El nivel de empleo de 2007, previo a la crisis financiera, no se recuperará hasta 2026

El economista Josep Oliver alerta de que, tras la segunda ola de la pandemia, ya hay 1,5 millones de jóvenes parados de los que solo 300.000 tienen estudios superiores

Belén Trincado / Cinco Días Madrid  11 DIC 2020 - 06:30 CET

Llueve sobre mojado. Cuando España no había logrado recuperar el número de ocupados que tenía su economía en 2007, justo antes del estallido de la crisis financiera mundial, ha estallado otra crisis, aún más global, si cabe, que ha ha provocado en menos de dos trimestres un hundimiento aún mayor del mercado laboral.

Según la ocupación medida en términos de la Encuesta de Población Activa (EPA) en la aterior crisis financiera, entre el tercer trimestre del 2007 y el mismo trimestre de 2013 se destruyó anualmente el 3,1% del empleo de media Mientras que la destrucción anualizada por el impacto del Covid en este año llegará al 3,5%.

Así lo destaca una nueva edición del Índice ManpowerGroup, que elabora el catedrático de Economía Aplicada de la Autónoma de Barcelona, Josep Oliver y su equipo. Si bien, este experto, como hizo recientemente el Banco de España, explicó ayer que a la hora de analizar el shock del Covid en el empleo debe tomarse como indicador, más que la ocupación, el número de horas realizadas, para eliminar el efecto de los trabajadores en ERTE, que se consideran ocupados pero tienen su empleo suspendido total o parcialmente. En ese caso, la actual crisis también ha registrado un récord al registrarse un desplome del 25% de las horas trabajadas en el segundo trimestre del año.

Así, cuando estalló la pandemia, el mercado laboral español aún estaba a cuatro puntos porcentuales de recuperar el nivel de empleo de 2007 y ahora, tras un semestre de crisis sanitaria y económica la afiliación acumula una caída del empleo de entorno al 2%.

Además, la situación actual tiene algunas características que, junto al resto de previsiones de los organismos internacionales, llevan a los expertos que han realizado este índice a calcular esta brusca interrupción de la senda de recuperación y el nuevo hundimiento del empleo tienen tres características que hacen que la economía española vaya a tardar alrededor de seis años, hasta 2026, en volver a los niveles de empleo que tenía a mediados de 2007, justo antes del inicio de la crisis financiera que arrancó en 2008. Estimando para eso aumentos medios del empleo del 2% anual entre 2023 y 2025, continuando así con la previsión de la Comisión Europea para España que ha estimado un aumento de ese 2% anual hasta 2022.

Entre estas características que dificultan la recuperación Oliver destacó la elevada incertidumbre acerca de la duración de la crisis, que dependerá de la evolucion de la crisis sanitaria; el hecho de que el dinero europeo del fondo SURE para financiar los expedientes de regulación de empleo (ERTE) vaya a durar, en su opinión, solo hasta abril o mayo; y que no se puede esperar que el resto de fondos europeos para la reestructuración del tejido productivo se emplee en otro tipo de ayudas.

Junto a esto, los datos de este trabajo ponen de manifiesto que hay dos colectivos notablemente más dañados por la crisis de la pandemia: los jóvenes y las pymes. Entre los primeros destaca que entre febrero y octubre de este año las pérdidas de afiliados se concentran prácticamente en su totalidad en los más jóvenes en términos netos. De esta forma, frente a la contracción del -4,9% de la afiliación de los jóvenes de menos de 35 años (-233.000 afiliados menos), la reducción de aquellos con 35 y más es prácticamente nula (-26.000 en total).

Esto deja, según llamó la atención Oliver, la la existencia de 1,5 millones de jóvenes parados, de los que solo 300.000 tienen estudios superiores, por lo que apuntó que el Gobierno debería destinar parte de los fondos europeos a un gran programa de recualificación de este colectivo. La necesidad de esta formación masiva cobra mayor importancia, además, ante la desaparición en la práctica y de manera abruta de la llegada de inmigrantes, cuya previsión oficial cae desde los 300.000 anuales a menos de 100.000. Además, la destrucción de empleo está siendo mucho más intensa en el colectivo de extranjeros, donde la afiliación ha caído un 3,1% desde que empezó la pandemia frente al 1,3% de la población española.

Por el lado de las pymes, mostró su preocupación por los datos del Fondo Moneterio Internacional (FMI) de octubre que indican que la falta de liquidez hace que el 40% del empleo de las pymes del sector de alojamientos y comidas esté en riesgo; o el 31% de los empleados de las pequeñas empresas del ocio o el 17% del comercio.

Ante este elevado riesgo, Oliver consideró que el Gobierno debería cambiar su estrategia de ayudas a las pymes, ya que aunque los créditos ICO han servido para un primer momento, ahora debería recovertir esta financiación en ayudas directas.

En este sentido el presdiente de la Cámara de Comercio, donde se presentó ayer este indicador, José Luis Bonet, también abogó por una mayor flexibilidad en los impuestos. “Al Gobierno le falta contundencia en el terreno fiscal; no se puede cobrar impuestos a la actividad económica si no existe esa actividad o exigir que se pague el IBI de un hotel cerrado”, dijo Bonet.

Mientras que el Managing Director de la Región Mediterránea de ManpowerGroup España, Raúl Grijalba, pidió una mayor colaboración público privada porque, de lo contrario, manifestó sus dudas sobre la eficiencia y la rapidez necesaria en la ejecución de los fondos europeos.

Así es el modelo vasco de pensiones que defiende el ministro de Seguridad Social

• Este sistema supone la compensación de la pensión pública con un plan de pensiones de la empresa

El Plural - SARA CORDERO Jueves, 5 de marzo de 2020

José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha anunciado las medidas previstas por el Gobierno para paliar el déficit del sistema de pensiones públicas en la primera comisión parlamentaria del Pacto de Toledo. Entre las medidas más importantes se encuentran la desgravación de los planes de pensiones, el endurecimiento de la jubilación anticipada y la compensación de las pensiones públicas con los planes de empresa.

Uno de los aspectos más relevantes de la primera comisión del Pacto de Toledo es la intención del Gobierno de incentivar los planes de pensiones de empresas en detrimento de los planes individuales privados. Según las cifras de Inverco, la rentabilidad media de los planes de empresa a 10 años roza el 4% frente a la rentabilidad de alrededor del 2,75% de los planes privados.

Los planes de pensiones de empresa son complementarios a las pensiones públicas y se negocian siempre a través de la negociación colectiva entre empresarios y sindicatos. En concreto, consiste en que tanto las empresas como los propios trabajadores aseguren una compensación económica de cara a su jubilación. Es decir, un modelo de pensiones privado complementario al sistema público como el que está popularizado en País Vasco.

En cifras, la mitad de los empleados vascos disfrutan de los planes de pensiones de empresas, además del público de la Seguridad Social, y cuentan con un incentivo fiscal a estos planes “si hay aportación del trabajador y del empleador”. En el resto de España, solo el 10% de los trabajadores disfrutan de esta pensión compensatoria.

"Todo depende de lo que se pacte en la negociación colectiva"

Según CCOO, “todo depende de lo que se pacte en la negociación colectiva”. Es decir, no hay un porcentaje fijo de aportación por parte de trabajadores y empresas y cabe la posibilidad de que incluso los trabajadores no tengan que aportar nada a su pensión, sino que solo se haga por parte de la empresa. Esto supone beneficios fiscales para ambas partes, tanto para la empresa como para el trabajador.

Escrivá defiende que este modelo implantado en el País Vasco “está arrojando niveles de pensiones complementarias interesantes, sobre todo para las rentas medias y bajas, que son los trabajadores que más lo necesitan”. Por su parte, CCOO asegura que son las grandes empresas quienes llevan a cabo este plan interno de pensiones, especialmente en el sector financiero y de seguros.

Además de esta medida, el Gobierno también tiene previsto reformar la fiscalidad de la jubilación y de los planes de pensiones, así como eliminar “gastos impropios”, según el propio ministro de la Seguridad Social. Asimismo, Escrivá ha anunciado que se subirán las pensiones mínimas y para ello se empleará el Ingreso Mínimo Vital.

Por otro lado, el Gobierno también tiene previsto endurecer la jubilación anticipada con medidas como la penalización de las jubilaciones anticipadas voluntarias y la mejora de los incentivos para retrasar la jubilación más allá de la edad legal.

Opinión:

Ellos mismo reconocen el fracaso de la gestión gubernamental de las pensiones públicas a través de la seguridad social, y se prepara la reducción y recorte de su importe a los pensionistas futuros. Se deja en manos privadas todo el negocio y el riesgo del poder adquisitivo de las mismas en el futuro. 

Estos políticos y solo ellos, se cargaron las cajas de ahorro, los fondos de mutuas, seguros, etc....y ahora se promulgan como salvadores de aquello que han hundido.

Y como no hablan de sus prebendas, ..... ¡¡¡¡ pues no existen....y no se tocan...!!!!

Montero usa la ley contra el fraude para desactivar los reveses del TS a Hacienda

La Informacion - BRUNO PÉREZ   24.11.2020 - 04:30h 

• Indignación entre los asesores fiscales
• Los asesores fiscales denuncian una subida de impuestos "enmascarada"
• Montero sienta a las CCAA para evitar el caos en la valoración fiscal de viviendas

La regulación de los pactos sucesorios o la creación de un nuevo indicador del Catastro para estimar el valor fiscal de operaciones inmobiliarias matizan autos del Supremo contrarios a los intereses del Fisco.

Gallegos, navarros, catalanes, aragoneses, vascos y residentes en las islas de Mallorca, Ibiza y Formentera mantienen a día de hoy un privilegio fiscal derivado de sus fueros territoriales que les permite ejecutar la transmisión en vida de padres a hijos de bienes y otros elementos patrimoniales con las mismas condiciones que si fuera una herencia por causa de muerte y, como consecuencia de ello, con una factura fiscal significativamente más reducida. Es lo que se conoce como 'pactos sucesorios', un exotismo del marco fiscal español que reduce considerablemente el coste fiscal para el que lo ejecuta y que el Ministerio de Hacienda tiene desde hace años en el punto de mira. Consideraba que se trata a todos los efectos de una transmisión en vida y que por ello debería estar sujeta a tributación en el IRPF y al mismo tratamiento fiscal que tienen las donaciones. 

Y así empezó a tratar los pactos sucesorios hasta que el Tribunal Supremo le paró los pies un 9 de febrero de 2016 en una célebre sentencia en que reconoció la capacidad de cada comunidad autónoma para ordenar a través de su derecho civil el modo en que se podían sustanciar las herencias y sentó la imposibilidad de aplicar el IRPF a un acto administrativo ya gravado por el Impuesto de Sucesiones. Y la cosa quedó así...hasta este año 2020 en el que el Ministerio de Hacienda ha querido aprovechar la tramitación del proyecto de Ley de Medidas de Lucha contra el Fraude para modificar los cimientos legales sobre los que se asientan los pactos sucesorios y regular las condiciones en que éstos sí estarán sujetos al Impuesto sobre la Renta.

"Se trata de una opción fiscal legítima a la que se pueden acoger los contribuyentes de los territorios en que están vigentes y el Gobierno pretende ahora desvirtuarlos afectando a competencias que son propias de las comunidades autónomas, con riesgo de generar situaciones de doble tributación y en contra del criterio sentado por el Tribunal Supremo", denuncia Javier Gómez Taboada, responsable de Estudios e Investigación de la asociación de asesores fiscales Aedaf y socio del despacho Maio Legal.

El de los pactos sucesorios no es un caso aislado. Aedaf ha detectado hasta cuatro medidas incluidas en el proyecto impulsado por el Ministerio de Hacienda que reescriben normas vigentes con el objetivo de sortear las objeciones planteadas por el Tribunal Supremo a algunos comportamientos del Fisco. Otra de estas situaciones hace referencia al nuevo indicador de valores inmobiliarios impulsado por el Gobierno con el objetivo de aclarar la determinación de la base imponible en los impuestos que gravan las transacciones inmobiliarias, una circunstancia que ha generado no pocos problemas y litigios judiciales en el pasado.

Los asesores fiscales entienden que ya había una jurisprudencia asentada del Supremo en relación a considerar el 'valor de mercado' de los inmuebles transmitidos como la referencia a seguir a la hora de aplicar los impuestos y que esta maniobra solo tiene un objetivo: aplicar una subida fiscal encubierta. El Gobierno entiende por el contrario que la determinación de ese 'valor de mercado' se ha convertido en una fuente permanente de conflicto entre los contribuyentes y las administraciones tributarias y que la instauración de una referencia única para la determinación de las bases imponibles de los impuestos de sucesiones, donaciones, transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, patrimonio y, en algunos casos, también IRPF, reducirá esa litigiosidad. Desde Aedaf ya avanzan que eso no será así. "Los litigios que antes se presentaban contra los métodos de valoración establecidos por las CCAA se presentarán a partir de ahora contra la determinación de esos valores por parte del Catastro".

Otras maniobras para 'sortear' los límites del Supremo

Más casos. El 6 de marzo de 2018 el Tribunal Supremo emitió una sentencia en la que aclaraba que el umbral de un millón de euros bajo el cual no hay que pagar el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) debía entenderse como un límite individual y se debía aplicar por empresa salvo que se tratara de un grupo empresarial de los que la ley ya define como consolidables por tener presencia en diferentes comunidades autónomas o cumplir otros requisitos legales. El proyecto de Ley de Medidas de Lucha contra el Fraude del Ministerio de Hacienda reformula este principio y regula la acumulación por defecto de las cifras de negocio de todas las empresas bajo una misma propiedad con el objetivo de ampliar el perímetro de aplicación del IAE.

Hacienda también ha 'corregido' al Supremo respecto al criterio a aplicar en determinados procedimientos fiscales. El Supremo afeó en 2017 a los Tribunales Económico-Administrativos que inadmitieran solicitudes de suspensión de actos tributarios sin aportación de garantías sin justificar su decisión. El asunto tenía trascendencia porque anulaba el recurso y dejaba a los contribuyentes en una situación delicada. El Supremo revocó esta forma de hacer, que ahora Hacienda pretende restaurar a través de su nueva ley 'antifraude', así como la anulación de dos canales para suspender el pago de la deuda en ejecutivo que el Supremo había obligado a implantar.

Precedente para las inspecciones domiciliarias

Los asesores fiscales ven estas maniobras de Hacienda como un precedente inquietante respecto a otro asunto ahora de plena actualidad. El Tribunal Supremo anuló hace apenas unos días la posibilidad de la Agencia Tributaria de iniciar un procedimiento inspector con una actuaciones domiciliaria por sorpresa, para evitar una eventual destrucción de pruebas. Incluso los inspectores de Hacienda han solicitado una modificación normativa urgente al Gobierno ya que la anulación de este canal de actuación les deja sin uno de sus herramientas más eficaces a la hora de cazar defraudadores. Los asesores fiscales temen ahora que el Gobierno actúe una vez más a través del BOE, de forma urgente y sin tramitación parlamentaria para sortear un revés que le propina el Tribunal Supremo.

Hacienda oculta en la ley antifraude una fuerte subida de impuestos en Sucesiones y Patrimonio

• Formaliza las elevadas tasaciones autonómicas de los inmuebles
• Rechaza el criterio del Supremo, que exige utilizar el valor real
• El Catastro seguirá decidiendo a través de su 'valor de referencia'

El Economista Ignacio Faes Actualizado: 07:52 - 15/10/20

El proyecto de ley contra el fraude fiscal presentado ayer por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, esconde una fuerte subida de impuestos en Patrimonio y aquellas figuras relacionadas con la trasmisión de inmuebles. La normativa consolida las elevadas tasaciones que hacen las Haciendas autonómicas. El texto formaliza, en contra del criterio del Tribunal Supremo, que el Catastro establezca el valor de los inmuebles que sirve como base imponible a la hora calcular la liquidación de los impuestos.

El Gobierno descarga así la tasación en el llamado Valor de Referencia del Mercado (VRM), calculado por el Catastro a través de
una serie de variables que permite a las Haciendas autonómicas superar el valor real de los inmuebles. En la mayoría de casos, el valor no se corresponde con el de la escritura y puede exceder el verdadero precio de mercado del inmueble, por lo que exigen más impuestos.

"Esas comprobaciones masivas, automáticas y fáciles, sin visita del perito, siempre me han parecido un fraude", señala el fiscalista Alejandro del Campo

El Supremo, en una sentencia de 23 de mayo de 2018, rechazó que las Haciendas autonómicas puedan comprobar los valores de los inmuebles aplicando coeficientes sobre los valores catastrales y en otras sentencias viene a exigir que, para conocer el valor real de una vivienda, el perito se desplace al lugar. Sin embargo, el proyecto de ley presentado ayer apuntala, "en alas de la seguridad jurídica", las tasaciones por parte de las Comunidades Autónomas a través del Catastro. El texto recoge que "el valor de referencia que establece el Catastro se convierte en la base imponible de los tributos patrimoniales, de forma objetiva". Según Hacienda, la medida "cuenta con el apoyo de las Comunidades Autónomas de forma unánime".

Alejandro del Campo coincide con el magistrado del Supremo Francisco José Navarro Sanchís. En su revolucionaria sentencia de 2018, que tumbó las comprobaciones masivas de las comunidades autónomas basadas en aplicar coeficientes sobre valores catastrales, subrayó que "el método de aplicar coeficientes sobre valores catastrales es legal pero no es idóneo para determinar el valor real de inmuebles". El magistrado entiende que "tal método se debe acompañar de actividad comprobadora respecto del inmueble en cuestión".

Sortear a la Justicia

Los tribunales tumban de forma sistemática las tasaciones de los inmuebles en compraventas, herencias o donaciones que efectúan las Haciendas autonómicas para recaudar más por los impuestos que tienen cedidos, como Trasmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentados o Sucesiones y Donaciones. Ahora, el proyecto antifraude de Hacienda quiere sortear estos fracasos judiciales. El texto facilita a las comunidades autónomas que sigan en esta línea y que realicen las comprobaciones con base en el nuevo Valor de Referencia de Mercado (VRM), que Hacienda considera que es "transperente y justo".

Fuentes de Hacienda sostienen que "ese valor de referencia de cada inmueble se basa en todas las compraventas de inmuebles efectivamente realizadas y formalizadas ante fedatario". Explican que "se calcula con unas reglas técnicas justas y transparentes y se fijará por Catastro mediante un garantista procedimiento administrativo para su general conocimiento".

El Tribunal Supremo tumba el cálculo del Impuesto sobre Transmisiones

El polémico VRM se introdujo en la Ley de Presupuestos del Estado para 2018. Se modificó la Ley del Catastro Inmobiliario para que la descripción catastral de los inmuebles incluya, además del valor catastral, ese VRM que el Catastro estimará para cada inmueble, con base en precios comunicados por fedatarios contrastados con otras fuentes.  "Consciente el legislador de que el valor catastral tiene poca flexibilidad, de que es muy diferente del valor de mercado, se quiere fijar ese VRM para que esté disponible para las diferentes Administraciones Tributarias", señala el fiscalista Alejandro del Campo. "En definitiva, se permitirá a las comunidades autónomas seguir ignorando sistemáticamente los valores de los inmuebles declarados en las escrituras, que podrán comprobarse con base en el VRM, de forma masiva, automática, fácil, sin visita de los peritos, para exigir más impuestos a todo el que compre o herede una vivienda, y no solo a los ricos", añade.

Alzas en Patrimonio

La Ley reguladora del Impuesto sobre Patrimonio, que se ha prorrogado durante 2020, establece en el artículo 10.1 que los inmuebles se computarán "por el mayor valor de los tres siguientes: El valor catastral, el comprobado por la Administración a efectos de otros tributos o el precio, contraprestación o valor de la adquisición". De esta forma, la Administración se garantiza que el inmueble será valorado a través del VRM si es el de más valor.

La situación afecta a muchos contribuyentes que actualmente no tributan por este impuesto porque tienen inmuebles adquiridos hace años con valores de adquisición reducidos, y con valores catastrales no muy elevados. Sin embargo, ahora tendrán que pagar al computar el VRM de sus inmuebles y los que ya tributaban pagarán mucho más.

Tal incremento de la tributación afectará especialmente en aquellas comunidades autónomas que tienen los tipos más altos, como es el caso de Baleares. La Administración balear ha establecido tipos de gravamen más elevados en el Impuesto sobre Patrimonio y que tienen un mercado inmobiliario pujante.

¿Por qué esta vez sería necesario 'regalar dinero' a la gente para salir de la crisis?

• La política fiscal y monetaria están siendo esterilizadas por la incertidumbre radical
• Las familias necesitan certeza económica para volver a consumir
• Sin certeza, la demanda continuará deprimida hasta que el virus desaparezca

El Economista Vicente Nieves   24/10/2020

Hasta la fecha, gobiernos y bancos centrales han hecho prácticamente todo lo posible por impulsar la economía tras el estallido de la crisis del covid-19. Sin embargo, el fuerte incremento del gasto público, apoyado por unos planes de estímulo monetario sin precedentes, no está siendo suficiente. Prueba de ello es que tras haber usado cientos de miles de millones de euros, la economía europea está al borde de caer en una doble recesión.

Si la inflación termina llegando, más que un problema, será consecuencia del éxito de la estrategia emprendida para resucitar a la economía. El consumo y la inversión volverán a circular y el dinero perseguirá bienes y servicios en lugar de activos financieros

Nadie sabe cuándo terminará esta pesadilla llamada covid-19. Esta indefinición (sanitaria y económica) genera grandes niveles de incertidumbre que están esterilizando, en parte, las políticas fiscales y monetarias de la banca central. Las familias no se atreven a gastar, mientras que las empresas, cada vez más endeudadas, no invierten en su expansión y luchan por no desaparecer (hasta las viables). Los créditos, los ertes o las ayudas no son suficientes en esta ocasión para reanimar la economía. Estas medidas temporales tienen fecha de caducidad y los créditos hay que devolverlos, lo que levanta un obstáculo para que el consumo y la inversión despierten y tiren de la economía. Esta crisis es diferente. Esta vez, las familias necesitan que el dinero les 'llueva del cielo' para volver a gastar, impulsando así los ingresos de las empresas para que, éstas a su vez, vuelvan a invertir: el 'helicóptero del dinero' tiene que despegar cuanto antes.

Es cierto que las acciones de bancos centrales y gobiernos han evitado una crisis sistémica, pero como señalaba Christophe Donay, director de análisis macroeconómico de Pictet WM, hace unos días en este diario, "ha sido a costa de exacerbar el apalancamiento, haciendo que la 'normalización' de políticas monetarias se haya vuelto más complicada". "A ello se añade que las enormes cantidades de dinero creadas no han dado lugar a un aumento significativo del precio de bienes y servicios, pero ha desencadenado inflación en los activos".

Estas políticas no están logrando reanimar la economía real ante una incertidumbre radical. Los Ertes, las ayudas temporales o el crédito generan más deuda a las empresas y a los gobiernos (deuda que a su vez genera más incertidumbre sobre el futuro). Además, gran parte de todo este dinero y ayudas están siguiendo el mismo camino: directas del Gobierno a las cuentas de ahorro de los ciudadanos y las empresas. La tasa de ahorro se ha disparado y todo hace indicar que va a permanecer muy elevada durante un periodo de tiempo prolongado. Es lógico. Familias y empresas ahorran por precaución porque no saben qué futuro le espera a sus rentas e ingresos.

La temporalidad y limitación de estas medidas, junto al miedo, impide que las familias usen sus rentas para consumir y las empresas para invertir, pues el temor al futuro domina las decisiones de estos agentes.

La economía es una ciencia social en la que hay que contar con el comportamiento humano, muchas veces irracional. Una situación similar a la que generan las medidas actuales se puede observar cuando un padre enseña a su hijo a montar en bicicleta. Si el padre asegura al niño que solo sujetará su sillín durante 20 minutos, el niño irá con miedo, no aprenderá y probablemente se caerá cuando se quede solo en la bici (así funcionan los Ertes y el resto de ayudas actuales, pueden sostener la bici, pero no lograrán que avance sola). Sin embargo, si el padre se compromete a sujetar el sillín de la bici hasta que el niño pueda montar solo, el padre podrá soltar la bici cuando vea que su hijo mantiene el equilibrio, y el niño, sin enterarse, estará dando pedales sin ayuda para toda la vida ('helicóptero del dinero').

Hay quien puede pensar que quizá la mejor opción es mantener las políticas actuales y esperar a que el virus desaparezca o se encuentre un remedio eficaz. Sin embargo, está comprobado que una demanda débil por mucho tiempo puede dejar heridas permanentes en la economía (lo que se conoce como histéresis), generando más parados de larga duración, capital inutilizado... Todo ello lastrará el crecimiento potencial de la economía cuando vuelva a la 'normalidad'. De modo que al lánguido crecimiento de la productividad y una demografía adversa se sumarían estas heridas sobre los factores de producción.

Para evitarlo, bancos centrales y gobiernos deberían cruzar la última frontera de una forma excepcional, única e irrepetible, casi como la singularidad de esta crisis. Regalar un sueldo mensual (dinero emitido por el banco central, sin incrementar la deuda de gobiernos ni de otros agentes) a los hogares, sin un límite de tiempo prefijado, supondría un acicate para el consumo, a la par que generaría cierta seguridad en la población (también salud mental).

Es cierto que el dinero regalado no devolverá la certidumbre sanitaria, pero sí la económica. También es verdad que mientras que el covid-19 campe a sus anchas no se volverán a llenar las salas de cine, ni lo estadios de fútbol, pero las ayudas a fondo perdido (con dinero emitido por el banco central) podrían impulsar el consumo de bienes duraderos (televisiones, coches, panificadoras...), aliviar a las familias más desfavorecidas por la crisis, apoyar el gasto en las nuevas tendencias y necesidades que nazcan de esta crisis y apoyar, siempre que el covid lo permita, el gasto en los sectores más sensibles al distanciamiento social, que aún así deberán adaptar su tamaño a la nueva realidad. En definitiva, entregar una cantidad de dinero a fondo perdido a las familias puede sofocar la situación de muchas personas, a la par que se da un impulso a la economía y a la transición que afronta el tejido productivo en muchos países.

Los riesgos del 'helicóptero'

También es justo reconocer que esta política radical tiene riesgos y es muy complicada de llevar a la práctica. Uno de los principales riesgos es que la impresión de dinero genera grandes presiones al alza sobre la inflación, como ha pasado tantas veces en la historia (casi siempre la impresión ha sido para financiar gobiernos, no para entregar el dinero a las familias).

Sin embargo, en la situación actual hay margen. La inflación en bienes y servicios no aparecerá hasta que la economía esté funcionando por encima de su potencial, un escenario muy lejano ahora mismo, puesto que hay millones de personas sin empleo o en Ertes, además de fábricas, tiendas o restaurantes funcionando muy lejos de su máxima capacidad.

Este tipo de inflación (diferente a la de costes) solo se produce cuando hay un aumento de la demanda agregada que supera a la producción potencial (el máximo de PIB que puede crear una economía con todos sus factores de producción ocupados y sin generar desequilibrios). Es decir, este tipo de inflación se basa en un exceso de demanda agregada de bienes y servicios sobre su oferta agregada, justo lo contrario a la situación presente, donde el consumo se encuentra absolutamente deprimido.

Entonces, si la inflación termina llegando, más que un problema, será consecuencia del éxito de la estrategia emprendida para resucitar a la economía. El consumo y la inversión volverán a circular y el dinero estará persiguiendo bienes y servicios (generando actividad en la economía real), en lugar de perseguir bonos, acciones o acumularse en las cuentas de ahorro bancarias como ha hecho hasta ahora.

La inflación aparecerá y, probablemente, los tipos de interés se mantendrán bajos por la intervención de la banca central (para permitir que la deuda sa sostenible y vaya reduciéndose respecto al PIB). Con la economía en marcha y los niveles de deuda a la baja, llegará la tarea más complicada de todas: aterrizar el 'helicóptero del dinero' haciendo el menor ruido posible; soltar la bici del niño sin que se dé cuenta.

Opinión:

El problema es que cuando nadie consume por miedo, si te regalan dinero te lo guardas y se favorece el parasitismo social. Lo que verdaderamente funciona son: Reglas y normativas claras, certidumbre, estimulación de la inversión, apoyo a los desfavorecidos (lo que no implica regalos, sino ayudas retornables), innovación y ciencia, revisión de lo "actual" para su mejora, reestructuración de la administración pública con esfuerzo incremental en lo necesario y prescindir de lo otro. Es decir: premiar el esfuerzo y acotar lo irrelevante.

Y apareció el cuarto MONO

 

El fin de los planes de pensiones

Invertia - El Español Alberto Roldan 09/11/2020

Mucho se ha escrito sobre el enorme palo que ha supuesto para los planes de pensiones privados el nuevo tratamiento fiscal incorporado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Hay unanimidad en la idea de que el recorte de incentivos no es bueno para el sector. Yo iría un paso más allá.

Creo que la decisión de desincentivar las aportaciones al ahorro privado suponen el fin de un producto que, aun estando mal diseñado, correctamente potenciado debería ser un gran alivio a la deficiente situación de las pensiones.

España tiene 9,8 millones de pensionistas a los que destina un gasto total de casi 10 mil millones de euros. La decisión de recortar la fiscalidad al ahorro-jubilación individual no se toma pensando en la base de pensionistas sino en los 19 millones de afiliados a la seguridad social, que son los realmente afectados.

Desincentivar las aportaciones al ahorro privado suponen el fin de un producto que correctamente potenciado sería un alivio a la situación de las pensiones.

En España hay 7,6 millones de partícipes en planes de pensiones individuales lo que supone un 38% de los afiliados, un porcentaje que se elevaría muy por encima del 40% incluyendo planes de empleo colectivos. Se podría decir por tanto que hay tantos pensionistas como ahorradores e igualmente inferir que uno de cada dos afiliados tiene un producto de ahorro específico para su jubilación (estoy excluyendo de forma intencionada unit linked, PIAS y PPA).

¿Por qué el Gobierno desincentiva las aportaciones hasta el punto de parecer querer extinguir esta vía de ahorro privado? Según el Tribunal de cuentas, la Seguridad Social ha perdido en la última década más de 100.000 millones de euros, un organismo que tiene un patrimonio negativo que le lleva a mantener una deuda acumulada con el Estado de más de 41.000 millones de euros. Con esta carta de presentación no parece muy lógico eliminar una fuente de ahorro complementario que, insisto de nuevo, bien diseñada podría aliviar de una pesada carga al contribuyente.

Y es que eso es precisamente lo que supone esta reforma, desincentivar las aportaciones a planes de pensiones privados hasta el punto que el futuro más plausible sea su desaparición.

Según la patronal del sector, el patrimonio medio invertido en pensiones individuales es de 9.700 euros, una cifra que se ve notablemente minorada como consecuencia de la desastrosa fiscalidad diseñada en el momento del rescate.

No estamos hablando por tanto de grandes fortunas ni de los altos patrimonios que centran la ira de las políticas de la izquierda. Todo lo contrario. Se trata de una vía modesta y poco onerosa para las arcas del Estado. 

Si tenemos en cuenta que reduciendo la desgravación el ahorro pretendido por el Gobierno es de apenas 580 millones de euros, esta cifra supone una gota en el mar de gasto público que son los 456.000 millones de los PGE. Sin embargo, sus consecuencias son como las que describe la teoría del caos con el aleteo de una mariposa.

De entrada, teniendo en cuenta que el perfil tipo del ahorrador en pensiones se concentra en el 57% de la recaudación, ese teórico ahorro que pretende el Estado va a reducir las aportaciones anuales en una cifra aproximada de 1.700 millones de euros. Es decir, que por cada euro que se ahorra el Estado hoy, el contribuyente dejará de aportar a su plan tres euros.

Como decía anteriormente, la fiscalidad del rescate está tan mal diseñada para el contribuyente que al Estado le supone más que una menor recaudación por desgravaciones un diferimiento del cobro de impuestos.

La fiscalidad del rescate está tan mal diseñada para el contribuyente que al Estado le supone más que una menor recaudación por desgravación un diferimiento del cobro impositivo. 

El ahorrador en un plan de pensiones, que de media destina unos 500 euros al año, no tendrá incentivo alguno a realizar aportaciones periódicas pues la iliquidez del producto es otro factor añadido en contra. Si tenemos en cuenta además que la rentabilidad neta media de las pensiones es desoladora (apenas el 2,8% en los últimos diez años), bien se podría decir que este paso supone una muerte casi asegurada. 

El gobierno busca una vía más comprometida con incentivos a los planes de empleo, pero hoy por hoy por cada partícipe de un plan colectivo hay siete en planes privados por lo que es imposible pensar que el gap se vaya a reducir a medio plazo. 

Además, hay daños colaterales. Todas las gestoras de planes de pensiones independientes que han invertido en la constitución de una gestora o en el desarrollo de un plan que muy difícilmente tendrá incentivos para crecer, están abocadas a su desaparición bajo este esquema dejando el lucro cesante a los bancos que monopolizan el mercado de pensiones. Lo que es cierto es que la campaña de captaciones de este año la han hundido por completo con lo que los casi 2.000 millones que se aportaron en los últimos años, este ejercicio no tendrán lugar.

Deficiente fiscalidad en el rescate, nulo incentivo a las aportaciones regulares y mala rentabilidad. Esa es la foto de las pensiones en España. El gobierno sigue declarando la guerra al ahorro individual porque piensa que su centralización mediante un esquema planificado plenamente controlado por el Estado, es la única alternativa a complementar las pensiones. El problema es que los organismos públicos de los que depende esta idea están en quiebra y el garante de las pensiones ahogado por las deudas.

Stop Impuesto de Sucesiones tacha de «mafiosa» la vuelta del impuesto

«El PSOE, en unión de Unidas Podemos y del independentismo vasco y catalán, quieren demoler la baja fiscalidad que hemos logrado gracias, entre otros esfuerzos,a la lucha del pueblo contra impuestos tan injustos como el que roba las herencias, drásticamente reducidos en varias autonomías españoles. Las izquierdas y los independentismos llenos de odio no soportan el éxito, construido sobre bases de libertad, impuestos bajos y reducción de la burocracia. Quieren igualarnos a todos, pero castrando la prosperidad y reforzando la pobreza, como suelen hacer los regímenes comunistas, que odian el libre pensamiento, la prosperidad y la puesta por las libertades y derechos», apuntan.La Federación Nacional contra el Impuesto de Sucesiones (Fencis), que une a colectivos, plataformas y asociaciones de toda España ha elaborado un comunicado en el que denuncia que «el Gobierno nos prepara un injusto e indecente infierno fiscal a través de una armonización mafiosa y ruinosa». «La izquierda española, siempre ávida de poder y dinero, quiere acabar con lo que llaman “el paraíso fiscal de Madrid”, que gracias a sus impuestos moderados se ha convertido en la región más próspera y emprendedora de esta España depauperada que nos construyen Pedro Sánchez y sus aliados», continúa la nota. «Quieren obligar a subir los impuestos, incluido el injusto e indecente Impuesto de Sucesiones, —el que roba las herencias de los españoles—, a las autonomías que han apostado por bajarlos para ayudar así a las empresas y emprendedores a reactivar el empleo y la economía», señalan desde Stop Impuesto de Sucesiones.

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Infiernos fiscales

Por otro lado, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, afirmó ayer que «con la política fiscal de Cataluña pierden los catalanes porque están castigados fiscalmente, pero también perdemos el resto de españoles porque ingresan menos a la caja única del Estado». Amor, aseveró que no apoyará los «infiernos fiscales» poniendo de ejemplo Andalucía cuando estaba gobernada por el PSOE.

«Dique de contención»

El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Montesinos, reafirmó en Málaga la postura de su partido de continuar con la bajada de impuestos en Andalucía y aquellas comunidades autónomas donde gobiernan, por lo que dicen ser «el dique de contención ante Pedro Sánchez y todos aquellos que quieren destruir España». También el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se dirigió ayer directamente al Gobierno de Sánchez para preguntar si con esta «cesión» al independentismo pretenden que se recupere en Andalucía el impuesto de sucesiones —eliminado por PP y Cs en el primer año de mandato—, que se suba el impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados o el tramo autonómico del IRPF. «Como presidente de Andalucía no puedo aceptar que venga un señor independentista a decirme a mi y a los andaluces que hay que volver a poner el impuesto de sucesiones», afirmó.

ABC Sevilla 28/11/2020

El IAJD lo siguen pagando los hipotecados, no la banca

 13/11/2020 05:00 El confidencial

 

En demasiadas ocasiones, los políticos se obsesionan con reescribir leyes económicas que no entienden. Les desagrada que los precios de ciertos productos suban, que se destruya empleo, que los salarios se estanquen o que la vivienda se vuelva inaccesible para los jóvenes, pero, en lugar de analizar rigurosamente cuáles son las causas subyacentes que explican tales desafortunados fenómenos, prefieren dictar normativas simplonas y superficiales que solo consiguen perpetuar el problema de fondo pero, eso sí, su apariencia. En lugar de generar riqueza, maquillan la pobreza.

Un ejemplo bastante ilustrativo de esta práctica ha sido el impuesto de actos jurídicos documentados (IAJD). Después de que el pleno del Supremo ratificara que formalmente el IAJD ha de ser sufragado por los deudores hipotecarios y no por los bancos, Pedro Sánchez, ya entonces presidente del Gobierno, anunció a bombo y platillo un cambio legislativo para que “nunca más los españoles paguen este impuesto: lo pagará la banca”. La proclama, empero, no dejaba de ser una impotente declaración de buenas intenciones: nuestros políticos cuentan con la capacidad para decretar quién debe ingresar un determinado impuesto al fisco (en este caso, o los hipotecados o el banco), pero no para establecer quiénes cargarán con su coste económico una vez las interacciones económicas hayan concluido.

Por ejemplo, si la demanda de hipotecas es más inelástica que su oferta (es decir, si los hipotecados son menos sensibles a los cambios en los tipos de interés efectivos que los bancos), entonces serán los hipotecados quienes terminarán pagando el grueso del IAJD por mucho que formalmente la obligación recaiga sobre la banca. A la postre, que la banca empiece a cargar con el IAJD cuando no venía haciéndolo puede llevarla a que intente trasladar ese nuevo sobrecoste a su clientela con mayores tipos de interés (“o me pagáis más intereses en la hipoteca o no os concedo la hipoteca”), y a la clientela podría no quedarle otro remedio que aceptar esas nuevas condiciones, especialmente si su demanda de financiación hipotecaria es poco sensible a los precios (“acepto pagar mayores tipos de interés porque deseo profundamente comprarme una vivienda y no cuento con fuentes alternativas de financiación”).

Que todo esto pudiera suceder era algo bastante conocido por la teoría económica más elemental. Sin embargo, muchos ciudadanos decidieron colocarse una venda en los ojos porque, con posterioridad a la medida gubernamental, los tipos de interés de las hipotecas siguieron cayendo. Por tanto, parecía que en esta ocasión no había habido consecuencias adversas: los bancos comenzaron a pagar el IAJD y no lo trasladaron en forma de mayores intereses a sus clientes. Nótese, sin embargo, que semejante razonamiento resulta incorrecto: lo relevante no es si los intereses bajaron o subieron después de la medida, sino si bajaron tanto como lo habrían hecho en ausencia de la medida. A la postre, lo mismo es bajar de 20 a 10 y después subir a 13 que bajar de una vez de 20 a 13.

Los primeros indicios ya nos sugerían que el IAJD sí se había trasladado a los ciudadanos, dado que la evolución de los tipos hipotecarios en España había divergido apreciablemente de la del resto de Europa. Pero hace unos días confirmamos tales sospechas: los economistas Gabriel Jiménez, David Martínez-Miera y José Luis Peydró han estimado que, en efecto, los tipos de interés se incrementaron como consecuencia del cambio legislativo que obligaba a la banca a hacerse cargo del IAJD. En particular, los tipos de hipotecarios pasaron a ser diez puntos básicos (0,1%) superiores a lo que habrían sido en ausencia de ese cambio fiscal, lo que supone que los bancos recuperaron el 80% del impuesto a costa de sus deudores: los clientes más perjudicados fueron, además, los que contaban con menor renta (y, por tanto, cabe pensar que también disponían de menores opciones alternativas para conseguir financiación). A tal conclusión han llegado los autores comparando la evolución de los tipos hipotecarios en el País Vasco (donde no hubo cambio legislativo alguno en el IAJD) con los tipos de interés del resto de España (controlando, eso sí, las características individuales que podrían explicar las diferencias en los costes de financiación).

En definitiva, si los políticos de verdad hubiesen deseado que los españoles dejáramos de pagar el IAJD, habrían suprimido tal tributo. Pero no era eso lo que buscaban, sino empeorar la visibilidad de nuestro sistema tributario: que los contribuyentes siguieran abonando el IAJD, pero sin ser consciente de que lo estaban haciendo. El parasitismo perfecto se da cuando el huésped no sabe que está siendo parasitado.

El comercio electrónico tal como lo conocemos va a morir.

Desaparecerá entre 2026 y 2036

No lo digo yo

Lo dijo Jack Ma, en un discurso en la Conferencia de Yunqi de 2016. El padre de Alibaba es el artesano del comercio electrónico contemporáneo, junto a Jeff Bezos ( Bezos también ha manifestado en alguna ocasión sus dudas hacía el crecimiento ilimitado del comercio electrónico tal como lo conocemos).

Solo usando e integrando on y off, y digitalizando los inventarios, se podrá ser rentable en el futuro.

Esta afirmación, era una bofetada a la teória del retail apocalipsis: lo físico es clave para la pervivencia del comercio electrónico, y al revés. Es parte del argumento de Jack Ma para defender su teoría del “Nuevo retail”, teoría que les he explicado abundantemente en este blog, la cual es muy interesante, aunque tengo dudas de que algunos de sus preceptos se conviertan en realidades perdurables en occidente.

Desde mi punto de vista estamos ante el principio del fin del comercio electrónico puro, sin contacto con lo físico. Desde hace un par de años, en mis conferencias suelo hablar de este fin: el comercio electrónico es un neonato que ha crecido glotonamente, que apenas tiene algo más de 20 años de vida, mientras que el retail físico moderno tiene algo más de un siglo. Seguramente Covid acelerará este fin de ciclo.

La gente sin duda seguirá comprando online, y cada vez más, pero ese online será distinto, no será sólo esa página web donde aparece una foto de un producto, un precio espectacular, y una promesa de entrega en un día en tu casa. En el futuro muchas ventas, serán ventas híbridas

En términos generales, el comercio electrónico ha sido uno de los avances más extraordinarios de la historia del retail, y ha sido altamente beneficioso para los consumidores. Y no solo eso, como digo a menudo, ha sido el gran culpable de que las tiendas físicas sean mucho mejores, mucho más orientadas a los consumidores, que lo que fueron durante décadas. Los retailers tradicionalistas, de pronto se pusieron sus gorras de rebeldes revolucionarios, y transformaron digital y operacionalmente sus tiendas para poder competir con los “nuevos bárbaros online”. El retail físico moderno ha cambiado más en los últimos 5 años, que lo que lo ha hecho el comercio electrónico y sus algoritmos. La digitalización del ladrillo, el cambio conceptual de las tiendas (por ejemplo, su nueva función de semialmacen de última milla, sus revoluciones filioecológicas, o su integración con los móviles de los consumidores) ha sido de unas dimensiones faraónicas. Hoy, millones de tiendas de barrio en humildes barrios de China, India, o Indonesia, están tan o más digitalizados que muchos comercios occidentales.

Conceptualmente es un gran avance: la influencia positiva del comercio electrónico en el retail es innegable en muchos aspectos,  pero la realidad es que este modelo ha sido altamente defectuoso desde su origen:

 

1. No ha sido rentable para la mayoría de los retailers, empezando por Amazon quien tardó más de 2 décadas en ser rentable. Y fue rentable, no por sus ventas en el comercio electrónico puro, sino por sus otros negocios asociados, marketing, membresías, ingresos por ser un operador logístico y de almacenaje, o por sus negocios en la nube.  La realidad es que el comercio electrónico es para muchos retailers  un mal necesario que deben asumir
2. Lejos de ser respetuoso con el medio ambiente, su huella contaminante es mayor que lo que genera el retail físico, según muchos de los últimos estudios publicados (recomiendo leer el último del World Forum en esta materia).
3. Ha destrozado literalmente elasticidades de precios sensatas en muchos sectores, practicando dumping real en muchos artículos (si analizamos costes logísticos de envío y devoluciones)
4. Se ha convertido en un refugio de monopolios. Mientras que en lo físico hay millones de empresas que compiten entre sí, en el comercio electrónico, 6 empresas acaparan el 60% del comercio online (Tmall, Amazon, Jd.com, Pinduduo, ebay y Taobao). Por no hablar de los “monopolios regionales”, como el de Mercado Libre en Latam, o el de Jumia en África. Y si hablamos en términos de tráfico de visitas (consumidores que buscan información), esas 6 empresa acaparán más del 80 % del tráfico de “indagaciones “ de los consumidores. Esto, lejos de lo que indican la mayoría de los foros especializados del retail, obnubilados  con las cifras de ventas, y ciegos ante todo lo periférico a las cifras de ventas, será terrible para los consumidores. No puede ser que hoy, casi 5 millones de marcas, vendedores, e incluso retailers, vendan sus productos en Amazon, Tmall, o Jd.com, quedándose estos con la info de los hábitos de consumo de  miles de  millones de consumidores: la competencia es imposible en el futuro bajo este escenario.

 Por tanto, desde mi punto de vista, este modelo es insostenible.

Las tiendas cada vez albergarán operaciones relativas al comercio electrónico, convirtiéndose en protagonistas esenciales de muchas decisiones de compras online. Por tanto, las compras híbridas, donde se mezcle lo físico y lo digital serán el futuro. Una página de comercio electrónico que no tenga una huella física, será mucho menos conveniente, y el comercio electrónico por sí solo no será competitivo.

En la medida que el ladrillo se digitalice, se integre en un ecosistema digital nutrido de tiendas físicas, redes sociales, comercios electrónicos, los canales desaparecerán, la omnicanalidad será un concepto del pasado, ya que todo es un todo. Todo será híbrido. De tal suerte, que por infinita conveniencia que pueda generar un algoritmo online + logística hiperápida será más débil que un ecosistema que ofrezca a los consumidores un TOD@ donde se funda el ladrillo, lo online, lo móvil, la logística, lo digital, lo social, lo humano y lo tecnológico..

Los grandes del online están prepando el funeral de sus modelos. Saben que están ante el fin de la primera era del comercio electrónico. De hecho desaparecerá, y de los restos nacerá una nueva era, de geografías comerciales digitales totales: ecosistemas comerciales en torno al consumidor

Hoy Amazon tiene en Estados Unidos, su mercado principal (casi el 70% de su facturación mundial), más de 600 tiendas físicas en distintos formatos  (lo que les convierte en uno de los 100 primeros retailers físicos de US por número de tiendas).  Pero lo más interesante, es que conscientes de este inicio del fin del actual modelo, ha estado testando muchos modelos de tiendas físicas digitalizadas. Abrió su primera tienda hace 5 años,noviembre de 2015, una librería. Desde entonces ha probado hasta 8 formatos distintos de tiendas. En 1800 días, ha abierto, comprado, testado, aproximadamente una tienda física cada tres días.

Y Alibaba, tiene más de 750 tiendas en distintos formatos, operadas directamente por ellos, más 1.5 millones de tiendas de barrio integradas en su ecosistema, convirtiéndoles en el retailer con más presencia física, directa e indirectamente, de la historia del retail

Por otro lado, el futuro del comercio electrónico pasa por China, el que será el mercado determinante en, al menos, próximas dos décadas, después de avanzar a toda velocidad en los últimos años, comienza a aparecer el “cuello de botella” de crecimiento al que se enfrenta el comercio electrónico tradicional. Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, la tasa de crecimiento de las ventas minoristas nacionales en línea ha estado disminuyendo durante tres años consecutivos. Las ventas minoristas nacionales en línea de enero a septiembre de 2014 fueron de 1.823.800 millones de yuanes, un aumento interanual del 49,9%; las ventas minoristas nacionales en línea de enero a septiembre de 2015 Las ventas minoristas en línea ascendieron a 2591,4 mil millones de yuanes, un aumento interanual del 36,2%, mientras que en 2016, de enero a septiembre, las ventas minoristas nacionales en línea fueron de 3,465,1 mil millones de yuanes, una tasa de crecimiento de solo 26,1%. Para las empresas de comercio electrónico, solo el cambio puede ser una salida . De hecho, el gran crecimiento del comercio electrónico chino en los últimos años, no viene impulsado por el comercio online tradicional, sino por el live streaming (del que les he hablado muchas veces en mis conferencias). En otras palabras, ha crecido un modelo de comercio electrónico no tradicional.

El comercio electrónico tradicional online ha tenido evidentes carencias que son difíciles de suplir desde su nacimiento, en términos generales la experiencia de compra online es inferior a la compra offline, si lo comparamos con los atributos intuitivos como la visibilidad, la audibilidad, la tangibilidad, el olor, lo humano,  la sensibilidad que las tiendas físicas brindan a los clientes con bienes o servicios. Por tanto es ridículo, no pensar que lo ideal nos ha de llevar a lo mejor de lo físico maridado con lo mejor de lo online, y de esa combinación nacerá el principio de algo y el fin de lo anterior. Nacerá una nueva ecología total que hará del comercio electrónico tradicional algo obsoleto. El comercio electrónico ha sido básicamente el algoritmo distributivo de las cosas. Y ahora vamos hacia un lugar donde el algoritmo se “fisicalizará”, humanizará, se vestirá de vídeos, y de conexiones en directo con tiendas donde consumidores y empleados explicarán los productos a los consumidores, y de velocidades hiperreales 5G, y de redes sociales integradas, y de consumidores viajando al final de sus compras supuestamente online a una tienda física. Viene un retail híbrido. Omnicliente

Autor: Laureano Turienzo. Consultor & Asesor empresas retail

2017-2019: 200 conferencias con más de 50.000 asistentes de 15.000 empresa del Retail, y «one to one» con empresas líderes en 32 países.  He asesorado, o han contratado mis servicios, 7 de los 10 principales retailers de Iberoamérica y más de 80 empresas e instituciones en estos 3 años.

Mientras Europa se tambalea España se derrumba

 Autor:

José Barta    

20 octubre 2020, 8:33  

El Instituto alemán Ifo, junto a la red de investigación EconPol Europe, acaba de publicar una encuesta realizada en agosto entre 950 expertos económicos de 110 países.

Las principales respuestas se centran en las previsiones de caída del PIB, la capacidad de recuperación y las medidas más adecuadas para incrementar la resiliencia de empresas y países.

Aun cuando los consultados no expresan esta conclusión, de sus estimaciones se deduce que es pronto para hablar de postpandemia, dado que el tan anunciado control mediante vacunación contra el coronavirus se retrasa mes a mes, lo que obliga a controles de aislamiento preventivo, con su consiguiente incidencia en la producción y el consumo. La magnitud de dicho aislamiento se encuentra en función de la capacidad de las Administraciones Públicas para realizar un mejor seguimiento personalizado de las infestaciones, así como de la capacidad de atención de los sistemas sanitarios a sus respectivas poblaciones.

Los expertos, por fin, están llegando a la conclusión de que la actual pandemia supone un antes y un después en nuestras vidas, afectando de lleno a nuestro modo de entender las relaciones sociales, así como los procesos laborales. Su duración será lo suficientemente larga como para producir una importante transformación cultural, precipitando cambios que ya veníamos experimentando desde hace años, en gran medida fruto de los desarrollos tecnológicos en el ámbito de las TIC.

En términos generales se espera un importante retroceso de la riqueza a nivel mundial, con PIB negativos en todos los países desarrollados excepto China, si bien no crecerá lo esperado. En términos relativos China afianza su liderazgo económico mundial, acelerando el logro de los objetivos establecidos hace cinco años.

Mientras Holanda y Alemania son los países europeos que mejor parados saldrán de la actual crisis, con caídas del PIB entre el -7,1% y el -9,8% para el segundo, y entre el -6,2% y el -9% para el primero, España será el que mayor perdida experimente (entre el -13,6% y el -18%). El FMI también sitúa a España como el país desarrollado más afectado en 2020.

Podemos olvidarnos de una rápida recuperación, dado que las previsiones para España, en el 2021, siempre que no se produzcan nuevas olas que obliguen a nuevos confinamientos, son de un crecimiento del 3,4% sobre la posición de este año 2020, sin contar con la pérdida de tejido empresarial, lo que supondría un tiempo no inferior a cinco años para recuperar la situación del 2019, mientras nuestros principales competidores habrían recuperado la senda perdida en dos o tres años.

Ya he denunciado, en otros artículos, como la actual crisis no ha hecho sino aflorar la realidad española, con un sistema sanitario que, teniendo magníficos profesionales, hace años que no se encuentra entre los mejores de Europa, mermado de recursos por los continuos recortes presupuestarios; al tiempo que nuestros gobernantes han mostrado su incapacidad para gestionar realidades complejas como la actual. Han actuado incompetentemente, derrochando unos recursos que vamos a necesitar todavía por mucho tiempo. Al día de hoy no han sido capaces de constituir equipos de trabajo permanentes con los agentes económicos y sociales más afectados, al objeto de elaborar medidas adecuadas a sus necesidades. La ideología sigue imponiéndose a la realidad.

El siguiente cuadro de fallecidos por covid-19, actualizado al 12 de octubre, da testimonio de la mala gestión, en comparación con otros países:

Somos el segundo país con mayor número de muertos por 100.000 habitantes de la Unión Europea (el primero es Bélgica, pero ellos sí han contabilizado los muertos en residencias como fallecidos por la pandemia). No cuento San Marino, ni Andorra.

El pasado 10 de septiembre publiqué un artículo titulado “Los problemas estructurales lastran la capacidad de recuperación de España”, en el que mostraba como nuestra estructura productiva económica nos hace más vulnerables a las secuelas económicas de la pandemia, que el resto de países de la Unión Europea.

La errática política económica seguida hasta el momento para afrontar la crisis nos está llevando a elevado gasto público, en un Estado ya bastante endeudado, optando por apoyar la concesión de créditos a empresas, muchas veces para hacer frente al pago de impuestos y tasas, antes que por la reducción de estos, como ha hecho Alemania con el IVA.

En definitiva, en lugar de descargar los costes de aquellas empresas más vulnerables, se ha facilitado su endeudamiento, algo que hubiera servido en una crisis de corta duración, pero que es insostenible en una crisis como la que sufrimos.

La perdida de tejido productivo, centrado en las pequeñas y medianas empresas, que son las que mayor número de puestos de trabajo generan (66%), provocará inevitablemente un mayor incremento del paro, con una menor capacidad de gasto de la clase media, ya bastante empobrecida con las medidas adoptadas para salvar las instituciones financieras en la pasada crisis.

Una idea de nuestra baja capacidad adquisitiva, ya antes de la pandemia, nos la da el que nos encontramos en la cola del coste de mano de obra de los mayores países de la Unión Europea, por debajo de la media de la Zona Euro:

Esta diferencia se verá incrementada en los próximos años, en parte por caída propia, en mayor medida por el superior crecimiento de nuestros compañeros de viaje. La Marca “España Mano de Obra Barata” se consolidará como característica de nuestro país.

Los expertos consultados por el Instituto IFO coinciden en que el apoyo a la liquidez de las pequeñas y medianas empresas es la respuesta de política económica más eficaz, así como los aplazamientos fiscales temporales a estas y a autónomos. Nuestras autoridades se encuentran lejos de compartir estos criterios que están ayudando a países como Alemania, Holanda…, y amenazan de continuo con todo lo contrario.

Cuando finalice la pandemia y los viajes turísticos se normalicen, España seguirá siendo un país atractivo, lo que no está claro es a quién pertenecerá el tejido empresarial que lo desarrolle.

El resto de nuestro tejido empresarial no se caracteriza ni por su capacidad de innovación, ni por su nivel de digitalización, salvo las grandes empresas, por lo que el futuro se muestra incierto para aquellas empresas que no se lo planteen, o no puedan acometer dichos retos, que serán la mayoría.

Hace más de 20 años definí el Sector Inmobiliario como el sector notario que da fe de la realidad. El sector inmobiliario sufrirá las consecuencias del empobrecimiento general de la población española, en el corto, en el medio y en el largo plazo.

Ya se aprecia un importante incremento de locales comerciales vacíos, en venta o alquiler; a estos seguirán las viviendas, en cuanto los ERTE deriven en paro y venzan las moratorias hipotecarias.

De mantenerse la actual deriva, esta crisis supondrá un duro golpe para Europa, pero dejará K.O. a España.

José Barta es experto en Estrategia de mercados, y en Gobierno Corporativo. Alertó, en el año 90, de la caída del mercado inmobiliario del 92 y, en el 2008, de la gravedad de la nueva crisis, acuñando la expresión “Tormenta perfecta”.

Idealista

Cómo puede España arreglar el déficit público y el agujero de la Seguridad Social

 

Idealista

Autor:

Miguel Córdoba      09 octubre 2020, 11:02

Llevamos más de una década siendo el peor país de Europa en términos de déficit público y uno de los peores en términos de “agujero” de la Seguridad Social. Este año el déficit superará holgadamente el 10% del PIB y el sistema seguirá aumentando sus números rojos, pero no es algo nuevo.

La situación se agravó considerablemente con la famosa “devaluación interna”, que no consistía en otra cosa que devaluar los salarios de los trabajadores españoles respecto de sus homónimos europeos. El hecho es que España se ha convertido en un país tercermundista en materia de salarios en la Unión Europea, y ello tiene sus consecuencias, ya que la recaudación de IRPF, las cotizaciones sociales a la Seguridad Social y la recaudación por IVA son un porcentaje de los ingresos y, si en España se cobra la mitad de sueldo que en los principales países europeos, lógicamente se recauda (según estratos de población) más o menos la mitad de impuestos y de cotizaciones sociales que en Europa, y de ahí que tengamos el déficit público y el “agujero” de la Seguridad Social antes indicado.

Las cifras son elocuentes, si consideramos como salario medio el de los trabajadores a tiempo completo en empresas de más de 10 trabajadores. Los españoles cobran de media 27.537 euros al año, mientras que los daneses cobran 57.312 euros, los holandeses 53.185 euros, los alemanes 52.185 euros y los belgas 49.565 euros.

Sorprende, por ejemplo, que los irlandeses, que no son ninguna potencia mundial, y que además tuvieron que ser rescatados por la Unión Europea hace una década, tengan un salario medio mensual de 48.806 euros. Y todo ello, sin llegar a Suiza que cobra salarios casi tres veces mayores que los españoles.

Las raíces del problema las tenemos en nuestro tejido productivo. Más del 40% del PIB depende del turismo, hostelería, restauración, actividades inmobiliarias y construcción (vamos “cerveza y ladrillo”), mientras que en los últimos 25 años el sector industrial ha pasado de representar el 33% a tan solo el 16%. Y, mientras tanto, lo único que se ha incrementado ha sido el número de empleados del sector público, que está en máximos de 3,2 millones (ahí no ha habido devaluación interna).

Cambiar de modelo productivo en un país puede llevar dos décadas, y cuanto más tarde se empiece peor. En España, trabajan en el sector privado el 33% de los españoles; ello significa que con sus salarios deben alimentarse a sí mismos y al 67% restante; es decir, a los 3,2 millones de empleados públicos, a los 3,8 millones de parados oficiales, a los 9 millones de pensionistas, a los 10 millones de estudiantes, y a los 5,5 millones de familiares que no trabajan (amas de casa, personas que no buscan empleo, economía sumergida, etc.). Este es el esquema que resume la realidad sociolaboral del país a cierre del primer trimestre del año:

Este ratio es muy malo, y claramente peor que la mayoría de los países de nuestro entorno, pero además, en materia contributiva es todavía peor, ya que de los 15,5 millones que trabajan en el sector privado, un tercio son mileuristas o “nimileuristas”, y en la legislatura de Mariano Rajoy se acordó que no pagaran impuestos (los que ganen menos de 12.800 euros al año); algo parecido se hizo con los jubilados (son muchos votos), y se acordó que dos terceras partes (los que ganen menos de 17.600 euros al año) tampoco tributen.

Con las cifras anteriores, nos queda que, por imposición directa, tan solo tributan de manera efectiva (cuotas líquidas significativas, ya que muchas son testimoniales) apenas 7,3 millones de personas, es decir, las clases medias. El resto tributa por IVA, pero su capacidad de consumo es muy escasa, por lo que los ingresos del Estado son pocos. Probablemente, se echarán en falta en estos cálculos las aportaciones de los funcionarios, pero no son tales, ya que, si un funcionario gana 100, se queda con 80 de salario e ingresa los 20 en Hacienda, pero los 100 que gana el funcionario se pagan con las aportaciones de los empleados del sector privado; es decir, que los impuestos que pagan los funcionarios provienen también de una transferencia previa de los trabajadores del sector privado.

Por tanto, o se pone a la gente a trabajar y se les pagan salarios superiores, o se disminuye el tamaño del sector público y las prestaciones por jubilación; no hay otra, y de lo que se haga va a depender que nos lleguen los 140.000 millones prometidos por la Unión Europea, o en caso contrario, un rescate a la griega.

Como el empresariado español está a la suya (compro por 10 y vendo por 15, I+D casi inexistente, etc.), no quedaría más remedio que cimentar el plan de choque en un impulso decidido por parte del Estado de la inversión pública (anatema para los neoliberales), la cual ha disminuido un 70% desde 2008 hasta la actualidad. Este plan debería basarse en la sustitución de gasto público por inversión pública, sustituyendo coste de 700.000 funcionarios (pasando de 3,2 millones a 2,5 millones) por inversión pública, creando puestos de trabajo bien remunerados (efecto de competencia con el sector privado para que retengan talento subiendo salarios) en empresas de futuro (baterías de litio, coches eléctricos, start-ups tecnológicas, repositorios sanitarios, inmuebles cuyo único uso sean los alquileres a un precio razonable, etc.) las cuales, cuando entren en rentabilidad, se puedan someter a una OPV en bolsa para atomizar su propiedad y sacarlos del sector público (moderamos el anatema).

Ello generaría puestos de trabajo directos e indirectos, y posiblemente ingresos por plusvalías para el Estado, eliminando la sangría de 700.000 funcionarios todos los años. Además, no habría que despedir a nadie; en la actualidad el 61% de los funcionarios tiene más de 50 años; es una fuerza de trabajo envejecida, que se va a jubilar a una media de 125.000 empleados públicos por año; en seis años se habrían liberado los 700.000 funcionarios necesarios y se habrían ahorrado más de dos mil millones de euros anuales.

Con 12.000 millones de euros se pueden crear muchas empresas productivas y competitivas en el entorno europeo, se puede generar mucho empleo de calidad y bien retribuido y se puede reorientar el modelo productivo. Y, tranquilos, que esos 700.000 funcionarios no son necesarios; en la legislatura de Adolfo Suárez apenas había 1,5 millones de empleados públicos, y muchos eran militares, policías o guardias civiles, dado que veníamos de una dictadura.

Cuarenta años después, y con los avances de la robótica que han automatizado la mayor parte de las funciones administrativas, resulta que tenemos 3,2 millones, de los cuales 1,7 millones están en las comunidades autónomas, que no existían en la época de Suárez.

Este despilfarro debe cesar, entre otras cosas porque no podemos permitírnoslo y estamos en una situación próxima al no retorno. O nos hacemos “europeos” de una vez por todas, o comenzamos a mirar lo que pasa al otro lado del Estrecho. Llevamos 20 años de legislaturas penosas, de políticos sin talla de Estado y poniendo parches a los importantes problemas que nos aquejan. O los políticos cambian, o tendremos que cambiarlos. La regeneración pasa por la sociedad civil y por las aportaciones de tecnócratas experimentados, no por ideólogos con el currículo vacío.

Tratemos de evitar el más que probable rescate de 2022… Un poquito de por favor...

Miguel Córdoba es profesor de Economía Financiera de la Universidad CEU-San Pablo desde hace 33 años y ha sido director financiero de varias empresas del sector privado.