elEconomista 8/07/2016
La colaboración público-privada es clave para un tejido productivo sostenible
Estamos
asistiendo a un proceso de cambio. Dejamos atrás un modelo económico
lineal, basado en el concepto de usar y tirar y avanzamos hacia una
sociedad más responsable, donde el ciudadano reclama una mayor
integración de la sostenibilidad. Esta nueva realidad que comienza a
vislumbrarse es la Economía Circular, un modelo productivo que se basa
en aprovechar los residuos, convirtiéndolos en recursos, fomentar la
prevención y apostar por la innovación para impulsar el tejido
industrial y el empleo.
Para
analizar este trascendente fenómeno, elEconomista ha celebrado un
Observatorio bajo el epígrafe La revolución de la economía circular en
los hábitos de consumo, que ha reunido a Óscar Martín, consejero
delegado de Ecoembes; Aurelio Pino, presidente de la Asociación de
Cadenas Españolas de Supermercados (ACES); María Jesús Ruiz, ex
presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Senado; Victoria Labajo
González, coordinadora del Grupo de Investigación Empresas, Economía y
Sostenibilidad (E-SOST) de la Universidad Pontificia Comillas-ICADE;
Ileana Izverniceanu, directora de Comunicación y Relaciones
Institucionales de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), con
la moderación de Javier Romera, jefe de Redacción de elEconomista.
La gestión de residuos ha permitido crear
tejido industrial y trabajo: en España aporta alrededor de 25.000
millones de euros anuales, un 2,4% del PIB, y da empleo a 4 millones de
personas. Sin embargo, no se está haciendo todo lo debido: según las
cuentas de la Comisión Europea, si se aplicara toda la normativa
vigente, se crearían 400.000 empleos en la UE, de los que 52.000 serían
en España; además, se ahorrarían 604.000 millones a las empresas
europeas, por el menor desperdicio de recursos, y las emisiones de CO2
bajarían hasta un 4%.
Las carencias más importantes para
alcanzar esos números tan positivos se encuentran en la recogida
selectiva de los residuos -para lo que es necesario la separación en
origen- y en la correcta implementación de las políticas establecidas
por las autoridades.
En general hay déficit de recogida en la
mayoría de los flujos de residuos, sobresaliendo aquellos más asentados,
como el vidrio, el papel/carton o los envases. En este último, Ecoembes
recicla ya el 74,8% de los envases domésticos, situándose 19 puntos por
encima de los objetivos establecidos por la UE.
Este éxito se basa en el compromiso de los
fabricantes, que son responsables de los residuos que generan sus
productos y deben recogerlos y darles tratamiento, ya sea
individualmente o por medio de un Sistema Integrado de Gestión (SIG),
como Ecoembes, Ecovidrio (vidrio), Signus (neumáticos) o Sigaus (Aceites
industriales).
El modelo de los SIG, por consiguiente,
debería extenderse y profundizarse donde ya esté implantado. En palabras
de Óscar Martín, "No debe parar; no puede ser complaciente con las
cifras actuales. Pero hace falta que ese modelo, íntimamente ligado a la
colaboración público-privada, se extienda a todos los flujos de
nuestros residuos, y se extienda desde la generación, desde el consumo
responsable y hasta el final de la línea, que será el reciclado de los
productos".
No hacer experimentos
Atendiendo
al resultado de la aplicación de los SIG, no tiene mucho sentido
desviarse del modelo. En este sentido, los asistentes debatieron sobre
una de las alternativas, el Sistema de Depósito, Devolucion y Retorno
(SDDR), que piensa implantar la Comunidad Valenciana con el apoyo de los
grupos ecologistas.
El SDDR consiste en obligar al consumidor a
abonar una cantidad adicional en la compra de cada producto, que luego
se le devuelve al entregar el envase vacío en el comercio donde lo
adquirió para que éste lo remita a las plantas de tratamiento y
reciclado.
Con independencia de que sea una medida
realmente ecológica y no una operación comercial para vender las
máquinas en las que el consumidor depositaría el envase vacío, el SDDR
plantea otro tipo de problemas.
El principal es su coste y su escaso
alcance: el SDDR únicamente afecta al 9% de los envases -las
correspondientes a las bebidas - ahora recogidos en el contenedor
amarillo, e implantarlo tendría un coste ocho veces mayor que el actual,
pudiendo alcanzar los 900 millones anuales. Además, no son sistemas
complementarios ya que duplican infraestructuras (recogida en contenedor
y recogida en comercios) y pueden provocar confusión en el ciudadano a
la hora de reciclar.
Al respecto, Aurelio Pino indica que "en
el año 1997 la legislación española dejó la opción de escoger entre
distintos modelos; se optó por los SIG y nuestras tiendas, y sus
sistemas logísticos, incluyendo los municipales y no municipales, se han
ido configurando sobre ese sistema. Hemos montado el esquema sobre la
base de esa seguridad jurídica; cualquier cambio a nosotros nos afecta,
pero, sobre todo -hay muchos estudios hechos- supone un coste de
implantación inasumible y desproporcionado para lo que podría ser una
hipotética mejora".
Así pues, el coste y la complejidad que
introduciría en el sistema de gestión de los residuos de envases, unidos
al escaso volumen de residuos que trataría realmente, aconsejan
desechar su implantación y profundizar en el modelo ya en vigor
actualmente protagonizado por los SIG.
Los consumidores se manifiestan cautos
sobre el SDDR. Como indica Ileana Izverniceanu, "necesitamos información
amplia sobre este tema para pronunciarnos pero a priori un cambio en
los hábitos de los ciudadanos debe de ser muy pensado y sopesado".
Además, tienen otras muchas otras peticiones, como que no haya problemas
con las tiendas o con los puntos limpios, que éstos se ubiquen cerca de
los domicilios, que los fabricantes destierren prácticas como la
obsolescencia programada de los bienes ofertados y permitan que los
aparatos sean reparables, que los criterios aplicados en la caducidad de
los productos sean económicos y no comerciales, que las garantías sean
válidas durante más tiempo -en caso de fallo de un aparato, a partir del
sexto mes el consumidor debe probar que no ha sido por uso-, que se
apliquen las leyes existentes... "la lista es larga, porque llevamos 40
años peleando". También apunta a que la crisis ?ha ensañado al
consumidor que hay otras formas de consumo muy diferentes?, en alusión
tanto a la tendencia creciente a alargar el uso de los productos
-siempre que la industria lo permita- como a la llamada economía
colaborativa: "la propiedad existe, pero hay otros medios de posesión".
Para ello también hace falta diseñar una legislación que ayude y que,
una vez exista, "se aplique por parte de las autoridades".
Aplicar la legislación
Todos
los ponentes estuvieron de acuerdo en que la laxitud a la hora de
aplicar la normativa es otro de los obstáculos para que la Economía
Circular deje de ser un concepto y se haga realidad.
María Jesús Ruiz abundó en ello: "Tenemos
la legislación, tenemos las capacidades para poder ponerla en marcha,
hay tecnologías que se están utilizando, se ve que hay diferencias entre
los territorios -hay comunidades autónomas que van más avanzadas que
otras con los mismos requisitos-, y, por tanto, creo que es muy
importante que el consumidor esté concienciado, pero es verdad que
también la Administración tiene que ser muy exigente a la hora de
aplicar toda la normativa que existe". Ello evitaría, por ejemplo, que
se cometieran ?barbaridades?, como sucede con la gestión de los residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos.
Ruiz, coordinadora de la Ponencia de
estudio sobre residuos del Senado que actuó el año pasado, abundó en
varios de los graves problemas de la gestión de los residuos: su
ideologización, que impide enfocar los problemas con objetividad, la
falta de transparencia en las tasas y la insuficiencia de las mismas
para disminuir el volumen de materiales desperdiciados.
Pagar más para evitar verter
España
está muy lejos de cumplir los objetivos de depósito en vertedero, lo
que puede conllevar sanciones europeas e implica un tremendo dispendio
de recursos. Uno de los motivos clave es que los ciudadanos desconocen
cómo funciona la gestión de las basuras, a pesar de los esfuerzos
educativos al respecto, que han de redoblarse.
Además, tampoco hay una estructura de
tasas adecuada, porque en muchos casos se mezclan con otros conceptos,
como la limpieza viaria o el agua. Y como colofón, el pago es
insuficiente: si en los países más avanzados de la UE se destinan de 90 a
100 euros por tonelada, "aquí es bajísimo, es mucho más barato verter",
según Ruiz. La conclusión, por lo tanto, es obvia: hay que pagar para
introducir en la cadena de valor el impacto ambiental real y dejar de
hablar de residuos para hablar de recursos y de Economía Circular.
Crece el consumo responsable
El
lado positivo de la situación es que, como comenta Victoria Labajo,
basándose en datos reales sobre pautas de compra, "los consumidores
están dispuestos a pagar un extraprecio por productos que sepan que son
responsables". Y sostiene que en España -a diferencia de la UE- se está
perdiendo la oportunidad de acceder a nuevos mercados en los que la
conciencia del comprador influye mucho en la decisión de compra.
Según Forética, el 76% de los consumidores
pide a las empresas un comportamiento responsable, pero es complejo
desarrollar ese nuevo mercado porque no es fácil cambiar los procesos
productivos y hacerlos más sostenibles y porque tampoco hay claridad en
el etiquetado que identifica un producto como responsable. Ahora bien,
la empresa que se adentra por esa línea de negocio obtiene premio: las
marcas sostenibles crecen nueve veces más rápido.
Por sus ventajas ambientales y económicas,
hay que empujar ese nuevo mercado sostenible, tanto actuando sobre la
demanda como sobre la oferta.
Así, Martín cree que "es necesario primar,
que no premiar, los productos reciclados" e incide en la importancia de
potenciar el ecodiseño de los bienes para prevenir los residuos,
aspecto en el que Ecoembes ha realizado más de 38.000 medidas.
En definitiva, la Economía Circular es un
modelo que ha llegado para quedarse y sin el cual no se entiende el
futuro del planeta. Es el momento de tomar partido y asumir los retos
que nos plantea nuestro presente: construir una sociedad basada en la
sostenibilidad que nos permita frenar los efectos del cambio climático y
alcanzar un modelo de desarrollo sostenible.
