Tasas judiciales. Adiós a la justicia

10/09/2012

En el Consejo de Ministros del viernes 27 de julio de este año 2012 se acordó, entre otras medidas, remitir a las Cortes Generales el Proyecto de Ley por el que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, cuyo contenido tenéis publicado aquí. Todos somos conscientes de que la situación económica actual es ciertamente preocupante, dramática podríamos decir, y partiendo de esta premisa los Presupuestos abordan diversas políticas destinadas a disminuir los gastos e incrementar los ingresos de las Administraciones Públicas.

El supuesto objetivo de esta nueva Ley es incrementar los ingresos de las arcas públicas mediante el aumento y extensión de las tasas judiciales existentes actualmente. Las tasas judiciales son un “tributo”por acceder a los Juzgados y Tribunales y que hasta ahora sólo se aplicaba a las personas jurídicas en el orden civil y contencioso. Con el Proyecto de Ley que el Consejo de Ministros ha remitido a Cortes, las tasas judiciales no solo  incrementarán la cuantía que hasta ahora tenían fijada, sino que se extenderán a las personas físicas y también a la jurisdicción social, con la única excepción de las personas que por su gravísima situación económica están acogidas al beneficio de justicia gratuita. En el gráfico que os adjunto, (extraído directamente de la página web de la Moncloa), podéis observar el brutal incremento impositivo que los ciudadanos, empresas, (pequeñas, medianas o grandes), trabajadores o emprendedores tendrán que abonar a partir de ahora para acceder a algo tan básico, y reconocido en nuestra constitución, como es el derecho a la JUSTICIA.

Ahora bien, ¿cuales son los motivos esgrimidos por el Ministerio de Justicia para restringir el derecho de todos los ciudadanos a la justicia? Pues bien, aunque el Consejo de Ministros ahora los omite, estos ya se habían establecido en el Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2012 y son los siguientes:

El objetivo de esta iniciativa es evitar la litigiosidad artificiosa que satura actualmente los juzgados. Las tasas abonadas por los ciudadanos que sí tienen recursos económicos no irán a parar a las arcas del Estado, sino que, tal y como ya avanzó el ministro de Justicia, estarán destinadas a sufragar la justicia gratuita. Según una estimación realizada a partir de los últimos datos registrados, 172 millones de euros recaudados en 2010, con el nuevo sistema la cuantía ascendería a cerca de 300 millones.

Resumiendo, que las tasas se imponen por que los malvados españoles, ya sean ciudadanos de a pie, empresas o trabajadores, abusamos de la justicia, y como consecuencia de ese abuso se produce la necesidad de incrementar los recursos del turno de oficio, al cual se destinará el dinero obtenido. Hemos visto las novedades en materia de tasas y las justificaciones que se dan para su incremento. Ahora bien. ¿Las explicaciones que se dan son las correctas?. En opinión de este humilde abogado no y por los siguientes motivos.

Según las estadísticas del Poder Judicial en el año 2010 ingresaron en los Juzgados y Tribunales de nuestro país un total de 9.355.526 asuntos,  una cifra nada desdeñable. Ahora bien, en el año 2009 la cifra había ascendido a 9.567.280, se ha producido una disminución de los asuntos que han entrado en los Juzgados, más acusada en la jurisdicción social y contencioso-administrativa que precisamente son en las que se hace recaer en mayor medida la aplicación de las nuevas tasas judiciales.

Con todos estos datos estamos en situación de responder a las preguntas clave.

¿Existe una litigiosidad artificiosa? Falso. Los ciudadanos, empresas u organizaciones acuden a la justicia como último recurso, buscando el amparo y la tutela de nuestros Tribunales en el legítimo ejercicio de sus derechos, siendo los abogados los primeros que aconsejamos a nuestros clientes evitar una vía judicial perdida de antemano. No se puede negar que existen demandas insostenibles, pero su número es anecdótico e irrisorio, sobre todo en las jurisdicciones civil, social y contencioso que son las tres que soportan las tasas judiciales.

¿Existen en la Ley mecanismos para evitar el abuso de la justicia? Verdadero. Las leyes procesales ya contemplan la imposición de multas a las partes del proceso que actúen con temeridad o mala fe. ¿Qué necesidad hay pues de gravar de antemano el acceso a la tutela judicial cuando la Ley contempla medidas correctoras?

¿Ira el dinero recaudado a la justicia gratuita? Mucho me temo que no. Todas las Comunidades Autónomas están incumpliendo sistemáticamente su obligación de abonar a los Letrados del turno de oficio sus honorarios. La justicia gratuita siempre se ha pagado tarde y mal, ahora directamente ni se paga, y tenéis ejemplos de ello aquí, aquí o aquí .

España tiene un mal endémico en la justicia, y ese mal no es la “litigiosidad artificiosa”, sino por el contrario una secular falta de medios, el mantenimiento de una estructura territorial decimonónica con partidos judiciales en cada pueblo, la residual aplicación de las nuevas tecnologías manteniendo el uso masivo del papel y las exiguas plantillas judiciales con 10,62 Magistrados por cada 100.000 habitantes, cuando Alemania tiene 29 o Austria 22. Ninguno de estos graves problemas se solucionará con las nuevas tasas judiciales. Por el contrario, las tasas sólo servirán para dificultar o impedir el acceso a la tutela judicial de las clases medias o bajas que no alcancen el beneficio de justicia gratuita, perjudicando igualmente a las autónomos y a las pequeñas y medianas empresas que tendrán que abonar tasas judiciales de la misma cuantía que gigantes como Inditex o Telefónica.

El Proyecto de Ley de nuevas tasas judiciales se ha aprobado con el voto en contra de las asociaciones de Magistrados, Secretarios Judiciales, Fiscales y Colegios de Abogados. Aun estamos a tiempo de parar este error, este tremendo error, pues lo que nos jugamos es que el acceso a la tutela judicial efectiva plasmado en el artículo 24 de la Constitución se respete. Parece poca cosa cuando se dice….pero es un mundo en nuestro campo de libertades.  

DIFÚNDELO

(PDe justicia es pedir una reestructuración racional de la Justicia (Juzgados, entidades, personal, partidos judiciales, procesos y procedimientos, jueces, procuradores, abogados, y un largo etc....), ya que la propia justicia y sus responsables son culpables de muchos males  de los ciudadanos. Menos togas y literatura, más transparencia a todos los niveles y mayor efectividad. Eso realmente sería j-u-s-t-i-c-i-a y no una "tropa" de cargos bocachanclas y unos pocos cumplidores con una imagen distorsionada por los anteriores). en fin ...... país......

La Justicia siempre la paga el ciudadano, mediante impuestos o mediante tasas, pero lo que se pretende con este Real Decreto es que se pague dos veces.