La política llega al nuevo sistema de precios. Tormenta eléctrica: de cómo va a subir la factura de la luz a partir del 1 de junio

DIEGO CRESCENTE   Actualizado: 17.05.2021 - 08:23h

'Gracias' al nuevo funcionamiento tendremos más decisión sobre nuestro consumo, pero no seremos más libres. Entre las 10 de la mañana y las 14:00, poner una lavadora será algo reservado a las rentas más altas.

Precio de la luz: por qué sube tanto y cómo saber si afectará a mi factura

El poder de las normas no solo es coercitivo o sancionador. El auténtico poder normativo del Estado reside en la facultad de cambiar hábitos o costumbres de la sociedad. Es la eterna batalla entre liberalismo o intervencionismo, que cobra una especial virulencia cuando hablamos de la luz o, concretamente, del precio que pagamos por ella.

Es una cuestión que trasciende a la ideología concreta de cada grupo político y supone la ejemplificación de la dicotomía, tan de moda en estos días, entre libertad individual o bien público. Tratar de explicar cómo funciona la fijación de precio en el mercado eléctrico o la composición de todos y cada uno de los factores que influyen en nuestra factura se ha convertido en una misión imposible. Por ello, el Gobierno se ha propuesto simplificar su funcionamiento con el objetivo de acercarla al consumidor y, sobre todo, que él mismo pueda decidir cómo y cuándo consume, aun a costa de cambiar, en algunas ocasiones, su modo de vida.

a aplicación práctica a esta teoría política la sufriremos todos los consumidores de electricidad a partir del próximo 1 de junio. 'Gracias' al nuevo funcionamiento y sistema establecido para la factura de la luz tendremos más capacidad de decisión sobre nuestro consumo, pero no por ello seremos más libres. En primer lugar, el nuevo modelo impondrá diferentes tramos horarios, más o menos económicos, a los clientes acogidos al mercado regulado (aun la gran mayoría de clientes) y que básicamente consistirá en la reducción de las seis tarifas existentes en la actualidad a una sola, así como la división horaria en tres tramos: punta, llano y valle que, por supuesto, estarán sujetos a una tarificación distinta que irán de mayor a menor coste.

Cuando un tramo horario recibe la calificación de ‘hora punta’, la primera reacción del consumidor debería ser la de asustarse. En este caso, esta realidad es más verdad que nunca. Entre las 10 de la mañana y las 14:00 de la tarde, poner una lavadora o cocinar será una cuestión reservada para las rentas más altas o, al menos, para aquellos que quieran pagar a precio de oro comer un huevo frito o poner a lavar el babero o ‘body’ del niño.

Precio de la luz

Si por el contrario desea realizar esta misma práctica a un precio considerablemente más reducido, la opción más viable será hacerlo entre las 08:00 y las 10:00 de la mañana, las 14:00 y las 18:00 o entre las 22:00 y 24:00 horas. Eso sí, si es de aquellos que gustan de una cena “tempranera”, antes de las 22:00, o desea irse pronto a la cama, tendrá que ajustar o cambiar sus costumbres, siendo conscientes de que el anterior horario al que se había acostumbrado será radicalmente más caro que cenar a partir de las 22:00 o poner la lavadora a esa misma hora.

Si la economía no va bien y cuesta llegar a fin de mes, siempre quedará la opción de acudir al tramo ‘superultra reducido’: el valle, que, como su propio nombre indica, se posiciona entre las horas más caras y está comprendido entre las 00:00 de la noche y las 08:00 de la mañana. También podrá esperar al fin de semana, en cualquier tramo horario, para lavar la ropa del bebé, aunque, probablemente, ya haya comenzado su particular proceso de descomposición en la cesta de la ropa. Eso siempre que no haya tenido la mala suerte de mancharse el lunes o bien sus vecinos no han tomado por la fuerza su casa al poner una lavadora a las 00:00 de la noche de un miércoles.

Entre las 10 de la mañana y las 14:00 de la tarde, poner una lavadora o cocinar será una cuestión reservada para las rentas más altas

Aplanar la curva de demanda

Casuística aparte, el aplanamiento de la curva de demanda eléctrica ha sido una constante en la práctica energética de los gobiernos españoles casi desde la llegada de la democracia. La razón es fundamentalmente técnica, ya que el hecho de que todos los usuarios, domésticos e industriales, exijan su porcentaje de electricidad en un mismo momento pone en grave riesgo la estabilidad del sistema, amén de provocar fuertes inversiones económicas en redes que, en la práctica, se utilizan a pleno rendimiento en pocas ocasiones.

Para ello, la mejor manera de hacer que la curva sea cada día más plana es cambiar el patrón de consumo eléctrico y esto es exactamente lo que busca el Ejecutivo al dar más peso a la parte variable, al consumo, en la nueva facturación vigente a partir de junio. La gran perjudicada será la parte fija del recibo que, también a partir de esa fecha, se simplificará, que no se abaratará, para incentivar el ahorro y la eficiencia.

¿Por qué subirá la factura?

Sin embargo, la reforma obvia un elemento clave y es que la pandemia ha cambiado gran parte de nuestra anterior forma de vida. Ya no estamos en casa a la misma hora que antes ni tenemos el mismo consumo eléctrico que antes de los sucesivos confinamientos. La reforma dejará en manos del consumidor la opción de elegir cuánto y cómo consume. Eso será muy positivo, pero hay pautas o patrones de conducta que difícilmente podremos modificar, especialmente en el caso que teletrabajemos: una opción que en la práctica depende más del empleador que del trabajador. Este hecho incide directamente sobre el consumo eléctrico, precisamente a las horas con un precio mayor.

Si el teletrabajo realmente se impone, y con ello se profundizan otras tendencias como la educación a distancia o la reducción de las horas extraescolares, las horas punta podrían condicionar gran parte de la factura eléctrica o encarecer su uso en caso de que el consumidor no se amolde al nuevo horario. Dicho en plata: cocinar, lavar, estudiar o trabajar pueden convertirse ahora en actividades reservadas para los más pudientes en función de la hora a la que elijamos hacerlo.

De esta manera, sólo aquellos que se ajusten al nuevo método podrán ahorrar en su factura, aun a costa de tender la ropa limpia a altas horas de la madrugada o sacrificar horas de sueño para planchar. Tener la libertad de hacer lo que uno quiera cuando quiera será un lujo por obra y gracia del contador inteligente que habita en los bajos de nuestros edificios.

Quiénes somos La Información. 

Coches eléctricos y Plan MOVES Publicado enMOVILIDAD España no quiere coches eléctricos, ni siquiera con el Plan MOVES III

La revolución del sector automovilístico ya es una realidad. Mientras muchos países europeos aumentan cada vez más el número de coches eléctricos en las calles, España sigue rezagada a pesar del plan MOVES III. ¿En qué estamos fallando?

por Mónica Redondo 18 de mayo de 2021  hipertextual

250.000 vehículos eléctricos nuevos en 2023. Y 5 millones para 2030. Este es uno de los planes de Pedro Sánchez, presidente de gobierno, para reforzar la industria de los coches eléctricos en España. Una industria que avanza; aunque no lo suficiente según los expertos. En el pódium del sector hay otros países europeos que hacen sombra a los esfuerzos españoles, como el recién anunciado Plan MOVES III, por convertirse un agente importante dentro de la revolución automovilística.

España es el segundo mayor productor de vehículos de Europa y noveno en el mundo, según la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac). En los últimos años hemos sido uno de los agentes más importantes de la industria de la automoción, aunque esta posición corre peligro desde que se inició el fin de los vehículos de combustión. «Estamos frente al reto de mantener la posición de España en la liga de la industria de automoción», dijo a Hipertextual Isabell Büschel, directora en España de la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente (T&E).

«Nos lo estamos jugando. Si no se crea este ecosistema favorable, si no se realiza rápidamente esta reforma fiscal, nos vamos a quedar en la cola con el riesgo de perder el rango de la industria de automoción». 

En Hipertextual hemos analizado las razonas de por qué el sector de los coches eléctricos en España sigue rezagado frente a sus vecinos europeos. ¿Cuáles son las causas?

Reforma fiscal, el punto de partida

El Gobierno de España, así como actores no gubernamentales, está jugando sus cartas para tener una mayor relevancia en el ecosistema del coche eléctrico, la única vía para prolongar la vida del sector que representa el 11% del PIB. Las últimas noticias venían de la mano de un consorcio público-privado integrado por el Gobierno y Volkswagen que pasará por la fábrica de baterías –que ha provocado incluso un conflicto territorial por la ubicación– y potenciar la fabricación de vehículos eléctricos. Todo esto bajo el paraguas de los fondos de recuperación, los llamados PERTE. 

Pero esta gran oportunidad puede quedarse en agua de borrajas si no se toman medidas que desde Transport & Environment (T&E) ven como indispensables y que incluso son una condición para que Volkswagen entre de lleno en la industria eléctrica en España.

El punto clave es la reforma fiscal. «Aproximadamente 6 de cada 10 coches vendidos en España están exentos del impuesto de matriculación a pesar de emitir hasta 120 gramos de CO2 por km, debido a un impuesto de matriculación basado en tablas obsoletas», apuntó la federación. Asimismo, alertó que los vehículos propulsados por combustibles fósiles (híbridos fuera de autonomía eléctrica y vehículos a gas) tienen actualmente una bonificación idéntica a la de vehículos cero emisiones. 

Además de proponer un rediseño de los tipo de gravámenes, T&E apuesta por implementar un esquema de bonus-malus en los que respecta a las ayudas, en el que a los coches más contaminantes se aplique una penalización en el momento de su matriculación para internalizar los costes medioambientales, según su nivel de emisiones de CO2. Un sistema basado en el principio de «quien contamina, paga». 

Cada vez hay más coches eléctricos en las calles… aunque no suficientes

España no está entre los países que más apuestan por la conducción eléctrica

Este principio no ha llegado, sin embargo, al grueso de la población española y los coches eléctricos no están al mismo nivel que los de combustión en lo que a compras se refiere. Vamos, no obstante, avanzando. En diciembre de 2020, con pandemia incluida, se matricularon más de 5.000 vehículos de cero emisiones, en comparación con los 391 de diciembre de 2017.

Pero las comparaciones son odiosas y el número de coches eléctricos registrados en otros países de Europa muestra que España, a pesar de todo, no está entre los países que más apuestan por la conducción eléctrica. 

Estas cifras también son interpretables. El número de coches eléctricos registrados y matriculados en un país es un indicador del ecosistema, aunque el dato más representativo es la penetración de los vehículos de cero emisiones. En este caso, España está a la cola, solo por delante de Polonia e Italia. Noruega –país que no forma parte de la Unión Europea– se ha convertido en una de las historias de éxito sobre coches eléctricos. Con la implementación de medidas fiscales y bonificaciones muy atractivas para los compradores, así como un mayor poder adquisitivo, los vehículos eléctricos ya forman parte de la vida diaria de los noruegos. 

La otra cara del plan MOVES III

Noruega es la panacea de las ayudas pero muchos países de la Unión Europea están haciendo lo propio para no quedarse atrás en una revolución del sector de la automoción, que será eléctrica o no será. Francia y Alemania son dos de los países que más han apostado por los incentivos para la compra de coches eléctricos. En España hemos intentado ponernos al mismo nivel. 

El 10 de abril entraba en vigor el Plan MOVES III, que introduce mejoras respecto a su versión anterior. Este año y hasta 2030, el plan cuenta con una dotación de 400 millones de euros ampliables a 800 millones de euros. Las ayudas, que se otorgarán para la compra de coches eléctricos de hasta 45.000 euros, serán de 7.000 euros con achatarramiento y de 4.500 si no se entrega ningún vehículo en el momento de la compra del eléctrico. 

Los mismos errores

Saúl López, e-mobility manager de T&E, apuntó para Hipertextual que el Plan MOVES III es, en principio, una buena noticia por la ampliación del presupuesto. Por otro lado, sigue cometiendo los mismos errores que sus antiguas versiones. En primer lugar, las ayudas no están armonizadas y se dividen por comunidades autónomas. «Una persona que vive en Madrid puede tardar más en decidir la compra de un eléctrico que otra persona que vive en Badajoz. Pero puede que ya no tenga acceso al Plan Moves III porque se ha acabado el presupuesto de la Comunidad de Madrid, mientras que la persona que vive en Badajoz sigue disponiendo de ello. Son cosas que se han visto en ediciones anteriores y son barreras clarísimas», dijo López. 

El Plan MOVES III sigue cometiendo los mismos errores que sus antiguas versiones

Otra de las desventajas del Plan MOVES III es que las ayudas se tramiten como un ingreso en el impuesto sobre la renta. A diferencia de las regulaciones de otros países como Francia (aunque en algunos casos las ayudas son menores), los españoles tienen que pagar los impuestos correspondientes después de recibir las bonificaciones por la compra del coche eléctrico. Saúl López explicó:

«En Francia, el descuento existente lo hace el concesionario y repercute en la factura de venta, de manera que si puedo comprar un coche de 35.000 euros y tiene un descuento de 4.000 euros, eso será lo que pagaré. No entran consideraciones como desde qué provincia se tramita, cuanto ganas o dejas de ganar para calcular cuánto tienes que pagar en la próxima declaración de la renta».

La burocracia que afecta al despliegue de puntos de recarga de coches eléctricos

Más allá de temas fiscales, el otro gran problema en España son las barreras burocráticas. Estas trabas afectan sobre todo a la infraestructura de puntos de carga. A lo largo y ancho del país podemos encontrar puntos para recargar el vehículo eléctrico pero el sector reclama medidas más contundentes que fomenten una instalación masiva. Dentro del plan MOVES III, el Gobierno quiere conseguir 100.000 puntos para 2023. Una cifra ambiciosa pero todavía más si tenemos en cuenta la burocracia. 

«Hay empresas españolas que se dedican a implementar puntos de recarga en autopistas y autovías que han tenido que esperar más de un año para poner un punto de recarga en marcha, a base de trámites administrativos y burocráticos», criticó Saúl López, «no es de recibo que una empresa que quiere invertir, quiere crear puestos de trabajo, se vea obligada a esperar un año y medio para poner en marcha algo para lo que ya tiene la inversión, las ganas y el know how«. 

Una de las empresas españolas a las que López hacía referencia es EasyCharger y la persona detrás de la montaña de trámites es Daniel Pérez, el CEO de la compañía, que cuenta con su propia red de recarga en diferentes puntos del país.

En entrevista con Hipertextual, puso el ejemplo de los supercharger, los puntos de carga de Tesla, en La Gineta, Albacete. Los puntos de recarga de EasyCharger estarán justo al lado de los de la compañía de Elon Musk pero el trámite para llegar hasta este punto no ha sido fácil. «Hemos tenido que pedir una recalificación urbanística, para que permitan ponerlos, cuando ya los hay en esa parcela. Esa recalificación ha sido un año y medio de trámite».

Una única ventanilla para los puntos de carga

Daniel Pérez reconoce que la burocracia existe en todos los países, pero en pocos casos llegan a un nivel tan alto como el de España. El principal problema, afirmó, es la descentralización y la falta de comunicación de todas las administraciones. «Si seguimos con el ejemplo de La Gineta, es necesario solicitar la licencia al municipio. Ese ayuntamiento tiene que decidir los permisos que necesitan». Uno de los problemas es que en municipios pequeños, esta responsabilidad recae sobre una empleado externo. «Para no tener problemas con aprobar una licencia que puede ser ilegal, pide informes jurídicos, por ejemplo, a urbanismo o a las autoridades de medio ambiente de la comunidad autónoma». 

«Esos informes pueden tardar de 3 a 6 meses y luego todo eso se envía a la comunidad autónoma. Todo esto puede ser un trámite de 6 meses, pero siempre y cuando no haya ningún problema. Si no te contestan en el plazo de 6 meses se cancela todo el expediente y tienes que empezar todo cero». 

Por eso, el CEO de EasyCharger reclama una legislación única a nivel nacional, una única ventanilla en la que se puedan iniciar los trámites conforme a la regulación. Sobre todo, que sea igual en toda España. Recientemente, tanto el Gobierno central como los autonómicos han dejado entrever que facilitarán los procesos burocráticos aunque por el momento, según Pérez, esas mejoras no son notables. 

Sí tenemos infraestructura

Apesar de las barreras, en los últimos años ha aumentado considerablemente la infraestructura de puntos de carga y actualmente es posible hacer un viaje por España sin quedarse tirado. Uno de los mayores miedos que argumentan tener algunos consumidores. Un argumento que, sin embargo, tiene cada vez menos validez. 

Con algo de planeación es poco probable que en un recorrido por España sea imposible recargar el coche eléctrico; para ello hay plataformas como Electromaps que ofrecen un mapa detallado de las estaciones de carga tanto en ciudades como en puntos interurbanos. Pero queda bastante por hacer. La potencia de los puntos de carga se mide en kW y un mayor número supone una carga más rápida del vehículo eléctrico. En un domicilio, el coche eléctrico puede estar toda la noche cargando, de forma desatendida, a poca potencia. En carretera, sin embargo, es necesario contar con puntos de carga rápida, para que el tiempo de espera y el viaje no se alargue. 

Isabell Büschel, de T&E, comentó que en las conversaciones con las autoridades españolas para fomentar medidas a favor de la industria eléctrica se incluyó este punto como importante. «Necesitamos puntos de mínimo 150 kW y esto se ha incluido en la Ley de cambio climático» que ha sido aprobada, indicó. 

El poder adquisitivo es importante, y mucho, para los coches eléctricos

demos agilizar los procesos burocráticos. Mejorar la infraestructura de carga y las condiciones de los próximos planes MOVES. Pero es posible que incluso así no lleguemos al mismo nivel de penetración de coches eléctricos de vecinos europeos. No todo es culpa de las regulaciones; el otro problema es el nivel adquisitivo y la idiosincrasia del mercado de la automoción en España.

aniel Pérez, CEO de EasyCharger, comentó que mientras en países como Alemania el presupuesto para la compra de un coche puede llegar a los 35.000 o 40.000 euros, en España es difícil que supere los 20.000 euros. «A día de hoy, el precio de un coche eléctrico sigue igualando al de coches de combustión de gama media-alta», dijo a Hipertextual. 

El objetivo en los próximos 10 años es que las compañías fomenten todavía más la fabricación de vehículos eléctricos para que se aumenten las tiradas y, con ello, se abaraten los costes. Si en lugar de fabricar 100.000 unidades se fabrican un millón el coste de amortización será menor y el coche eléctrico podrá tener un coste menor. «Cuando un Volkswagen ID4 cueste 30.000 y un Tiguan 34.000, la gente comprará el eléctrico«, señaló Pérez. 

Actualmente ya existen coches eléctricos baratos, como el SEAT Mii Electric, por 10.800 euros con el plan MOVES III, o el Dacia Spring por 10.750 euros también con plan MOVES. En unos años, el objetivo es que aumente la oferta de coches eléctricos que compraría el español medio.

La revolución de los vehículos eléctricos

La mayoría de fabricantes ya están apostando por sus versiones eléctricas y por fomentar poco a poco el cambio total hacia los vehículos de cero emisiones como casi única oferta comercial. Las políticas europeas también les están orillando a este cambio, con medidas como la de prohibir los vehículos de combustión en ciudades como Madrid y Barcelona a partir de 2030. 

Desde la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente proponen, dentro de su plan de disposiciones presentado al Gobierno español, estimular la creación de un mercado de segunda mano de vehículos eléctricos. En concreto, proponen mayores beneficios en la fiscalidad de los coches de empresa, porque pueden ser las grandes compañías las que puedan tener un mayor presupuesto para la compra de un coche nuevo. «Estos coches tienen un mantenimiento profesional, van a talleres oficiales, y al cabo de 3 años pueden llegar al mercado de segunda mano», explicó Isabell Büschel. 

No hay espacio para las resistencias

Como en toda transición, hay agentes que son resistentes al cambio. Sobre todo aquellos que temen por sus empleos. Un estudio del Center for Automotive Research (CAR) indicó que la presión regulatoria, como las medidas para bajar las emisiones de CO2 en las principales ciudades europeas, podría afectar al 2.1% de los empleos de la industria del automóvil en España. El país, así como Francia, serían los más afectados por estos cambios. 

No obstante, Ferdinand Dudenhöffer, director de CAR, aclaró que estas pérdidas de empleo se compensarían con los nuevos puestos de trabajo dentro de la industria eléctrica, como las fábricas de baterías o la infraestructura de puntos de carga. «Si la transformación a los turismos de emisiones cero llega tarde, Europa se encontrará en una situación de desventaja frente a Asia y Norteamérica. Esto podría poner en peligro empleos», alertó.

Tenemos muchos retos pendientes. Mejorar la infraestructura de carga a lo largo y ancho de España, aplicar una reforma fiscal y eliminar las barreras burocráticas. Además de conseguir que una gran parte de la población española puede permitirse la compra de un coche eléctrico. Pero, por ahora, el Gobierno parece haber entendido la urgencia de subirse al carro del cambio en la industria. Porque todo indica a que los que no se sumen al cambio, se quedarán atrás.

La deuda pública, una estafa piramidal para nuestros hijos y nuestros nietos

 Miguel Córdoba 18 mayo 2021, 23:47

Una de las cosas más importantes de la gestión política y social es el establecimiento de un adecuado modelo de estado, en el que los ciudadanos conozcamos cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones, y en el que se respete a los demás como quisiéramos que se nos respetase a nosotros.

Uno de los pilares sobre los que debe descansar una democracia es el denominado pacto intergeneracional, según el cual cada generación debe gastar como mucho lo que genera, a fin de no consumir lo que hubieran generado las generaciones anteriores y lo que está por generar por las siguientes.

Esto ha ocurrido más o menos durante bastantes décadas, y siempre se había dicho que los hijos vivirían mejor que sus padres…, hasta ahora. En España, desde hace dos décadas, parece que los políticos sólo piensan en el cortoplacismo de los votos, en mantener el puesto de amigos, familiares y gente de carné, y en mantenerse en el poder como sea. Para ello, necesitan de una fuente permanente de ingresos que, hasta el año 2015 estaba limitada a los mercados financieros, pero que el Sr. Draghi, por entonces presidente del todopoderoso Banco Central Europeo (BCE), decidió hacerla permanente “para salvar el euro”. Y desde entonces, España no hace otra cosa que emitir deuda pública, que adquiere el BCE con un dinero que se inventa en sus cuentas, y que permite que España siga pagando los salarios de sus funcionarios y las pensiones de sus jubilados, no porque genere esos ingresos su actividad productiva, sino porque se lo presta un prestamista que no analiza el riesgo de sus préstamos.

De los que podríamos denominar “cuatro jinetes del apocalipsis financiero español” (deuda, déficit, desempleo y pensiones), probablemente el primero sea el más peligroso a corto plazo. La evolución de la deuda pública española desde que empezó la denominada crisis financiera, y de cómo han influido los cambios de gobierno, ha sido la siguiente:

Podemos observar que en este corto período de tiempo cada español ha pasado de tener una deuda de 8.423 euros a tener una deuda de 28.417 euros (más del triple en tan solo 13 años), y subiendo. Esta enorme masa de deuda ha pasado de representar poco más del 35% del Producto Interior Bruto (PIB), a suponer casi el 120% del PIB en 2020 (también más del triple en 13 años). 

Teniendo en cuenta que en ese mismo período el PIB tan solo creció un 4,29%, la situación no pinta nada bien (crecer al 4% e incrementar el endeudamiento en un 337% no hay economía que lo resista). Además, vemos que los tres presidentes del Gobierno de este período han estado rivalizando por ver cuál de ellos emitía más deuda, y que Rajoy le ganó a Zapatero por un cuerpo, al emitir más de 400 millardos en sus casi seis años de Gobierno (¿”milagro económico del PP”?, dixit), y que Sánchez lleva ya la mitad que Rajoy, pero todo se andará.

Sí, ya sé que el resto de los países europeos también sufrieron la crisis financiera y luego el covid; ahora bien, ¿les ha afectado de la misma manera? Veámoslo, comparándolo con los 19 países de la eurozona (UEM), los 27 de la Unión Europea y los 38 de la OCDE:

Podemos observar que España está 20 puntos por encima de la Zona Euro en la ratio Deuda Pública sobre PIB, y 28  puntos sobre la media europea; asimismo más de dos puntos sobre la media de la OCDE (teniendo en cuenta que hay países como Japón que tienen un endeudamiento del 266% de deuda sobre PIB). Por tanto, la situación de España es cuando menos preocupante, y todavía nos queda ver lo que va a ocurrir en el año 2021 con el 'efecto covid' (en marzo de este año, la deuda pública ha batido récord al rozar 1,4 billones de euros y alcanzar el 125,3% del PIB). Comparando con algunos países del entorno español:

Vemos que, en Europa, España está por debajo de Grecia, Italia y Portugal, como ha venido siendo tradicional, pero está muy por encima de otros países como Alemania, Holanda e Irlanda, a pesar de que este último sufrió un rescate hace 10 años. Probablemente, es más preocupante la velocidad de crecimiento de la deuda, medida por la ratio anterior, la cual podemos observar en el siguiente cuadro:

España se ha comportado peor que cualquier otro país de su entorno en los 13 años que han mediado entre el inicio de la crisis financiera y la actualidad. Merece la pena destacar el caso de Alemania que, covid incluido, no ha llegado a incrementar un 10% su ratio de deuda en estos trece años, mientras que el incremento español ha sido del 235%. La pregunta que se hacen los analistas europeos es hasta dónde puede llegar esa ratio de endeudamiento, puesto que Italia, por ejemplo, lo ha incrementado en un 56%, y es uno de los países más problemáticos, junto con Grecia; pero en Italia el endeudamiento no crece al inusitado ritmo español.

El otro aspecto que debería preocupar a los insignes políticos españoles es la apetencia por la compra de deuda pública española. En el cuadro siguiente podemos ver quiénes son los propietarios de dicha deuda:

Vemos que quienes compran deuda pública española en los últimos años son básicamente el BCE y los inversores extranjeros, y que el sector bancario español ha estado siempre teniendo entre el 32% y el 40% de toda la deuda pública emitida.

Sin embargo, ni empresas ni particulares tienen títulos emitidos por el Estado español; apenas 2.500 millones de euros en la actualidad, mientras que los inversores extranjeros, sobre todo fondos de inversión y de pensiones poseen casi el 44% de la deuda, lo que hace que España dependa absolutamente de los mercados y, por tanto, de su prima de riesgo, para poder cubrir sus necesidades de financiación. El BCE va a seguir comprando, al menos este año 2020, pero si los inversores extranjeros se pusieran a vender deuda española, la prima de riesgo subiría como en los tiempos de Rajoy, y se produciría un gravísimo problema en las finanzas españolas.

hecho de que los españoles no quieran comprar deuda pública de su país es un hecho muy singular en el contexto europeo. Podemos considerar que Italia es un país similar a España en idiosincrasia y cultura financiera (con todo lo negativo que esto supone por la ausencia de dicha cultura). Pero si comparamos la estructura de los dos países, vemos que la dependencia de España del exterior en 14 puntos mayor que la de Italia. Por el contrario, los bancos italianos superan en más de siete puntos a los bancos españoles como propietarios de títulos soberanos, lo cual, aunque es malo en ambos casos para la supervivencia de las entidades financieras (recordemos el caso de Islandia hace 10 años), es claramente peor en la banca italiana que, como es bien sabido, está, en general, bastante peor que la banca española:

En cualquier caso, España va a seguir en la senda de fuerte crecimiento de su endeudamiento durante 2021 y probablemente durante los años siguientes. El BCE seguirá comprando deuda a través del Banco de España, al menos durante este año, pero no está tan claro que lo vaya a hacer en los años siguientes, y tenemos que añadir 70.000 millones de euros adicionales del préstamo europeo (la mitad de los 140.000 millones acordados) para modernizar el modelo productivo español. Por ello, no es de descartar que la ratio de deuda sobre PIB vaya a llegar a los niveles actuales de Italia (156%), con un modelo productivo, basado en la “cerveza” y el “ladrillo”, con bastante menor capacidad de reacción que el homónimo italiano, que cuenta además con la ventaja de tener un gobierno de gestores y profesionales, en vez de un gobierno de ideólogos, como nos pasa a nosotros.

Por consiguiente, el futuro de hijos y nietos está en entredicho, y no precisamente por el bajísimo índice de natalidad del que adolece España, sino por el hecho de que se han incumplido completamente las máximas del denominado pacto intergeneracional, y no es de recibo el que la generación actual esté gastándose el patrimonio de las generaciones posteriores para tratar de mantener un Estado del Bienestar ficticio.

Los políticos españoles tendrían que ser valientes y decirles a los ciudadanos que están viviendo por encima de sus posibilidades, y que es preciso que la sociedad española se aprete el cinturón (dando ejemplo con una disminución del tamaño de las Administraciones Públicas) para tratar de equilibrar las cuentas públicas. Si los políticos españoles siguen con el populismo barato que caracteriza sus discursos y permanecen ciegos a la peligrosa deriva que están tomando deuda y pensiones, no quedará más remedio que permitir que los “hombres de negro” intervengan la economía española, y todos sabemos lo que eso significaría.

 Miguel Córdoba es profesor de Economía Financiera de la Universidad CEU-San Pablo desde hace 33 años y ha sido director financiero de varias empresas del sector privado.

idealista Copyright © 2000-2021

La Justicia no es un juego político

EDITORIAL

Redacción Editorial. Equipo de redacción de Economist & Jurist.  Publicado 14/04/2021

Distraídos por la dinámica del artificio político y su inane juego mediático, los ciudadanos viven de espaldas ante una realidad implacable: se plantea desgastar nuestra ya discutida separación de poderes. Se propone influir en la Justicia. Se traza el cálculo para, finalmente, debilitar nuestra ya mermada democracia.

Las tres principales asociaciones profesionales de la judicatura (Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente) han denunciado ante la Unión Europea “la situación grave del Estado de Derecho en España”. La mayoría de los jueces españoles alzan su voz ante lo que consideran una intromisión política en el funcionamiento de la Justicia.

Como es sabido, durante la actual legislatura se han ido sucediendo una serie de hitos que han levantado la seria sospecha de que el poder legislativo planea -ya sin disimulo- controlar el funcionamiento de la Justicia con fines netamente espurios.

Mayor laxitud para elegir a los vocales del CGPJ

Primero, sin escuchar a la mayoría de la judicatura ni de la comunidad jurídica y por una vía más que cuestionable -Proposición de Ley Orgánica en detrimento de Proyecto de Ley Orgánica-, sendos grupos parlamentarios presentaron ante la Mesa del Congreso de los Diputados una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que pretendía minorar la mayoría capaz de renovar los miembros del CGPJ.

En efecto, hasta ahora la mayoría necesaria para renovar a los vocales del CGPJ es de 3/5 de los votos del Congreso, es decir, serian 210 votos de 350 y en el Senado 159 votos de un total de 265 para la designación de los 12 miembros del CGPJ. Ahora se pretende que, si no se llega a acuerdo en primera vuelta, se renueven a los vocales por mayoría absoluta: bastarían 176 votos en el Congreso y 133 en el Senado.

Se trata de asegurar la introducción de vocales, que a su vez elijan a los jueces, atendiendo a la simple mayoría que sostenga al Gobierno. Se trata de eliminar un escollo para la elección de magistrados ad hoc.

Control de los vocales extralimitados en su mandato

Si bien es cierto que existía una laguna legal en cuanto a las competencias de los vocales del CGPJ cuando expirado su mandato seguían ejerciendo con normalidad sus funciones, también es cierto que la modificación introducida por la cual se limitan sus competencias una vez expira su mandato, tiene que ver con la incapacidad del legislativo para pactar una renovación del CGPJ y con la intención del ejecutivo de controlar el nombramiento de magistrados.

Se trata de una reforma que viene a acotar la independencia judicial y a subyugar sus funciones ante el poder político.

Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim)

Incluso nuestra ley procesal penal, que data del año 1882, no ha escapado de su instrumentalización por parte del ejecutivo y legislativo.

Ahora se pretende que los fiscales sean quienes asuman la instrucción e investigación, con la puntual intervención de un juez de garantías que autorice la adopción de posibles medidas que afecten a derechos fundamentales. Será el Ministerio Público quien se encargue a partir de ahora de informar a la opinión pública.

Si la Fiscalía, órgano cada vez más solapado con el ejecutivo, levanta sospechas sobre su falta de independencia, ahora conocemos que serán los fiscales, un órgano jerarquizado cuya cabeza también designa el Congreso, quienes instruirán los casos.

Tramitación de urgencia

Si no basta con el calado de tales reformas, el espectador quedará atónito cuando sepa que no han contado con el preceptivo y estético debate parlamentario, sino que se han aprobado a espaldas del escrutinio público y por vía de urgencia, para acortar plazos y no demorar su aprobación.

Lo que no es un debate interno se analiza desde Europa

España sufre, como muchos otros países, una convulsión movida por la pandemia y su correspondiente crisis, a todos los niveles. El foco mediático parece ponerse en cuestiones ajenas al funcionamiento de la Justicia pero, desde la Unión Europea alertan de la peligrosa deriva de nuestro entramado judicial.

Ya en octubre del pasado 2020 el Consejo de Europa amonestó a España porque tales reformas “no atendían a los estándares requeridos por la organización internacional” y además “generaban corrupción”.

Ahora, las tres principales asociaciones de jueces del país, es decir, la mayoría de nuestros jueces y magistrados lo dejan claro: “Nos dirigimos a la Comisión Europea para poner de manifiesto el riesgo a que se ve sometido el Estado de Derecho en España a causa de la deriva legislativa por reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en trámite”.

Nuestra defensa es la defensa de todos

Si el debate público suele ser ajeno al funcionamiento de la Justicia, nuestra comunidad debe, primero, ser plenamente consciente de una serie de arbitrariedades de alcance sistémico. Después, debemos adoptar una actitud responsable para con nuestra integridad, que es la integridad de nuestras libertades, de la democracia y de todos en su conjunto. 

Link al articulo original

.... para reflexión del mundo interesado de la política y sus mafias. Sin consenso no se va bien, se pierden derechos y se generan oligarquias.

El precio del alquiler cae un 3,8% en España durante el año de la pandemia

Blog de idealista Redacción 30 marzo 2021, 10:00

El precio del alquiler de viviendas en España se redujo un 3,8% durante los 12 meses que llevamos de pandemia, según un informe publicado por idealista. A cierre del mes de marzo de 2021, arrendar una vivienda en nuestro país tenía un coste de 10,8 euros por metro cuadrado.

ta caída ha sido más marcada en los grandes mercados del alquiler, encabezados por el descenso de Barcelona (donde han bajado un 14,3% en un año) y seguidos por Madrid (-10,7%), Palma (-8,7%), Valencia (-6,3%), Sevilla (-6,1%) y Málaga (-5,3%).

La pandemia ha golpeado de lleno el mercado del alquiler en España. Según Francisco Iñareta, portavoz de idealista, “los municipios más afectados han sido los más dinámicos, allí donde la demanda era más fuerte. El confinamiento supuso un parón de varios meses en el mercado. No se podían cerrar operaciones pero el número de viviendas que se ponía en alquiler no dejaba de crecer. Durante este periodo la oferta se ha llegado a duplicar en algunas capitales. Una vez abierto el mercado, aunque la demanda se mantiene fuerte, no es capaz de absorber todas las viviendas disponibles y los propietarios que quieren alquilar se ven obligados a bajar el precio. Por eso es de prever que mientras se mantenga el stock los precios se mantendrán con ajustes a la baja en los precios. La buena noticia para todas aquellas personas que están buscando una vivienda en alquiler es que ahora hay una oferta disponible mayor donde elegir y a unos precios muy por debajo de los que había en el mercado hace ahora un año.

Mientras tanto, en aquellos mercados con menor dinamismo el aumento de la oferta no ha sido tan significativo, lo que ha reducido las tensiones sobre el precio, hasta el punto de quedar estabilizados o con variaciones ligeramente al alza.

n este contexto, y con lo experimentado durante el último año, en idealista volvemos a poner de manifiesto que la mejor manera de bajar el precio de los alquileres no es través de políticas punitivas o coercitivas sino a través de medidas que aumenten la oferta, ya sea dando mayor cobertura jurídica a los propietarios para que se animen a poner sus casas en alquiler, como colaborando con los ayuntamientos para que cedan suelo dotacional para la construcción de viviendas destinadas al alquiler social en colaboración con la empresa privada, ofreciendo ayudas a la rehabilitación o permitiendo la desgravación fiscal para el inquilino, ya que declaren la existencia de un contrato de arrendamiento”.

Comunidades autónomas

A pesar de la caída nacional, el precio se incrementó en 12 CCAA. La mayor subida se dio en Castilla y León (6,5%), La Rioja (6,2%), Murcia (6,1%) y Cantabria (6%). Con subidas también significativas se sitúan Navarra (5,5%), Castilla-La Mancha (5,4%), Galicia (4,8%) y Extremadura (4,3%). Baleares, por su parte registra la mayor caída en los 12 últimos meses, ya que las pretensiones de los propietarios se han reducido un 14,4% en este tiempo. Le siguen los descensos de Cataluña (-8,2%) y Comunidad de Madrid (-8%).

CCAA - Subidas Alquiler marzo 2021 Variación mensual Variación anual

Castilla y León             7,0 euros/m2/mes 0,2% 6,5%

La Rioja                             6,7 euros/m2/mes -1% 6,2%

Murcia                             6,5 euros/m2/mes 0,5% 6,1%

Madrid y Catalunya son las comunidades más caras para alquilar una vivienda, con (13,8 euros/m2 y 13,4 euros/m2 respectivamente). Les sigue Euskadi (12,2 euros/m2) y por debajo se encuentran Baleares (11,3 euros/m2) y Canarias (9,9 euros/m2). En el lado opuesto de la tabla encontramos a Extremadura (5,4 euros/m2), Castilla La Mancha (5,8 euros/m2) y Murcia (6,5 euros/m2), las comunidades más económicas.

CCAA - Bajadas Alquiler marzo 2021 Variación mensual Variación anual

Baleares                         11,3 euros/m2/mes                 0,0% -14,4%

Cataluña                         13,4 euros/m2/mes                 -0,3% -8,2%

Comunidad de Madrid 13,8 euros/m2/mes                     -0,4% -8%

Provincias

41 provincias han visto cómo sus precios se incrementaban durante la pandemia. El mayor incremento se ha registrado en Ourense, donde los precios se han incrementado en un 13,3%. También han sido relevantes las subidas registradas en Teruel (13%), Cáceres (9,9%), Huesca (9,8%), Lugo (8,9%) y Granada (8,3%). La mayor caída se ha producido en Baleares    (-14,4%), seguida por Barcelona (-9,5%) y Madrid (-8%).

Provincias - Bajadas Alquiler marzo 2021 Variación mensual Variación anual

Baleares                             11,3 euros/m2/mes                 -0,0% -14,4%

Barcelona                     13,8 euros/m2/mes                 -0,2% -9,5%

Madrid                             13,8 euros/m2/mes                 -0,4% -8%

El ranking de las provincias más caras está encabezado por Barcelona (13,9 euros/m2 al mes), Madrid (13,8 euros/m2) y Guipúzcoa (13,7 euros/m2). Cuenca y Jaén son las provincias más económicas para alquilar una vivienda, con 4,7 euros/m2 y 4,9 euros/m2 al mes, respectivamente. Les siguen Zamora (5 euros/m2), Cáceres y Ciudad Real (5,2 euros/m2 en ambos casos).

Provincias - Subidas Alquiler marzo 2021 Variación mensual Variación anual

Ourense                             5,8 euros/m2/mes                 0,9% 13,3%

Teruel                             5,5 euros/m2/mes                 6,1% 13%

Cáceres                             5,2 euros/m2/mes             0,2% 9,9%

Capitales

Teruel es la capital en la que más ha crecido el precio del alquiler durante estos 12 meses, con un incremento del 13,5%. También ha sido considerable el aumento registrado en Ourense, donde han subido un 12,4%, seguida por Cáceres (10%).

Capitales - Subidas Alquiler marzo 2021 Variación mensual Variación anual

Teruel                 6,5 euros/m2/mes                     8,9%         13%

Ourense                 6 euros/m2/mes                 -2,6%         12,4%

Cáceres             5,7 euros/m2/mes                 0,4%         10%

Las mayores bajadas se concentran en 6 de los grandes mercados en los que el mercado era más dinámico antes de la pandemia. Barcelona es donde más se ha notado ese descenso, con una caída del 14,3% interanual, seguido por Madrid (-10,7%), Palma (-8,7%), Valencia (-6,3%), Sevilla (-6,1%) y Málaga (-5,3%). Les siguen los decrementos de Girona (-5%), Soria (-3,4%) y Alicante (-2,8%).

Capitales - Bajadas Alquiler marzo 2021 Variación mensual Variación anual

Barcelona 14,5 euros/m2/mes                         0,0%         -14,3%

Madrid         14,5 euros/m2/mes                     -0,3%         -10,7%

Palma         11 euros/m2/mes                         -0,5%         -8,7%

Madrid y San Sebastián son las capitales más caras, con 14,6 euros/m2 en ambos casos. En tercer lugar se sitúa Barcelona (14,5 euros/m2) y ya en cuarto lugar está Bilbao (12,5 euros/m2). En la parte baja de la tabla encontramos a Zamora (5,3 euros/m2), Ávila (5,6 euros/m2), Ciudad Real, Lugo y Cáceres (5,7 euros/m2 en los 3 casos).

El índice de precios inmobiliarios de idealista

Para la realización del índice de precios inmobiliarios de idealista se analizan los precios de oferta (sobre metros cuadrados construidos) publicados por los anunciantes de idealista. Se eliminan de la estadística los anuncios atípicos y con precios fuera de mercado. Incluimos la tipología de vivienda unifamiliares (chalets) y descartamos los inmuebles de cualquier tipología que llevan mucho tiempo en nuestra base de datos sin obtener interacción de los usuarios. El dato final se genera utilizando la mediana de todos los anuncios válidos de cada mercado.

El informe completo se puede ver aquí

La crisis del Covid dispara el déficit público del 2,8% al 10,97% del PIB

Economía. CUENTAS PÚBLICAS

Juan de Portillo Madrid  29 MAR 2021 - 13:36 CEST  cinco dias

La pandemia dispara el gasto y rebaja la recaudación multiplicando el agujero presupuestario y elevando la deuda pública al 120%, incluyendo el coste de Sareb

Encarar la crisis del Covid-19 ha multiplicado el déficit presupuestario de las cuentas públicas españoles desde el 2,86% de cierre de 2019 al 10,97% al concluir 2020. Un incremento de 87.435 millones de euros, hasta alcanzar los 123.072 millones, según ha detallado este lunes la ministra de Hacienda, y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, en rueda de prensa.

Durante la presentación, la titular de Hacienda ha destacado que nueve de cada 10 euros de aumento del gasto público han estado derivados de los planes impulsados para mitigar la crisis del coronavirus. La partida más importante, de 44.907 millones es ha dirigido a sufragar los programas económicos. Conforman este paquete los 21.520 millones destinados a costear los ERTE, el cese actividad de los autónomos y la incapacidad temporal por las bajas del Covid; 8.282 millones en gasto sociosanitario de las comunidades autónomas; 7.791 millones para cubrir las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social de autónomos y afectados por ERTE y 7.312 millones de otras partidas para contener el Covid.

Así, finalmente, el ejercicio cierra con un déficit de 83.051 millones de euros en la administración central (7,49% del PIB); 2.306 millones en las comunidades autónomas (0,21%); de 29.685 millones en la Seguridad Social (2,65%) y un superávit de 2.870 millones en las corporaciones locales (0,26% del PIB). El conjunto de las administraciones públicas atesora un desequilibrio presupuestario de 113.172 millones (10,08% del PIB). Se trata de un incremento del 217,8%.

Sumando los 9.878 millones en ayudas a instituciones financieras, que incluyen básicamente el impacto en las cuentas públicas de Sareb, el déficit culmina en los 123.072 millones (10,97%). Un aumento inédito del 245,3% frente a los 35.637 millones de cierre de 2019.

La administración central ha asumido cerca del 70% de todo el descalabro, entre otras cosas al efectuar inyecciones extraordinarias a las comunidades autónomas, como se hizo con el fondo Covid de 16.000 millones para gastos sanitarios, educativos y compensación de la pérdida de recaudación; los 20.000 millones transferidos a la Seguridad Social y los 2.300 millones abonados al servicio público de empleo, el SEPE, para prestaciones y cuotas de subsidios al desempleo.

Caída de recaudación y subida del gasto

“El dato de cierre de déficit público es mejor del que se había previsto por parte de los analistas nacionales e internacionales y por debajo del objetivo comunicado por el Gobierno a Bruselas”, ha expuesto, frente al 12% que previa la Comisión Europea, o el FMI, que apuntaba a un 11,7%.

Es más, hasta el momento, las previsiones oficiales del Gobierno apuntaban a que el déficit público saltaría del 2,8% de cierre de 2019 al 11,3% a finales de 2020, como consecuencia de la crisis sin precedentes abierta por la crisis del coronavirus, que ha disparado el gasto público para paliar sus efectos sanitarios, sociales y económicos a la vez que hacía caer la recaudación (que el Ejecutivo venía estimando que cedería un 7,6%). Así, el gasto de las administraciones se elevó en 53.070 millones, mientras que los recursos públicos han descendido en 24.487 millones (-5%). Con todo, la recaudación cae menos que el PIB. En concreto, los ingresos maejados por la Agencia Tributaria descienden un 8,8, frente al -9,9% interanual de retroceso de la actividad. Algo que Montero ha achacado a las medidas de protección de rentas impulsadas por el Gobierno.

Semejante desequilibrio presupuestario ha sido financiado vía deuda pública, que ha incrementado su volumen en 112.500 millones de euros en 2020, hasta alcanzar los 1,3 billones de euros, saltando del 95,5% al 117,1% del PIB, algo por debajo del 118,8% inicialmente estimado por el Ejecutivo. Eso sin contar los 35.000 millones adicionales que aporta el banco malo.

“Los datos de ejecución presupuestaria que presentamos hoy y vamos a remitir a la Comisión Europea ponen de manifiesto la dura situación que estamos viviendo”, ha resumido Montero, en referencia al fuerte coste de la pandemia. “La decisión de la Comisión Europea de suspensión de las reglas fiscales puso de manifiesto que el conjunto de Europa, el conjunto del mundo, están enfrentando la crisis de manera distinta” a como se hizo en la anterior, cuando la prioridad fue impulsar políticas de austeridad, ha celebrado la ministra Montero.

El impacto de Sareb

Pese a ello, los datos definitivos han empeorado sustancialmente después de que Eurostat hasta obligado al Gobierno a incluir en el perímetro de las cuentas públicas los malos resultados de la sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria, Sareb.

En concreto, la oficina estadística europea ha obligado a reconocer unos 35.000 millones de euros procedentes de Sareb en el cómputo de deuda pública, que ha terminado alcanzando el 120% del PIB, y a añadir casi 10.000 millones extra de déficit, dada la participación pública del Estado en el llamado banco malo.

Sin computar el banco malo, el déficit público se habría quedado en los 113.172 millones de euros, 9.878 millones menos que el saldo final, situándose en el 10,09% frente al 10,97% que exige imputar Eurostat.

Suspensión de las reglas fiscales

El Banco de España había estimado recientemente que el déficit había subido al 10,8% al cierre de 2020, anticipando que, según su escenario central, el agujero presupuestario se rebajaría al 7,7% este año, al 4,8% en 2022 y al 4,4% en 2023.

Pese a que, en condiciones normales, cualquier cifra por encima del 3% equivale a activar el Protocolo de Déficit Excesivo de la Unión Europea, que impone ajustes para controlar el agujero fiscal, las autoridades comunitarias activaron el año pasado la llamada cláusula de escape, dejando en suspenso los objetivos de déficit para 2020 y 2021. Bruselas apuesta ahora por ampliar este margen durante 2022, si bien la medida debe ser apoyada por los socios esta primavera.

Pese a este margen adicional, el Banco de España y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) vienen presionando al Gobierno para presentar un plan de consolidación a medio y largo plazo que permita sanear las cuentas públicas a buen ritmo una vez superada la peor parte de la crisis, a fin de contar con una hoja de ruta fiable para los socios europeos y los mercados. Conviene recordar que los casi 150.000 millones de euros en ayudas directas y créditos blandos que la UE concederá a España para acometer su Plan de Recuperación estarán condicionados también al cumplimiento de las reglas fiscales una vez se reactiven los objetivos de déficit.

Hacienda, la Stasi de la España del siglo XXI (Parte 3): inspectores todopoderosos

Un inspector de Hacienda no sufre ninguna consecuencia de abrir un procedimiento indebido contra un contribuyente, ni siquiera le bajan el variable.

Luis F. Quintero Seguir a LUISFERQUINTERO 2021-02-27

España presume de ser un estado de derecho en el que todos somos iguales ante la Ley, pero, en el caso de Hacienda, esta máxima no se cumple. Como escribió Orwell en 1985 "todos somos iguales aunque algunos somos más iguales que otros". Y para el caso que nos ocupa, el aparato de la Agencia Tributaria y su red de inspectores, esta máxima es sencillamente inexistente.

Cuando Hacienda inicia un procedimiento de revisión y sanción contra un contribuyente, éste parte en una desventaja abrumadora y el principal problema es la asimetría de recursos, incentivos y consecuencias. Si en la mayoría de los procedimientos el contribuyente accede a satisfacer el requerimiento y la sanción casi sin rechistar es por el gasto que supone sufragar el procedimiento judicial y el riesgo de que la Justicia termine dando la razón a la Agencia Tributaria. A esto hay que sumar el desgaste de tiempo y estigma social que supone. Ante la posibilidad de tener que pagar casi más en abogados y procuradores y adentrarnos en un largo proceso con final incierto, son muchos los contribuyentes que zanjan el asunto con el típico "paga lo que haga falta a ver si no vuelven a molestar".

En cambio, a la Agencia Tributaria no le cuesta nada. Sus inspectores no reciben ningún tipo de sanción disciplinaria y/o administrativa si los procedimientos que inician contra un contribuyente se terminan archivando o denegando. Sin embargo, para el investigado puede haberle supuesto un largo proceso judicial y una penalización económica (abogados y procuradores), en muchas ocasiones, más altas incluso que la propia cantidad requerida por Hacienda.

Pongamos un ejemplo práctico del que han sido víctimas muchos contribuyentes españoles que han decidido comprar una vivienda. En el proceso de compra y suscripción de una hipoteca para pagar la casa, los contribuyentes han tenido que pedir una o varias tasaciones. Son éstas, las tasaciones, las que determinan en cada caso el porcentaje sobre el valor de venta que otorga el banco y las tasadoras oficiales peritan las propiedades con el objetivo de encontrar el valor de garantía para el crédito hipotecario.

Pues bien. Una vez realizada la transacción en Notaría, se otorga escritura de compraventa, y se establece la parte que el contribuyente paga en concepto de "entrada" y la parte que se financia. Y sobre el total se pagan los impuestos, TPO o IVA y AJD.

Hasta aquí, todo correcto. Pero, oh sorpresa, ese propietario, pasados unos años (dos generalmente) reciben en casa un requerimiento de la Agencia Tributaria regional en la que argumentan que al existir una tasación de la vivienda por un valor mayor al importe de compraventa, estima que el TPO (Transmisiones Patrimoniales Onerosas) debería haber sido satisfecho sobre ese valor, mayor, con lo que solicita al contribuyente más dinero por la casa. Que el contribuyente haya pagado menos, que el contrato de compraventa se haya hecho sobre un valor menor es indiferente para Hacienda. ¿Acaso algún perito de la Agencia Tributaria fue en el momento de la compraventa a peritar el valor de la casa en el momento de la compra? No. Pero el requerimiento ya está en el buzón del contribuyente. Además, en sus comprobaciones, Hacienda dice buscar el precio de mercado. ¿Y qué mejor prueba del precio de mercado que el acuerdo alcanzado entre comprador y vendedor?

De nuevo, es el ciudadano de a pie quien tiene que decidir: ¿Pago o presento alegaciones? Las alegaciones son gratuitas, con lo que, alega. Pero si la Agencia Tributaria desestima, ¿qué alternativas tiene? Puede iniciar la senda de recursos en un proceso que puede prolongarse durante años, que ya cuesta más probablemente de lo que debe y que, de terminar perdiendo, le supondrá de nuevo tener que abonar lo que le reclamaron al principio.

Lo más lacerante de este ejemplo es que el propio Tribunal Supremo en 2018 puso en duda esta práctica, que la Agencia Tributaria inicia casi por sistema amparándose en una sentencia anterior del Supremo, fechada en 2011. En 2018 el alto tribunal señaló que tomar como referencia ese valor de tasación no tiene por qué habilitar a la Agencia Tributaria en todos los casos a reclamar más por el impuesto de AJD. Esta sentencia de 2018 ha servido a numerosos tribunales superiores de justicia autonómicos para quitar la razón a la Agencia Tirbutaria en estas reclamaciones y "en la mayoría de los casos están dando la razón al contribuyente", cuenta un experto consultado por Libre Mercado.

Tal y como recuerdan las especialistas en Derecho Tributario Paula Caro, socia de DA Lawyers y la fiscalista senior del mismo despacho Leire Beltrán, esta doctrina se ha visto reforzada, además, por una sentencia del Supremo de enero de este mismo año en el que repite que la Administración Tributaria no puede hacer estas comprobaciones de valores sin que sus peritos hayan comprobado el valor del inmueble.

Es decir, que pese a que dos sentencia del Supremo y numerosas sentencias de Tribunales Superiores de Justicia consideran inapropiados estos requerimientos, la Agencia Tirbutaria continúa practicándolos, a sabiendas de que el indefenso contribuyente, preferirá pagar que a litigar.

Un problema de incentivos

Tal y como recordaba Domingo Soriano en Libertad Digital al hilo de la polémica con el youtuber conocido como El Rubius y su traslado de residencia a Andorra, los incentivos en el caso de la Hacienda Pública son perversos y los podemos agrupar en tres grandes reproches:

Leyes ambiguas, difíciles de entender, aderezadas por constantes cambios legislativos de alcance que se cuelan en disposiciones transitorias de leyes promulgadas por otros asuntos y rematado todo ello por los famosos cambios de criterio o interpretación, que serán objeto del útlimo capítulo de esta serie. Todo ello conduce a una inseguridad jurídica tan evidente que, como ya explicamos, ha sido denunciada por el propio Tribunal Supremo.

La impunidad de la inspección de Hacienda es otro de los problemas. El inspector de Hacienda cobra una parte en variable y por objetivos. Unos objetivos que no se tocan en caso de que algún tribunal haya tumbado alguno de sus procedimientos iniciados. Es decir, que la Agencia Tributaria puede iniciar acciones contra los contribuyentes sin miedo a que alguna de ellas termine siendo rechazada. La consecuencia del rechazo se limita a no cobrar lo requerido y, en algunos pocos casos, a pagar unas costas ridículas (sólo en instancias jurisdiccionales y únicamente cuando no les dan la razón ni siquiera parcialmente).

Este es el punto en el que más se nota el desequilibrio. Básicamente, Hacienda dispara y después pregunta. Mientras, el contribuyente que, pongamos de ejemplo, cree que ha hecho todo bien y termina recurriendo, tras seis o siete años, consigue que los tribuales le den la razón. Como decía Domingo en su artículo, el que gana, el contribuyente, se lleva varios años de preocupaciones, de no poder disponer de su dinero, de pérdida de tiempo, de más dinero y de asesores y, como mucho, que le devuelvan lo que pagó indebidamente. Mientras que el inspector, pese a haber actuado de forma indebida, sólo tiene que volver a abrir un nuevo procedimiento a ver si en esta ocasión el contribuyente termina pagando. Además, su variable por objetivos no se toca y tampoco recibe una sanción por parte de la administración tributaria.

En definitiva, Hacienda vuelve a ser un instrumento de terror porque al final es lo que transmite a los contribuyentes, a los pequeños empresarios, a los autónomos. Hacienda siempre gana. Hasta cuando pierde.

La fiscalidad: un conflicto permanente

A los políticos no parece importarles la nefasta calidad de la legislación tributaria y la merma de confianza que provoca en el contribuyente

Antonio Durán-Sindreu Buxadé  4 MAR 2021 - 07:17 CET   Opinión A FONDO

He insistido en varias ocasiones sobre la grave situación de inseguridad jurídica que existe en el ámbito tributario y en la creciente conflictividad que de ella se deriva. Inseguridad que se agrava por la tardanza de los tribunales en resolver los conflictos.

No es posible, por ejemplo, que después de 23 años esté aún sin resolver la problemática de la retribución de los administradores. No es posible, tampoco, que no se haya dictado todavía ninguna resolución interpretativa con relación a la fiscalidad en el IRPF e IVA del teletrabajo. Cuesta entender que aún no se haya cerrado la brecha que el Tribunal Constitucional abrió hace tiempo con la plusvalía municipal. Cuesta aceptar que no exista una cultura del diálogo

Lo normal sería que en aquellos casos en los que la discrepancia es tan solo interpretativa, se opte por solucionarla conjuntamente y a futuro. Me refiero, por ejemplo, a la problemática del IVA con las subvenciones al I+D, o la cultura, o con las transferencias para financiar el transporte público o las televisiones autonómicas. Me refiero, también, a la polémica que en su día suscitó la tributación del IVA en las monturas de gafas.

Pero el problema no finaliza ahí. Existen multitud de incoherencias legislativas que, como no tienen importancia mediática, nadie resuelve. Por ejemplo, el porcentaje de retención aplicable a los administradores de las pymes; la injusta tributación de los artistas; el trato desigual de las dietas en el IRPF, cuando quien las percibe es una persona con relación laboral o mercantil; la tributación en IRPF de los vehículos utilizados por los comerciales, cuando no se ha acreditado que su uso mixto es consecuencia de un pacto retributivo; las dificultades que se exigen para considerar como gasto deducible la retribución del familiar colaborador de un autónomo; el trato desigual en el IRPF del socio que obtiene ingresos por su trabajo, en función de que lo sea de una sociedad profesional o no; el trato desigual, en la interpretación del concepto de actividad económica de arrendamiento de inmuebles, en función de que se trate de una persona física o jurídica, y un largo etcétera.

Tampoco parecen preocupar los dañinos efectos que determinadas decisiones de la AEAT tienen en los operadores económicos, por ejemplo, la regularización por discrepancia interpretativa de los tipos de IVA.

También llama la atención que pasen desapercibidas muchas de las sentencias del Tribunal Supremo en resolución de recursos de casación, y de las que, algunas, merecerían adoptar medidas urgentes.

Por ejemplo, la reciente sentencia de 8 de febrero de 2021 que, después de muchos años, considera deducibles los intereses de demora, o la sentencia de 21 de septiembre de 2020, que considera exenta, en los términos previstos en la ley del IRPF, la renta anual pactada consecuencia de prejubilaciones, en al ámbito de un despido colectivo.

Pasa igualmente desapercibida la reprimenda del Supremo a la AEAT por actuaciones que no respetan nuestro ordenamiento tributario, por ejemplo, la sentencia de 2 de julio de 2020, en la que literalmente se afirma que “las instituciones no han sido creadas por el legislador de manera gratuita y, desde luego, no han sido puestas a disposición de los servidores públicos de manera libre o discrecional, sino solo en la medida en que se cumplan los requisitos establecidos en cada una de ellas. No son, en definitiva, intercambiables”.

Y también pasa desapercibida la ignorancia de la AEAT, de los tribunales económico-administrativos y de los tribunales de justicia, del art. 13 de la LGT, con relación al principio de irrelevancia fiscal de los vicios de licitud de los actos, hechos y negocios. Vaya, que la retribución de los administradores es deducible al margen de lo que los estatutos prevean. O dicho más claro. La obligación de la Administración no es la de juzgar la legalidad de los hechos, actos, y/o negocios, sino la de liquidar hechos imponibles de acuerdo con la realidad económica subyacente a los mismos.

Tampoco sorprende la conflictividad asociada al uso de conceptos jurídicos indeterminados, por ejemplo, el de motivos económicos válidos, o el de gastos por actuaciones contrarias al ordenamiento, sin olvidar la asociada al concepto de arrendamiento de inmuebles como actividad económica.

Se olvida igualmente la contravención del principio de capacidad económica de algunos preceptos como el que limita la cuantía deducible en el IS por la extinción de la relación laboral.

Y auguro un nuevo conflicto: el derivado del recorte de créditos fiscales, esto es, de bases imponibles negativas y otros créditos en favor del contribuyente.

En definitiva, todo un terreno abonado a la conflictividad e inseguridad que merma la confianza y que no parece importar nada a los políticos ni a la ministra o ministro de turno. Importan, eso sí, los grandes titulares: los paraísos fiscales, el fraude fiscal, la elusión internacional, y un largo etcétera de mantras que el ciudadano interioriza. Pero nada importa la nefasta calidad legislativa y sus consecuencias. Nada importa que, aunque se cumpla, siempre haya inseguridad. Y sí. Se hacen cosas bien. Muchas. Pero el detalle, que es lo que importa, a nadie le parece importar. Vivimos pues del conflicto.

 Antonio Durán-Sindreu es Profesor de la UPF y Socio Director de DS 

GRAFICO REAL DE ELECTORES 2021 EN CATALUÑA

 

La culpa es de los técnicos. OPINIÓN VALENCIA PLAZA

10/01/2021 - Javier Alonso. Valencia Plaza -Opinión

"Es una decisión basada en criterios técnicos y científicos". "Hacemos lo que nos dice el comité de expertos". "Es lo que han dicho los servicios técnicos y jurídicos". El experto en la sombra se ha convertido en la herramienta favorita de los políticos para no asumir su responsabilidad en todo tipo de decisiones erróneas e inexplicables. Como si tuviéramos un gobierno de tecnócratas –Illa lo parece, pero no lo es–, cualquier cuestionamiento de las medidas gubernamentales, aunque venga de un experto de verdad, se zanja con la contraposición de una autoridad en la materia con la que nadie puede debatir debido a su anonimato.

Más allá de la mentira –otra más– de Pedro Sánchez sobre el comité de expertos y de la resistencia del Gobierno a facilitar la identidad de quienes deciden sobre nuestras libertades desde marzo, es oportuno señalar que un científico no es infalible, y un técnico, menos aún, por lo que es comprensible y disculpable que durante la pandemia no siempre hayan acertado.

Menos comprensible es que los errores de marzo se repitan en diciembre, por lo que uno se pregunta si son los epidemiólogos quienes aconsejaron salvar la Navidad asumiendo un coste de enfermos y muertos que era previsible para cualquier persona mínimamente informada. Y uno sospecha que los científicos aconsejaron otra cosa pero no se les hizo caso. 

Pero dado que, en contra de lo que dijo Sánchez –otra mentira–, no existen actas de las reuniones del comité de expertos que al final no era tal, la única forma de delimitar las responsabilidades de cada uno sería que esos técnicos/científicos nos contasen qué recomendaron ellos y qué hicieron finalmente los políticos. Sería bueno conocer a esos asesores, saber sus opiniones, que quizás ayudarían a valorar mejor la toma de decisiones a veces incompresibles.

Errare humanum est, perseverare autem diabolicum, reza el dicho latino. Pero igual de diabólico que perseverar en el error es hacer creer que algunas decisiones tienen una base técnica/científica cuando el aderezo de los criterios políticos llevan a que no tengan ninguna lógica.

Por ejemplo, fuera del asunto del coronavirus, la subida del IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas al 21%. ¿Quién ha asesorado al Gobierno? ¿Qué experto en consumo ha llegado a la conclusión de que la mejor forma de desincentivar el consumo de cocacola con azúcar –la que dicen que lleva el equivalente a nueve terrones– es subir también el IVA de la light o zero que lleva edulcorantes no calóricos, con el resultado de que la azucarada sigue valiendo lo mismo que la edulcorada? ¿Qué lumbreras ha dicho que es importante para la salud de los españoles desincentivar la compra de todo tipo de refrescos y zumos en el supermercado pero no en el bar, donde el IVA de la cocacola se mantiene en el 10%?

¿Qué científico nutricionista ha recomendado a la ministra Montero encarecer el zumo de frutas con edulcorante no calórico –la mitad es agua– de la merienda de los niños mientras mantiene el 10% de IVA en meriendas alternativas como el tigretón, los phoskitos y el resto de la bollería industrial azucaradísima? "Es lo que han recomendado los técnicos". Serán los de Hacienda: recaudación prevista, 400 millones de euros. (Por cierto, de la subida del IVA se libraron, gracias a una enmienda de ERC, los productos lácteos "por su densidad nutricional" pero no la horchata, que se habría librado si fuera catalana o vasca.)

Más preguntas: ¿Hay algún técnico sanitario detrás de la decisión de la ministra Montero, tras su contumaz falacia –otra más– de que no se podía bajar el IVA de las mascarillas, de bajar el impuesto solo de las quirúrgicas y no del resto de mascarillas disponibles en el mercado? ¿Qué experto en medidas contra la pobreza le recomendó dejar en el 21% –ni siquiera el 10%– el IVA de la mascarilla más barata, la higiénica, la que se vende en los supermercados, la que compran las familias con menos recursos?

Otrosí: ¿Quiénes son los técnicos especialistas en datos del Gobierno y la Generalitat valenciana que han conseguido que durante nueve meses no hayan coincidido los datos de fallecidos que facilitaban a diario ambos gobiernos? Sin duda, serán los mismos que el otro día obligaron a la consellera Barceló a desmentir –otra vez– al Ministerio cuando publicó la estadística de vacunación de las CCAA con el dato que supuestamente le había facilitado la propia conselleria. Si está identificado el responsable, igual habría que ir cambiándolo.

No obstante, hay excepciones. Hay que agradecer a Ribó y Galiana que no hayan culpado a los técnicos de su decisión de celebrar la pseudocabalgata de Reyes 'secreta' y reservada a un grupo de privilegiados –el alcalde, varios concejales y la Fallera Mayor Infantil–, lo cual va contra la esencia de una cabalgata, sin niños, y no tienen razón de ser. Bueno sí, la foto de Ribó con Melchor, Gaspar y Baltasar. Quizás el alcalde y su concejal no señalaron a los técnicos anónimos porque alguno sí vio venir que la foto del evento podía acabar siendo otra y avisó, pero no le hicieron caso. A ese también nos gustaría conocerlo.

la crisis de los hogares en EEUU aún está por llegar

 

El Idealista Redacción12 enero 2021, 23:40

Una crisis por la vivienda en EEUU está aún por venir, según algunos expertos. Las ayudas directas del Gobierno de EEUU y los distintos Estados del país con moratorias en los desalojos, asistencia en el alquiler o los programas para refinanciación hipotecaria ha ayudado a muchos a llegar a final de mes, por el momento. Muchos de estos beneficios se están ampliando dada la actual situación de la pandemia del coronavirus en la mayor economía mundial.

De hecho, poco antes de su salida, el presidente Donald Trump extendió la moratoria sobre los desalojos y autorizó más ayuda para los inquilinos además de los nuevos controles de estímulo únicos. Pero los expertos de la vivienda están preocupados porque se está formando una nueva ola de desalojos, donde es más que probable que los echen de sus casas cuando se ponga fin a los estímulos sin un panorama claro para la vuelta al trabajo.

Las ayudas federales podían alcanzar hasta los 600 dólares a la semana, además de los 190 dólares en beneficios estatales. Además, muchos han recibido un cheque estímulo de 1.200 dólares. Según la Oficina del Censo de EEUU, uno de cada seis inquilinos en el país se encuentra atrasado en los pagos y casi la mitad de ellos, más de 4 millones de personas, dicen que es más que probable que se vean obligados a mudarse de sus hogares en los próximos dos meses.