fuentes de Unidas Podemos explican este jueves que por el momento "no se les ha hecho llegar" ninguna propuesta al respecto.

La ley para prohibir los desahucios estará en vigor hasta el próximo 9 de mayo y dará cobertura a todos los hogares en situación de vulnerabilidad económica, esté esta motivada o no por la crisis sanitaria del coronavirus. El primer decreto para prohibir los lanzamientos, que finaliza el próximo 31 de diciembre, únicamente cubría a las familias vulnerables a raíz del Covid-19. Para el equipo del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, era importante atar que la alternativa habitacional tendrá que ser siempre "una vivienda digna", y no un albergue.

La condición de vulnerabilidad la concederán los servicios sociales de las comunidades autónomas a través de un informe vinculante, que los tribunales tendrán que solicitar obligatoriamente antes de decretar el desahucio. La medida también afectará a aquellas familias "en precario", es decir, okupadas, que estén en una vivienda de un gran tenedor. En este caso, las autonomías tendrán un plazo máximo de tres meses para buscar una nueva vivienda para estas familias.

Todo lo que rodea a los desahucios ha protagonizado uno de los enfrentamientos más duros en el seno del Gobierno de coalición, que debate enfrentado durante las últimas semanas asuntos como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la contrarreforma laboral o la ley para limitar los precios del alquiler.

La rebaja en la factura de la luz dinamita la paz energética

Por Raúl Masa -16/12/2020 Merca2

Contando cómo bajará la factura de la luz

El Gobierno quiere bajar la factura de la luz un 13% en los próximos cinco años. Para ello sacará del recibo que pagan los ciudadanos las retribuciones que perciben, entre otras, las energías renovables. Dichos costes -de unos 7.000 M€/año- serán asumidos por el conjunto del sector energético, incluyendo empresas gasistas o petroleras. Aunque la medida tendría una puerta trasera: otros costes energéticos como los combustibles podrían subir de precio.

Esta medida presentada en forma de anteproyecto de ley por el equipo de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, pretende bajar la factura de la luz eliminando este coste que, ahora mismo, supone el 16% del recibo. El objetivo, o triple objetivo como señalan desde el Gobierno, es “evitar subidas en el precio de la electricidad; dar señales claras de electrificación de la economía; y aportar la certidumbre, sostenibilidad y equilibrio al sistema que permitir la movilización de las inversiones necesarias en los próximos años”. No obstante, todo indica que se trata de un gol preelectoral que quiere colar el Ejecutivo ante una legislatura que se mantiene complicada. Básicamente porque tocará negociar con todos los grupos parlamentarios para sacar adelante el proyecto, y por ahora en materia energética no siempre ha salido todo bien.

Así, la situación pretende equilibrar el entramado energético y que no sean solo los consumidores eléctricos quienes se hagan cargo de las retribuciones de las renovables, cogeneración y residuos. Aunque detrás de esta medida, también hay posturas encontradas con respecto a quiénes son los que más estaban aportando al proceso de descarbonización.

El CEO de Endesa, José Bogas, señalaba este mismo martes -tras conocer la noticia- que este mecanismo permitirá empezar “a corregir el actual desequilibrio entre una factura de la luz que es de las más caras de Europa -debido al peso de estos costes-, y unos combustibles que tienen una fiscalidad muy inferior a la media europea“. Cabe recordar que esta medida afectará, sobre todo, a las grandes empresas eléctricas, como el caso de la propia Endesa e Iberdrola, pero que también enfoca de manera directa la caja de Naturgy, Repsol y Cepsa… y así un total de 500 empresas.

Parte del sector eléctrico entiende que desde hace años la electricidad se encuentra “penalizada”, ya que los consumidores eléctricos han de pagar en sus facturas el coste de desarrollo de las renovables y la cogeneración. “Se trata de unos costes que hay que pagar, pero que no deberían cargar exclusivamente sobre el consumidor de electricidad, pues obedecen a la necesidad de descarbonizar toda nuestra energía”.

REPARTIR LA FACTURA

¿Realmente a quién favorece esta acción? Esta medida pretende equilibrar el terreno de juego y favorece el equilibrio fiscal medioambiental al despenalizar la electricidad y cargar los costes de transición energética homogéneamente entre todas las energías.

Asimismo, la sorpresiva medida del Gobierno, en principio, favorece la competitividad nacional al aligerar la factura eléctrica de los consumidores electrointensivos y de la industria en general, beneficio que también se trasladaría a todos los consumidores, en especial a los más vulnerables.

UNA MEDIDA CON POLÉMICA

Aunque la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) no agradará a todos por igual. Por ello, el Gobierno ya se ha puesto la tirita en la herida. Da “por descontada” la litigiosidad por parte de las empresas al fondo, como ocurre en el sector con gran parte de sus cambios regulatorios, aunque consideraron que esta normativa es jurídicamente “muy sólida”.

En este sentido, dejaron claro que se trata de una prestación no tributaria, “por lo que no se trata de una medida fiscal” y añadieron que en el caso de los mercados que están regulados, como por ejemplo el PVPC (tarifa regulada) en la electricidad, será necesario llevar a cabo “una adaptación” en sus precios para incorporar este coste.

Asimismo, desde el sector petrolero han lamentado que la propuesta del Gobierno de crear un fondo para financiar entre todas las empresas suministradoras de energía supone que las decisiones que tomó un sector en el pasado para electrificar se van “a pagar entre todos”.

Fuentes del sector indicaron a Europa Press que está decisión, de todas maneras, supondrá que al final el coste para el consumidor “va a ser el mismo”, ya que se terminará repercutiendo. Las mismas fuentes estiman que la creación de este fondo tendría un coste de unos 7 céntimos de euro por cada litro de combustible en los cinco años. Además, estimaron que se podría aplicar el mismo criterio que para este fondo prevé poner en marcha el Gobierno a la descarbonización del refino.

BUENA ACOGIDA SECTORIAL

Las primeras reacciones en relación con el FNSSE han llegado desde todos los ámbitos. Desde APPA Renovables han recordado que la Transición Energética y sus costes son responsabilidad de todo el sistema energético y no debe ser sostenido únicamente por los consumidores eléctricos.

Recuerdan que desde la asociación se ha defendido históricamente la necesidad de implementar una fiscalidad ambiental, bajo el principio “quien contamina, paga”, que repercuta los costes de la Transición entre todos los actores. Por ello, a falta de conocer la estructura de este Fondo en detalle, APPA valora positivamente el espíritu del anteproyecto de ley anunciado por el Consejo de Ministros, que busca repartir los esfuerzos necesarios para evolucionar hacia un modelo energético más sostenible entre los distintos actores y fuentes energéticas.

Mientras, desde UNEF apoyan la propuesta y creen que “dará estabilidad a nuestro sector y favorecerá la electrificación al tiempo que se reduce la factura de los consumidores”, asegura Rafael Benjumea, presidente de la patronal.

La asociación celebra, además, que se reconozca una reclamación histórica del sector. El sector eléctrico permite a través de la electrificación y las renovables la reducción de emisiones de otros sectores. Por ello, este anteproyecto resuelve una anomalía, que solo la electricidad financiaba los costes de las renovables. Al hacer partícipes a todas las energías, se realiza un reparto más equitativo y al hacer la transición en cinco años, el impacto será gradual.

BBVA endurece condiciones de vinculación: la banca ya cobra comisiones de 290€

Por Cristina Hidalgo -16/12/2020  Merca2

BBVA ya adelantó en octubre de 2019 que ampliaba la lista de condiciones para que los clientes del banco no pagaran comisión en 2020. Desde el inicio de este año, sus clientes se enfrentaban a 100 euros, desde los 60 que ya pagaban por el servicio de mantenimiento de cuenta, salvo que el cliente ingresara al menos 600 euros al mes o domiciliara cinco recibos.

Pese a ello, había otras personas que en cualquier caso se libraban de estas tarifas. Como los menores de 30 años, los clientes con pensión domiciliada de más 300 euros y los clientes de valor, es decir, los que tuvieran un saldo de más 60.000 euros.

Pero de nuevo ahora la entidad ha endurecido las condiciones de vinculación. Desde el 15 de diciembre, los mayores de 29 años tienen que ingresar 800 euros al mes (en lugar de 600), mantener la condición de cinco recibos domiciliados y a su vez, realizar al menos siete movimientos con las tarjetas de crédito.

A los menores de 29 años, que tengan una cuenta distinta a la Cuenta Joven, también se les pedirá que hagan siete compras para evitar comisiones. Mientras que a los menores de 21 años, no se les aplica la política de vinculación del banco.

EL AÑO MÁS AGRESIVO DE LA BANCA

Este año será recordado por muchas cosas, sobre todo, por la pandemia, pero también por ser el año más agresivo de la banca. La caída de los tipos de interés y la búsqueda de rentabilidad ha sido la excusa de grandes y pequeños para subir comisiones y recaudar más.

La mayoría de bancos españoles lo anunciaron en 2019, otros lo han hecho este 2020, pero al final todos han seguido el mismo camino: subir comisiones si no hay vinculación. Es decir, si el cliente no tiene–de media- tres productos con su banco. Por ejemplo, la nómina, los recibos domiciliados o un seguro, algunos también piden hacer un mínimo de compras al mes con la tarjeta.

Para aquellos que no cumplan estas condiciones (que varían según la entidad) las comisiones pueden llegar hasta los 290 euros al año, como ocurre en CaixaBank. Según un estudio de la plataforma mejor-banco.com, la banca española está cobrando de media 130 euros anuales por el mantenimiento de una cuenta corriente a aquellos clientes que no cumplen con las condiciones de vinculación, un importe que asciende a 155 euros si se suma la comisión de mantenimiento media por las tarjetas de débito.

Para extraer estos datos, la plataforma ha comparado las cuentas más populares del Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankia, Bankinter, Kutxabank, Ibercaja, Cajamar y Liberbank. Es decir, los 10 bancos españoles más grandes se han puesto de acuerdo y aplican ya la misma política, cuenta gratuita a los clientes más vinculados, comisiones para aquellos que no lo sean.

SABADELL FUE EL PRIMERO

Todo empezó el noviembre de 2019 cuando el Banco Sabadell decidió cobrar 5 euros al mes, o lo que es lo mismo, 60 euros al año, a los clientes de la Cuenta Expansión a no ser que además de la nómina contrataran algún seguro o préstamo con la entidad. También servía que dispusieran de al menos 10.000 euros en fondos de inversión del banco. Pero en el inicio de 2020 decidía subir, otra vez, las comisiones de la Cuenta Expansión hasta los 120 euros.

Bankia se convirtió en febrero en la entidad que más subió estas comisiones, hasta los 168 euros al año para aquellos que no tuvieran vinculación. Los afectados fueron los clientes del programa Por ser Tú, que ofrece una cuenta gratuita a cambio de unas condiciones tales como domiciliar la nómina, realizar dos pagos con tarjeta de crédito al mes, tener una póliza de seguro de riesgo (hogar, coche…) de 135 euros al año, o una posición de 30.000 euros en fondos de inversión, planes de pensiones o seguros de ahorro.

Si el cliente solo tiene la nómina y decide no cumplir, se le aplica una tarifa de 6 euros al mes. En el caso de aquellos usuarios que ni siquiera domicilien la nómina o pensión, se les cobrará 14 euros al mes, esto son 168 euros al año.

EL NUEVO SANTANDER

El Banco Santander ha hecho varios cambios este año. El primero fue dejar de remunerar la Cuenta 123 en enero. A cambio dejó de cobrar a los clientes por tarjetas y mantenimiento de la cuenta si cumplían una serie de condiciones de vinculación: tener domiciliada la nómina o pensión y 3 recibos, además de usar la tarjeta una vez al trimestre.

Finalmente, la entidad dejó caer esta cuenta y casi todas las demás, pues en noviembre vio la luz Santander One. Una nueva cuenta, que redujo el catálogo del banco a solo tres cuentas: One, Smart y Mini. Además de la cuenta básica.

Con la Cuenta One, también cambió el concepto de vinculación. El Santander entiende que un cliente está vinculado si ingresa su nómina o pensión, domicilia tres recibos y tiene contratado un producto de financiación (préstamos, hipoteca o renting), de ahorro (fondo de inversión, plan de pensiones, seguro de ahorro…) o de protección (seguro de hogar, auto, vida, accidentes…).

Es decir, los clientes que sólo tengan la nómina o ingresos, o sólo un producto de ahorro, financiación o protección, pagarán 120 euros al año por el mantenimiento de la cuenta y los servicios esenciales. Y los que no tengan nada, 240 euros al año.

CAIXABANK, LÍDER EN COMISIONES

CaixaBank es el que cobra las comisiones más elevadas. Sus clientes pueden pagar hasta 240 euros al año por mantenimiento de cuenta si no domicilian una nómina de más de 600 euros, tres recibos y realizan tres pagos con la tarjeta al trimestre.

Si solo tiene nómina, cobra 15 euros al trimestre y si no se cumple ninguno de los requisitos 60 euros al trimestre. El problema es que esta entidad también cobra 50 euros por emisión y mantenimiento de tarjeta de débito.

Así que se puede acabar pagando 290 euros, o incluso más, pues a su vez cobran 2 euros por todas las operaciones que se puedan hacer por los canales digitales y acaben haciéndose en oficina y otros 12 euros por tener activado el servicio de alerta.

KUTXABANK Y ABANCA

Los bancos más pequeños no se quedan atrás. Por ejemplo, la Cuenta Ok de Kutxabank exige tener una nómina domiciliada de 600 euros al mes o una pensión de 400 euros, además de 6 recibos domiciliados al trimestre o mantener depositado el banco un saldo medio trimestral igual o superior a 20.000 euros en Planes de Pensiones, Baskepensiones y/o fondos de inversión.

Si se incumple cualquiera de ellos, el banco cobra una comisión de 30 euros al trimestre, 120 euros al año. En la Cuenta Ok Plus, hay un requisito más y es que la facturación neta del conjunto de todas las tarjetas vinculadas a la cuenta tiene que superar los 300 euros en el trimestre de la liquidación o los 1.200 euros anuales. De lo contrario, se cobrará 40 euros de comisión por periodo de liquidación. 160 euros al año.

En el caso de la Cuenta Nómina Joven, se pide nómina de 600 euros al mes (mínimo 6 ingresos al año) y 12 recibos domiciliados al año. O mantener depositado en Kutxabank un saldo medio anual igual o superior a 20.000 euros, además de una Facturación neta anual de 1.200 euros con tarjetas o 12 usos en comercios al año. También, tener contratados los servicios de banca online. El incumplimiento de cualquiera de ellos implicará el cobro automático de 50 euros el mes siguiente del devengo.

Abanca también ha saltado a la palestra este 2020, los clientes denuncian comisiones de hasta 36 euros al año si se incumplen algunas de las condiciones de vinculación. Los adheridos al programa Cero Comisiones deben ingresar un sueldo en la entidad, mantener al menos 500 euros al mes en productos de ahorro y, además, realizar movimientos con la tarjeta de crédito, contratar servicios de inversión o seguros comercializados por la entidad.

La pensión media bajará en 168 euros mensuales

•  Ampliación del periodo de cálculo a 35 años
• La pensión media bajará en 168 euros mensuales si prospera el 'plan Escrivá'
• Un informe de la Seguridad Social cuantifica en un punto porcentual la reducción de la cuantía por cada año de ampliación del periodo de cómputo, lo que supondría una rebaja total de hasta el 12%.
• El 'golpe bajo' de Escrivá a las pensiones daña el Pacto de Toledo y rompe al PSOE

CRISTINA ALONSO   NOTICIA 16.12.2020 - 04:30h LaInformación

Las pensiones de jubilación sufrirán un recorte importante de materializarse la propuesta de reforma del sistema que se ha plasmado en documentos internos elaborados por el flanco más liberal del Gobierno y que ha generado nuevos roces en la coalición progresista. En concreto, según aproximan algunos estudios, la prestaciones públicas experimentarían un 'tajo' de hasta el 12% con la ampliación de la base de cálculo a 35 años que ha planteado en un borrador el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Esto implica, en dinero contante y sonante, una rebaja en la cuantía de la pensión, respecto a los niveles actuales, de 168 euros mensuales o, lo que es lo mismo, pero expresado en 14 pagas, de hasta 2.352 euros al año.

La propuesta de Escrivá ha provocado el enésimo choque de trenes en el Gobierno de coalición, precisamente, porque el área de Unidas Podemos rechaza cualquier iniciativa de reforma que implique, de facto, una rebaja de las pensiones públicas, como es el caso. La referencia más reciente para poner cifras a esta afirmación genérica se encuentra en un informe que encargó la propia Seguridad Social a la consultora Labour Asociados en el año 2007. Tras proyectar distintos escenarios de ampliación del periodo de cálculo de la base reguladora, los técnicos concluyeron que, grosso modo, se da una reducción en la cuantía de la pensión de un punto porcentual por cada año de ampliación. Esto implica que pasar de los 23 años actuales a los 35 que plantea Escrivá supondría un recorte del 12%.

Teniendo en cuenta que las nuevas altas de jubilación registradas en el sistema -se toma esta referencia por ser el colectivo más representativo en cuanto a la afectación de la eventual reforma- sitúan la pensión media en 1.400 euros, una rebaja del 12% dejaría la prestación en 1.232 euros mensuales, con lo que la nómina anual se vería menguada desde los 19.600 hasta los 17.248 euros. El informe de la Seguridad Social, que partía de un escenario de 15 años de cómputo, cifraba en un 17% la caída de la pensión media en caso de aumentar el periodo de cálculo de la base reguladora hasta los 35 años y veía como "muy probable" que ese valor marcase el rango inferior del recorte, "siendo de esperar una reducción todavía mayor". 

El debate sobre la ampliación del periodo de cómputo ya estaba sobre la mesa en el año 2006 y, de hecho, ha sido una de las medidas más recurridas en las sucesivas reformas del sistema de las pensiones. La última, de 2011, estableció un avance desde los 15 hasta los 25 años entre 2013 y 2022. Ahora, por sorpresa y a espaldas del Pacto de Toledo y del diálogo social, el ministro Escrivá ha introducido una iniciativa en las conversaciones en el seno del Gobierno para ampliar el periodo hasta los 35 años. La medida, que persigue una mayor contributividad del sistema, supone en la práctica un recorte de las pensiones, porque los trabajadores suelen cobrar sueldos más bajos en sus primeros años de vida laboral, aunque podría beneficiar a los expulsados del mercado de trabajo en sus últimos años de carrera profesional.

Impacto en las pensiones más altas

El dossier de Seguridad Social, encargado a la citada consultora por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, artífice de la reforma de 2011, apuntaba, pese a las lagunas estadísticas sobre bases de cotización anteriores a 1985, a que de mantenerse la tendencia en años anteriores, el incremento del periodo de cálculo hasta los 35 años "daría lugar a una caída considerable de la pensión". Añadía, además, que esta ampliación no afectaría a todos los pensionistas por igual, teniendo un mayor efecto sobre las pensiones más altas. En paralelo, los efectos sobre las mujeres serían ligeramente inferiores frente a los hombres, lo que se explicaría básicamente por la menor cuantía que cobran ellas cuando se jubilan.

El 54% de los españoles teme que la pensión de jubilación será insuficiente

En cualquier caso, la ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión, incluso a toda la vida laboral, ha sido defendida incluso desde el Banco de España. Para José Ignacio Conde-Ruiz, doctor en Economía y subdirector de Fedea, aumentar la base reguladora de 25 a 35 años sería "una medida positiva". "Avanza en la contributividad del sistema, que debería desembocar en toda la vida laboral", indica. De este modo, a su juicio, "una vez se tenga en cuenta toda la vida laboral, estaríamos prácticamente a un paso de convertir nuestro sistema de pensiones en uno de cuentas nocionales". Así, en opinión de este experto, "un sistema de cuentas nocionales bien diseñado sería la mejor forma de hacer compatible la suficiencia y la sostenibilidad", zanja en conversación con La Información.

Una idea de la AIReF de Escrivá

Aunque se desconoce el alcance de la medida planteada ahora por el ministro de Seguridad Social, lo cierto es que, como presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Escrivá calculó que elevar la carrera de cotización considerada para el cómputo de la pensión desde los 25 años hasta los 35 años en 2027 contendría el gasto en pensiones en 0,5 puntos de PIB en 2048. "La evidencia internacional muestra que existe recorrido en el aumento de la carrera de cotización, comparativamente baja", señalaba en un informe en el que indicaba que "la tasa de cobertura se reduciría en 2 puntos respecto al escenario central".

pensiones airef  

Esta medida, según indicaba en su informe la AIReF en 2019, "reforzaría la contributividad del sistema e incentivaría las cotizaciones a lo largo de toda la vida laboral", algo que "resulta especialmente relevante cuando existe margen para decidir la base de cotización como en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos". Si bien el documento no incluyó un escenario de impacto sobre la cuantía de las pensiones porque, según argumenta la Autoridad Fiscal, "el cálculo del efecto de ampliar la carrera de cotización a toda la vida laboral exigiría utilizar datos que a día de hoy solo están a disposición de las Administraciones de la Seguridad Social, por lo que el efecto de esta medida no ha podido ser simulado".

En la misma línea, un paper más reciente de la institución que ahora preside Cristina Herrero, publicado en septiembre de 2020, indica que "a largo plazo, siguen vigentes las propuestas de profundización de la reforma paramétrica de 2011" y realiza una estimación sobre algunos supuestos. En concreto, calcula que el incremento de la carrera de cotización considerada para el cálculo de la pensión de 25 a 35 años en 2027 controlaría el gasto en 0,6 puntos. El informe insiste en que "existe margen para el aumento" en la comparativa internacional y en que la medida "reforzaría la contributividad del sistema e incentivaría las cotizaciones a lo largo de toda la vida", aunque la tasa de cobertura se reduciría en 2,1 puntos respecto al escenario inicial.

La retribución media de un consejero del Ibex es de 710.000 euros

CINCO DÍAS MADRID  16 DIC 2020 - 20:07 CET

La retribución media devengada por un consejero de una sociedad cotizada española se sitúa en 382.000 euros anuales, un importe que se incrementa hasta 710.000 euros entre las empresas que forman parte del Ibex 35 y que se sitúa en 204.000 euros para el resto de compañías, según refleja el informe anual de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre los informes de remuneraciones de los consejeros de las sociedades cotizadas de 2019.

La remuneración media devengada globalmente por los consejos de administración de las sociedades cotizadas fue, en promedio, de 4,03 millones de euros en 2019, un 6,4% superior a la del año anterior. Este importe es de 9,5 millones de promedio para las empresas del Ibex 35 y de 2,03 millones para el resto de cotizadas.

La retribución media por consejero que ha desempeñado el cargo durante el ejercicio completo (382.000 euros anuales) creció un 1,9% respecto al ejercicio anterior, aunque este aumento está afectado por la indemnización de alrededor de 14 millones de euros pagada a un consejero ejecutivo de Repsol como consecuencia de su cese en las funciones ejecutivas. Descontándola, la remuneración media por consejero habría disminuido un 1,5%.

Dentro del Ibex 35, las remuneraciones más elevadas corresponden a los presidentes ejecutivos, cuya retribución media en 2019 fue de 4,1 millones de euros, frente a 4,46 millones en 2018. Por detrás, los consejeros delegados obtuvieron una retribución media de 3,1 millones (3,3 millones en 2018), el resto de consejeros ejecutivos ganaron 2,8 millones de media (2 millones un año antes) y los presidentes no ejecutivos recibieron 827.000 euros (frente a 870.000 en 2018).

En las compañías que no forman parte del Ibex 35, la remuneración media de los presidentes ejecutivos fue de 1,2 millones de euros (+15,12%), debido principalmente al vencimiento de planes variables plurianuales en dos compañías (Sacyr y San José) durante ese ejercicio.

La retribución media de los consejeros delegados fue de 886.000 euros (1,1 millones en 2018), la del resto de consejeros ejecutivos ascendió a 548.000 euros (491.000 euros en 2018) y la de los presidentes no ejecutivos fue de 212.000 euros (189.000 euros en 2018).

En general, el importe más significativo de los componentes que conforman la remuneración devengada corresponde a la retribución fija, que representa el 47% del total (44% en las empresas del Ibex 35 y 54% en el resto de sociedades). De su lado, la retribución variable supone el 33% (33% en el Ibex 35 y 32% en el resto), las dietas el 4% (3% y 6%, respectivamente), la remuneración consolidada en el ejercicio por sistemas de ahorro representa de media el 4% (5% en Ibex 35 y 2% en las demás). El resto corresponde a otros conceptos retributivos, incluidas las indemnizaciones.

Asimismo, la CNMV ha constatado un importante aumento de la presencia de mujeres en los consejos de administración de las compañías cotizadas españolas hasta el 23,4% en 2019, casi cuatro puntos por encima de un año antes y 6,8 puntos más que en 2016.

Así lo recoge su informe anual del ejercicio 2019 sobre el informe anual de gobierno corporativo de las entidades emisoras, en el quinto año de aplicación del Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas de 2015, que recomienda que las empresas cuenten con un número de consejeras que represente, al menos, el 30% del total de miembros del consejo de administración en 2020.

En 2019 el porcentaje de mujeres consejeras subió en 3,7 puntos, hasta el 23,4%, con aumentos en todas las categorías. En concreto, las consejeras independientes alcanzaron el 35,8% (+5,4 puntos) y las consejeras ejecutivas el 5,5% (+0,6 puntos). También se elevó el porcentaje de consejos con presencia femenina, hasta el 90,6% (+5,6 puntos).

Un total de 46 entidades nombraron consejeras a lo largo del pasado año, de las que el 87,7% eran independientes, el 10,5% dominicales y el 1,8% ejecutivas. Las mujeres presidían los consejos en un 4,7% de las cotizadas (+0,2 puntos frente a 2018) y el porcentaje de consejeras que no pertenecen a ninguna comisión del consejo disminuyó del 26,4% al 23,6%.

El incremento de la presencia femenina en los consejos de administración fue más pronunciado entre las empresas del Ibex 35, que aumentaron la cuota de mujeres en 4,5 puntos, hasta el 27,5%. Todas estas compañías contaban con mujeres consejeras. Sin embargo, en lo que respecta a la alta dirección, se observa un descenso tanto en el porcentaje de altas directivas, que pasó del 16% en 2018 al 15,9% en 2019, como en el de sociedades que cuentan con mujeres en su alta dirección, que se situó en el 58,3%, frente al 59,9% de un año antes.

El comercio textil ya teme perder la mitad del empleo por el derrumbe de las ventas

• Ni el Black Friday invierte la caída, que en noviembre fue del 37%

Belén Trincado / Cinco Días 10 DIC 2020 - 06:05 CET

Las rebajas no fueron el alivio esperado. Y las promociones del Black Friday han confirmado los peores augurios: el comercio textil no solo no está reduciendo de forma progresiva la pérdida de ventas desatada a raíz del coronavirus, si no todo lo contrario: cada mes casi es peor que el anterior y el sector se encamina a cerrar un año que ya define como una “auténtica catástrofe”. Desde luego, el peor desde que se tienen datos, con consecuencias que serán directas para su actividad.

En noviembre el retroceso alcanzó el 37,1%, un porcentaje que incluye tanto ventas en tiendas físicas como en online de operadores grandes y pequeños, llevando el retroceso en el acumulado del año hasta el 40,5% respecto a los mismos meses del año pasado, según el barómetro que publica mensualmente Acotex, la principal patronal del comercio textil. En octubre, cuyos datos no han sido actualizados hasta este miércoles, la caída fue del 37,3%.

Con ambos el sector textil acumula 14 meses consecutivos con retrocesos interanuales. Estos ya comenzaron antes de la pandemia, en octubre de 2019, un año que ya fue considerado como negativo en un contexto normal. El Covid-19 ha terminado por hundir el negocio: desde marzo son ya 10 meses de caídas a doble dígito, siendo la menor la que se registró en julio, del 22,5%. El acumulado del año es de una caída del 40,5%, un porcentaje que no cambiará mucho cuando concluya diciembre, pese a la campaña de Navidad. “No somos nada optimistas”, reconoce el director general de Acotex, Eduardo Zamácola. “Da igual el descuento que se ponga. La gente no puede ponerse la ropa que se vaya a comprar. Y se están adelantando promociones de artículos que aún no se están usando”, añade.

De cerrar el año con esa caída, esto se traducirá en una pérdida de ingresos de 7.000 millones de euros, en tanto que en 2019 la facturación del sector fue de casi 18.000 millones. Con ello 2020 se convertirá en el peor año desde, al menos, 1997, último con cifras de ventas publicadas.

Las consecuencias en las empresas del comercio textil ya son apreciables. Según Acotex, una vez acabado el confinamiento y se permitió la reapertura de los establecimientos, en torno a un 15% decidió no levantar la persiana ante el entorno del mercado. Ahora se suman los que reabrieron pero han vuelto a cerrar, y ya es el 25% de los establecimientos asociados a la patronal los que han cerrado la puerta, ya sea de forma temporal o definitiva, más de 2.000.

“Además, en casi todos los comercios abiertos hay empleados en ERTE, que si el mercado no se recupera serán futuros desempleados. Estamos hablando de un sector compuesto por 200.000 empleados, y entre los comercios que han cerrado, que cerrarán y la bolsa de ERTE, alrededor del 50% se pueden ir al paro”, asegura Eduardo Zamácola.

Peticiones

Los más afectados, pequeños negocios que, a diferencia de los grandes grupos, no están pudiendo compensar con el online parte de la sangría de las ventas. “Es impensable mantener las plantillas precovid con las actuales ventas”, sostiene el portavoz de la patronal.

El sector viene reclamando distintas medidas desde el inicio de la crisis. Principalmente la condonación de impuestos, tasas o cuotas de la Seguridad Social, o soluciones para el pago de los alquileres. Ahora añaden una reducción del IVA que impulse el consumo o moratorias en los préstamos ICO a los que las empresas del sector accedieron al inicio de la crisis.

Pero sobre todo, la reivindicación a pocos días de concluir el ejercicio es la de poder adaptar las plantillas a la reducción del negocio aún estando las empresas en ERTE, lo que obliga al mantenimiento del empleo. El Ministerio de Empleo ya ha advertido que, de no cumplirse ese compromiso, las empresas deberán devolver las exenciones. “Necesitamos ayudas para poder despedir porque de lo contrario las empresas tendrán que cerrar definitivamente. Estamos en la situación de tener que para mantener dos empleos tendremos que prescindir de otros dos”, resume Zamácola.

El directivo de la patronal reconoce una buena comunicación con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, pero lamenta que desde que se inició la crisis ninguna de las principales peticiones

62.000 TRABAJADORES DEL COMERCIO MINORISTA SIGUEN EN ERTE

Noviembre. El comercio minorista es, después de la hostelería y el sector hotelero, el que mantiene un mayor número de trabajadores en ERTE. Según los datos de afiliación a la Seguridad Social publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, un total de 62.500 personas se mantenían en esta situación, más de la mitad por causas de fuerza mayor. Una cifra ligeramente superior a la vista en octubre, después de que algunas autonomías decretaran el cierre de toda actividad no esencial. Esa cantidad no solo incluye al textil, sino a todo tipo de comercio minorista salvo la venta de vehículos a motor. Si se suma el comercio al por mayor, los empleados en ERTE superan los 103.000.

Industria. También la industria textil se ve afectada por la coyuntura. Los datos de noviembre hablan de 2.142 personas incluidas en algún tipo de ERTE en esta actividad, a los que se suman otras 1.436 de la industria del cuero y del calzado, superando entre ambas los 3.500.

El nivel de empleo de 2007, previo a la crisis financiera, no se recuperará hasta 2026

El economista Josep Oliver alerta de que, tras la segunda ola de la pandemia, ya hay 1,5 millones de jóvenes parados de los que solo 300.000 tienen estudios superiores

Belén Trincado / Cinco Días Madrid  11 DIC 2020 - 06:30 CET

Llueve sobre mojado. Cuando España no había logrado recuperar el número de ocupados que tenía su economía en 2007, justo antes del estallido de la crisis financiera mundial, ha estallado otra crisis, aún más global, si cabe, que ha ha provocado en menos de dos trimestres un hundimiento aún mayor del mercado laboral.

Según la ocupación medida en términos de la Encuesta de Población Activa (EPA) en la aterior crisis financiera, entre el tercer trimestre del 2007 y el mismo trimestre de 2013 se destruyó anualmente el 3,1% del empleo de media Mientras que la destrucción anualizada por el impacto del Covid en este año llegará al 3,5%.

Así lo destaca una nueva edición del Índice ManpowerGroup, que elabora el catedrático de Economía Aplicada de la Autónoma de Barcelona, Josep Oliver y su equipo. Si bien, este experto, como hizo recientemente el Banco de España, explicó ayer que a la hora de analizar el shock del Covid en el empleo debe tomarse como indicador, más que la ocupación, el número de horas realizadas, para eliminar el efecto de los trabajadores en ERTE, que se consideran ocupados pero tienen su empleo suspendido total o parcialmente. En ese caso, la actual crisis también ha registrado un récord al registrarse un desplome del 25% de las horas trabajadas en el segundo trimestre del año.

Así, cuando estalló la pandemia, el mercado laboral español aún estaba a cuatro puntos porcentuales de recuperar el nivel de empleo de 2007 y ahora, tras un semestre de crisis sanitaria y económica la afiliación acumula una caída del empleo de entorno al 2%.

Además, la situación actual tiene algunas características que, junto al resto de previsiones de los organismos internacionales, llevan a los expertos que han realizado este índice a calcular esta brusca interrupción de la senda de recuperación y el nuevo hundimiento del empleo tienen tres características que hacen que la economía española vaya a tardar alrededor de seis años, hasta 2026, en volver a los niveles de empleo que tenía a mediados de 2007, justo antes del inicio de la crisis financiera que arrancó en 2008. Estimando para eso aumentos medios del empleo del 2% anual entre 2023 y 2025, continuando así con la previsión de la Comisión Europea para España que ha estimado un aumento de ese 2% anual hasta 2022.

Entre estas características que dificultan la recuperación Oliver destacó la elevada incertidumbre acerca de la duración de la crisis, que dependerá de la evolucion de la crisis sanitaria; el hecho de que el dinero europeo del fondo SURE para financiar los expedientes de regulación de empleo (ERTE) vaya a durar, en su opinión, solo hasta abril o mayo; y que no se puede esperar que el resto de fondos europeos para la reestructuración del tejido productivo se emplee en otro tipo de ayudas.

Junto a esto, los datos de este trabajo ponen de manifiesto que hay dos colectivos notablemente más dañados por la crisis de la pandemia: los jóvenes y las pymes. Entre los primeros destaca que entre febrero y octubre de este año las pérdidas de afiliados se concentran prácticamente en su totalidad en los más jóvenes en términos netos. De esta forma, frente a la contracción del -4,9% de la afiliación de los jóvenes de menos de 35 años (-233.000 afiliados menos), la reducción de aquellos con 35 y más es prácticamente nula (-26.000 en total).

Esto deja, según llamó la atención Oliver, la la existencia de 1,5 millones de jóvenes parados, de los que solo 300.000 tienen estudios superiores, por lo que apuntó que el Gobierno debería destinar parte de los fondos europeos a un gran programa de recualificación de este colectivo. La necesidad de esta formación masiva cobra mayor importancia, además, ante la desaparición en la práctica y de manera abruta de la llegada de inmigrantes, cuya previsión oficial cae desde los 300.000 anuales a menos de 100.000. Además, la destrucción de empleo está siendo mucho más intensa en el colectivo de extranjeros, donde la afiliación ha caído un 3,1% desde que empezó la pandemia frente al 1,3% de la población española.

Por el lado de las pymes, mostró su preocupación por los datos del Fondo Moneterio Internacional (FMI) de octubre que indican que la falta de liquidez hace que el 40% del empleo de las pymes del sector de alojamientos y comidas esté en riesgo; o el 31% de los empleados de las pequeñas empresas del ocio o el 17% del comercio.

Ante este elevado riesgo, Oliver consideró que el Gobierno debería cambiar su estrategia de ayudas a las pymes, ya que aunque los créditos ICO han servido para un primer momento, ahora debería recovertir esta financiación en ayudas directas.

En este sentido el presdiente de la Cámara de Comercio, donde se presentó ayer este indicador, José Luis Bonet, también abogó por una mayor flexibilidad en los impuestos. “Al Gobierno le falta contundencia en el terreno fiscal; no se puede cobrar impuestos a la actividad económica si no existe esa actividad o exigir que se pague el IBI de un hotel cerrado”, dijo Bonet.

Mientras que el Managing Director de la Región Mediterránea de ManpowerGroup España, Raúl Grijalba, pidió una mayor colaboración público privada porque, de lo contrario, manifestó sus dudas sobre la eficiencia y la rapidez necesaria en la ejecución de los fondos europeos.

Así es el modelo vasco de pensiones que defiende el ministro de Seguridad Social

• Este sistema supone la compensación de la pensión pública con un plan de pensiones de la empresa

El Plural - SARA CORDERO Jueves, 5 de marzo de 2020

José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha anunciado las medidas previstas por el Gobierno para paliar el déficit del sistema de pensiones públicas en la primera comisión parlamentaria del Pacto de Toledo. Entre las medidas más importantes se encuentran la desgravación de los planes de pensiones, el endurecimiento de la jubilación anticipada y la compensación de las pensiones públicas con los planes de empresa.

Uno de los aspectos más relevantes de la primera comisión del Pacto de Toledo es la intención del Gobierno de incentivar los planes de pensiones de empresas en detrimento de los planes individuales privados. Según las cifras de Inverco, la rentabilidad media de los planes de empresa a 10 años roza el 4% frente a la rentabilidad de alrededor del 2,75% de los planes privados.

Los planes de pensiones de empresa son complementarios a las pensiones públicas y se negocian siempre a través de la negociación colectiva entre empresarios y sindicatos. En concreto, consiste en que tanto las empresas como los propios trabajadores aseguren una compensación económica de cara a su jubilación. Es decir, un modelo de pensiones privado complementario al sistema público como el que está popularizado en País Vasco.

En cifras, la mitad de los empleados vascos disfrutan de los planes de pensiones de empresas, además del público de la Seguridad Social, y cuentan con un incentivo fiscal a estos planes “si hay aportación del trabajador y del empleador”. En el resto de España, solo el 10% de los trabajadores disfrutan de esta pensión compensatoria.

"Todo depende de lo que se pacte en la negociación colectiva"

Según CCOO, “todo depende de lo que se pacte en la negociación colectiva”. Es decir, no hay un porcentaje fijo de aportación por parte de trabajadores y empresas y cabe la posibilidad de que incluso los trabajadores no tengan que aportar nada a su pensión, sino que solo se haga por parte de la empresa. Esto supone beneficios fiscales para ambas partes, tanto para la empresa como para el trabajador.

Escrivá defiende que este modelo implantado en el País Vasco “está arrojando niveles de pensiones complementarias interesantes, sobre todo para las rentas medias y bajas, que son los trabajadores que más lo necesitan”. Por su parte, CCOO asegura que son las grandes empresas quienes llevan a cabo este plan interno de pensiones, especialmente en el sector financiero y de seguros.

Además de esta medida, el Gobierno también tiene previsto reformar la fiscalidad de la jubilación y de los planes de pensiones, así como eliminar “gastos impropios”, según el propio ministro de la Seguridad Social. Asimismo, Escrivá ha anunciado que se subirán las pensiones mínimas y para ello se empleará el Ingreso Mínimo Vital.

Por otro lado, el Gobierno también tiene previsto endurecer la jubilación anticipada con medidas como la penalización de las jubilaciones anticipadas voluntarias y la mejora de los incentivos para retrasar la jubilación más allá de la edad legal.

Opinión:

Ellos mismo reconocen el fracaso de la gestión gubernamental de las pensiones públicas a través de la seguridad social, y se prepara la reducción y recorte de su importe a los pensionistas futuros. Se deja en manos privadas todo el negocio y el riesgo del poder adquisitivo de las mismas en el futuro. 

Estos políticos y solo ellos, se cargaron las cajas de ahorro, los fondos de mutuas, seguros, etc....y ahora se promulgan como salvadores de aquello que han hundido.

Y como no hablan de sus prebendas, ..... ¡¡¡¡ pues no existen....y no se tocan...!!!!

Montero usa la ley contra el fraude para desactivar los reveses del TS a Hacienda

La Informacion - BRUNO PÉREZ   24.11.2020 - 04:30h 

• Indignación entre los asesores fiscales
• Los asesores fiscales denuncian una subida de impuestos "enmascarada"
• Montero sienta a las CCAA para evitar el caos en la valoración fiscal de viviendas

La regulación de los pactos sucesorios o la creación de un nuevo indicador del Catastro para estimar el valor fiscal de operaciones inmobiliarias matizan autos del Supremo contrarios a los intereses del Fisco.

Gallegos, navarros, catalanes, aragoneses, vascos y residentes en las islas de Mallorca, Ibiza y Formentera mantienen a día de hoy un privilegio fiscal derivado de sus fueros territoriales que les permite ejecutar la transmisión en vida de padres a hijos de bienes y otros elementos patrimoniales con las mismas condiciones que si fuera una herencia por causa de muerte y, como consecuencia de ello, con una factura fiscal significativamente más reducida. Es lo que se conoce como 'pactos sucesorios', un exotismo del marco fiscal español que reduce considerablemente el coste fiscal para el que lo ejecuta y que el Ministerio de Hacienda tiene desde hace años en el punto de mira. Consideraba que se trata a todos los efectos de una transmisión en vida y que por ello debería estar sujeta a tributación en el IRPF y al mismo tratamiento fiscal que tienen las donaciones. 

Y así empezó a tratar los pactos sucesorios hasta que el Tribunal Supremo le paró los pies un 9 de febrero de 2016 en una célebre sentencia en que reconoció la capacidad de cada comunidad autónoma para ordenar a través de su derecho civil el modo en que se podían sustanciar las herencias y sentó la imposibilidad de aplicar el IRPF a un acto administrativo ya gravado por el Impuesto de Sucesiones. Y la cosa quedó así...hasta este año 2020 en el que el Ministerio de Hacienda ha querido aprovechar la tramitación del proyecto de Ley de Medidas de Lucha contra el Fraude para modificar los cimientos legales sobre los que se asientan los pactos sucesorios y regular las condiciones en que éstos sí estarán sujetos al Impuesto sobre la Renta.

"Se trata de una opción fiscal legítima a la que se pueden acoger los contribuyentes de los territorios en que están vigentes y el Gobierno pretende ahora desvirtuarlos afectando a competencias que son propias de las comunidades autónomas, con riesgo de generar situaciones de doble tributación y en contra del criterio sentado por el Tribunal Supremo", denuncia Javier Gómez Taboada, responsable de Estudios e Investigación de la asociación de asesores fiscales Aedaf y socio del despacho Maio Legal.

El de los pactos sucesorios no es un caso aislado. Aedaf ha detectado hasta cuatro medidas incluidas en el proyecto impulsado por el Ministerio de Hacienda que reescriben normas vigentes con el objetivo de sortear las objeciones planteadas por el Tribunal Supremo a algunos comportamientos del Fisco. Otra de estas situaciones hace referencia al nuevo indicador de valores inmobiliarios impulsado por el Gobierno con el objetivo de aclarar la determinación de la base imponible en los impuestos que gravan las transacciones inmobiliarias, una circunstancia que ha generado no pocos problemas y litigios judiciales en el pasado.

Los asesores fiscales entienden que ya había una jurisprudencia asentada del Supremo en relación a considerar el 'valor de mercado' de los inmuebles transmitidos como la referencia a seguir a la hora de aplicar los impuestos y que esta maniobra solo tiene un objetivo: aplicar una subida fiscal encubierta. El Gobierno entiende por el contrario que la determinación de ese 'valor de mercado' se ha convertido en una fuente permanente de conflicto entre los contribuyentes y las administraciones tributarias y que la instauración de una referencia única para la determinación de las bases imponibles de los impuestos de sucesiones, donaciones, transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, patrimonio y, en algunos casos, también IRPF, reducirá esa litigiosidad. Desde Aedaf ya avanzan que eso no será así. "Los litigios que antes se presentaban contra los métodos de valoración establecidos por las CCAA se presentarán a partir de ahora contra la determinación de esos valores por parte del Catastro".

Otras maniobras para 'sortear' los límites del Supremo

Más casos. El 6 de marzo de 2018 el Tribunal Supremo emitió una sentencia en la que aclaraba que el umbral de un millón de euros bajo el cual no hay que pagar el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) debía entenderse como un límite individual y se debía aplicar por empresa salvo que se tratara de un grupo empresarial de los que la ley ya define como consolidables por tener presencia en diferentes comunidades autónomas o cumplir otros requisitos legales. El proyecto de Ley de Medidas de Lucha contra el Fraude del Ministerio de Hacienda reformula este principio y regula la acumulación por defecto de las cifras de negocio de todas las empresas bajo una misma propiedad con el objetivo de ampliar el perímetro de aplicación del IAE.

Hacienda también ha 'corregido' al Supremo respecto al criterio a aplicar en determinados procedimientos fiscales. El Supremo afeó en 2017 a los Tribunales Económico-Administrativos que inadmitieran solicitudes de suspensión de actos tributarios sin aportación de garantías sin justificar su decisión. El asunto tenía trascendencia porque anulaba el recurso y dejaba a los contribuyentes en una situación delicada. El Supremo revocó esta forma de hacer, que ahora Hacienda pretende restaurar a través de su nueva ley 'antifraude', así como la anulación de dos canales para suspender el pago de la deuda en ejecutivo que el Supremo había obligado a implantar.

Precedente para las inspecciones domiciliarias

Los asesores fiscales ven estas maniobras de Hacienda como un precedente inquietante respecto a otro asunto ahora de plena actualidad. El Tribunal Supremo anuló hace apenas unos días la posibilidad de la Agencia Tributaria de iniciar un procedimiento inspector con una actuaciones domiciliaria por sorpresa, para evitar una eventual destrucción de pruebas. Incluso los inspectores de Hacienda han solicitado una modificación normativa urgente al Gobierno ya que la anulación de este canal de actuación les deja sin uno de sus herramientas más eficaces a la hora de cazar defraudadores. Los asesores fiscales temen ahora que el Gobierno actúe una vez más a través del BOE, de forma urgente y sin tramitación parlamentaria para sortear un revés que le propina el Tribunal Supremo.

Hacienda oculta en la ley antifraude una fuerte subida de impuestos en Sucesiones y Patrimonio

• Formaliza las elevadas tasaciones autonómicas de los inmuebles
• Rechaza el criterio del Supremo, que exige utilizar el valor real
• El Catastro seguirá decidiendo a través de su 'valor de referencia'

El Economista Ignacio Faes Actualizado: 07:52 - 15/10/20

El proyecto de ley contra el fraude fiscal presentado ayer por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, esconde una fuerte subida de impuestos en Patrimonio y aquellas figuras relacionadas con la trasmisión de inmuebles. La normativa consolida las elevadas tasaciones que hacen las Haciendas autonómicas. El texto formaliza, en contra del criterio del Tribunal Supremo, que el Catastro establezca el valor de los inmuebles que sirve como base imponible a la hora calcular la liquidación de los impuestos.

El Gobierno descarga así la tasación en el llamado Valor de Referencia del Mercado (VRM), calculado por el Catastro a través de
una serie de variables que permite a las Haciendas autonómicas superar el valor real de los inmuebles. En la mayoría de casos, el valor no se corresponde con el de la escritura y puede exceder el verdadero precio de mercado del inmueble, por lo que exigen más impuestos.

"Esas comprobaciones masivas, automáticas y fáciles, sin visita del perito, siempre me han parecido un fraude", señala el fiscalista Alejandro del Campo

El Supremo, en una sentencia de 23 de mayo de 2018, rechazó que las Haciendas autonómicas puedan comprobar los valores de los inmuebles aplicando coeficientes sobre los valores catastrales y en otras sentencias viene a exigir que, para conocer el valor real de una vivienda, el perito se desplace al lugar. Sin embargo, el proyecto de ley presentado ayer apuntala, "en alas de la seguridad jurídica", las tasaciones por parte de las Comunidades Autónomas a través del Catastro. El texto recoge que "el valor de referencia que establece el Catastro se convierte en la base imponible de los tributos patrimoniales, de forma objetiva". Según Hacienda, la medida "cuenta con el apoyo de las Comunidades Autónomas de forma unánime".

Alejandro del Campo coincide con el magistrado del Supremo Francisco José Navarro Sanchís. En su revolucionaria sentencia de 2018, que tumbó las comprobaciones masivas de las comunidades autónomas basadas en aplicar coeficientes sobre valores catastrales, subrayó que "el método de aplicar coeficientes sobre valores catastrales es legal pero no es idóneo para determinar el valor real de inmuebles". El magistrado entiende que "tal método se debe acompañar de actividad comprobadora respecto del inmueble en cuestión".

Sortear a la Justicia

Los tribunales tumban de forma sistemática las tasaciones de los inmuebles en compraventas, herencias o donaciones que efectúan las Haciendas autonómicas para recaudar más por los impuestos que tienen cedidos, como Trasmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentados o Sucesiones y Donaciones. Ahora, el proyecto antifraude de Hacienda quiere sortear estos fracasos judiciales. El texto facilita a las comunidades autónomas que sigan en esta línea y que realicen las comprobaciones con base en el nuevo Valor de Referencia de Mercado (VRM), que Hacienda considera que es "transperente y justo".

Fuentes de Hacienda sostienen que "ese valor de referencia de cada inmueble se basa en todas las compraventas de inmuebles efectivamente realizadas y formalizadas ante fedatario". Explican que "se calcula con unas reglas técnicas justas y transparentes y se fijará por Catastro mediante un garantista procedimiento administrativo para su general conocimiento".

El Tribunal Supremo tumba el cálculo del Impuesto sobre Transmisiones

El polémico VRM se introdujo en la Ley de Presupuestos del Estado para 2018. Se modificó la Ley del Catastro Inmobiliario para que la descripción catastral de los inmuebles incluya, además del valor catastral, ese VRM que el Catastro estimará para cada inmueble, con base en precios comunicados por fedatarios contrastados con otras fuentes.  "Consciente el legislador de que el valor catastral tiene poca flexibilidad, de que es muy diferente del valor de mercado, se quiere fijar ese VRM para que esté disponible para las diferentes Administraciones Tributarias", señala el fiscalista Alejandro del Campo. "En definitiva, se permitirá a las comunidades autónomas seguir ignorando sistemáticamente los valores de los inmuebles declarados en las escrituras, que podrán comprobarse con base en el VRM, de forma masiva, automática, fácil, sin visita de los peritos, para exigir más impuestos a todo el que compre o herede una vivienda, y no solo a los ricos", añade.

Alzas en Patrimonio

La Ley reguladora del Impuesto sobre Patrimonio, que se ha prorrogado durante 2020, establece en el artículo 10.1 que los inmuebles se computarán "por el mayor valor de los tres siguientes: El valor catastral, el comprobado por la Administración a efectos de otros tributos o el precio, contraprestación o valor de la adquisición". De esta forma, la Administración se garantiza que el inmueble será valorado a través del VRM si es el de más valor.

La situación afecta a muchos contribuyentes que actualmente no tributan por este impuesto porque tienen inmuebles adquiridos hace años con valores de adquisición reducidos, y con valores catastrales no muy elevados. Sin embargo, ahora tendrán que pagar al computar el VRM de sus inmuebles y los que ya tributaban pagarán mucho más.

Tal incremento de la tributación afectará especialmente en aquellas comunidades autónomas que tienen los tipos más altos, como es el caso de Baleares. La Administración balear ha establecido tipos de gravamen más elevados en el Impuesto sobre Patrimonio y que tienen un mercado inmobiliario pujante.

¿Por qué esta vez sería necesario 'regalar dinero' a la gente para salir de la crisis?

• La política fiscal y monetaria están siendo esterilizadas por la incertidumbre radical
• Las familias necesitan certeza económica para volver a consumir
• Sin certeza, la demanda continuará deprimida hasta que el virus desaparezca

El Economista Vicente Nieves   24/10/2020

Hasta la fecha, gobiernos y bancos centrales han hecho prácticamente todo lo posible por impulsar la economía tras el estallido de la crisis del covid-19. Sin embargo, el fuerte incremento del gasto público, apoyado por unos planes de estímulo monetario sin precedentes, no está siendo suficiente. Prueba de ello es que tras haber usado cientos de miles de millones de euros, la economía europea está al borde de caer en una doble recesión.

Si la inflación termina llegando, más que un problema, será consecuencia del éxito de la estrategia emprendida para resucitar a la economía. El consumo y la inversión volverán a circular y el dinero perseguirá bienes y servicios en lugar de activos financieros

Nadie sabe cuándo terminará esta pesadilla llamada covid-19. Esta indefinición (sanitaria y económica) genera grandes niveles de incertidumbre que están esterilizando, en parte, las políticas fiscales y monetarias de la banca central. Las familias no se atreven a gastar, mientras que las empresas, cada vez más endeudadas, no invierten en su expansión y luchan por no desaparecer (hasta las viables). Los créditos, los ertes o las ayudas no son suficientes en esta ocasión para reanimar la economía. Estas medidas temporales tienen fecha de caducidad y los créditos hay que devolverlos, lo que levanta un obstáculo para que el consumo y la inversión despierten y tiren de la economía. Esta crisis es diferente. Esta vez, las familias necesitan que el dinero les 'llueva del cielo' para volver a gastar, impulsando así los ingresos de las empresas para que, éstas a su vez, vuelvan a invertir: el 'helicóptero del dinero' tiene que despegar cuanto antes.

Es cierto que las acciones de bancos centrales y gobiernos han evitado una crisis sistémica, pero como señalaba Christophe Donay, director de análisis macroeconómico de Pictet WM, hace unos días en este diario, "ha sido a costa de exacerbar el apalancamiento, haciendo que la 'normalización' de políticas monetarias se haya vuelto más complicada". "A ello se añade que las enormes cantidades de dinero creadas no han dado lugar a un aumento significativo del precio de bienes y servicios, pero ha desencadenado inflación en los activos".

Estas políticas no están logrando reanimar la economía real ante una incertidumbre radical. Los Ertes, las ayudas temporales o el crédito generan más deuda a las empresas y a los gobiernos (deuda que a su vez genera más incertidumbre sobre el futuro). Además, gran parte de todo este dinero y ayudas están siguiendo el mismo camino: directas del Gobierno a las cuentas de ahorro de los ciudadanos y las empresas. La tasa de ahorro se ha disparado y todo hace indicar que va a permanecer muy elevada durante un periodo de tiempo prolongado. Es lógico. Familias y empresas ahorran por precaución porque no saben qué futuro le espera a sus rentas e ingresos.

La temporalidad y limitación de estas medidas, junto al miedo, impide que las familias usen sus rentas para consumir y las empresas para invertir, pues el temor al futuro domina las decisiones de estos agentes.

La economía es una ciencia social en la que hay que contar con el comportamiento humano, muchas veces irracional. Una situación similar a la que generan las medidas actuales se puede observar cuando un padre enseña a su hijo a montar en bicicleta. Si el padre asegura al niño que solo sujetará su sillín durante 20 minutos, el niño irá con miedo, no aprenderá y probablemente se caerá cuando se quede solo en la bici (así funcionan los Ertes y el resto de ayudas actuales, pueden sostener la bici, pero no lograrán que avance sola). Sin embargo, si el padre se compromete a sujetar el sillín de la bici hasta que el niño pueda montar solo, el padre podrá soltar la bici cuando vea que su hijo mantiene el equilibrio, y el niño, sin enterarse, estará dando pedales sin ayuda para toda la vida ('helicóptero del dinero').

Hay quien puede pensar que quizá la mejor opción es mantener las políticas actuales y esperar a que el virus desaparezca o se encuentre un remedio eficaz. Sin embargo, está comprobado que una demanda débil por mucho tiempo puede dejar heridas permanentes en la economía (lo que se conoce como histéresis), generando más parados de larga duración, capital inutilizado... Todo ello lastrará el crecimiento potencial de la economía cuando vuelva a la 'normalidad'. De modo que al lánguido crecimiento de la productividad y una demografía adversa se sumarían estas heridas sobre los factores de producción.

Para evitarlo, bancos centrales y gobiernos deberían cruzar la última frontera de una forma excepcional, única e irrepetible, casi como la singularidad de esta crisis. Regalar un sueldo mensual (dinero emitido por el banco central, sin incrementar la deuda de gobiernos ni de otros agentes) a los hogares, sin un límite de tiempo prefijado, supondría un acicate para el consumo, a la par que generaría cierta seguridad en la población (también salud mental).

Es cierto que el dinero regalado no devolverá la certidumbre sanitaria, pero sí la económica. También es verdad que mientras que el covid-19 campe a sus anchas no se volverán a llenar las salas de cine, ni lo estadios de fútbol, pero las ayudas a fondo perdido (con dinero emitido por el banco central) podrían impulsar el consumo de bienes duraderos (televisiones, coches, panificadoras...), aliviar a las familias más desfavorecidas por la crisis, apoyar el gasto en las nuevas tendencias y necesidades que nazcan de esta crisis y apoyar, siempre que el covid lo permita, el gasto en los sectores más sensibles al distanciamiento social, que aún así deberán adaptar su tamaño a la nueva realidad. En definitiva, entregar una cantidad de dinero a fondo perdido a las familias puede sofocar la situación de muchas personas, a la par que se da un impulso a la economía y a la transición que afronta el tejido productivo en muchos países.

Los riesgos del 'helicóptero'

También es justo reconocer que esta política radical tiene riesgos y es muy complicada de llevar a la práctica. Uno de los principales riesgos es que la impresión de dinero genera grandes presiones al alza sobre la inflación, como ha pasado tantas veces en la historia (casi siempre la impresión ha sido para financiar gobiernos, no para entregar el dinero a las familias).

Sin embargo, en la situación actual hay margen. La inflación en bienes y servicios no aparecerá hasta que la economía esté funcionando por encima de su potencial, un escenario muy lejano ahora mismo, puesto que hay millones de personas sin empleo o en Ertes, además de fábricas, tiendas o restaurantes funcionando muy lejos de su máxima capacidad.

Este tipo de inflación (diferente a la de costes) solo se produce cuando hay un aumento de la demanda agregada que supera a la producción potencial (el máximo de PIB que puede crear una economía con todos sus factores de producción ocupados y sin generar desequilibrios). Es decir, este tipo de inflación se basa en un exceso de demanda agregada de bienes y servicios sobre su oferta agregada, justo lo contrario a la situación presente, donde el consumo se encuentra absolutamente deprimido.

Entonces, si la inflación termina llegando, más que un problema, será consecuencia del éxito de la estrategia emprendida para resucitar a la economía. El consumo y la inversión volverán a circular y el dinero estará persiguiendo bienes y servicios (generando actividad en la economía real), en lugar de perseguir bonos, acciones o acumularse en las cuentas de ahorro bancarias como ha hecho hasta ahora.

La inflación aparecerá y, probablemente, los tipos de interés se mantendrán bajos por la intervención de la banca central (para permitir que la deuda sa sostenible y vaya reduciéndose respecto al PIB). Con la economía en marcha y los niveles de deuda a la baja, llegará la tarea más complicada de todas: aterrizar el 'helicóptero del dinero' haciendo el menor ruido posible; soltar la bici del niño sin que se dé cuenta.

Opinión:

El problema es que cuando nadie consume por miedo, si te regalan dinero te lo guardas y se favorece el parasitismo social. Lo que verdaderamente funciona son: Reglas y normativas claras, certidumbre, estimulación de la inversión, apoyo a los desfavorecidos (lo que no implica regalos, sino ayudas retornables), innovación y ciencia, revisión de lo "actual" para su mejora, reestructuración de la administración pública con esfuerzo incremental en lo necesario y prescindir de lo otro. Es decir: premiar el esfuerzo y acotar lo irrelevante.

Y apareció el cuarto MONO

 

El fin de los planes de pensiones

Invertia - El Español Alberto Roldan 09/11/2020

Mucho se ha escrito sobre el enorme palo que ha supuesto para los planes de pensiones privados el nuevo tratamiento fiscal incorporado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Hay unanimidad en la idea de que el recorte de incentivos no es bueno para el sector. Yo iría un paso más allá.

Creo que la decisión de desincentivar las aportaciones al ahorro privado suponen el fin de un producto que, aun estando mal diseñado, correctamente potenciado debería ser un gran alivio a la deficiente situación de las pensiones.

España tiene 9,8 millones de pensionistas a los que destina un gasto total de casi 10 mil millones de euros. La decisión de recortar la fiscalidad al ahorro-jubilación individual no se toma pensando en la base de pensionistas sino en los 19 millones de afiliados a la seguridad social, que son los realmente afectados.

Desincentivar las aportaciones al ahorro privado suponen el fin de un producto que correctamente potenciado sería un alivio a la situación de las pensiones.

En España hay 7,6 millones de partícipes en planes de pensiones individuales lo que supone un 38% de los afiliados, un porcentaje que se elevaría muy por encima del 40% incluyendo planes de empleo colectivos. Se podría decir por tanto que hay tantos pensionistas como ahorradores e igualmente inferir que uno de cada dos afiliados tiene un producto de ahorro específico para su jubilación (estoy excluyendo de forma intencionada unit linked, PIAS y PPA).

¿Por qué el Gobierno desincentiva las aportaciones hasta el punto de parecer querer extinguir esta vía de ahorro privado? Según el Tribunal de cuentas, la Seguridad Social ha perdido en la última década más de 100.000 millones de euros, un organismo que tiene un patrimonio negativo que le lleva a mantener una deuda acumulada con el Estado de más de 41.000 millones de euros. Con esta carta de presentación no parece muy lógico eliminar una fuente de ahorro complementario que, insisto de nuevo, bien diseñada podría aliviar de una pesada carga al contribuyente.

Y es que eso es precisamente lo que supone esta reforma, desincentivar las aportaciones a planes de pensiones privados hasta el punto que el futuro más plausible sea su desaparición.

Según la patronal del sector, el patrimonio medio invertido en pensiones individuales es de 9.700 euros, una cifra que se ve notablemente minorada como consecuencia de la desastrosa fiscalidad diseñada en el momento del rescate.

No estamos hablando por tanto de grandes fortunas ni de los altos patrimonios que centran la ira de las políticas de la izquierda. Todo lo contrario. Se trata de una vía modesta y poco onerosa para las arcas del Estado. 

Si tenemos en cuenta que reduciendo la desgravación el ahorro pretendido por el Gobierno es de apenas 580 millones de euros, esta cifra supone una gota en el mar de gasto público que son los 456.000 millones de los PGE. Sin embargo, sus consecuencias son como las que describe la teoría del caos con el aleteo de una mariposa.

De entrada, teniendo en cuenta que el perfil tipo del ahorrador en pensiones se concentra en el 57% de la recaudación, ese teórico ahorro que pretende el Estado va a reducir las aportaciones anuales en una cifra aproximada de 1.700 millones de euros. Es decir, que por cada euro que se ahorra el Estado hoy, el contribuyente dejará de aportar a su plan tres euros.

Como decía anteriormente, la fiscalidad del rescate está tan mal diseñada para el contribuyente que al Estado le supone más que una menor recaudación por desgravaciones un diferimiento del cobro de impuestos.

La fiscalidad del rescate está tan mal diseñada para el contribuyente que al Estado le supone más que una menor recaudación por desgravación un diferimiento del cobro impositivo. 

El ahorrador en un plan de pensiones, que de media destina unos 500 euros al año, no tendrá incentivo alguno a realizar aportaciones periódicas pues la iliquidez del producto es otro factor añadido en contra. Si tenemos en cuenta además que la rentabilidad neta media de las pensiones es desoladora (apenas el 2,8% en los últimos diez años), bien se podría decir que este paso supone una muerte casi asegurada. 

El gobierno busca una vía más comprometida con incentivos a los planes de empleo, pero hoy por hoy por cada partícipe de un plan colectivo hay siete en planes privados por lo que es imposible pensar que el gap se vaya a reducir a medio plazo. 

Además, hay daños colaterales. Todas las gestoras de planes de pensiones independientes que han invertido en la constitución de una gestora o en el desarrollo de un plan que muy difícilmente tendrá incentivos para crecer, están abocadas a su desaparición bajo este esquema dejando el lucro cesante a los bancos que monopolizan el mercado de pensiones. Lo que es cierto es que la campaña de captaciones de este año la han hundido por completo con lo que los casi 2.000 millones que se aportaron en los últimos años, este ejercicio no tendrán lugar.

Deficiente fiscalidad en el rescate, nulo incentivo a las aportaciones regulares y mala rentabilidad. Esa es la foto de las pensiones en España. El gobierno sigue declarando la guerra al ahorro individual porque piensa que su centralización mediante un esquema planificado plenamente controlado por el Estado, es la única alternativa a complementar las pensiones. El problema es que los organismos públicos de los que depende esta idea están en quiebra y el garante de las pensiones ahogado por las deudas.

Stop Impuesto de Sucesiones tacha de «mafiosa» la vuelta del impuesto

«El PSOE, en unión de Unidas Podemos y del independentismo vasco y catalán, quieren demoler la baja fiscalidad que hemos logrado gracias, entre otros esfuerzos,a la lucha del pueblo contra impuestos tan injustos como el que roba las herencias, drásticamente reducidos en varias autonomías españoles. Las izquierdas y los independentismos llenos de odio no soportan el éxito, construido sobre bases de libertad, impuestos bajos y reducción de la burocracia. Quieren igualarnos a todos, pero castrando la prosperidad y reforzando la pobreza, como suelen hacer los regímenes comunistas, que odian el libre pensamiento, la prosperidad y la puesta por las libertades y derechos», apuntan.La Federación Nacional contra el Impuesto de Sucesiones (Fencis), que une a colectivos, plataformas y asociaciones de toda España ha elaborado un comunicado en el que denuncia que «el Gobierno nos prepara un injusto e indecente infierno fiscal a través de una armonización mafiosa y ruinosa». «La izquierda española, siempre ávida de poder y dinero, quiere acabar con lo que llaman “el paraíso fiscal de Madrid”, que gracias a sus impuestos moderados se ha convertido en la región más próspera y emprendedora de esta España depauperada que nos construyen Pedro Sánchez y sus aliados», continúa la nota. «Quieren obligar a subir los impuestos, incluido el injusto e indecente Impuesto de Sucesiones, —el que roba las herencias de los españoles—, a las autonomías que han apostado por bajarlos para ayudar así a las empresas y emprendedores a reactivar el empleo y la economía», señalan desde Stop Impuesto de Sucesiones.

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Infiernos fiscales

Por otro lado, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, afirmó ayer que «con la política fiscal de Cataluña pierden los catalanes porque están castigados fiscalmente, pero también perdemos el resto de españoles porque ingresan menos a la caja única del Estado». Amor, aseveró que no apoyará los «infiernos fiscales» poniendo de ejemplo Andalucía cuando estaba gobernada por el PSOE.

«Dique de contención»

El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Montesinos, reafirmó en Málaga la postura de su partido de continuar con la bajada de impuestos en Andalucía y aquellas comunidades autónomas donde gobiernan, por lo que dicen ser «el dique de contención ante Pedro Sánchez y todos aquellos que quieren destruir España». También el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se dirigió ayer directamente al Gobierno de Sánchez para preguntar si con esta «cesión» al independentismo pretenden que se recupere en Andalucía el impuesto de sucesiones —eliminado por PP y Cs en el primer año de mandato—, que se suba el impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados o el tramo autonómico del IRPF. «Como presidente de Andalucía no puedo aceptar que venga un señor independentista a decirme a mi y a los andaluces que hay que volver a poner el impuesto de sucesiones», afirmó.

ABC Sevilla 28/11/2020