El Gobierno concede 1.400 millones a Cataluña y le alivia otros 2.773 millones de deuda

El Mundo 25/09/2018

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha aceptado conceder 1.400 millones a la Generalitat de Cataluña en concepto de "deudas pendientes" en infraestructuras y dotación de los Mossos d' Esquadra. Además, confirma un primer alivio de la deuda catalana autorizando una refinanciación de 2.773 millones para que pasen a estar bajo protección del Fondo de Liquidez Autonómica del Estado.

 Así lo ha anunciado al término de la reunión el vicepresidente económico de la Generalitat, Pere Aragonés, que ha acudido al Ministerio con el lazo amarillo reivindicativo de los presos catalanes. Aragonés ha afirmado que "se ha recuperado una cierta dinámica de diálogo", pero ha remarcado que "no sustituye en ningún caso al necesario reconocimiento del derecho de autodeterminación" que va a seguir reclamando.

Ambos gestos del Gobierno coinciden con que necesita el apoyo de los independentistas catalanes a los Presupuestos para 2019 para seguir en el poder.

El dirigente de Esquerra ha calificado de "positivo" que las primeras entregas del nuevo dinero estatal llegarán precisamente en los futuros Presupuestos del Estado para 2019, pero ha dejado en el aire que los partidos catalanes vayan a apoyarlos en el Congreso de los Diputados. Ha afirmado que en dos meses habrá una nueva reunión con Hacienda para el resto de asuntos. Aragonés quiere un total de 7.607 millones -por encima de los 1.400 arrancados- por obligaciones pendientes en infraestrructuras y dependencia y una reestructuración de la deuda de 54.000 millones con el Estado, incluida la conversión en deuda perpetua. Aragonés ha afirmado que, sobre este último punto, "no ha habido acuerdos".

Por su parte, el Ministerio de Hacienda ha atribuido los 1.400 millones concedidos a cumplimiento de sentencias y acuerdos del pasado. Según su comunicado "durante la reunión se ha adoptado un acuerdo para cumplir la sentencia del Tribunal Supremo del 2 de noviembre de 2017 relativa a la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía de Cataluña y en desarrollo y concreción del acuerdo adoptado por la Comisión bilateral Estado -Generalitat el 19 de julio de 2011. En esa ocasión, se cifró en 759 millones el déficit inversor en infraestructuras en Cataluña correspondiente en 2008. En cumplimiento de la sentencia las dos Administración acuerdan la compensación de dicha cantidad durante los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022. En concreto, el importe consignado a este efecto en el Presupuesto de 2019 ascenderá a 200 millones".

El Ministerio admite que "también se ha alcanzado un acuerdo para dotar con 150 millones de euros el proyecto de Ley de los PGE para 2019 y el resto en los tres ejercicios siguientes, para cumplir el Acuerdo de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat del 22 de diciembre de 2009y que afecta a la integración de la policía autonómica de Cataluña en el modelo de financiación. Esta decisión se adopta después de que la Junta de Seguridad de Cataluña certificara el pasado 10 de julio de 2017 el número de efectivos de los Mossos d'Esquadra".

"El Gobierno confía en que todas las partes trabajen en sintonía para alcanzar la normalidad democrática y avanzar en una adecuada relación y considera que es una buena noticia que Cataluña se siente con el Estado y que el diálogo empiece a dar sus frutos".

El gasto en pensiones aumenta un 4,8% en septiembre, hasta la cifra récord de 9.235 millones

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3. Europa Press

24/09/2018 - 9:29  El Economista

La Seguridad Social destinó en el presente mes de septiembre la cifra récord de 9.235 millones de euros al pago de las pensiones contributivas, un 4,86% más que en el mismo mes de 2017, según datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Esta tasa de crecimiento es la misma que se registró en agosto, cuando las cuantías derivadas de la subida de las pensiones contemplada en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 se consolidaron en nómina.

El gasto global del conjunto de pensiones llegó a superar el 8% interanual en la antesala de la crisis (2008). Desde hace unos años, el gasto venía creciendo a un ritmo próximo o superior al 3%. Hay que remontarse a los años 2013, 2012 y 2011 para encontrar una tasa interanual de gasto en pensiones superior al 4%.

Los Presupuestos, que entraron en vigor en julio, contemplaban un aumento del 3% para las pensiones mínimas, del 1,6% para el resto de pensiones y la ampliación de la base reguladora de las pensiones de viudedad para quienes no perciban otra pensión pública del 52% al 56%.

La mayor parte de los 9.235 millones de euros destinados a pagar la nómina de las pensiones en septiembre fue a parar a las pensiones de jubilación, con 6.566 millones de euros (+5,3%), seguidas de las pensiones de viudedad, a las que se dedicaron casi 1.603 millones de euros (+4,78%).

Desde el pasado 1 de agosto, algunas pensiones de viudedad, en torno a medio millón, las más bajas, aumentaron su cuantía como consecuencia de la subida de la base reguladora del 52% al 56%.

Al pago de las pensiones de incapacidad permanente se destinaron 908,4 millones de euros (+2,2%), las de orfandad supusieron 133,8 millones de euros (+2,9%) y las pensiones en favor de familiares totalizaron 23,3 millones de euros (+6%).

Más de 9,64 millones de pensionistas

El número de pensiones avanzó en septiembre un 1,1% respecto al mismo mes de 2017, hasta 9.646.404 pensiones, nuevo récord del sistema. En términos mensuales, el número de pensiones se incrementó en 8.375 respecto al mes de agosto de 2017, un 0,08% más.

Aunque la tasa de crecimiento interanual del número de pensiones no es de las más altas dentro en la serie histórica de la última década, con ella ya se acumulan 32 meses consecutivos de crecimientos superiores al 1%.

Del total de pensiones, más de la mitad, 5.950.766, fueron pensiones de jubilación, con un repunte del 1,79% respecto a septiembre de 2017, mientras que 2.360.059 eran pensiones de viudedad (-0,06%), 952.559 de incapacidad permanente (+0,3%), 341.128 de orfandad (-0,28%), y 41.892 a favor de familiares (+2,2%).

La pensión media de jubilación sube un 3,4%

La subida adicional de las pensiones para 2018 recogida en Presupuestos también ha impulsado al alza la cuantía de las prestaciones, que desde el pasado mes de agosto reflejan un ritmo más elevado de crecimientos interanuales en comparación con los meses anteriores.

Así, la pensión media de jubilación se situó al inicio del presente mes en 1.103,47 euros mensuales, un 3,43% más que en igual mes de 2017. Trabajo ha destacado que las nuevas altas de jubilaciones, con datos esta vez a agosto, recogen una cuantía media de 1.293,7 euros mensuales.

Por su parte, la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares) se situó en septiembre en 957,36 euros mensuales, lo que supone un aumento interanual del 3,7%.

La pensión media de viudedad se situó en el noveno mes del año en 679,21 euros mensuales, un 4,85% más que en igual mes del año pasado, mientras que la de incapacidad permanente alcanzó una cuantía media de 953,73 euros mensuales, con un incremento interanual del 1,86%.

Asimismo, la pensión media de orfandad ascendió a 392,26 euros mensuales, un 3,2% más que en septiembre de 2017, mientras que la de a favor de familiares se situó en 556,29 euros al mes, con un repunte del 3,66%.

Mayor pensiones en hombres

La edad media del pensionista contributivo es de 72 años (73 en las mujeres y 70 en los varones).

La mayor parte de las pensiones contributivas que paga la Seguridad Social se concentran en los tramos de mayor edad, dado que el grueso de las pensiones son de jubilación.

Así, se contabilizan más de 1,7 millones de pensiones contributivas en el tramo de 65 a 69 años y en el de 70 a 74 años; 1,6 millones en el de 85 y más años; cerca de 1,3 millones en el de 80 a 84 años, y más de 1,3 millones en el de 75 a 79 años.

Por sexos, el 51,5% de las pensiones contributivas del sistema (4.975.848) las reciben mujeres, frente a 4.670.417 pensiones percibidas por varones (48,5%).

La pensión media de jubilación percibida por mujeres alcanzó en septiembre una cuantía de 823,59 euros, en contraste con los 1.275,4 euros mensuales que reciben de media los varones. La brecha entre ambos sexos, en valores absolutos, es de casi 452 euros.

De las más de 9,64 millones pensiones contributivas existentes en septiembre, una de cada cuatro (el 24,6%, más de 2,3 millones de pensiones) reciben complemento a mínimos. Este porcentaje se eleva al 30,9% en el caso de las mujeres, dado que sus pensiones son más bajas, y se sitúa en el 17,9% en el caso de los varones.

De las pensiones que reciben complemento a mínimos, el 44,8% son pensiones de jubilación; el 29,8% de viudedad; el 12,3% de jubilación procedente de incapacidad; el 6,5% de orfandad; el 5,4% de incapacidad permanente, y el 0,9% a favor de familiares.

A ello hay que añadir 1.310 pensiones del SOVI que reciben mínimos y que representan únicamente el 0,4% del total de pensiones contributivas.

• La pensión media de jubilación alcanza los 1.103,47 euros, un 3,4% más

La pensión media que cobran los jubilados en cada región

La pensión media de jubilación ha ascendido a 1.083,67 euros, lo que representa un aumento del 1,93% respecto al año pasado, según los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Hay más mujeres (4.955.416) que hombres (4.955.416) cobrando una pensión. De media, los hombres cobran 1.155,23 euros al mes, de una edad media de 70 años, mientras que para las mujeres la media cae hasta los 732,25 euros/mes y su edad media llega a los 73 años.

El problema no está en las pensiones, está en los salarios

CincoDias

El sueldo más común es de 1.178 euros, relativamente más modesto que la pensión media de retiro de 1.077

Los sindicatos y los partidos políticos de izquierda han puesto estos días a los pensionistas a hacer gimnasia, un auténtido dinamizador de la salud de los mayores. Con efervescente y súbita indignación, los jubilados han inundado las calles de las grandes ciudades en demanda de unas pensiones dignas, acordes con la magnitud de la recuperación de la economía que cacarea el Gobierno. El maratón de manifestaciones, que ha llegado al Congreso, es la expresión genuina de uno de los recurrentes ejercicios de propaganda electoral y demagogia política más clamorosos que se recuerdan, porque se produce en un contexto parlamentario en el que el pacto para reformar y asegurar las pensiones en el futuro, más urgente que nunca, es imposible por la incapacidad de los políticos para hablar y entenderse.

La semana pasada el Pacto de Toledo, ese foro parlamentario otrora fructífero y que ahora parece una excusa para dilatar las soluciones, ha estado a punto de saltar por los aires porque la ambición de unos ha querido imponer el carro antes que los bueyes: un cambio la revalorización antes que solucionar cómo se financian las rentas de nueve millones y medio de pensionistas con unas cuentas deficitarias en cerca de 20.000 millones de euros y sin dinero para abonar la extra del verano que no salga de la manivela de la deuda. Lo primero es antes, señorías.

Luego veremos en detalle por qué puede parecer hasta extemporánea la prisa por subir las pensiones. Ahora sería conveniente saber por qué se ha producido este estallido que ha cogido por sorpresa al presidente del Gobierno, y que pretende reventarle el único flanco electoral que él creía seguro. En apenas unas semanas hemos pasado de transitar por una legislatura pasiva y de política languideciente a una agitación desconocida porque en algunos despachos políticos se ha pensado que no vale la pena estirar más el chicle y apostar por la ruptura y una convocatoria electoral. Las elecciones catalanas y las expectativas de Ciudadanos han subido la bilirrubina en unos y el miedo en otros, y los partidos han armado de munición pesada la maquinaria electoral. 

Falta un año bien largo para las elecciones autonómicas, locales y europeas, y ya ha empezado la campaña que todo lo mediatiza y paraliza. De estar el Presupuesto de 2018 a punto, se ha pasado a que no haya ni Presupuesto, ni financiación autonómica, ni pacto de pensiones, pues todo ello daría oxígeno a un Gobierno bajo mínimos en las encuestas, y se le pasaría el arroz a los emergentes. El PSOE, que cree haber desaparecido como primer grupo de oposición por su pasividad parlamentaria y la ausencia de su líder de la bancada, ha activado la baza de las pensiones para neutralizar el activismo naranja.

Así las cosas, Rajoy piensa que quieren hacerle la petaca y que puede perder la única batalla que tenía ganada sin salir a campo abierto. Los pensionistas son los suyos, los que le respaldan en las urnas, porque hizo bandera de no tocar las pensiones cuando arreciaba la gran recesión y la presión financiera sobre el Estado, cuando en los países rescatados Bruselas metió la mano en los bolsillos de los mayores. No se olvida que el PSOE pagío muy caro congelar las pensiones en 2010 y él lo había evitado con una descomunal subida de impuestos.

Que los políticos resuelvan sus cuitas y que hagan el menor daño posible a los administrados. Ahora vayamos a los números. ¿Es este el mejor momento para subir las pensiones? ¿Son las cuantías sonrojantemente bajas? ¿Son los pensionistas el colectivo peor tratado en la crisis, o el mejor atendido? ¿Hay recursos para pagar las alzas sin riesgo para la caja? ¿Hay dinero en la caja? ¿De dónde pueden salir las perras para hacerlo sin riesgos?

Todo depende del color del cristal a través del que se mire. Relativamente es más fácil sostener que los salarios son bajos, que son las pensiones las que son bajas: el salario más frecuente en España en la última encuesta de estructura salarial (de 2016) era de 1.178,4 euros al mes, por catorce pagas, mientras que la pensión media de jubilación es ahora de 1.077,8 euros, también por catorce pagas. Una pensión como un salario; o al revés, un salario como una pensión, que es más sorprendente. ¿Quién tendrá más capacidad económica, un asalariado con un sueldo de 1.178 euros, o un pensionista con 1.077, teniendo en cuenta, cuestión no menor, que las necesidades de gasto del primero son muy superiores a las del segundo?

Una diferencia de las necesidades que se intensifica en términos agregados si advertimos que los trabajadores jóvenes, donde se concentra la mayoría de estos sueldos, tienen obligaciones financieras importantes (hipotecas, hijos, colegios, etc.), mientras que la población jubilada tiene menos necesidades vitales, y cuenta, además, con una acumulación patrimonial muy superior. Las propias cuentas financieras de la economía que detalla el Banco de España revelan que los españoles tienen 771.000 millones de euros de deuda, sobre todo de carácter hipotecario, mientras disponen de más de 835.000 millones de euros solo en depósitos bancarios. 

Eso sí: unos tienen el dinero (los jubilados de forma mayoritaria) y otros, las deudas (los jóvenes hipotecados).

Visto así, dónde está el problema: en la cuantía de las pensiones, o en la de los sueldos. Mirado de forma aislada, valen todas las respuestas; pero comparados con criterio, parece más pertinente elevar los salarios que hacerlo con las pensiones. Mientras que estas no han perdido apenas poder de compra en los últimos seis años (dos de crisis y cuatro de recuperación) porque aunque han subido un 0,25% al año, ha habido desinflación salvo en 2017, los sueldos avanzan muy poco, y lo hacen tras haber bajado un fuerte escalón tras la recesión. Las empresas tienen ahora más capacidad que el Estado.

La devalución salarial es el motor de la recuperación manufacturera y de los servicios, pero es también la causa de la caída salarial. La citada encuesta de estructura salarial dice que un 30% de los asalariados cobró (en 2016) menos de 1.229 euros al mes, concentrados casi todos ellos en las edades más jóvenes. En tal franja de remuneración se sitúan los menores de 29 años, mientras que los que tienen entre 30 y 35 años no llegan a los 1.400 euros. Los salarios de quienes tienen de 35 y 45 años rondan los 1.600.

La pensión media de retiro (1.077, que cobran nada menos que 5,88 millones de personas) supera al sueldo medio de la actividad que peor paga (hostelería), al seguro contributivo de paro y por supuesto al salario mínimo. Pero si nos ceñimos al régimen general, en el que se alojan todos los asalariados jubilados, la pensión media de retiro es de 1.222 euros catorce veces al año, donde están más de 4,1 millones de pensionistas. Lógicamente hablamos siempre de pensiones medias de retiro, mientras que la pensión media del sistema (retiro, viudedad, incapacidad, etc.) es de 930 euros al mes, y la más común entre la jubilación, para 3,6 millones de retirados, es de algo menos de 700 euros.

¿Podrían ser más elevadas? Solo si los salarios del pasado que las devengan lo hubieren sido, puesto que la tasa de retorno (porcentaje del último sueldo que representa la primera pensión) es de las más elevadas de Europa, con el 82%. De hecho, en las remuneraciones más bajas el retorno es superior a tal cota. Por tanto, la Seguridad Social es muy generosa en función de lo que se ha aportado, y estamos hablando de las pensiones generadas por las cotizaciones de los últimos 40 años, sin duda los de mejor desempeño económico de la historia y con tasas de asalarización crecientes.

Pero la generosidad tiene una segunda vía de penetración. La pensión mínima de jubilación de mayores de 65 años para quien tiene cónyuge a cargo es de 788 euros al mes (siempre por catorce), y de 638 si no se tiene cónyuge a cargo. Estas cuantías están garantizadas por la ley, y quien no las alcance con las aportaciones durante su vida laboral, recibirá la diferencia por parte del Estado, por parte de los cotizantes más generosos. Y en España están en esa situación nada menos que 2,6 millones de personas, a las que sus aportaciones (sus sueldos, otra vez los sueldos) han caminado más lentas que la pensión mínima legal, que se subía muchas veces sin más justificación que la magnanimidad de los Gobiernos con la pólvora real.

De una forma u otra, las cuantías mínimas han experimentado subidas muy fuertes desde 2007: la mínima con cónyuge a cargo ha subido el 27,5% en diez años (un 2,7% anual, concentrado el principio del periodo), mientras la pensión máxima (congelada varias veces pese a la supuesta contributividad del sistema) solo se ha elevado el 10,36% en el periodo.

En el caso de los autónomos, que tienen pensiones medias más modestas que los asalariados, (718,7 euros por catorce, frente a 1.219,6 por catorce), hay que recordar que disponen de libertad para cotizar por bases mínimas o máximas, pero que lo hacen sistemáticamente por las mínimas y por los periodos mínimos exigidos (15 años). Y lo hacen así, entre otras cuestiones, porque aunque con ello solo financien prestaciones de 450 euros, saben que la ley les garantiza los 788 euros si tienen cónyuge a cargo o los 638 si no lo tienen.

Pero la cuestión, más allá del detalle de cada colectivo, es la debilidad de las cuentas agregadas de la Seguridad Social. En 2017 generaron un déficit de 18.000 millones, tras haber exprimido todas las fuentes de cotización posibles e imposibles. En parte se debe a que las nuevas pensiones de retiro, que superan de media los 1.400 euros, son muy superiores a las que causan baja, y disparan el gasto; además, la longevidad es muy superior y el número de prestaciones se ha disparado a los 9,6 millones. No necesita explicación que el Estado sigue muy estresado con una deuda del 100% de su PIB, y si alguien cree que se han terminado los sacrificios, está engañado.

Entre tanto, las cotizaciones, pese a estar en récord por el avance del empleo, crecen mucho más lentamente porque esta generación de activos no puede sostener a esta generación de pasivos. Por todo ello, parece inevitable una subida de cotizaciones, o de impuestos, pero en paralelo parece conveniente un recorte del retorno de renta (primera pensión sobre último sueldo), o, al menos, un estancamiento de las cuantías. Y hay que recordar que subiendo las cotizaciones, que se antoja ineludible, se corre el riesgo de dañar la ocupación, o, en su defecto, dañar los salarios. Otra vez los salarios. Si se hace lo contrario con cada variable, tendremos unas pensiones más generosas unos años, pero con el riesgo de quiebra.

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CincoDias

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Cinco Dias

Sobre la pretendida ineficacia del boycot a los productos catalanes

Fernando esteve (09/11/2017)

 

No ha llovido este año meteorológico. No han salido setas...pero da igual. Han salido economistas aficionados como setas. Están por todos los lados y, ¡cosa curiosa entre economistas! ...¡Están de acuerdo! De acuerdo en una cosa: que el boycot a los productos catalanes como arma económica en la guerra económica entre independentistas y el resto de los españoles es absurda, que es como "disparase en el propio pie".

Veamos. No es que defienda a dia de hoy el boycot contra los productos catalanes, pues considero que aun no ha llegado ese momento y ojalá que no llegue. Pero de eso a decir que es absurda, en el sentido de ineficaz, como arma económica de presión,  esa política de boycot a los bienes y servicios finales producidos en Cataluña por parte de consumidores y empresas del resto de España va un largo trecho.

El "argumento" principal que se suele esgrimir, y no sólo por parte de independentistas sino por parte también de eximios miembros del Gobierno de España empezando por su increíble líder, don Mariano Rajoy, es que al estar  las economía de todas las regiones españolas tan fuertemente integradas, el no comprar productos catalanes perjudica al final a los productores del resto de España que venden sus productos a las empresas catalanas para ser usados como materias primas o productos semielaborados de sus productos finales. Dicho en jerga más técnica, ese boycot tendría unos "efectos perversos" o unas "consecuencias no-intencionadas" y negativas sobre la economía del resto de España que, al margen de por otras razones jurídicas o políticas, desacreditarían totalmente su uso.   

Concretamente, he visto y oído repetidos hasta la saciedad dos ejemplos como apoyo a esa tesis. El caso del corcho para los tapones del cava catalán (a veces se incluye en el "pack" de este ejemplo el vidrio) ha sido paradigmático. Se ha dicho que, puesto que el corcho se produce en Extremadura, el boycot al cava catalán perjudicaría indirectamente a los productores extremeños (o a los productores de vidrio aragoneses que parece que hacen las botellas). El otro ejemplo, ha sido el de las pizzas de la casa Tarradellas en cuya composición se encuentra la harina castellana, el atún gallego, el tomate extremeño, el pimiento murciano y las aceitunas andaluzas. De nuevo el mismo argumento: boycoteando a las pizzas Tarradellas se acaba afectando a los productores de todas esas regiones. Tanto he oído estos argumentos que he llegado a preguntarme si no sería una "campaña" de propaganda impulsada por estas empresas catalanas. 

Pues bien. ¿Qué opinión me merece esta "argumento"? Pues una muy sencilla: es un argumento increíblemente tonto. Y, por más que se repita, no deja r ello de ser estúpido. Veamos. El que una persona del resto de España no se compre una botella de Freixenet para acompañar  una pizza de casa Tarradellas a la hora de la cena como su "respuesta" particular al malestar que le produce el "lío" asociado al procés, no significa que esa persona quede tan compungida r el procés que vaya a ayunar. Lo "lógico" es que disfrute de tan espléndido y opíparo menú, si ése es su "gusto", comprándose una botella de cava valenciano, manchego o extremeño (o incluso de la afamada marca Codorniú, si sus deseos de expresión de su malestar o de castigo vía el boycot se contentan con no comprar a empresas cuya sede social esté en Cataluña) para acompañar una pizza de Campofrío o un salchichón de El Pozo (que creo que no son empresas que produzcan sus no menos afamados productos en Cataluña). La implicación es obvia, los productores de corcho extremeños, de vidrio aragonés, de atún gallego y demás "materias primas" aumentarán sus ventas a esas empresas "no-catalanas" como consecuencia del boycot a los productos "made in Catalonia" en forma parecida a lo que disminuyen sus ventas a las empresas catalanas.

Luego, en principio, y sin mayor análisis, una cosa está clara: que esas desoladoras consecuencias que se auguran sobre los productores españoles no-catalanes resultado del boycot a los productos catalanes son en buena medida irreales y fruto de la incapacidad de tantos economistas aficionados para pensar económicamente un paso más allá de las consecuencias indirectas de una política ecomómica, como es un boicot.

Conocer con precisión el efecto de un boycot como el que analizamos no es factible técnicamente. Requeriría el uso de un modelo de equilibrio general de la economía española. Una aproximación un poco más pedreste podría hacerse mediante el uso de Tablas Inpu-Output regionales. Pero, al nivel de sofisticación teórica de este blog, la conclusión que se puede seguir está clara. No debiera haber efectos reseñables sobre el resto de la economía española del boycot a los productos catalanes, si esa demanda se redirige a otros productos sustitutivos que se hagan en otras partes de España. Sería una circunstancia similar a aquella que se da cuando el consumidor o el cliente de un establecimiento comercial (un bar, una cafetería, una frutería, una carnicería,...) se va a la competencia cuando donde compraba le empiezan a tratar mal. ¿Qué haría el lector si en el bar donde se toma el café todos los días, su dueño empieza a decirle que le roba ("Espanya ens roba") sistemáticamente?

Demostró a este respecto la ex-ministra socialista, la señora Trujillo, un sentido económico mucho más afinado cuando en respuesta a las críticas que se le hicieron cuando defendió el boycot a una conocida marca de agua embotellada catalana, cuyo líquido contenido provenía de un manatial castellano (creo), señaló que lo que sus críticos debieran criticar era esa extraña situación, es decir, que esa agua no-catalana se embotelle con marca catalana por una empresa catalana quedándose así con todo el "valor añadido"  (que yo, por cierto, no sabría decir en qué consiste materialmente hablando, o sea, qué agrega la "marca" a las propiedades fisico-químicas del agua). Para la señora Trujillo, lo propio sería que esa agua se embotellase por una empresa radicada en la zona, revirtiendo así en ella ese "valor añadido".

Finalmente, hay otro argumento contra el boycot que ya abandona el terreno de su eficacia económica entrando en el terreno de la justicia. Se dice que no es justo que paguen justos por pecadores. Que por los intereses de los independentistas están pagando los que no lo son cuando se usa el arma económica del boycot. Cierto. Es de suponer que no todos los empresarios catalanes, ni todos sustrabajadores, piensan que los que vivímos en el resto de España somos unos ladrones que les robamos lo que es "suyo". Pero también es igualmente cierto que, como se ha dicho repetidamente, la clase empresarial catalana, el eje vertebral de la histórica "burguesía" catalana, se ha mostrado enormemmente tibia, cuando no consentidora, con el "procés" soberanista y todos sus malos modos (desde la perspectiva "española", claro está). En ese sentido, me parece que una "respuesta" colectiva (o sea, contra el conjunto de las empresas catalanas) es defendible dados los costes de transacción e información requeridos para deslindar a los empresarios consentidores de los que no lo son. En cualquier caso, la salida de algunas empresas de Cataluña, si su sede fiscal cambia también, podría interpretarse como un intento por parte de ellas de señalizar su distanciamiento con el procés. Si así fuera, el boycot no debería dirigirse contra ellas.