Fraude con las subvenciones a huertos solares

de Elblogsalmon de Remo 12/04/2010

Se acaba de destapar la caja de Pandora en el sector de producción eléctrica fotovoltáica y el fraude en los huertos solares. El fraude es simple, verter desde una planta fotovoltáica electricidad que no se ha producido por los propios paneles solares. Con este método, se consigue llegar a la prima mínima de producción necesaria para acceder a las subvenciones que tiene el sector por la producción de este tipo de energía.

Según Radio Castilla y León, sólo en esta comunidad, se ha estimado que el 67% de la energía producida por paneles fotovoltáicos tiene origen fraudulento. El origen de este fraude, como tantos otros se encuentra en la existencia de las cuantiosas subvenciones que tiene el sector fotovoltáico y cómo unos pocos si saben hacer negocio con las subvenciones.

En el 2009, las fotovoltáicas recibieron 2.572 millones de euros en subvenciones, sobre 5.874 millones de euros que recibieron en concepto de primas toda la producción eléctrica en el régimen especial. Estas subvenciones encarecen el precio de la electricidad, generan déficit tarifario y conseguir energía limpia por vía fotovoltáica nos cuesta un verdadero dineral.

La política de subvenciones en casi todos los sectores sólo genera fraudes y que unos pocos llenen los bolsillos recurriendo a la cresta de la ola del momento. Si queremos producir el total de la energía a partir de renovables, tenemos que asumir los costes y mejorar la tecnología, pero no se puede engañar al mercado subvencionando sectores de manera perenne.

No existe subvención sin fraude y por estos motivos, las políticas de subvenciones son perversas. Más aún en este caso que incluso se está falseando la fuente de producción eléctrica y puede darse el caso que se estén mostrando unas estadísticas que no corresponden en absoluto con el mapa eléctrico español.

Esperemos que el ministro de Industria sepa coger el toro por los cuernos, pero lo tiene difícil dado que las placas solares subvencionadas no se van a poder eliminar de un día para otro. Mientras tanto, sigamos pagando primas, al fin y al cabo, es dinero público y ese no cuenta.

'Extraordinario' el Plan de Infraestructuras de Zapatero

9/04/2010 - 9:41 El Economista

El llamado Plan Extraordinario de Infraestructuras, elaborado por el Ministerio de Fomento y presentado por el presidente del Gobierno como gran novedad, es bastante poca cosa cuando se lo analiza con un poco de detalle.

De entrada, lo que se presentó:

-Ni es un plan, puesto que no se identifican las infraestructuras a que se refiere.

-Ni es extraordinario , puesto que se anuncia que se licitarán obras "que estén en avanzado estado de tramitación", es decir, obras ya previstas en la planificación ordinaria y cuyo retraso de ejecución por parte de Fomento es ya un problema serio. No estamos, en consecuencia, ante un nuevo plan de infraestructuras, sino ante el mero anuncio de licitación en 2010 y 2011 de algunas de las infraestructuras ya planificadas y que se encuentran muy retrasadas en su ejecución por los problemas económicos y de gestión del propio Ministerio de Fomento.

Por otra parte, la cuantía del presunto plan extraordinario tampoco tiene nada de extraordinario: es una cuantía ligeramente superior -17.000 millones de euros- al presupuesto ordinario de inversiones del Ministerio de Fomento en un año normal de la época en que yo era secretario de Estado de Infraestructuras con Álvarez-Cascos de ministro.

Las licitaciones de este volumen de obra se anuncian para dos ejercicios y su ejecución durará entre dos y cuatro años, según el tipo de obras que se incluyan, y se pagarán en cómodos plazos. Ello entraña un grave engaño: anunciar en 2010 obras con cargo a los Presupuestos de las legislaturas siguientes. O, lo que es lo mismo, el Gobierno de Zapatero quiere comprometer el presupuesto del Gobierno que salga de las próximas elecciones a fin de recuperar algo del sensible retraso que el Gobierno actual acumula en la ejecución de la planificación vigente en materia de infraestructuras.

Incompetentecia

El origen de estos problemas hay que buscarlo en el PEIT de Magdalena Álvarez, que retrasó las previsiones de construcción de infraestructuras que estaban cumpliéndose bajo la dirección de su predecesor Álvarez Cascos. Y las gestiones de la propia ministra Álvarez y de su sucesor Blanco no han sido capaces siquiera de cumplir la ya relajada planificación del PEIT. Ahora, con este PEI -suponiendo que se cumplan sus previsiones-, lo más que se puede conseguir es recuperar algo del retraso ya acumulado desde 2004, y maniatar presupuestariamente a los futuros Gobiernos.

Veamos ahora el aspecto jurídico-financiero. También en este respecto el carácter presuntamente extraordinario del PEI se muestra inconsistente ante una mirada atenta. En efecto, el esquema financiero del Plan presentado ayer no responde a un verdadero modelo concesional según el cual se busca la financiación privada de infraestructuras públicas transfiriendo los riesgos de la explotación al inversor privado; sino que es una mezcla del viejo modelo alemán y del peaje en sombra ya experimentados por los primeros gobiernos del PP para garantizar la continuidad de las inversiones, a la vez que se controlaba el gasto público para reducir el endeudamiento y lograr la plena incorporación en la primera división de la Europa de la moneda única. En aquel contexto, el modelo alemán fue un instrumento más de la política de contención del déficit público y el endeudamiento del Estado que logró en breve plazo el equilibrio de las cuentas públicas.

Plan de... ¿imagen?

Es decir, en aquella época -la de los gobiernos de Aznar- la política de infraestructuras fue un componente coherente de una política económica de Estado al servicio de un proyecto nacional de integración en la Europa de la moneda única.

Hoy, el modelo financiero del publicitado PEI es un pegote para diferir en el tiempo el pago de determinadas deudas presupuestarias transfiriendo hacia el futuro el déficit generado por la inversión en infraestructuras sin transferencia de riesgos reales al inversor privado al que se garantiza la recuperación de la inversión, el coste de los recursos ajenos y los gastos de conservación y mantenimiento, excluyendo todo riesgo vinculado al uso real que se haga por los usuarios de la infraestructura construida. Esta ausencia de verdadera transferencia de riesgos al concesionario, el PEI la describe eufemísticamente diciendo que "se ha optado por el riesgo de disponibilidad y no por el de demanda". Estamos pues ante un mero retraso en el tiempo del cumplimiento de las obligaciones de pagos estrictamente presupuestarios, no ante un verdadero modelo de colaboración público-privada en materia de obras públicas.

Este mal llamado Plan puede dar la apariencia de extraordinario , si se admite como ordinario el escenario actual de parálisis de la licitación de obras de infraestructuras. Sus efectos, más allá de la imagen y la propaganda, es que se licitarán algunas obras, las empresas constructoras tendrán algo de trabajo y se reducirá algo el ya preocupante retraso de la planificación de Fomento.

Pero realmente es pequeño, poco ambicioso, carente de modelo, ajeno a una política nacional de contención del déficit público y poco solidario con las próximas generaciones a las que se transfieren las deudas que el Gobierno actual no sabe cómo pagar.

Benigno Blanco, ex secretario de Estado de Infraestructuras y presidente del Foro Español por la Familia.

El nuevo plan de infraestructuras y transportes: una buena artimaña financiera

de Elblogsalmon de Remo 08/04/2010

El ejecutivo ha presentado las líneas del Plan de Infraestructuras y Trasportes para el próximo bienio anunciando una partida de inversión de 17.000 millones de euros. Este plan se destinará a redes ferroviarías en un 70%, sobre todo Alta Velocidad y el resto, a infraestructuras.

El reparto de los 17.000 millones se balancea dedicando un 65% (11.000 M€) a nuevas infraestructuras y el 35% (6.000 M€) a mantenimiento de infraestructuras existentes. La principal novedad del plan radica en la financiación inicial de los proyectos y en las consecuencias posteriores de este mismo plan financiero.

Dado que nos encontramos sin un solo euro, el camino puente para financiar las nuevas infraestructuras necesita apoyarse en la financiación privada por parte de las empresas concesionarias, aportando al menos un 20% del coste total de la inversión en efectivo y el 80% restante con el apoyo del sector financiero.

El sector financiero no exigirá avales para la financiación de la obra, y a partir del 2012, el coste de las infraestructuras se reparte estableciendo un canon (lo paga el Estado) por el uso de las mismas. Este canon se pagará cuando la infraestructura comience a operar y se realizará en 25 o 30 años a la empresa concesionaria.

Con lo cual, si en lugar de financiar la Alta Velocidad el Ministerio de Fomento, lo hace ADIF, a efectos económicos estamos en las mismas; no deja de ser dinero público lo que está en juego, aunque como Eurostat no computa esta deuda como pública, no hay problema, al menos hasta que Bruselas se lea la letra pequeña del plan presentado.

En el caso de carreteras y autovías, en la que el paganini es la constructora, lo que se va a hacer es transferir el riesgo íntegro de la construcción a la empresa concesionaria. Y seguimos en las mismas circunstancias. El Estado asume un compromiso de pago futuro que no deja de ser un riesgo intrínseco materializable a medio plazo para las arcas públicas. Aunque no contabilice como déficit actual, se transformará en déficit a la vuelta de unos años.

Y la artimaña de los 6.000 millones de euros destinados a mantenimiento son para nota ¿cómo se difiere 25 años un gasto que se tiene que aplicar en el ejercicio? Ahí Pepe Blanco podía explicar mejor cómo articula el sistema de financiación privada para que no compute como déficit, porque por más vueltas que le doy, es imposible.

Lógicamente, no dejamos de gastar dinero, si no de manera directa, mediante la emisión de deuda pública o partidas que salgan de los Presupuestos Generales, se está creando un modelo de pago futuro que hay que tener en cuenta a efectos de la deuda pública.

No quita en todo este tejemaneje, que este proceso financiero encarece sustancialmente los costes de ejecución de las obras, dado que los bancos tienen la mala costumbre de cobrar intereses y a un coste superior que se hace por parte de las emisiones de deuda pública.

Si queremos engañar a Europa con las cuentas nos estamos tomando muchas molestias e insisto, dudo que Bruselas vea con buenos ojos esta artimaña financiera.

Sabiduria Popular.

El Gobierno auxilia a la banca: el suelo sin construir no volverá a ser rústico

@Eduardo Segovia - 06/04/2010 06:00h Cotizalia

La ministra de Economía, Elena Salgado (Efe).

Nueva patada a seguir. A la vista de que la crisis inmobiliaria no tiene ningún viso de remitir en un futuro predecible, el Gobierno va a aprobar este viernes una norma para que, al menos, no haga más daño a las deterioradas cuentas de bancos y cajas de ahorros. Se trata de una prórroga del plazo legal de tres años para empezar a construir en los suelos urbanizables e impedir que vuelvan a considerarse rústicos con el consiguiente desplome de su valor... y las provisiones correspondientes en las cuentas de las entidades propietarias de los terrenos.

Esta prórroga se incluye dentro de los llamados "acuerdos de Zurbano", el famoso pacto contra la crisis que el Gobierno de Zapatero ha presentado a los demás partidos. La propuesta definitiva del Ejecutivo, que debía aprobarse en Consejo de Ministros el martes pasado pero que se ha aplazado hasta el próximo viernes, incluye en el punto 53 el "mantenimiento para el ejercicio 2010 de la regla transitoria de valoración del suelo urbanizable de acuerdo con las determinaciones previstas en la Disposición transitoria tercera, apartado 2, párrafo 2º, del texto refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio".

Este galimatías jurídico significa que se prolonga otro ejercicio el plazo legal de tres años para empezar a construir en los suelos urbanizables. Y el Gobierno piensa alargar dicha prórroga hasta tres años -es decir, el plazo pasará de tres a seis años- según se contempla en el proyecto de Ley de Economía Sostenible, que se encuentra en tramitación parlamentaria.

El impacto de esta norma puede ser catastrófico para los bancos y cajas que se han 'comido' terrenos urbanizables a cambio de créditos incobrables concedidos a las promotoras durante la burbuja inmobiliaria. Porque "ahora mismo no tiene ningún sentido poner el suelo a la venta porque no hay mercado, ni tampoco ponerte a desarrollarlo porque es imposible rentabilizarlo", explican en una entidad.

Si pasan esos tres años sin construir, con la norma actual habría que desclasificar este suelo, lo que hundiría su valor. Y los bancos y cajas tendrían que anotarse una fuerte pérdida al provisionar esa caída de valor. "Y no hablamos del valor de mercados, que puede ser discutible, sino de una pérdida de valor objetiva que hay que dotar inmediatamente contra resultados", aseguran en otra entidad.

Una prórroga que puede salvar las cuentas

Por eso, esta prórroga es como una bendición del cielo para el sector. La idea es que dentro de tres años la crisis habrá empezado a remitir y será posible volver a construir con una mínima expectativa de vender los pisos. Es decir, la misma teoría que está detrás de las refinanciaciones que está concediendo la banca a las grandes empresas del ladrillo. Y si no, al menos de momentos se salvan las cuentas de los próximos ejercicios; según el Banco de España, la banca española se ha 'comido' ladrillos por valor de 59.700 millones, de los que una parte muy importante es suelo.

Y no sólo afecta a los inmuebles adjudicados, sino también a los suelos que están como garantía de créditos al corriente de pago. En este caso no hay que provisionar nada -no son morosos-, pero, al caer el valor de la garantía, el porcentaje de dicho valor que supone el crédito (loan to value) superaría el 80%, lo cual incrementa el consumo de capital del crédito según la normativa española. Y eso reduce la solvencia de las entidades.

En todo caso, también hay argumentos a favor de la prórroga: "La Ley del Suelo se aprobó en un momento de boom inmobiliario y lo que intentaba era frenar la subida de la vivienda al obligar a los propietarios de suelo a sacarlo al mercado en vez de retenerlo para encarecer su precio. Pero ahora esta norma les da un palo a las entidades financieras sin que fuera ése su objetivo, así que tiene sentido modificarla", explica un consultor del sector.

Las preferentes de particulares, más protegidas frente a impagos

El supervisor autoriza soluciones para las colocadas por CCM y Cajasur

P. M. Simón - Madrid - 06/04/2010 Cinco Dias

Ya son dos las excepciones: Caja Castilla La Mancha (CCM) y Cajasur. La primera, absorbida por Cajastur, y la segunda, en pleno proceso de fusión con Unicaja, han buscado una solución para cuidar a los titulares de sus preferentes, pese a sufrir cuantiosas pérdidas.

Los folletos de este tipo de instrumentos financieros especifican que no pagarán el interés prometido a los titulares en caso de que, durante el ejercicio fiscal anterior, la entidad haya registrado pérdidas. Igualmente, en caso de insuficiencia patrimonial las preferentes se pueden liquidar un precio inferior al nominal.

La caja castellanomanchega fue intervenida en marzo del año pasado por el Banco de España, y unos meses después, en junio, anunció la compra de preferentes por unos 205 millones de euros (emitidas en noviembre de 2001 y marzo de 2005) al mismo precio que pagaron los inversores. Por lo tanto, la entidad, que registró un quebranto de 740,4 millones de euros en 2008, no hizo uso de la capacidad de absorber pérdidas de este instrumento. Podría haberlos liquidado a un precio inferior al nominal.

Por su parte, Cajasur abonó el pasado 30 de marzo la remuneración de sus preferentes emitidas en diciembre de 2000, aunque perdió 596,3 millones el año pasado. En este caso, además, la caja cordobesa estableció una rentabilidad mínima para estas participaciones del 3,5% desde el 1 de julio de 2009 hasta el 30 de junio de 2011. Según las condiciones iniciales del folleto, ahora debería estar pagando en torno a un 1%.

Los expertos consultados señalan que el hecho de que en estos dos casos las participaciones se vendieron a los pequeños inversores ha sido crucial a la hora de que el Banco de España haya autorizado el pago de los cupones o haya buscado una solución para no ocasionar pérdidas a sus titulares. "Es lógico que el supervisor trate de proteger al eslabón más débil de la cadena. Si se hubieran colocado entre institucionales, es casi seguro que no se hubiera procedido al pago", explican desde el departamento de mercado de capitales de una gran entidad financiera.

Las preferentes de Sos, emitidas en diciembre de 2006, no están pagando el cupón debido a las pérdidas que el grupo registró el año pasado (177,4 millones de euros) y en 2008 (192,8). La diferencia estriba en que los compradores fueron inversores cualificados, pues para hacerse con una participación de la compañía de alimentación se requería un mínimo de 50.000 euros. Desde un banco internacional señalan una fecha que puede marcar un antes y un después en este tema: noviembre de 2007, mes en el que entró en vigor la directiva europea de mercado de instrumentos financieros (Mifid, por sus siglas en inglés): "En teoría, los clientes particulares que compraron preferentes a partir de esa fecha debían conocer los riesgos que asumían. Es posible que el Banco de España no sea tan generoso en las emisiones realizadas desde entonces", indican. Un portavoz del organismo regulador ha declinado realizar ninguna declaración sobre este tema. También desde Cajasur han preferido guardar silencio.

Los cambios que saldrán de Basilea III

Los analistas esperan que se conozcan más detalles de la nueva regulación internacional sobre recursos propios, denominada Basilea III, a partir de junio. No obstante, su entrada en vigor está prevista para finales de 2012.

Una de sus claves está en que definirá de forma homogénea las características de los distintos tipos de capital. "Por ejemplo, se pretende que las participaciones preferentes no estén sometidas a la actual discrecionalidad de cada una de las legislaciones, como ocurre con el pago de los cupones", explican fuentes financieras. De esta forma, podría acordarse que, en caso de que la entidad haya registrado pérdidas, se produzca automáticamente el impago de las preferentes, en lugar de que sea el supervisor el que, en última instancia, decida, como ocurre ahora.

"Las condiciones de los instrumentos que pueden incluirse dentro del Tier 1 al margen de las acciones ordinarias se verán reforzadas", señala un informe sobre la cuestión de Exane BNP Paribas. Así, deben estar subordinados, el pago del cupón debe ser totalmente discrecional y tienen que ser perpetuos.

Una vía rápida, fácil y barata de capitalizarse

¿Qué peculiaridades tienen las preferentes respecto a otro tipo de deuda?

Las participaciones preferentes forman parte de los fondos propios: mejoran la solvencia de las entidades que las emiten. En concreto, el importe emitido se contabiliza dentro de los recursos propios básicos (Tier 1), donde también se incluyen el capital, las reservas y los bonos obligatoriamente convertibles.

¿Por qué tienen la consideración de fondos propios?

Hay una razón fundamental: porque tienen la capacidad de absorber pérdidas. En caso de insuficiencia patrimonial, la entidad podría liquidar la emisión por un valor inferior al nominal. Igualmente, el pago de la remuneración no está asegurado, sino que, en principio, está condicionado de que la entidad haya lograd, durante el ejercicio anterior, el beneficio necesario para pagarlo. Además, en caso de quiebra, los titulares de preferentes serían los penúltimos en cobrar, sólo por delante de los accionistas o los cuotapartícipes, en el caso de las cajas de ahorro. Y, por último, no tienen vencimiento.

¿Por qué las entidades emitieron el año pasado más preferentes que en los seis ejercicios anteriores

Bancos y cajas españoles han emitido más de 12.000 millones de euros de este tipo de participaciones desde diciembre de 2008. En el caso de las cajas de ahorro, las preferentes representan una de las pocas palancas con las que cuentan para mejorar su solvencia, pues no pueden ampliar capital. Además, el coste de las preferentes es relativamente barato en comparación con otras fórmulas para capitalizarse y su venta entre particulares es rápida y sencilla, gracias a la amplia red comercial de la banca española.

El FMI nos da razones por no dar ayudas

de Elblogsalmon de Onésimo Alvarez-Moro 04/04/2010

Como sabemos por lo comentado en estas páginas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) está siguiendo la política de San Agustín: “Señor, hazme casto, pero todavía no”. Es decir, las ayudas estatales hay que frenarlas pero todavía no.

No obstante, parece que se ha dado cuenta que hay razones por qué dar ayudas no es buena idea y nos da tres razones por qué las ayudas estatales al sector privado son malas, que son las siguientes:

• Cuando entidades privades reciben apoyo estatal, explícito o implícito, como en el caso de organizaciones que son demasiado grandes para permitir su caída, too big to fail, esto incentiva a los directivos a arriesgarse más de lo que harían normalmente. Esto en inglés se llama moral hazard, y existe porque los directivos saben que si les sale bien la apuesta, ganarán mucho en sueldos millonarios y en avances en sus carreras pero, si les va mal, el gobierno está ahí para salvarles. Así ha pasado.
• Las ayudas estatatales van dirigidas a empresas y directivos fracasados, utilizando fondos públicos. Con las ayudas, estas empresas y directivos fracasados estarán en mejor situación para competir con empresas buenas que no han fracasado pero que se encuentran compitiendo con malas empresas respaldadas por dinero público. Las empresas fracasadas compiten en condiciones priviligiadas que, en muchos casos, lleva a las buenas empresas a experimentar dificultades.
• Las ayudas estatales resultan en cargas fiscales y deuda estatal que, por una parte, limita las posibilidades de los gobiernos a invertir en otras partes y, dos, exige a los gobiernos a entrar a competir con empresas privadas en los mercados financieros.

Muy buenas razones por no ayudar a los fracasados, griten lo que griten.

Para evitar estos riesgos en el futuro, el FMI nos dice que hay dos caminos a seguir, el de la prevención y el de mejor gestión de los problemas, si surgen.

En la prevención para el sector financiero, exigen más capital y liquidez y más regulación sobre los tipos de negocios que pueden emprender y sobre los riesgos que deben permitirse asumir.

Es bueno ver que ahora se está dando importancia a la buena regulación, reflejado en los pasos descritos, ya que los reguladores han sido los culpables principales de lo que nos llevó a la crisis y se ha seguido buscando culpables en otras partes excepto donde estaba la culpabilidad.

En la parte de esquemas de resolución si a pesar de todo caen en dificultades, que todas las entidades mantengan una carta de defunción, donde elaboran en rasgos generales los pasos que se deberían seguir para cerrar el banco, se debería mantenerles abiertos como contrapartidas, evitando que sus homólogos no caigan por el hecho de que este cierre de la noche a la mañana. Seguir este camino con Lehman Brothers hubiera evitado el desplome de confianza que causó su cierre.

No mencionan también, como deberían haber hecho, el cambio radical del accionariado y de los directivos de las entidades en dificultades.

Envidia sana de Irlanda

Posted By Luis Garicano On 01/04/2010

El miércoles pasado echó a andar el llamado “Banco malo” irlandés, la “NAMA” (Agencia Nacional de Gestión de Activos) con el anuncio de la compra por esta del primer tramo de deuda ^[1] (principalmente) inmobiliaria, de 16,000 millones de euros, a los bancos irlandeses y de los descuentos (haircuts) que aplicará a esta deuda: el 47% de media, con un máximo del 58%.

dinner for one, vostfr, très drôle !!

Trabajo paga para que los inmigrantes dejen España

Expansión Publicado el 30-03-10 , por M. Tejo

El ministro de Trabajo lo decía alto y claro: el país ya no puede ofrecer a los extranjeros "las oportunidades que quieren buscar". Celestino Corbacho invitaba así a los trabajadores foráneos a "tachar de su agenda inmediata" a España como un posible destino. Pero esta sutil invitación no viene sola.

El Gobierno ha decidido, a la vez, abrir la puerta de salida a los que ya están en la arena nacional para que regresen sus lugares de origen. Para ellos, el Ejecutivo reserva ayudas económicas de hasta 2.600 euros por familia, más el pago del billete para viajar.

Bajo este programa subyacen dos hechos que no conviene pasar por alto. Por un lado, que el 30% de la población extranjera (más de 600.000 personas) sobrevive sin rentas del trabajo, mientras que para cerca de 300.000 la caducidad de su seguro de paro es cuestión de semanas, si no días. La falta de ingresos es sólo el preámbulo del estallido de una crisis social de calado que los analistas vienen alertando de lejos.

Ante este escenario, Trabajo ha decidido ponerse manos a la obra, y dar una vuelta de tuerca a los programas de retorno voluntario dirigidos a extranjeros. En 2008, la Dirección General de Integración de Inmigrantes, que depende del Ministerio de Corbacho, asumió el papel de convocar subvenciones con este fin que, este año, entrañan novedades.

El programa de 2010 se dirige tanto a personas extranjeras “especialmente vulnerables” (en situación de carencia; menores, mujeres embarazadas, etc), como a extracomunitarios que estén pendientes de una solicitud de asilo o que “se encuentren en situación irregular”.

Ambos colectivos se beneficiarán del que se podría llamar un cheque inmigrante a medida: el pago del billete a su país natal y el de su familia hasta el segundo grado de consanguinidad; un dinero de “bolsillo” para el viaje dotado con 50 euros (una persona) ó 400 (si va toda la familia); una “ayuda económica extra” para instalarse en el nuevo país que, en función del número de personas que retornan, oscila entre los 400 y los 1.600 euros. Y, por último, el Estado se compromete a correr con los gastos del transporte de los afectados hasta su localidad o pueblo de origen (las ayudas en este capítulo oscilan entre los 100 y los 600 euros).

Para gestionar estas migraciones, el Estado ha sacado a concurso una subvención de tres millones de euros dirigida a “entidades u organizaciones no gubernamentales” especializadas en la materia. Cabe recordar que estas ayudas son complementarias al programa que el Gobierno aprobó en 2009 para que los extranjeros que estén cobrando el paro puedan capitalizar sus prestaciones y emprender un negocio. Tras un año en vigor, el Ejecutivo aseguró en noviembre haber recibido 8.700 solicitudes de parados para abandonar España a los que se sumarían 1.500 familiares.

Guía para entender el fenómeno migratorio en España
Al ministro de Trabajo nunca le ha temblado la voz a la hora de defender que el fenómeno de la inmigración debe estar bien “regulado y ordenado”. Un principio de actuación que sorprende si se tiene en cuenta que su predecesor, Jesús Caldera, capitaneó la regularización masiva de medio millón de ciudadanos extranjeros. Ahora, la dureza de la recesión urge a Corbacho a seguir caminando en esa dirección.

- ¿Cuántos inmigrantes hay en España?
Representan al 12,8% de la población, esto es, 5,6 millones de personas. La mayoría, 4,5 millones, está en edad de trabajar, aunque los mayores de 65 ya forman un nutrido grupo de cerca de 300.000 personas.

- ¿Cómo les afecta la crisis?
Están mayoritariamente ligados al sector servicios y la construcción. La extenuación de estos dos tradicionales nichos de empleo ha empujado su tasa de paro hasta el 29,7%, frente a la del 16,8% de los nacionales. La eventualidad de los empleos que ocupan ha hecho que a día de por primera vez en la historia sean más los parados subsidiados por el Estado (237.000) que los que perciben una prestación contributiva (230.000).

- ¿Qué ha hecho el Ejecutivo para aliviar esta situación?
El tablero de juego es complicado. El Gobierno intenta ahora disuadir la entrada de nuevos flujos migratorios, porque a su juicio la prioridad es dar empleo a los millones de personas que están en el Inem. A la par, y como un remedio para enjuagar las cifras de paro Corbacho lanzó el año pasado un plan de retorno voluntario dirigido a inmigrantes desempleados. La idea es que estas personas puedan cobrar su prestación de desempleo, siempre que acrediten que iniciarán un negocio en su país de origen. Pero el programa ha tenido escaso éxito: Aunque más de 300.000 cumplían con el perfil para acogerse a esta vía de salida del país, menos del 1% lo ha hecho.

- ¿Y qué hay de los irregulares?
Se calcula que en España hay alrededor de un millón de personas en esta situación. Muchos sobreviven en la economía sumergida, un submundo económico que mueve el 20%, según señaló el propio Corbacho, una apreciación que enojó a la vicepresidenta Salgado. Precisamente a esta población va dirigido el cheque inmigrante de hasta 2.600 euros que el Gobierno ha publicado con sordina en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado quince de marzo.

El salario medio en España es casi la mitad que el de Reino Unido, Holanda y Alemania

El salario medio en España se sitúa en los 21.500 euros brutos al año, lo que supone casi la mitad de la retribución de más de 40.000 euros de Reino Unido, Holanda y Alemania, y un 20% inferior a la media de la UE, según un informe elaborado por Adecco y la escuela de negocios IESE sobre la evolución del salario en 14 países europeos entre 2003 y 2008.

En concreto, la retribución media en el Viejo Continente alcanzó los 27.036 euros en 2008. Reino Unido encabezó el ranking de remuneraciones, con 46.058 euros para los empleados de jornada completa, seguido de Holanda (42.720 euros) y Alemania (40.914 euros).

En el extremo opuesto, Hungría, Eslovaquia, Rumanía y Bulgaría, los cuatro últimos miembros incorporados a la UE de los Veintisiete, no superan los 10.000 euros al año de salario.

Con todo, los tres países con mayor remuneración bruta redujeron su diferencia con aquellos con los salarios más bajos, que suponía 11,9 veces más en 2003 y que ahora se sitúa en 7,8 veces.

Por sectores, los servicios privados cuentan con la remuneración media más elevada, con 27.774 euros, un 2,7% más que la media y un 15,6% más que los 24.025 euros de la construcción, el sector con menor salario.

Por su parte, España cuenta con una retribución mayor en las manufacturas, con 24.023 euros anuales, mientras que los servicios privados superaran los 20.000 euros y la construcción se queda en 19.910 euros.

DIFERENCIAS SALARIALES POR SEXO.

En cuanto a la brecha salarial entre hombres y mujeres, los 14 países analizados presentan mayores remuneraciones para los varones en un 28%, con 29.341 euros, cifra que mantiene las diferencias de salario por sexo desde 2003.

En este sentido, España se sitúa como el cuarto país de la UE con mayor brecha salarial, al retribuir a los varones un 34,4% más que a las mujeres (24.020 y 17.866 euros, respectivamente), si bien redujo las diferencias con respecto a 2003, cuando ocupaba la segunda posición, con un 38%.

Por último, los servicios privados representan el sector con mayor disparidad en Europa, con una diferencia salarial del 32,9%, al igual que en España, donde la brecha en las manufacturas asciende al 35,5%, mayor que la media pero superior a la de siete países.

La morosidad del sector público ahoga a las pymes: pagos a más de 700 días vista

Expansión Publicado el 29-03-2010 , por J. M. Lamet. Madrid

Cuanto más grandilocuentes sean las afirmaciones de un moroso afirmando que es una persona cumplidora y que va a liquidar todo el impago muy pronto, menos posibilidades hay de recuperar algún día la deuda.

Y España no es sólo un país de eminente raigambre morosa, sino un hervidero de promesas políticas incumplidas o incumplibles. Si a esta mezcla se le añaden unas gotitas de recesión, el cóctel resulta letal para las empresas proveedoras.

En plena hondonada económica y con cada vez más telarañas en las arcas, hay consenso entre los analistas sobre que el sector público está utilizando la dilación de los pagos a las empresas con las que contrata para financiarse. Los plazos de retribución de las facturas de las administraciones se han multiplicado. Se llevan la palma las autonomías y los ayuntamientos, verdaderos elefantes de piedra cuando de rendir cuentas se trata.

El sector público debe más de 35.000 millones de euros a sus proveedores y tarda una media de 154 días en pagarles, según una encuesta de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM), que aglutina a más de un millón de pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos.

La Administración central abona sus adeudos a una media de 140 días. 15 menos que las autonomías. La verdadera gran avalancha de impagos es la que se nutre de la tardanza de los más de 8.000 municipios, que tardan ni más ni menos que 238 días en pagar.

Ojo, esos datos son siempre "de media". Porque hay buenos, malos y malísimos pagadores a lo largo y ancho de la piel de toro. Baste un ejemplo clarividente: el Ayuntamiento de Madrid puso recientemente una pica en los anales de la morosidad de las grandes urbes españolas, con el Centro Internacional de Convenciones de la Ciudad de Madrid.

Lars Wollung

Se trata de un imponente edificio que costará 9 millones de euros y que se irá pagando ni más ni menos que 730 días después de las certificaciones de las entregas de la obra, según fuentes implicadas. Esto es, como mínimo, 24 veces más tarde de los 30 días que estipula la ley.

Ejemplos como éste están a la orden del día: los proveedores de la construcción cobran sus facturas un 30% más tarde que en 2008, a una media de más de 240 días. Y las autonomías demoraron sus pagos a los proveedores de tecnología sanitaria en 2008 una media de 232 días, según el último dato de la patronal Fenin. Ante este panorama, hacía falta una lucha política, legal y cultural contra esta lacra de la economía española, que hasta ahora amenazaba la pervivencia de más de 600.000 empleos.

Nuevo marco legal
Esa pelea llegó a una de sus cumbres la semana pasada. Un año después de que las pymes acudieran desesperadas al Congreso para denunciar que la morosidad desangra sus cuentas, todos los partidos dieron de forma unánime el primer paso, pese a las reticencias del PSOE.

La reforma de la Ley de lucha contra la morosidad salió del horno de la Cámara Baja, camino de la aprobación final en el Senado, con unos nuevos plazos de pago de 30 días para el sector público y de 60 días para las empresas. Pero lo más importante es que se elimina la posibilidad de que las partes pacten un plazo de pago mayor.

Esta cláusula era la que estrangulaba y estrangula las arterias financieras de las pymes, ya que las empresas grandes imponen su fuerza para liquidar las facturas más tarde. Lo mismo hacen las administraciones públicas, que saben que las pequeñas compañías y los autónomos temen litigar con ellas "aunque tengan todas las de ganar", ya que podrían perderlas como clientes. Y el sector público paga mal, muy mal, pero es un gran cliente para muchos sectores y prácticamente el único para otros.

Pere J. Brachfield

Con este cambio "se ha generado un estado de optimismo y de esperanza en las empresas muy importante", apunta Antoni Cañete, portavoz de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM). De hecho, los primeros cálculos apuntan a que la nueva medida podría devolver a las pymes más de 10.000 millones de euros adeudados. O lo que es lo mismo, un pellizco de liquidez superior al 1% del PIB.

Pero la implantación de esta reforma "que se escalonaría en el tiempo, hasta su implantación total en 2013" no garantizará el cumplimiento de los plazos, ya que no se instaura el pago de intereses de demora "de oficio", como señala Pere J. Brachfield, director del Centro de Estudios de Morosología de la EADS Business School. "No creo que las cosas cambien radicalmente, pero sí que mejoren los plazos de pago", señala Luis Salvaterra, director de Intrum Justitia Ibérica.

La norma sí incorpora otros mecanismos para garantizar su cumplimiento. El PSOE pactó con CiU que los acreedores puedan reclamar indemnizaciones por los costes de cobro vía reclamación judicial o financiera, con un límite del 15% para deudas superiores a 30.000 euros. Asimismo, se legitima a los proveedores para ejercer acciones colectivas contra las empresas que incumplan de "manera habitual" los plazos de pago.

Desazón local
El portavoz parlamentario de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, admitió poco después que los ayuntamientos no podrán cumplir con esos plazos. Se abre una espita que llevaría a la quiebra a varias corporaciones locales.

Antoni Cañete

Para evitarlo, sería necesaria una reforma de la financiación local que evite que los entes locales sigan asumiendo competencias que no les corresponden "educación, inmigración" por valor de casi 7.000 millones al año. Y a ese punto de ebullición normativa es a lo que se agarran los alcaldes para exigir cambios.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ya ha abierto la veda: "No parece razonable" establecer a las administraciones pagos de imposible cumplimiento, ya que lo único que consiguen es «acrecentar más la deuda, a través de los superiores costes de la demora y transmitir la idea de que existe una legislación desacreditada", opina el vocal de la Comisión de Hacienda de la FEMP, Santiago Martínez Argüelles.

Éste pone de ejemplo el Fondo Local de 2009, que se gestionó a través de un anticipo de la Administración central a los ayuntamientos, que exigía pagar en 30 días las facturas que prevenían del Fondo, y "con carácter general se pagaba". Lo que obvió el vocal de la FEMP es que los contratistas del Fondo Local pagaban, a su vez, hasta a 180 días a sus proveedores, tal como adelantó este diario el 17 de noviembre de 2009.

Malos ejemplos
Mientras la plasmación sobre el terreno de la reforma española suscita incertidumbre, la Unión Europea (UE) anda enfrascada en discusiones menos telúricas. Así la Comisión pretende reformar la Directiva sobre morosidad, eliminando, como España, la posibilidad de pactar "en contrario" y apostando por el pago del IVA según el criterio de caja, y no el de devengo. Es decir, que las empresas satisfagan el impuesto por las facturas cuando las cobren, y no cuando las giren.

Llegados a este punto conviene recordar lo dicho al principio del artículo: los peores pagadores presumen mucho de lo rápido que van a saldar sus deudas. Axioma que le viene como anillo al dedo a España, el segundo país más moroso de la UE, y a unas declaraciones de Diego López Garrido.

El secretario de Estado para la UE se mostró confiado, la semana pasada, en que el Parlamento Europeo diera su brazo a torcer sobre la reforma de la directiva de morosidad. Una "lección" que ha provocado carcajadas entre los expertos, que critican "la incoherencia de lo que hace el Gobierno en España y lo que pretende hacer en Europa".

"Venda humo" o no, lo importante es que López Garrido consiga pagar esta promesa a tiempo, antes de que acabe en junio la presidencia española. No en vano, la supervivencia del buen comerciante radica más en que le paguen que en vender.

Tres visiones sobre un mismo problema
Llars Wollung, presidente y CEO de Intrum Justitia: «Hay un gran riesgo de que repunte la morosidad en España por las subidas fiscales. En Intrum Justitia hemos comprobado que la gente paga los impuestos antes que nada; es su mayor prioridad. Si subes mucho los tributos muy rápidamente empeoras las cosas. El mercado negro podrá subir. [...] Más del 25% de las pymes van a la bancarrota en Europa por culpa de la morosidad. Los políticos deben mejorar el comportamiento de pago del sector público".

Pere J. Brachfield, director del Centro de Morosología de EAE Business School: «Las administraciones han sido siempre malas pagadoras. Las causas son, por un lado, la cultura de dilación en el pago que ha habido desde hace muchísimo tiempo, y, por otro, la lentitud de la vía judicial a la hora de reclamar las empresas sus legítimos derechos. Cuando los contratos son de larga duración o existe una fuerte dependencia económica, los contratistas tienen que llevarse muy bien con esas administraciones. Por tanto, sólo en casos extremos se ha recurrido a ella".

Antoni Cañete, portavoz de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad: «Es histórico que una plataforma ciudadana como la Plataforma multisectorial contra la morosidad haya conseguido concienciar a la clase política para que, un año después de que nos pusiéramos en marcha, se haya aprobado una reforma tan importante contra los impagos del sector público y de las grandes empresas. Es como si David le ganase a Goliat por segunda vez. El pasado martes, el Congreso salvó muchos miles de puestos de trabajo".

CajaSur pagará mañana el dividendo de sus preferentes

Publicado el 29-03-2010 , por Expansión.com

CajaSur procederá mañana al abono del dividendo correspondiente al primer trimestre vencido de 2010 de la Emisión de Participaciones Preferentes Serie A, de la que la caja es la entidad garante, lo que le supondrá un desembolso de más de 1,3 millones de euros, tal y como ha informado a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

CajaSur estaba "estudiando la obligación de pago". Así lo confirmó, vía CNMV, el pasado viernes, tras la decepción de sus cuentas. Ese mismo día el Banco de España dio luz verde para que la entidad hiciera efectivo el pago de este dividendo

Industria plantea bajar de golpe un 40% las primas a las fotovoltaicas

Expansión Publicado el 29-03-2010 , por M.Á.Patiño/Lidia Velasco. Madrid/Sevilla

El Ministerio de Industria se ha propuesto acelerar la rebaja de subvenciones a las energías renovables y, en particular, a las fotovoltaicas, con un tijeretazo que podría llegar al 40%.

Es mucho más que la horquilla del 15%-25% que el propio sector baraja y que estaría dispuesto a asumir, consciente de que es mejor autoaplicarse remedios que esperar a que el Gobierno imponga medicina intensiva.

La polémica de las primas a la generación especial es un debate creciente y, progresivamente, las fotovoltaicas se han colocado en el centro del huracán. Fuentes cercanas al Gobierno aseguran que se prepara una rebaja «sustancial», que se justifica por la importante reducción de los costes de equipos que ha experimentado esta tecnología en los dos últimos años.

En el mercado, actualmente, las placas solares son en torno a un 50% más baratas, pero, aun así, este segmento –junto a la termosolar– es el que más subvenciones recibe.

Gran crecimiento
Según datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE), el sector fotovoltaico alcanzó los 3.501 megavatios (MW) instalados en 2009, asumiendo un volumen de primas de 2.330 millones (la mitad de los 5.000 millones que cobraron todas las energías verdes). Concretamente, su precio fue de 46,721 céntimos por kilovatio hora, más de cuatro veces la media.

El Ministerio de Industria trata de acelerar al máximo la reducción de subvenciones a las renovables, con un especial tijeretazo a las solares. La intención es hacerlo en julio

El recorte de las ayudas a las renovables y, en especial, a las fotovoltaicas sería un nuevo intento del Gobierno de poner coto a un sector que, al calor de las primas, creció exponencialmente de 2004 a 2008. Sólo en ese periodo, pasaron de 24 a 3.463 MW. En el caso de la eólica, el salto fue de 8.504 a 16.740 MW.

Así, desde 2008, el Gobierno ha probado diversas medidas para poner orden en el crecimiento, al fin de evitar que el sector muera de éxito, ya que el coste de las primas podría hacer insostenible el sistema eléctrico. La gran crítica, al margen de otras incongruencias de un Ejecutivo que se declara pro-renovable, es la inseguridad jurídica que ha provocado con los continuos cambios de normativa y el consiguiente frenazo a esta industria mediante la imposición de restrictivos cupos.

En el real decreto 1578/ 2008, que creó el modelo de preasignación para la fotovoltaica, se recortaron hasta un 35% las primas y se fijaron cupos anuales (500 MW entre techo y suelo), incluyendo un mecanismo reductor progresivo de subvenciones hasta 2012.

El coste de los equipos de los huertos se ha abaratado alrededor de un 50%

Es, precisamente, sobre esa regulación sobre la que se quiere volver a incidir, acelerando la disminución de las ayudas de un solo golpe. Se baraja la fecha de julio, haciéndola coincidir con otras decisiones energéticas, como la revisión de tarifas eléctricas al usuario final, o el propio reparto del segundo cupo trimestral fotovoltaico.

Un asunto que estudia a fondo Industria es dónde trazar la línea: si en las futuras adjudicaciones o en los parques que empiecen a evacuar, lo cual apunta en cierto modo a la retroactividad. De momento, según señalan fuentes del sector, la iniciativa del Gobierno es un mero tanteo, pero que se convertirá en un intenso tira y afloja.

Otras tecnologías
Aunque, en menor medida, el debate también ha llegado a otras tecnologías como la eólica y la termosolar. En el primer caso, se debe a que las primas que cobran son las más bajas (8,5 céntimos por kilovatio hora); aunque el coste de los aerogeneradores ha descendido un 20% en el último año por la menor demanda. Y, en el segundo, porque se trata de una tecnología incipiente, cuya construcción es muy cara (la inversión por planta es de 300 millones).

Desde este último sector, consideran «inconcebible» que cuando en mayo les obligaron a tener comprados los equipos y cerrada la financiación para todos los proyectos hasta 2013, les cambien ahora la retribución. Asimismo, apuntan a una campaña del sector eléctrico convencional, «que ve cómo las renovables les quitan protagonismo en el mix y les bajan el precio de la electricidad en el pool».

Sin discernir qué tecnologías, lo que parece claro es que va a haber rebaja, tal como propuso el Gobierno en su propuesta de medidas anticrisis, en el que incluyó una revisión de primas antes de diciembre.

La sombra de las subastas como un modelo de adjudicación
El cambio de primas no es el único punto caliente actual en el sector de las renovables. El Gobierno también está tanteando diversas fórmulas de retribución, que ya podrían ser tenidas en cuenta en la elaboración del próximo plan energético, más conocido como PER.

Dentro de los diferentes modelos que se barajan, está el de las subastas. Este método sería el típico de los concursos, en los que concurren varios promotores y se le adjudica el proyecto al que presenta la mejor oferta. Tanto eólicos, como termosolares, lo descartan totalmente, pues consideran que se podrían producir bajas temerarias. Consideran que el mercado no está preparado: «Muchas veces entrarían kamikazes con promesas arriesgadas que no se podrían cumplir o bien se produciría un oligopolio de grandes empresas».

En cambio, la industria fotovoltaica sí está a favor de este sistema, siempre y cuando se abra más el cupo. El modelo americano, con incentivos fiscales a la inversión, es otra de las opciones, pero tampoco parece tener mucha acogida. Por su lado, las comunidades autónomas reclaman su parcela, pues con el registro se les quitó toda posibilidad de definir sus planes energéticos. En este sentido, otra de las posibilidades sería establecer cuotas regionales al sistema de preasignación actual.

Un sector en tiempos revueltos
1- Las renovables en general y la fotovoltaica en particular viven tiempos revueltos. El Gobierno intenta introducir con calzador una normativa que ponga orden al desbocado crecimiento de los últimos años. La pregunta es cómo debe ser el modelo energético del país.

2- El sector de renovables es consciente de que los tiempos de vino y rosas, y grandes subvenciones, no pueden volver. Está dispuesto a ajustarse el cinturón, pero reclama una transición paulatina, y no un brusco frenazo que paralice a toda la industria.

3- Además de las primas, hay más leyes que prepara el Gobierno para introducir orden en el sector, como, por ejemplo, una normativa para vigilar la calidad de las instalaciones fotovoltaicas, o para lograr que éstas estén coordinadas con Red Eléctrica.

Reforma de las pensiones

Zapatero quiere penalizar a quien se jubile a los 65 años

Expansión Publicado el 29-03-2010 , por M.Valverde. Madrid

La polémica propuesta de retraso en la edad legal de jubilación, desde los 65 a los 67 años, tiene una segunda parte que ha pasado desapercibida, pero que está contenida en el documento que el Gobierno ha enviado a la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo.

El Ejecutivo sugiere a los partidos políticos que quienes, en el futuro, no acepten retrasar la edad de jubilación a los 67 años puedan hacerlo a los 65 ó 66, pero, previsiblemente, con una reducción de la pensión. Es decir, como si se retirasen de forma anticipada.

En el documento enviado al Pacto de Toledo, el Gobierno hace dos puntualizaciones al retraso de la edad de jubilación. En primer lugar, que debe hacerse respetando las condiciones que en ese momento tengan los trabajadores despedidos.

Y, en segundo lugar, que «en la adopción de estas medidas en otros países ese desplazamiento [de la edad legal de jubilación] se ha producido respetando asimismo, en los términos, condiciones y ámbitos temporales establecidos reglamentariamente, la posibilidad de los afiliados [a la Seguridad Social] de mantener la edad de jubilación legal anterior o una intermedia siempre que los costes de esta decisión fueran asumidos por el beneficiario».

Es decir, que si el Parlamento acepta esta última propuesta del Ejecutivo, se produciría un doble efecto sobre los pensionistas, según explica Antonio Antón, profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid. El primero es que «una persona podría seguir jubilándose a los 65 años, pero disminuyendo el importe de su prestación». Y, en consecuencia, y en segundo lugar, es que esta penalización ya se extendería a quienes se jubilasen a esa edad y a quienes lo hicieran antes.

Retiro anticipado
Incluso, como sugiere el Ejecutivo, es muy probable que también se tenga que retrasar la edad a partir de la cual se entra en la jubilación anticipada y que ahora está en los 61 años. Hay que tener en cuenta que el texto del Gobierno recalca que la modificación de la edad legal de jubilación requerirá necesariamente de cambios en otras variables que «inciden en la determinación de la pensión».

Es necesario recordar que el Gobierno ya ha contemplado la modificación del periodo de cotización obligatorio para calcular la pensión, desde los 15 a los 25 años. Así se recogía en la última revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que el Ejecutivo envió a Bruselas, aunque, posteriormente, dio marcha atrás al comprobar la polvareda levantada por la propuesta.

Actualmente, y por lo general, la jubilación anticipada tiene dos vías. Pueden hacerlo quienes tengan 60 años y demuestren que ya estaban cotizando a alguna de las antiguas mutualidades antes del 1 de enero de 1967.

Pueden hacerlo también quienes tengan 61 años, y al menos lleven seis meses en el desempleo y hayan cotizado a la Seguridad Social por un periodo mínimo de treinta años. Eso sí, también tienen que demostrar que dejaron de trabajar de forma involuntaria. De esta forma, la reducción o penalización en la cuantía de la pensión estará en función de los años cotizados a la Seguridad Social.

Por ejemplo, entre 30 y 34 años de cotización, la disminución de la prestación será del 7,5%. Descuento que será del 7%, para quienes tengan entre 35 y 37 años de cotización; del 6,5%, hasta 39 años de aportación a la Seguridad Social, y del 6%, con 40 ò más años de cotización acreditados. Si no se cumplen todas estas condiciones el descuento será del 8% por cada año de adelanto respecto a los 65 años.

La radiografía
1- Según la Seguridad Social, la edad media de jubilación en España está en los 63,74 años, y en 63,27, en el Régimen General.

2- La evolución prevista de la esperanza de vida después de los 65 años es de 21,14 años, en 2020, y de 22,41, en 2040.

3- El número de pensiones pasará, en el futuro, de 8,6 millones, en 2010, a 12,5 millones, en 2030, y 15,3 millones, en 2040.

4- El Gobierno estima un ahorro de 40.000 millones de euros hasta 2050 retrasando la jubilación y reforzando la cotización.

para Aido....

Cerca del Bristol Zoo en Inglaterra existe un parquing para 150 coches y 8 autocares.

Durante 25 años los pagos por el parquing se le hacían a un simpático señor.

Los precios eran 1,40 e. para los turismos y 7,00 e. para los autocares.

Un día, después de 25 años de buenos y leales servicios sin absentismos, el pequeño señor no apareció a trabajar.

La administración del zoológico llamó pues al Ayuntamiento y solicitó que les enviaran otro empleado.

El Ayuntamiento hizo una rápida investigación y declaró que el parquing estaba a cargo del parque zoológico.

A lo cual el Zoo respondió que dicho empleado era de la municipalidad.

El Ayuntamiento afirmó que se trataba de un error puesto que ese empleado nunca fue parte del personal y que nunca se le había pagado ningún salario.

Durante este tiempo en algún soleado lugar, en su bella villa, hay un hombre que, al parecer, inventó su propio dispositivo de pago del parquing y lo puso en marcha durante 25 años, cada día, para cobrar la tarifa de estacionamiento a los visitantes del Zoo.

Trabajando durante 25 años, 7 días a la semana, había reunido la nada despreciable suma de 560 e. al día, casi 17.000 e. al mes lo que representó al cabo de los 25 años la suma de 7 MILLONES DE EUROS para su jubilación particular.

Y NADIE NI SIQUIERA SABÍA SU NOMBRE !!!

Quién mató más gente, Dios o el Diablo?