Economía, Ekonomya y chascarillos varios
miércoles, 21 de febrero de 2018
jueves, 23 de noviembre de 2017
Sobre la pretendida ineficacia del boycot a los productos catalanes
No ha llovido este año meteorológico.
No han salido setas...pero da igual. Han salido economistas aficionados
como setas. Están por todos los lados y, ¡cosa curiosa entre
economistas! ...¡Están de acuerdo! De acuerdo en una cosa: que el boycot
a los productos catalanes como arma económica en la guerra económica
entre independentistas y el resto de los españoles es absurda, que es
como "disparase en el propio pie".
El "argumento" principal que se suele
esgrimir, y no sólo por parte de independentistas sino por parte también
de eximios miembros del Gobierno de España empezando por su increíble
líder, don Mariano Rajoy, es que al estar las economía de todas las
regiones españolas tan fuertemente integradas, el no comprar productos
catalanes perjudica al final a los productores del resto de España que
venden sus productos a las empresas catalanas para ser usados como
materias primas o productos semielaborados de sus productos finales.
Dicho en jerga más técnica, ese boycot tendría unos "efectos perversos" o
unas "consecuencias no-intencionadas" y negativas sobre la economía del
resto de España que, al margen de por otras razones jurídicas o
políticas, desacreditarían totalmente su uso.
Concretamente, he visto y oído
repetidos hasta la saciedad dos ejemplos como apoyo a esa tesis. El caso
del corcho para los tapones del cava catalán (a veces se incluye en el
"pack" de este ejemplo el vidrio) ha sido paradigmático. Se ha dicho
que, puesto que el corcho se produce en Extremadura, el boycot al cava
catalán perjudicaría indirectamente a los productores extremeños (o a
los productores de vidrio aragoneses que parece que hacen las botellas).
El otro ejemplo, ha sido el de las pizzas de la casa Tarradellas en
cuya composición se encuentra la harina castellana, el atún gallego, el
tomate extremeño, el pimiento murciano y las aceitunas andaluzas. De
nuevo el mismo argumento: boycoteando a las pizzas Tarradellas se acaba
afectando a los productores de todas esas regiones. Tanto he oído estos
argumentos que he llegado a preguntarme si no sería una "campaña" de
propaganda impulsada por estas empresas catalanas.
Pues bien. ¿Qué opinión me merece esta
"argumento"? Pues una muy sencilla: es un argumento increíblemente
tonto. Y, por más que se repita, no deja r ello de ser estúpido. Veamos.
El que una persona del resto de España no se compre una botella de
Freixenet para acompañar una pizza de casa Tarradellas a la hora de la
cena como su "respuesta" particular al malestar que le produce el "lío"
asociado al procés, no significa que esa persona quede tan
compungida r el procés que vaya a ayunar. Lo "lógico" es que disfrute de
tan espléndido y opíparo menú, si ése es su "gusto", comprándose una
botella de cava valenciano, manchego o extremeño (o incluso de la
afamada marca Codorniú, si sus deseos de expresión de su malestar o de
castigo vía el boycot se contentan con no comprar a empresas cuya sede
social esté en Cataluña) para acompañar una pizza de Campofrío o un
salchichón de El Pozo (que creo que no son empresas que produzcan sus no
menos afamados productos en Cataluña). La implicación es obvia, los
productores de corcho extremeños, de vidrio aragonés, de atún gallego y
demás "materias primas" aumentarán sus ventas a esas empresas
"no-catalanas" como consecuencia del boycot a los productos "made in
Catalonia" en forma parecida a lo que disminuyen sus ventas a las
empresas catalanas.
Luego, en principio, y sin mayor
análisis, una cosa está clara: que esas desoladoras consecuencias que se
auguran sobre los productores españoles no-catalanes resultado del
boycot a los productos catalanes son en buena medida irreales y fruto de
la incapacidad de tantos economistas aficionados para pensar
económicamente un paso más allá de las consecuencias indirectas de una
política ecomómica, como es un boicot.
Conocer con precisión el efecto de un
boycot como el que analizamos no es factible técnicamente. Requeriría el
uso de un modelo de equilibrio general de la economía española. Una
aproximación un poco más pedreste podría hacerse mediante el uso de
Tablas Inpu-Output regionales. Pero, al nivel de sofisticación teórica
de este blog, la conclusión que se puede seguir está clara. No debiera
haber efectos reseñables sobre el resto de la economía española del
boycot a los productos catalanes, si esa demanda se redirige a otros
productos sustitutivos que se hagan en otras partes de España. Sería una
circunstancia similar a aquella que se da cuando el consumidor o
el cliente de un establecimiento comercial (un bar, una cafetería, una
frutería, una carnicería,...) se va a la competencia cuando donde
compraba le empiezan a tratar mal. ¿Qué haría el lector si en el bar
donde se toma el café todos los días, su dueño empieza a decirle que le
roba ("Espanya ens roba") sistemáticamente?
Demostró a este respecto la ex-ministra
socialista, la señora Trujillo, un sentido económico mucho más afinado
cuando en respuesta a las críticas que se le hicieron cuando defendió el
boycot a una conocida marca de agua embotellada catalana, cuyo líquido
contenido provenía de un manatial castellano (creo), señaló que lo que
sus críticos debieran criticar era esa extraña situación, es decir, que
esa agua no-catalana se embotelle con marca catalana por una empresa
catalana quedándose así con todo el "valor añadido" (que yo, por
cierto, no sabría decir en qué consiste materialmente hablando, o sea,
qué agrega la "marca" a las propiedades fisico-químicas del agua). Para
la señora Trujillo, lo propio sería que esa agua se embotellase por una
empresa radicada en la zona, revirtiendo así en ella ese "valor
añadido".
Finalmente, hay otro argumento contra
el boycot que ya abandona el terreno de su eficacia económica entrando
en el terreno de la justicia. Se dice que no es justo que paguen justos
por pecadores. Que por los intereses de los independentistas están
pagando los que no lo son cuando se usa el arma económica del boycot.
Cierto. Es de suponer que no todos los empresarios catalanes, ni todos
sustrabajadores, piensan que los que vivímos en el resto de España somos
unos ladrones que les robamos lo que es "suyo". Pero también es
igualmente cierto que, como se ha dicho repetidamente, la clase
empresarial catalana, el eje vertebral de la histórica "burguesía"
catalana, se ha mostrado enormemmente tibia, cuando no consentidora, con
el "procés" soberanista y todos sus malos modos (desde la perspectiva
"española", claro está). En ese sentido, me parece que una "respuesta"
colectiva (o sea, contra el conjunto de las empresas catalanas)
es defendible dados los costes de transacción e información requeridos
para deslindar a los empresarios consentidores de los que no lo son. En
cualquier caso, la salida de algunas empresas de Cataluña, si su sede
fiscal cambia también, podría interpretarse como un intento por parte de
ellas de señalizar su distanciamiento con el procés. Si así fuera, el
boycot no debería dirigirse contra ellas.
Aeat INFORMA durante los meses Enero a Octubre 2017
Orden HFP/105/2017, de 6 de febrero,por
la que se aprueba el modelo 121 "Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas. Deducciones por familia numerosa o por personas con
discapacidad a cargo. Comunicación de la cesión del derecho a la
deducción por contribuyentes no obligados a presentar declaración", y el
modelo 122 "Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Deducciones por familia numerosa, por personas con discapacidad a cargo o
por ascendiente con dos hijos separado legalmente o sin vínculo
matrimonial. Regularización del derecho a la deducción por
contribuyentes no obligados a presentar declaración", se establece el
lugar, forma y plazo para su presentación y se modifica otra normativa
tributaria. (BOE, 10-febrero-2017) - Principales novedades tributarias introducidas por el Real Decreto-Ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo.
- Principales novedades tributarias introducidas en la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas urgentes del trabajo autónomo.
A efectos del incremento de otros gastos del rendimiento del trabajo correspondiente a un trabajador activo con discapacidad, se define qué se entiende por trabajador activo. En particular la situación de incapacidad laboral temporal no da derecho al incremento del gasto.
La deducción se aplica en el período impositivo en que se obtengan los
rendimientos objeto de reinversión o en el siguiente, y tiene como límite la
cuota íntegra del período impositivo de obtención de los rendimientos. Si en
dicho ejercicio se tributó de manera conjunta, en el siguiente el límite de
cuota referido debe ser la parte que corresponda al contribuyente que realiza
la reinversión.
La reducción por irregularidad de los distintos rendimientos no podrá
superar 300.000 euros anuales. Si se obtienen varios rendimientos irregulares
de una misma naturaleza y superan esa cuantía máxima, la reducción máxima se
distribuirá proporcionalmente entre todos los rendimientos de esa naturaleza.
Contribuyente que realiza operaciones de compra y venta de activos
financieros en divisas. Debe calcularse la renta obtenida en la moneda
extranjera y después convertirla en euros al tipo de cambio vigente en ese
momento.
Los beneficios distribuidos por sociedades civiles que hubieran llevado
contabilidad ajustada al código de comercio en los ejercicios 2014 y 2015 y que
pasan a tributar por Impuesto sobre Sociedades a partir de 1 de enero de
2016 no se tributan en el IRPF, ni están sujetos a retención e ingreso a
cuenta, de acuerdo con la DT 32.3 de la LIS.
En el IRPF no se considera cumplido el requisito previsto en el artículo
27.2 para calificar el arrendamiento como actividad económica, en los
casos en que un contribuyente tenga externalizada la gestión de bienes
inmuebles subcontratando con terceros profesionalmente dedicados a la gestión
de activos, sustituyendo a la contratación de un empleado.
La nueva disposición adicional 45ª de la ley de IRPF
, introducida por el RD 1/2017, regula la tributación de las
cantidades percibidas como consecuencia de la eliminación de la cláusula
suelo en los préstamos. Se establece que no se integrarán en la base imponible
los importes percibidos ni los intereses indemnizatorios. Sin embargo se deberá
regularizar si esas cantidades formaron parte de la base de la deducción por
inversión en vivienda habitual o tuvieron la consideración de gasto en
ejercicios anteriores.
En la delimitación de los intereses y demás gastos de financiación
deducibles del rendimiento del capital inmobiliario, se añade la manera de
tributar de los intereses satisfechos en 2016 y en los que, por la aplicación
de cláusulas suelo, se alcance el acuerdo de devolución antes de finalizar
el plazo de presentación del IRPF por dicho ejercicio. No tendrán la
consideración de gasto deducible.
A efectos del límite recogido en artículo 96.2 de la ley de IRPF para
determinar la obligación de declarar, se especifica que no deben
considerarse las rentas no sometidas a tributación, y tampoco las sujetas
al gravamen especial sobre determinadas loterías y apuestas.
·
La prestación por maternidad satisfecha por la
Seguridad Social no está exenta de tributación en el IRPF, de acuerdo con el
criterio unificado por resolución del TEAC de 2-3-2017.
·
La reducción de los rendimientos por arrendamiento de
vivienda resulta aplicable respecto de los rendimientos declarados por el
contribuyente. El TEAC ha unificado el criterio sobre lo que debe entender por
rendimientos declarados.
·
Las retribuciones correspondientes al permiso
remunerado por cuidado de hijos con cáncer o enfermedad grave previsto en el
Estatuto Básico del empleado público no están exentas de tributación en el
IRPF.
·
El hecho de estar de alta en el censo de empresarios
no determina por sí solo que exista obligación de declarar en el IRPF, si no se
obtienen las rentas establecidas en el artículo 96 de la ley del Impuesto.
·
La transmisión de bienes mediante pactos sucesorios de
aportación, regulados en la Ley 2/2006, de derecho civil de Galicia, tienen la
consideración de transmisión lucrativa por causa de muerte del contribuyente, y
por tanto en dichos casos no existe ganancia o pérdida patrimonial sujeta al
IRPF.
La superación del límite de 600.000 euros de cifra de negocios determina la
exclusión de la modalidad directa simplificada en los tres ejercicios
siguientes. Pero el haber superado el límite en los tres ejercicios siguientes
no abre, a su vez, un nuevo período de exclusión de tres años. Una vez
transcurrido el período mínimo de tres años, el contribuyente puede volver a la
modalidad simplificada si en el año inmediato anterior cumple los límites excluyentes
del método y no renuncia.
A efectos de la aplicación de la deducción por maternidad prevista en el
artículo 81 de la LIRPF, el hecho de encontrarse de baja por enfermedad común
no significa que la madre trabajadora deje de realizar una actividad por cuenta
ajena con cotización a la Seguridad Social o mutualidad correspondiente, sin
perjuicio de que deberá cumplir los restantes requisitos previstos en el
artículo 81 y en su caso podrá disfrutar de la deducción y del abono
anticipado.
Las deducciones familiares del artículo 81.bis de la ley del IRPF para
contribuyentes que perciben prestaciones por desempleo o pensiones abonadas por
sistemas públicos de seguridad social se extienden también a los contribuyentes
en España que perciban dichas prestaciones o pensiones de sistemas públicos de
seguridad social correspondientes a otros países.
Las deducciones familiares del artículo 81.bis de la ley del IRPF para
contribuyentes que estén de alta en la Seguridad Social o Mutualidad se
extienden también a los contribuyentes en España inscritos en sistemas de
seguridad social correspondientes a otros países.
El RDL 5/2017 modifica los requisitos que deberán cumplir los deudores
hipotecarios, sus fiadores y avalistas, para estar en el umbral de exclusión y
aplicarles la exención de la ganancia patrimonial por dación en pago de la
vivienda habitual: familia monoparental con cualquier número de hijos, unidad
familiar con un menor de edad, convivencia de parientes hasta tercer grado en
determinadas situaciones, o unidad familiar con una víctima de violencia de
género.
Entidad financiera que devuelve la inversión a los accionistas minoristas
que acudieron a su salida a Bolsa. Las cantidades percibidas generarán UNA
GANANCIA PATRIMONIAL a integrar en la base imponible del ahorro, por la
diferencia entre la totalidad de las cantidades que perciba de la entidad
financiera y el importe por el que adquirió las acciones, si entrega las
acciones. Si ya hubiese vendido sus acciones, la ganancia patrimonial será el
importe que perciba como compensación.
Contribuyente residente fiscal en España, que también ha obtenido
rendimientos por trabajo realizado en el extranjero, por el que ha cotizado a
la Seguridad Social de ese país, puede deducir esas cotizaciones a la Seguridad
Social extranjera como gasto.
Se explica qué se entiende por prestaciones contributivas y asistenciales
del sistema de protección del desempleo, a efectos de las deducciones por
familia numerosa y deducciones por discapacidad del art. 81.bis, y se enumeran.
A partir del 11-3-2012 se reguló la exención en IRPF de la ganancia
patrimonial que se por dación en pago de su vivienda para ciertos deudores
situados en el umbral de exclusión. Se enumeran las modificaciones posteriores
que amplían el colectivo de aplicación, incluyendo la última aprobada por RDL
5/2017, con efectos desde 18-3-2017.
La condición de discapacitado de pensionistas de la Seguridad Social a los
efectos de IRPF, para pensionistas en general se entiende acreditada si tienen
reconocida una pensión por discapacidad permanente total, absoluta o gran
invalidez. Pero en caso de pensiones NO CONTRIBUTIVAS de discapacidad no se
entiende acreditado de forma automática, es necesario el certificado del grado
de discapacidad expedido por el IMSERSO o la Comunidad Autónoma.
Inicio de actividad incluida en estimación objetiva, tras darse de baja en
otra que haya tributado en estimación directa simplificada durante al menos
tres años, podría aplicar la E.O. por la nueva actividad. Si no hubieran
transcurrido tres años existirá incompatibilidad y debe tributar en E.D.
Planteado el caso de un matrimonio, titulares al 50 por ciento de una
vivienda en la que ha realizado obras de conservación o mejora, por
determinados importes y con determinada base liquidable cada uno, se analiza
cuál es la base máxima de la deducción correspondiente al contribuyente que
puede aplicar la deducción, en el supuesto de que tributen individualmente.
La deducción por obras de conservación o mejora en la vivienda habitual no
puede efectuarse sobre las inversiones a las que sea aplicable la deducción
para el aprovechamiento de fuentes de energía renovables en la vivienda
habitual, se haya aplicado ésta o no. No se puede optar por aplicar una u otra
deducción.
En general las cantidades satisfechas por obras de conservación o mejora en
la vivienda habitual se atribuyen a todos los propietarios o titulares de
derechos reales de uso y disfrute en función de su porcentaje de titularidad,
con independencia de la persona a cuyo nombre se realice el pago. Se analiza el
caso de las comunidades de propietarios y de los matrimonios en régimen de
gananciales o de separación de bienes, siempre que se pueda probar el pago por
la persona correspondiente.
Posibilidad de aplicar la deducción por la compra de materiales cuando el
propietario de la vivienda sea quien realice materialmente las obras: No, por
incumplir el requisito de realizar el pago por los medios descritos a la
persona o entidad que realice las obras.
Se analiza la posibilidad de aplicar la deducción en ciertos casos: Obras
de instalación de aire acondicionado o de cambio de caldera individual de
calefacción; cambio de puertas y ventanas que contribuyan a la eficiencia
energética, o pintura.
Se explica cuáles son las obras de conservación o mejora de la calidad,
sostenibilidad y accesibilidad en la vivienda habitual, que dan derecho a la
aplicación de la deducción. De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto
233/2013, de 5 de abril: entre otras, las obras de cimentación, cubiertas,
fachadas, instalaciones de electricidad, saneamiento, telecomunicaciones, y
mejora de la eficiencia energética.
Se describe cuál es la base máxima de la deducción autonómica por obras de
conservación o mejora de la calidad, sostenibilidad y accesibilidad en la
vivienda habitual: Base anual de la deducción dependiendo de la base liquidable
del contribuyente en individual o conjunta, la base acumulada de la deducción,
y el criterio de aplicación cuando concurran varios contribuyentes con derecho
a la deducción.
Se detalla en qué consiste la deducción por obras de conservación o mejora
de la calidad, sostenibilidad y accesibilidad en la vivienda habitual: Cuantía,
supuestos de no aplicación, base de deducción y requisitos. Se aplica por las
obras realizadas desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2015
en la vivienda habitual.
Para poder aplicar la deducción autonómica por arrendamiento de vivienda
habitual se debe disponer de la copia del resguardo del depósito de la fianza o
de la denuncia formulada ante la Agencia de Vivienda Social en el momento en
que se manifieste la intención de aplicar la deducción.
Se detalla en qué consiste la deducción autonómica por gastos en la
adquisición de material escolar y libros de texto, y los diferentes requisitos
necesarios para aplicarla dependiendo de que se trate de contribuyentes que
formen parte de una familia numerosa o que no formen parte.
La deducción por adquisición de libros de texto y material escolar se puede
aplicar por cualquier descendiente que de derecho al mínimo por descendientes y
que esté escolarizado en el segundo ciclo de educación infantil, educación
primaria y educación secundaria obligatoria, con independencia de su edad. Solo
se tienen en cuenta los límites para aplicar el mínimo por descendientes.
La deducción autonómica por adquisición de libros de texto y de material
escolar se configura como una cuantía fija y la norma no prevé requisitos de
justificación de los gastos soportados. Se considera una cantidad mínima para
atender los gastos necesarios para esta finalidad, por lo que no resulta
exigible la acreditación documental de los mismos.
La deducción se aplicará por los titulares del contrato, aunque tratándose
de matrimonios en régimen de gananciales la deducción se aplicará por ambos
cónyuges por partes iguales, aunque el contrato esté a nombre de uno sólo.
Si no se ha efectuado el depósito de la fianza no puede aplicarse la
deducción por arrendamiento de la vivienda habitual, aunque el arrendatario
haya satisfecho la fianza al arrendador. Sí podría aplicarse si realiza dicho
depósito después de celebrarse el contrato pero antes de finalizar el período
impositivo.
En declaración conjunta en la que uno de los cónyuges deduce por la
adquisición de la vivienda habitual el otro no puede el otro efectuar la
deducción autonómica por arrendamiento de vivienda habitual.
Se describe en qué consiste la deducción por arrendamiento de vivienda
habitual en las Illes Balears en favor de determinados colectivos (contribuyente
menor de 36 años, o persona con discapacidad, o familia numerosa), y se
detallan los requisitos necesarios para poder aplicarla.
Los gastos de asistencia a congresos y conferencias organizados y pagados
por las empresas farmacéuticas a los profesionales sanitarios, tendrán para
éstos la calificación que corresponda según el hecho que motive la invitación.
Si el facultativo acude como representante del hospital en que trabaja son
rendimientos de trabajo. Si ejerce la profesión libre, o incluso si trabaja en
un hospital pero acude a título personal por su prestigio profesional, se trata
de rentas de actividad profesional.
Los gastos de asistencia a congresos y conferencias organizados y pagados
por las empresas farmacéuticas a los profesionales sanitarios, tendrán para
éstos la calificación que corresponda según el hecho que motive la invitación.
Si el facultativo acude como representante del hospital en que trabaja son
rendimientos de trabajo. Si ejerce la profesión libre, o incluso si trabaja en
un hospital pero acude a título personal por su prestigio profesional, se trata
de rentas de actividad profesional.
Las cantidades que perciba un contribuyente como consecuencia de la
sentencia judicial condenando a la entidad financiera al pago de las costas
procesales tributan como ganancia patrimonial en IRPF, imputándose según lo
previsto en el artículo 14.1. c) de la Ley del Impuesto, al período impositivo
en que la sentencia es firme, con independencia de cuándo se realice la
tasación.
Las prestaciones económicas de urgencia social concedidas por ayuntamientos
(pago de alimentos, suministros básicos de agua y luz, ropa, alojamiento de
urgencia, entre otras) a determinadas personas que se encuentran en situación
de necesidad, están exentas del IRPF de acuerdo con el artículo 7. y) de la Ley
del impuesto.
Las pensiones no contributivas por invalidez satisfechas con cargo de los
Presupuestos de la Seguridad Social no están amparadas por la exención prevista
en el artículo 7.f) de la LIRPF estando sujetas a tributación y tendrán la
calificación tributaria de rendimientos del trabajo.
En el caso de que un contribuyente viniera percibiendo una pensión por
incapacidad permanente absoluta en cuyo se considera acreditado un grado de
minusvalía igual o superior al 33% y, al cumplir la edad de jubilación, opte
por cobrar la pensión de jubilación ordinaria deberá estar en posesión del
correspondiente certificado expedido por órgano competente para poder aplicar
el mínimo por discapacidad.
Se actualiza el límite máximo deducible por aportaciones del empresario o
profesional a Mutualidades de Previsión Social correspondientes al ejercicio
2017 conforme a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
No tendrá la consideración de trabajador activo a los efectos de la
aplicación del incremento de gasto deducible de los rendimientos íntegros del
trabajo por trabajador activo con discapacidad aquél que se encuentre de baja
temporal puesto que la incapacidad laboral temporal (ILT) le exonera de su
obligación de trabajar, sin que haya prestación efectiva alguna se servicios
retribuidos.
La comunicación al pagador de que se destinan cantidades para la
adquisición de vivienda habitual en el modelo 145 a los efectos de la reducción
en dos enteros del tipo de retención no implica el ejercicio del derecho a la
deducción por lo que no conlleva la obligación de declarar siendo un concepto
distinto el de ejercer el derecho a la deducción en vivienda habitual en la
declaración presentada.
Las cantidades satisfechas por la cooperativa sus
trabajadores-cooperativistas tiene la consideración de rendimientos del trabajo,
computándose como gasto fiscalmente deducible las cotizaciones al Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social.
Si el alquiler de la vivienda de uso turístico no se limitase a la mera
puesta a disposición de la misma durante períodos de tiempo, sino que se
complementase con la prestación de servicios propios de la industria hotelera
tales como restaurante, limpieza, lavado de ropa y otros análogos, las rentas
tendrán la calificación de rendimientos de actividades económicas.
Durante los períodos en que el contribuyente se encuentre dado de baja en
la actividad económica, los bienes del inmovilizado dejarán de tener la
consideración de elementos afectos, por lo que no procederá la consideración de
un gasto por amortización de dichos bienes en los referidos períodos.
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